El intenso debate acerca del todavía vigente “haber de retiro” que el Congreso de la Unión aprobó para los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en realidad no fue más que una especie de catarsis colectiva por el hartazgo que millones de ciudadanos sentimos por el abuso y el dispendio con el que se utilizan los dineros públicos.
Como
dice la sabiduría popular, es muy fácil gastarse el dinero cuando es
ajeno, pero en México nuestros políticos han llevado esa máxima a
niveles insospechados e insostenibles que nos llenan de vergüenza.
¿Qué
tipo de reacción puede tener un profesionista que apenas llega a la
quincena con su sueldo, que carga con una hipoteca, que está pagando a
duras penas la escuela de sus hijos y que ahorra en todo lo que puede,
cuando se da cuenta que a unos funcionarios públicos que tienen
ingresos de más de 4 millones de pesos anuales, que reciben aguinaldos
de casi 400 mil pesos y bonos por “riesgo profesional” de casi 800 mil
pesos anuales, les acaban de autorizar la posibilidad de que ellos
mismos se asignen una pensión que puede tener carácter vitalicio?
Es
normal, comprensible y justificable la explosión de ira y descontento
que pudimos atestiguar frente al despropósito incluido en el artículo
209 la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformada en
el contexto de la expedición de las leyes relativas a la reforma
político-electoral.
Pero esa misma ira y ese enfado deberían
mantenerse para ver de qué manera el Estado se gasta el dinero que
pagamos de impuestos y cómo podemos hacer para seguir exigiendo que se
rindan cuentas de una forma más efectiva. Basta con mirar la manera en
que se compran medicinas, se construyen carreteras o aeropuertos, se
gestiona la nómina magisterial o se hacen las contrataciones en Pemex
para identificar enormes despilfarros de dinero público. Por no hablar
de la enorme corrupción que existe en algunos gobiernos estatales y
municipales, que son tomados como verdaderos botines de guerra por los
funcionarios que allí se desempeñan.
Deberíamos utilizar la
potencia de las nuevas tecnologías para ir construyendo perfiles de
gasto público que nos permitan identificar esos abusos. Podríamos
comenzar pidiendo información sobre el costo que tiene en México
construir un kilómetro de carretera (o repararlo, da lo mismo) y
comparar ese costo con lo que se gasta en otros países en algo
semejante. Lo mismo se podría hacer con el costo de nuestras escuelas o
universidades, con el costo de nuestros monumentos (con la infame
Estela de Luz a la cabeza, desde luego), con lo que invertimos en
educación en comparación con los resultados que obtenemos y un largo
etcétera. Solamente se puede mejorar aquello que se puede medir; y en
materia de gasto público todavía tenemos mediciones que son muy
incipientes.
En los últimos años, a la luz del marcado
pluralismo informativo que tenemos en el país, han aflorado una buena
cantidad de abusos en el ejercicio del dinero público. Los minuciosos
informes que año tras año presenta la Auditoría Superior de la
Federación los documenta con extrema y muy pedagógica minuciosidad.
Pero cuando salen al debate público generan una ola que pronto se apaga
y que a las pocas horas o días se sustituye por el siguiente tema de
interés. Hemos tenido una opinión pública que ha dejado pasar muchos
escándalos y que ha sido poco sólida al momento de exigir rendición de
cuentas y sanciones para los responsables.
¿No es momento de
cambiar ese patrón de conducta? ¿No es momento de revisar las
millonarias pensiones de las que se habla poco o nada y el resto de
gastos superfluos de nuestros gobernantes? ¿No sería bueno que entre
todos le pongamos la lupa a nuestros presupuestos gubernamentales para
evitar fugas, sobrecostos, contratos simulados, aviadores en cargos
públicos y un largo etcétera? De nosotros depende.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario