5/28/2014

¿Qué pasó en San Bartolo Ameyalco?


Hasta el momento no hay una explicación convincente de lo ocurrido el pasado 21 de mayo donde resultaron heridos al menos 111 personas, entre pobladores y policías, en San Bartolo Ameyalco, delegación Álvaro Obregón, Distrito Federal

                      

Los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal (GDF) que ordenaron de manera insensata la acción de desplegar alrededor de 2 mil granaderos al medio día de ese miércoles, cuando deambulaban por las estrechas calles de ese poblado personas, la mayoría mujeres, en actividades normales, coincidiendo el hecho con la hora de salida de cientos de niños y jóvenes de diversas escuelas de kínder, primaria y secundaria, fue por lo menos un acto irresponsable y provocador.

Hubo escenas de pánico de padres de familia, quienes salieron de sus casas desesperados, llorando para proteger a sus menores hijos que pedían auxilio ante la presencia, inexplicable, de un fuerte contingente de granaderos, que bloqueaba sin razón las entradas y agredía a la población. 

Las casas ni siquiera sirvieron de protección a sus moradores.  Algunos jóvenes que enfrentaban a los granaderos y éstos que respondían de la misma forma, lanzaron piedras y diversos objetos de manera indiscriminada contra cualquier persona y lugar.

Después de varias horas de enfrentamiento en el que quedaron rotos un número incontable de cristales e inferidos daños en casas habitación, automóviles y sin número de personas lesionadas, el gobierno capitalino anunciaba al final de la jornada, un rotundo “triunfo” al haber logrado la conexión con el manantial de agua del poblado como era la pretensión inicial de la medida.  Justificaba la acción policiaca y responsabilizaba a grupos de piperos de haber generado la violencia y se dijo víctima de los hechos.

Lo que no se dijo o no se ha querido reconocer es que hechos como los ocurridos en San Bartolo Ameyalco dejan un mensaje desalentador a toda la población:

-las acciones del gobierno del Distrito Federal se imponen a la fuerza, sin dialogo de por medio, a como dé lugar, no importando el costo que resulte. 

El anuncio es el autoritarismo como práctica de las políticas públicas que se pretenden imponer en la capital del país. No es el convencimiento por medio del diálogo previo e información suficiente la premisa del gobierno capitalino. Ahora pretenden mesas de diálogo después de estos hechos violentos.

Las agresiones cometidas contra algunos policías que fueron retenidos y lesionados gravemente por diversos sujetos son condenables, pero también las cometidas por los cuerpos policiacos contra un número indeterminado de pobladores. De este incruento paralelismo guarda silencio el gobierno.

Para tratar de ocultar sus errores, el GDF se apresuró a distribuir en medios de comunicación imágenes en las que sus policías sufrieron agresiones cobardes de algunos sujetos, pero no así las cometidas por los cuerpos “del orden” en contra de la población.  Hay evidencias de pobladores que  sin deberla fueron agredidos a pedradas y hasta pateados salvajemente en el piso por la policía.

En redes sociales ya circulan evidencias, no así en medios de comunicación tradicionales, de allanamientos cometidos por la policía capitalina en casas habitación, sin orden judicial, en busca de los líderes opositores.
Si la acción de gobierno se desencadenó por una petición del delegado priista Leonel Luna de Cuajimalpa quién solicitó el uso de la fuerza policiaca para imponer una acción de gobierno, es un hecho lamentable pero también imprudente, al no meditar las consecuencias.  Éste funcionario aceptó la solicitud hecha al gobierno pero no la estrategia torpe del operativo policiaco.  La población lo acusa de colusión con propietarios del centro comercial de Santa Fe para que también sean beneficiarios del agua potable.

En el operativo varios policías fueron llamados a esta acción de última hora en franca violación a sus derechos laborales a pesar de haber cubierto sus 24 horas continuas de trabajo y estar en su jornada de descanso; uno de ellos se encuentra en estado de coma gravemente herido.  Al interior de los cuerpos policiacos hay enorme inconformidad por la impericia de los funcionarios capitalinos en la implementación en este tipo de operativos.
Los enviados de las secretarías de gobierno y de seguridad pública actuaron en forma descoordinada, con falta de planeación, proporcionando información parcializada a sus superiores para justificar su incapacidad.  Perdieron el control del operativo y hasta de los granaderos que dirigían, solapando que éstos actuaran como vándalos al permitirles lanzar piedras y diversos objetos de manera indiscriminada en contra la población.

El pretexto fue rescatar a 4 policías que se separaron de su contingente y que se resguardaban por su propia voluntad en el centro de salud de la población.  Al ordenar el avance como fuera, para rescatar a estos policías se agravó la violencia con heridos de ambos lados.

Se requiere una investigación sería e imparcial en las que organismos de derechos humanos no gubernamentales conjuntamente con la CDHDF participen para deslindar responsabilidades no importando el rango del funcionario involucrado, para investigar que pasó realmente en San Bartolo Ameyalco.

A todo esto, en el que el servicio del agua es motivo de conflictos, hay varias preguntas que requieren respuestas gubernamentales:

¿Son estos hechos, ocurridos en San Bartolo Ameyalco la manera de resolver los conflictos en la ciudad de México?

¿Son la antesala, estos actos de fuerza, los métodos para imponer reformas a la Ley de Aguas del DF a fin de permitir la participación de la iniciativa privada y el uso de este líquido como negocio?
¿Se apura la aprobación de esta legislación privatizadora en la Asamblea Legislativa del DF durante el mundial de futbol, como efecto distractor, para evitar la inconformidad de la población, emulando la estrategia del gobierno federal en la discusión de las leyes secundarias en materia energética?
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx                  
@Manuel_FuentesM

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