Por: Cecilia Balderas /
25 mayo, 2016
(25 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El General retirado,
José Francisco Gallardo, declaró que, dadas las condiciones de
inseguridad y convulsión social persistentes en entidades como Oaxaca,
Sinaloa y Tamaulipas,
no debería de haber elecciones y menos, la participación ilegal del
Ejército mexicano previo, durante y posterior a la jornada electoral.
“Para mí, en Tamaulipas no debería haber elecciones porque no hay las
circunstancias para llevarlas a cabo. Así como están las cosas,
pareciera que se están dando con calzador, con cartucheras al cañón,
quepan o no quepan y no debe ser así. El sistema electoral debe ser
pacífico, de convivencia social, donde la gente pueda ir a expresar
libremente su voto, pero en México es raro que pase eso”, declaró el
militar en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
Además, denunció que a nivel nacional, pero sobre todo en elecciones
federales, se registra una ilegal y sistemática intromisión del Ejército
mexicano en procesos electorales, irónicamente, luego que la autoridad
civil recurre a él.
Gallardo detalló que la presencia militar se documenta al inicio del
proceso, cuando el Ejército participa en la distribución de la
paquetería electoral a nivel nacional y además “empiezan a hacer una
maniobra para estructurar cómo van a apoyar al poder público, a un
partido específico en algún lugar”.
Durante la jornada electoral, los soldados inhiben el voto ciudadano
echando mano, incluso, de vehículos particulares con placas “trucadas” o
alteradas; comprando votos o amedrentando a la población y una vez
concluido el día de la votación, lo hacen cuidando y resguardando los
paquetes electorales, aun cuando carecen de facultades para hacer ese
tipo de diligencias.
Por si fuera poco, agregó el militar, “hay convenios donde les pagan
miles de millones de pesos para hacer eso, ¿pues no es parte del mismo
gobierno? Esa situación se debe terminar. Quien debe cuidar las
elecciones y los paquetes electorales es el Instituto Nacional
Electoral, en coordinación con autoridades civiles”.
Sin embargo, la presencia de la milicia en las calles no es exclusiva
de las entidades con procesos o en tiempos electorales, pues desde que Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narco”, en enero de 2007, se ha vuelto una práctica permanente del poder público.
Gallardo denunció que, incluso en la Cámara de Diputados, en el
Senado de la República “hay gente del Estado Mayor Presidencial como
guardias y eso es ilegal porque se supone que el Legislativo, es un
poder autónomo”.
“Lo grave del asunto es que toda esa gente que está permeando la
administración pública se articula en un sistema de información; por
ejemplo, lo que se dice en los foros, inmediatamente lo sabe el
secretario de la Defensa y el de Gobernación”, apuntó el militar en
retiro y agregó que cuando compitió por la gubernatura de Colima el año
pasado, por Morena, el entonces candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) –y hoy gobernador constitucional de esa entidad-
Ignacio Peralta, tenía escoltas del Estado Mayor Presidencial, lo que es
ilegal.
Injerencia y venganza
Cuestionado sobre cómo se puede romper esta inercia injerencista en
la que permanece el Ejército mexicano -desde la pasada administración de
Calderón- y ahora también elementos del Estado Mayor presidencial, el
General en retiro admite que el escenario no es positivo.
“Esta es una práctica que se viene dando desde hace mucho tiempo y
romper con ella es muy difícil; tendríamos que tener un Congreso
legítimo, con partidos legítimos pero, ¿cuándo?, ¿en unos cien años más o
cuando la violencia llegue a las cumbres del poder?”, cuestionó.
Sin embargo, uno de los síntomas extremos de esa situación es la
ejecución de legisladores y presidentes municipales, misma que ya se ha
presentado.
El militar agregó que el Ejército mexicano, es la institución que
tiene la misión más política que puede tener cualquier dependencia de
Estado: la encomienda de proteger la soberanía nacional, por lo que en
la Constitución Política de nuestro país, se especifica que la milicia
no debe involucrarse en asuntos de carácter político y no debe realizar
funciones de exclusiva competencia de la autoridad civil.
“La activa participación del Ejército en asuntos de orden interno que
son de exclusiva competencia de la autoridad civil, rompe la estructura
política, jurídica y administrativa del Estado mexicano”, subrayó.
Sobre las modificaciones realizadas por el Legislativo al Código de Justicia Militar y la expedición del Código Militar de Procedimientos Penales –de las que Revolución TRESPUNTOCERO informó
oportunamente- Gallardo declaró: “para mí esas reformas tienen que ver
con la resolución que emitió la Corte Interamericana por el caso de
Rosendo Radilla; la comunidad internacional de protección a derechos
humanos le dio un palo al Ejército y se vengan con esa modificación.
¿Quién propone?”, preguntó el militar.
Gallardo señaló al diputado plurinominal del PRI –por la
circunscripción 3, de Yucatán- Virgilio Daniel Méndez Bazar, presidente
de la Comisión de la Defensa Nacional en San Lázaro de haber propuesto
las modificaciones al Código de Justicia Militar y para expedir el
Código Militar de Procedimientos Penales, quien “estuvo en la represión
en Chiapas”.
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