REFORMA
Hartos de la inseguridad que viven continuamente por la ordeña de
ductos de Pemex los pobladores de la Junta Auxiliar San Francisco
Tláloc, decidieron poner un alto.Cerca de 200 habitantes de esa comunidad, en el estado de Puebla
destruyeron 20 camionetas de sujetos dedicados al robo de combustible,
quienes antes se habían enfrentando a balazos con policías federales.“Ya estamos hartos de que la autoridad no haga nada. Si volvemos a
ver unidades que transportan combustible, nosotros mismo vamos a linchar
a los chupaductos”, advirtió uno de los vecinos.La noche del miércoles, los agentes encontraron estacionadas varias
camionetas de los ordeñadores conocidos como “huachicoleros” en el
camino vecinal al Río.
EL UNIVERSAL
El Estado mexicano no ha sabido comunicar sus logros, aseguró José
Antonio Meade, titular de la Sedesol, al participar en el Foro Político,
organizado por El Financiero e Integralia.Si el Estado mexicano y el gobierno no comunican en forma efectiva los logros alcanzados con las reformas aprobadas, "la ciudadanía se dejará seducir por el discurso mediático y mesiánico", alertó el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade .Reconoció
que en el gobierno "algo estamos haciendo mal, porque como sistema no
hemos sido capaces de comunicar lo que se ha hecho bien y las
instituciones están alejadas de la gente".Consideró que "es una
falta de respeto desconocer y descalificar a las instituciones
construidas con el esfuerzo de la propia ciudadanía".También llamó a los actores políticos a "reivindicar
el papel de la política" , ya que advirtió que "quienes sólo se dedican a
denostar a las instituciones, las echarán a perder".Al participar en la Mesa de Políticos del foro "Para entender a México", organizado por El Financiero Bloomberg,
el secretario admitió que al Estado mexicano le hace falta dialogar con
la gente para dar soluciones a sus problemas, "de lo contrario, se
perderá todo lo construido".
EXCÉLSIOR
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Miguel Ángel Mancera, defendió que la capital del país no debe cargar
con toda la responsabilidad en el tema de la contaminación ambiental.Las luchas contra el cambio climático y la contaminación deben ser un
tema de la agenda nacional, pues hay metrópolis con mayores índices
negativos de la calidad del aire que carecen de medidas de mitigación,
expuso el mandatario en un acto en el que anunció la reforestación de
Santa Fe.“Nos deberíamos estar preguntando: ¿qué se está haciendo en las demás
ciudades del país? ¿Y qué se está haciendo en las ciudades
circunvecinas? ¿Qué estamos haciendo desde el punto de vista
presupuestal? ¿Por qué no tenemos todavía claridad con los fondos
verdes? ¿Por qué no tenemos una estrategia compartida? ¿Por qué sólo las
restricciones vehiculares están aquí?”, dijo Mancera.El jefe de Gobierno de la ciudad también cuestionó que el
endurecimiento de las normas ambientales, anunciado por el gobierno
federal, prácticamente se hizo de un día para otro.
Las exportaciones de manufacturas, uno de los principales motores de la economía de México,
se desaceleran ante una titubeante demanda de Estados Unidos, el
principal destino de las mercancías nacionales, así como por el débil
crecimiento mundial.En abril cayeron 7% anual, la mayor baja
desde octubre de 2009. Durante los cuatro primeros meses del año solo
crecieron en febrero, con un avance de 0.8% anual. Al interior de las
cifras, las exportaciones automotrices cayeron 8.4%, seguidas por la no
automotrices con una caída de 6.3% anual. México envía a Estados Unidos
el 83% de sus exportaciones manufactureras.Destaca que las
exportaciones de automóviles, principal producto comercializado con
Estados Unidos, hilaron dos meses de caídas.Uno de los
principales factores para esto es la debilidad económica de los
principales destinos de las exportaciones estadounidenses, Canadá, China
y Japón que presentan un débil desempeño económico.“Estados Unidos exporta a todo el mundo y no está vendiendo tanto como antes y esto tiene mucho que ver con que la demanda en general está débil”, dijo a Expansión el economista en jefe de Barclays México, Marco Oviedo.
La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con órdenes de aprehensión
en contra de Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, los
principales líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) en Oaxaca; sus nombres forman parte de una lista de 24 aprehensiones pendientes por ejecutar contra integrantes del magisterio.Autoridades ministeriales informaron a El Universal que
Núñez Ginez y Villalobos Ricárdez, secretario general y secretario de
la Sección 22, están identificados como los presuntos responsables de
orquestar diversos motines, robos, daños a propiedad ajena y contra la riqueza nacional.Confirmaron que los mandatos judiciales contra estos líderes forman
parte de 29 órdenes de aprehensión que se giraron debido a tres
denuncias que se presentaron en contra de los maestros durante el
proceso electoral del 7 de junio de 2015.Las autoridades indicaron que se ejerció la acción penal en su contra
desde octubre de 2015, fecha en la que este diario dio a conocer que
existían las 29 órdenes de captura contra integrantes de la CNTE, y
hasta ahora se confirma que Núñez y Villalobos, también conocido como Chico Pelón, son parte de los inculpados.
Una publicación de The New York Times señala a las
fuerzas armadas mexicanas como “extraordinariamente eficientes” para
matar, pues detalla que en las ejecuciones llevadas a cabo por los
militares, quedan totalmente impunes.Según un experto consultado por el informativo estadounidense, en México, la mayoría de los enemigos de la justicia son matados, es decir, por cada 4 muertos, sólo uno sobrevive. No así en diversas partes del mundo, donde por cada 4 heridos sólo uno muere.Esto deja en evidencia a la justicia mexicana, en particular a los
militares, quienes son señalados como los mayores ejecutores, pero el
problema crece más cuando se menciona que los asesinatos quedan impunes,
sin una ley que ampare la vida o los Derechos Humanos de los
ejecutados.En la Marina mexicana los números son mayores, y las muertes suman 30 por cada uno que queda vivo. De hecho las cifras que relataban las ejecuciones que se realizaban al año dejaron de publicarse en 2014, lo que puede deberse en el incremento de abuso por parte de las autoridades mexicanas.Y como casi en todos los casos quedan impunes, no son investigados y
no le importa a la autoridad lo que se haga con la vida de los
combatientes, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales es lo
que prevalece y para ser que aumenta día con día, sin tener una cifra
clara de lo que pasa dentro de las fuerzas armadas.Según The New York Times, de las 4 mil denuncias que se han hecho en
la Procuraduría General de la República (PGR) en 2006, solo 15 han sido
resueltas, con resultado de condena, ‘‘No sólo está generalizada la tortura en México, sino también está rodeada por la impunidad’’, detalla.
ANIMAL POLÍTICO
Uno a uno, los legisladores priistas abandonaron la sesión del Congreso
de Veracruz, con lo que impidieron que los legisladores del PAN se
pronunciaran sobre la red de 21 empresas a las que funcionarios del
gobierno de Veracruz, ligados al gobernador Javier Duarte, otorgaron
contratos por más de 645 millones de pesos, entre 2012 y 2013.Diputados del PRI y del Verde abandonaron la sesión de este jueves 26 de mayo en el Congreso de Veracruz para
evitar que los legisladores del PAN se pronunciaran sobre la red de 21
empresas a las que funcionarios del gobierno de Veracruz, ligados al gobernador Javier Duarte, otorgaron contratos por más de 645 millones de pesos, entre 2012 y 2013.Minutos
antes de las 15:00 horas, los diputados del PRI y del Verde empezaron
su desfile hacia la salida del recinto, mientras que Jesús Vázquez
González, del PVEM, se manifestaba sobre la contaminación en el Río
Chiquito y en el Arroyo Ocozoapan, localizados en la zona sur de
Veracruz.Uno a uno, los legisladores priistas
José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, Marco Antonio del Ángel Arroyo,
Marcela Aguilera Landeta, Tonatiuh Pola Estrada, Belén Fernández del
Puerto, Gabriela Arango Gibb, Antonio Baxzi Mata, Ciro Félix Porras y
Adolfo Jesús Ramírez Arana salieron del recinto legislativo.A
la partida de esos nueve diputados priistas, le siguió la de Jacqueline
García Hernández y Juan René Chiunti, de Nueva Alianza, así como la del
independiente Francisco Garduza Mazariego, entre otros, indica una nota
del portal E-Consulta Veracruz.Desde
la tribuna, Vázquez González pidió que se consultara el quórum de la
sesión, por lo que se procedió a pasar lista a los diputados presentes.
De noviembre de 2012 a abril de 2016 se aceptaron 316 solicitudes con
519 personas involucradas. La Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos insiste en que la respuesta a los casos es lenta.En los casos admitidos desde noviembre de 2012 en el Mecanismo de
Protección para personas Defensora de Derechos Humanos y Periodistas hay
519 personas que denunciaron estar en riesgo por su profesión.Se
trata de 300 defensores de derechos humanos y 219 periodistas que
solicitaron la protección del Estado mexicano después de haber sido
víctimas de violencia o amenazados por su labor periodística o
activismo.Las cifras oficiales sobre cómo funcionó el Mecanismo
en tres años y medio indican que en 38% de los casos la amenaza proviene
de una autoridad gubernamental, en 31% de particulares y el resto
permanece sin identificar.La mitad de los casos de agresión
contra defensores y periodistas ocurren en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y
Chiapas, según los datos que entregó la Secretaría de Gobernación a la
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) sobre el
Mecanismo.“México sigue siendo uno de los países más peligrosos
del mundo para los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
Las agresiones contra defensores y periodistas ocurren con frecuencia,
lo que genera un clima preocupante de autocensura e intimidación”,
indicó esa Oficina y las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) después
de evaluar los avances y deficiencias del Mecanismo.
El estado de Guerrero, donde el crimen organizado convive día a día
con la miseria y la corrupción, se ha convertido en el mayor productor
de opio en América.Así lo destaca el diario El País en una crónica del
corresponsal Jan Martínez Ahrens, quien recogió numerosos testimonios de
campesinos que siembran y recogen opio para el crimen organizado.De
acuerdo con el periodista, de las montañas de Guerrero “parten los
inacabables cargamentos que nutren, por delante del triángulo de oro de
Sinaloa-Durango-Chihuahua, al gran devorador mundial: Estados Unidos”.En esa zona con los mayores índices de violencia en México, añade, “reina el caos y la violencia pura”.El representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito,
Antonio Mazzitelli, explica al diario que en Guerrero “no hay presencia
del Estado, ni carreteras ni hospitales; ni siquiera el narco está bien
organizado. El mercado de la droga se lo disputan grupos criminales
antagónicos”.Es, subraya, un territorio marcado por la impunidad, donde asesinar
es cotidiano y el miedo una constante. “No existen detenciones. Al
narco, en la montaña no se le menciona”.El reportaje resalta el círculo letal en el que se encuentran las
familias guerrerenses, asediadas por la voracidad de los
narcotraficantes. “Entre más opio, más dinero y más muerte”, apunta.Luego enumera las cifras oficiales: la producción de amapola en
México se ha disparado 50% en los últimos cinco años, según la agencia
antidroga estadunidense (DEA).También sostiene que el efecto ha sido devastador y las muertes por
sobredosis se han triplicado desde 2010 en Estados Unidos, y en el sur,
en entidades como Guerrero, la negra tierra de Iguala, todo se ha venido
abajo. Y Acapulco es la tercera ciudad más violenta del mundo.Explica que después de 10 años de extenuante lucha contra el narco,
el saldo es negativo para el país, que ha quedado debilitado con la
cifra de cien mil muertos y 25 mil desaparecidos.
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y
El Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, alertó que el narcotráfico “está
ganando el bono demográfico en México y en Centroamérica” al reclutar de
manera masiva a los jóvenes en etapa productiva.“México tiene todavía una pequeña ventana de oportunidad para ese
bono demográfico (los jóvenes): apostarlo a la educación y a la
innovación, y no entregárselo, por favor, al narcotráfico”, destacó en
un encuentro con senadores mexicanos.De acuerdo con la secretaria ejecutiva de la Cepal, la otra “gran
consecuencia” de no aprovechar el bono demográfico radica en que el
envejecimiento “nos está llevando a nuevos desafíos en materia de
seguridad social, porque al envejecer sin tener la protección social en
el empleo, y llegar a viejos sin tener ni seguro de educación ni
pensión, va a ser un gran desafío, yo diría, para la política pública”.En términos prácticos, en México seis de cada 10 personas laboran en
la informalidad, es decir, sin salarios fijos, sin acceso a servicios de
salud, sin prestaciones ni seguridad social.De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), el bono
demográfico es una ventana de oportunidad donde la fuerza de trabajo
crece más rápidamente que la población que depende de ella (niños y
adultos mayores), por lo que el potencial productivo de la economía es
mayor.En un documento titulado “La Situación Demográfica de México 2015”,
la Conapo destaca que la principal virtud de ese fenómeno es aprovechar
para incrementar la producción y la productividad, así como la
acumulación, el ahorro y el consumo.
REPORTE ÍNDIGO
El ‘Efecto Bronco’ se diluyó y las elecciones del 5 de junio
significarán un fracaso para los candidatos independientes. En cambio
Morena se perfila para desplazar al PRD como tercera fuerza política. Aunque iniciaron con gran expectativa en el proceso electoral, todo
parece indicar que los candidatos independientes serán la gran decepción
en la elección del 2016.Ninguno de los 10 candidatos que compiten sin partido en esta elección parece haber tenido un efecto en sus estados.Lejos
quedaron aquellas imágenes de las multitudes que acudían a apoyar a
Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, quien arrancó la gubernatura de
Nuevo León a los partidos políticos.En las elecciones de este año, todo parece indicar que el “efecto Bronco” no podrá repetirse.En
su Cuarto Reporte Electoral, la consultora Integralia destacó que
ninguno de los candidatos independientes logrará el triunfo en las
urnas, este 5 de junio.Es José Luis “Chacho” Barraza, en
Chihuahua, quien tiene el mayor porcentaje de intención de voto, pero
apenas es del 13 por ciento.En Zacatecas, Alma Ollervides tiene apenas el 1 por ciento de intención de voto.El
fracaso de las candidaturas independientes demuestra que la simple
posibilidad de que sean postulados ciudadanos sin partido no garantiza
que los votantes los apoyen.El fenómeno de la elección de Jaime
Rodríguez Calderón, “El Bronco”, fue excepcional por las condiciones que
se dieron en Nuevo León y que no se repiten en otros estados del país;
al menos, no en el 2016.
Padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, reiteraron que no aceptarán el plazo de seis meses que dio el gobierno federal para la búsqueda de sus hijos.Lo anterior, luego de protestar frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), acompañados por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).Explicaron que es muy poco tiempo como para poder llevar a cabo las investigaciones concretas sobre lo que sucedió con los jóvenes.Después de marchar del Ángel de la Independencia a las instalaciones
de la PGR, ubicada sobre avenida Reforma, los padres realizaron un mitin
frente a la dependencia donde expusieron la situación que han
enfrentado en los últimos 20 meses durante la búsqueda de su hijos.En las instalaciones de la dependencia federal se reunieron cerca de 500 manifestantes, según indican autoridades capitalinas, quienes se distribuyeron en los alrededores para evitar algún incidente.
Representantes de la empresa de transportes Estrella
Roja del Sur se reunieron el jueves con la Comisión Especial sobre el
caso Ayotzinapa, pero no aportaron información relevante, indicó la presidenta de esta instancia legislativa, María Guadalupe Murguía Gutiérrez.“En términos generales no hubo algo particularmente relevante sobre
las agresiones y desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de
Ayotzinapa, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala,
Guerrero”, indicó en entrevista.Mencionó que ésta es la única empresa de transportes, de las
involucradas en el caso, que aceptó reunirse con la comisión, pero sus
representantes sólo expresaron que la toma de sus autobuses por los
estudiantes les causa un gran perjuicio económico y afecta a los
choferes porque cobran por comisión.Señaló que Estrella Roja del Sur también es propietaria de la terminal de autobuses de Iguala
y la empresa les entregó un video sobre lo que sucedió ahí con la toma
de autobuses por los estudiantes, pero no revisaron para determinar que
tiene más elementos de los que se hicieron públicos.La representante del Partido Acción Nacional (PAN) precisó que dos
camiones de esta empresa estuvieron involucrados en los incidentes,
fueron agredidos en la zona de Juan N. Álvarez, pero no corresponden al
llamado quinto vehículo, que pertenece a Estrella Roja de Cuautla.
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
Cientos de pobladores expulsaron a Federales del municipio chiapaneco de Chiapa de Corzo, en apoyo a los maestros.El pasado miércoles a las 20 horas más de 500 personas marcharon en
apoyo al movimiento magisterial chiapaneco, que durante el día fue bombardeado y desalojado por elementos federales y estatales en Tuxtla Gutiérrez, por
tal razón y como muestra de apoyo llegaron al hotel La Ceiba donde se
hospedaban los elementos de la Policía Federal del hotel La Ceiba, para
desalojarlos de la localidad.Cabe recordar que mientras los
maestros estaban siendo agredidos por los policías federales, el pueblo
salió a ayudarlos y formó una cadena humana para proteger el movimiento
magisterial y expresar que “no estaban solos” en la lucha. Uno de los manifestantes lanzó una piedra al hotel, por lo que se
rompió una ventana y los policías respondieron con gases lacrimógenos,
lo que ocasionó que los manifestantes, en su mayoría padres de familia
tuvieran que salir del lugar, aseguraron.Poco tiempo después se avisó a los manifestantes que “la gente los
corrió del hotel”, por lo que los federales optaron por abandonar el
hotel y trasladarse a Tuxtla Gutiérrez, declaró Manuel de Jesús Mendoza
Vázquez, secretario general suplente de la sección 7 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación.
“En la historia de la guerra moderna es
mucho más probable que un combatiente hiera a un enemigo, en vez de
matarlo. Pero en México es al revés”, se lee en una publicación del New
York Times, que lleva por título Body Count Points to a Mexican Military Out of Control.Los periodistas Azam Amed y Eric
Schmitt, quienes firman el texto, dan a conocer que según las cifras del
gobierno mexicano, las fuerzas armadas “matan con eficiencia
abrumadora, mientras que apilan cuerpos a gran velocidad”.Aunque las autoridades mexicanas
aseveran, a decir por los redactores, que los soldados están mejor
entrenados que los miembros de los carteles con los que se enfrentan,
los expertos en el análisis y estudio del narcotráfico y la seguridad
nacional, dicen que la tasa de muertos de las fuerzas armadas mexicanas
no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro.A decir por Paul Chevigny, profesor
jubilado de la Universidad de Nueva York y pionero del estudio de la
letalidad en diferentes fuerzas armadas, dijo que en México “hay
ejecuciones sumarias”.Un estudio sobre las guerras desde
finales de los años setenta del Comité Internacional de la Cruz Roja,
dio a conocer que en la mayoría de los escenarios de combate entre
grupos armados “por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos.
A veces, incluso más”.Sin embargo, en México la cuenta es a la
inversa: el Ejército mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que
hiere. “Para su fuerza de élite, la Marina, la diferencia es mayormente
pronunciada, ya que según sus propios datos, mata a 30 combatientes por
cada uno que hiere”.
El diario The Guardian declaró que
Tamaulipas “fue históricamente la cuna de la bonanza de la industria
petrolera en México, pero ahora es un centro de corrupción y
contrabando”, donde “la pudrición se instaló cuando los partidos locales
recurrieron a los jefes del crimen organizado para que les ayudaran a ganar elecciones’’.A casi una semana de las elecciones por las gubernaturas en 12
entidades, los temas locales por los que votarán en Tamaulipas no es por
la construcción de carreteras, escuelas o impuestos, sino por lo que
ahora es su contexto, que son secuestros, extorsión e inseguridad como
en las carreteras, detalló el diario.En Tamaulipas el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha
acusado a los opositores de tener vínculos con los grupos delictivos y
los narcotraficantes, sin embargo, para el diario estadounidense ‘‘la
ironía de que el priísmo acuse a sus rivales de complicidad con los
criminales no pasa desapercibida por sus opositores’’, quienes también
han lanzado acusaciones al partido que actualmente gobierna la entidad.The Guardian menciona el caso de dos ex mandatarios priistas,
Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, quienes fueron requeridos por la
justicia estadounidense, debido a que el primero fue acusado de permitir
que el cártel del Golfo circulara en el territorio a cambio de
sobornos; y el segundo se le imputaba el delito de lavado de dinero.
Con la llegada del PAN a la Presidencia en el 2000, el
Estado perdió el monopolio de la coerción que ejercía sobre las
organizaciones criminales y esto no sólo permitió que esos
grupos ganaran control territorial, sino que se fortalecieron, afirman
especialistas en seguridad. Luego, desde el inicio del sexenio de Felipe
Calderón, la violencia transformó la vida del país; el Presidente
panista dictó políticas restrictivas porque, a falta de legitimidad,
tenía miedo, afirman. Hoy, a 16 años de la alternancia, México es una
suma de corrupción, muerte y violaciones a los derechos humanos que,
para colmo, tiene a las instituciones del Estado como protagonistas.TERCERA PARTE | Ver aquí PRIMERA PARTE | Ver aquí SEGUNDA PARTE Si la delincuencia se
organiza, dijo el General Rafael Macedo de la Concha en un discurso
oficial, “el Estado debe cohesionarse en todos sus niveles para
combatirla frontalmente”.Era 19 de enero de 2001 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde el
militar y entonces recién nombrado Procurador General de la República
firmaba un convenio de colaboración con la Procuraduría General del
Justicia del Gobernador priista Tomás Yárrington Ruvalcaba.El objetivo, dijo Macedo de la Concha en un evento encabezado por el
Presidente también recién llegado al cargo, el panista Vicente Fox
Quesada, era “reforzar la lucha contra el crimen organizado” y
“colaborar conjuntamente para atacar con todos los recursos la gama de
delitos que erosionan la estructura de seguridad pública y que tanto
irritan a la sociedad”.
En muchas ocasiones las propuestas políticas, sociales y económicas
realizadas por candidatos a puestos de elección popular no son
satisfactorias y no logran convencer a los ciudadanos para que los
apoyen en las urnas electorales. Muchos de los candidatos y partidos
políticos hacen uso de esta deshonrosa práctica, la compra de votos o
condicionamiento de programas sociales. En México la compra de
votos o el intercambio de estos por beneficios de programas sociales es
frecuentemente usado por funcionarios públicos, partidos políticos y
candidatos a puestos de elección popular.Un caso reciente se reportó en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad
de México, en donde el Partido de la Revolución Democrática (PRD)
repartió al menos 30 tinacos de 2 mil 500 litros para coaccionar el voto
a favor de ese instituto político. Algunos otros casos que en su
momento atrajeron la atención nacional y de observadores y la prensa
extranjera son el “Monexgate”, el “Pemexgate” y el de “Los Amigos de
Fox”.Cientos de irregularidades se reportan ante las autoridades
electorales en México cada vez que hay comicios. En este video te
presentamos sólo una muestra: 10 casos de escándalo en torno a la compra
de votos en el país.
Luis Alfonso de Alba, embajador de México ante la OEA,
señaló ante integrantes del GIEI que no se debe asociar la inocencia con
la tortura. Afirmó que este hecho debe ayudar a “visibilizar” a los
mexicanos que la protección de los derechos humanos en ocasiones impide
la aplicación de la justicia.Un
diplomático mexicano condenó las fallas en materia de derechos humanos
de su Gobierno, pero advirtió que sólo porque alguien es torturado no
significa que la persona sea inocente.Al hablar en un panel en el Wilson Center, el embajador de México
ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de
Alba, reconoció que la investigación sobre los 43 estudiantes de
Ayotzinapa que fueron secuestrados el año pasado había estado plagada de
acusaciones de que fueron torturados y sobre la creación de testigos
sospechosos. Al mismo tiempo, insistió en que algunas de las más de 100
personas encarceladas en relación con el caso de violación a los
derechos humanos de más alto perfil en el país, podría ser culpable.“En nuestro país hay gente, como yo, que piensan que toda
declaración obtenida mediante la tortura anula el proceso [judicial],”
dijo Alonso de Alba. “Pero eso – y quiero destacar esto – que no
significa que la persona es inocente. Lo que significa que tenemos que
hacer de nuevo el proceso y, en algunos casos, evidentemente, se
liberará esa persona porque no hay pruebas contra él, salvo lo que se
extrae a través de la tortura “, expresó“Pero no hay que asociar automáticamente la inocencia con estas
personas”, añadió, diciendo que ello podría conducir a los mexicanos a
visibilizar “la protección de los derechos humanos como un eventual
obstáculo a la aplicación de la justicia.”Alfonso de Alba habló junto a cuatro de los integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que proporciona
apoyo internacional para la investigación sobre la desaparición de los
estudiantes.
LA JORNADA
Duró ocho horas la ocupación de la terminal aérea; movilizaciones en 5 estados
Fotoportada
Efervescencia en Tuxtla Gutiérrez
Miles de maestros, estudiantes, padres de familia e integrantes de organizaciones sociales se manifestaron ayer en la capital chiapaneca para exigir la liberación de seis profesores y dos personas ajenas al movimiento magisterial, detenidos durante los enfrentamientos con la policía el pasado miércoles Foto Víctor Camacho
Rechazan la propuesta de que sea sólo por seis meses
Se busca dar carpetazo, alertan; ayer, marchas hacia embajadas y la PGR
Provocan más muertos que heridos en enfrentamientos
Se trata de
ejecuciones sumarias, declaran especialistas al diario
Empresas no pudieron comprobar recursos lícitos
Se lograron sólo mil mdd en inversiones, de 5 mil mdd previstos: Comener
Rayuela : Se les hizo fácil... y ya ven...
El árbitro perdona un penal a Monterrey
La nueva embajadora de Estados Unidos dijo que viajará por todo el país para conocer el "sentir" de los mexicanos Foto Francisco Olvera
"No me explico" cómo ocurrió la batalla campal en la Autopista del Sol, en abril
Denuncia que tras su excarcelación ella y su familia sufren amenazas constantes
Fotocontraportada
La comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, en el aeropuerto capitalino, momentos antes de partir hacia Estados Unidos, en marzo de este año Foto Francisco Olvera
Armando G. Tejeda, Corresponsal, Madrid.
Nestora Salgado, la comandanta comunitaria de Guerrero que salió en libertad en marzo pasado después de pasar dos años y medio encarcelada en una prisión de Nayarit, recaba apoyos para pedir asilo político en España y asentarse definitivamente en este país, lejos de las amenazas y la violencia estructural que padecen a diario ella y su familia.De 44 años y natural de Olinalá, iniciará los trámites en los próximos días para ser admitida por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que es el organismo público que decidirá finalmente si se le concede o no el estatus de "asilada política".Según corroboró La Jornada de una fuente relacionada directamente con la petición de asilo de la ciudadana mexicana, Salgado ha estado en las últimas semanas reuniendo apoyos de organizaciones de defensa de los derechos humanos –como Amnistía Internacional– y de los partidos políticos Izquierda Unida (IU) y Podemos para solicitar de manera formal la condición de "asilada política", lo que le permitiría, además de una protección garantizada a su seguridad, traer a su familia directa y evitar así que sigan sufriendo las...
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