Violencia política debe legislarse
Académicas,
legisladoras y magistradas, afirmaron que la Reforma del Estado que
está diseñando la Cámara de Diputados debe incluir reglas para hacer
efectiva la paridad de género en los poderes Ejecutivo, Legislativo,
Judicial y organismos autónomos, incluir los derechos de las mujeres
indígenas y tipificar la violencia política de género.
Así lo dijeron al participar en el primero de los foros sobre la
Reforma del estado y Electoral que se realizó este martes 11 de junio en
la Cámara de Diputados y donde se habló de cómo hacer realidad la
reforma constitucional en materia de paridad de género, publicada el
pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación.
En el encuentro la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), Nadine Gasman, afirmó que la paridad es resultado de cinco
grupos de trabajo: las legisladoras, los órganos electorales y
administrativos, los órganos jurisdiccionales, los observatorios de
participación política de las mujeres y la academia.
Al hablar de la paridad Gasman explicó que dos de sus preocupaciones
para hacer posible el cumplimiento de este principio es la falta de
tiempo de las mujeres que dedican más horas a las actividades del
cuidado; y la violencia política en razón de género que revela una
resistencia explícita y velada para que las mujeres participen en la
vida política del país.
Por su parte la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Janine Otálora Malassis, señaló que la democracia
paritaria va más allá de la participación de 50 por ciento de mujeres y
de hombres en cargos públicos, también, dijo, es un nuevo pacto social
que reconoce la igualdad entre los géneros
Para que esta reforma dé frutos, explicó la magistrada, será
necesaria una reforma legislativa bien hecha y advirtió que en caso de
que el Legislativo quiera poner excepciones a la regla o regímenes
especiales, señaló que las reglas deben ser uniformes y aplicables a
todos los casos y no dejar espacio a ambigüedades.
Las autoridades electorales tienen un compromiso genuino con la
igualdad de género no habrá problema, pero en caso de que no sea así,
habrá resultados disparejos como sucedió en 2018 cuando algunos
organismos públicos locales electorales tomaron acciones para cumplir
con la paridad y otros no. También dijo que hace falta legislar la
violencia política de género.
La coordinadora de Transversalidad de Operación Regional del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Anabel López Sánchez,
alertó que la paridad efectiva implica que las mujeres lleguen a los
espacios numéricamente, pero esto no garantiza la efectividad del
ejercicio del derecho.
“Para eso es necesario tener condiciones para la toma de decisiones”,
explicó la también integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las
Mujeres, en el estado de Oaxaca, quien mencionó que en aquel estado y en
otros, las mujeres fueron utilizadas porque las postularon a cargos de
elección, ellas ganaron pero no ejercieron sus funciones.
Aunque las candidatas, particularmente en el ámbito municipal
obtienen las presidencias municipales muchas veces los síndicos ejercen
el cargo porque al interior del partido político se cree que ellos
fueron desplazados para cumplir la cuota de género y por tano deben
tomar decisiones, ejercer el presupuesto y convocar a sesiones de
Cabildo, explicó.
López Sánchez también llamó al Legislativo a diseñar una reforma
constitucional que además reconozca a los pueblos indígenas como sujetos
de derecho público a fin de que las mujeres indígenas tengan
oportunidad de participar en la vida política.
Desde el punto de vista de la académica de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Leticia Bonifaz Alfonzo, aunque la reforma en
materia de paridad fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del
Congreso, ella percibe que las resistencias no se hicieron evidentes a
fin de ser políticamente correctos.
En este contexto, la catedrática explicó que en el Poder Judicial de
la Federación hay una proporción de 80 por ciento de hombres jueces y 20
por ciento de mujeres por lo que la reforma debe revisar cómo se deben
hacer los concursos para acceder a estos puestos y analizar cuáles son
las condiciones que impiden que las juezas o magistradas concursen en
igualdad de condiciones.
La ex consejera jurídica del Distrito Federal y ex directora de
Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
dijo que las convocatorias de concurso no pueden ser neutras, deben
tomar en cuenta la desigualdad en el terreno de lo privado, por ejemplo,
que ellas tienen poco tiempo para prepararse y estudiar porque deben
realizar tareas de cuidado en el hogar.
Bonifaz Alfonzo mencionó que en la integración del Poder Judicial se
debe considerar que las mujeres tienen temor a la adscripción porque
cuando concursan y ganan una plaza son enviadas a laborar a alguna
entidad del país, pero en ocasiones no tienen poder de decisión sobre su
movilidad o no tienen facilidad de encontrar las redes que formaron en
su lugar de residencia.
En la mesa participó la exgobernadora de Zacatecas, Amalia Dolores
García Medina, quien dijo que la presencia de mujeres en espacios de
poder permitirá una relación de iguales y esto sólo será posible con una
reforma del Estado que analice la pobreza de tiempo de las mujeres y
considere una nueva política de dimensión social.
La reforma, dijo, debe garantizar la participación y presencia de las
mujeres estableciendo quiénes son los sujetos obligados de garantizar
la paridad en cada poder del Estado y crear mecanismos sanciones para
quienes no cumplan con este principio constitucional.
Especial archivo CIMAC
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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