Necesaria presión de sociedad civil
El
miércoles 5 de junio la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
declaró constitucional la reforma que modifica 9 artículos de la Carta
Magna para dar a las mujeres la mitad de los cargos de decisión en los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en los organismos autónomos.
Ahora tiene un plazo de un año, a partir de la publicación del
decreto sobre paridad de género, para realizar las adecuaciones
normativas correspondientes y hacer realidad la inclusión de más mujeres
en cargos de poder.
La investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la
República, Lorena Vázquez Correa, afirmó que para que las reformas
secundarias se concreten en el plazo marcado se necesitará la presión de
la sociedad civil, de académicas, parlamentarias, funcionarias y
defensoras de los derechos políticos.
Tras la declaratoria, explicó, la aplicación del principio de paridad
será de forma progresiva como lo marcan los artículos transitorios del
decreto, por ejemplo, en los nuevos nombramientos en las secretarías de
Estado y en el proceso electoral 2020 donde habrá comicios locales en
Hidalgo y Coahuila.
El primer paso, indicó la maestra en Estudios Sociales, será reformar
normas secundarias, entre ellas las leyes generales de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos; la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal y las leyes que rigen a cada órgano
constitucional autónomo.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de
México, 8 mujeres tomaron las riendas de ocho de las 18 secretarías de
Estado. Sin embargo, en mayo la cifra cambió a 7 debido a que Josefina
González Blanco renunció a Semarnat y en su lugar se designó a un
hombre.
En este terreno la reforma en materia de paridad de género modificó
el artículo 41 constitucional para establecer que los nombramientos de
las personas titulares de las secretarías de Estado deberán observar el
principio de paridad de género, tanto en el nivel federal como en las
entidades.
Esto significa, explicó Vázquez Correa, que los nuevos gobiernos
estatales que se conformen deberán tener gabinetes paritarios y que el
gabinete federal se debe apegar a este principio. Incluso López Obrador
debe atender la Constitución, para nuevos nombramientos, aun cuando no
estén listos los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.
Otro avance que destacó la especialista en género y participación
política son los nombramientos en cargos jurisdiccionales y organismos
autónomos porque la reforma además garantiza transparencia en estos
procesos de designaciones y deja la posibilidad de institucionalizar
procedimientos con convocatorias y requisitos.
La paridad aplicará en la integración de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) que hoy es integrada por 11 ministros pero sólo dos
son mujeres; en las 7 Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, donde hay 25 magistrados de los cuales ocho son
mujeres; y en el Consejo de la Judicatura Federal, donde hay siete
consejeros, dos de los cuales son mujeres.
Con los cambios se adicionó un párrafo octavo al artículo 94
constitucional, según el cual la integración de los órganos
jurisdiccionales será mediante “concursos abiertos observando la paridad
de género”. En estos cargos, señala, habrá un cambio de fondo porque se
trata de concursos donde se deberá garantizar el derecho de las
mexicanas de participar en igualdad de condiciones.
Otros espacios donde no era obligatoria la participación de las
mujeres son los organismos autónomos, como el Banco de México (Banxico),
el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
También se encuentra la Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Fiscalía
General de la República (FGR), entre otros.
Para Vázquez Correa México demostró que la implementación de la
paridad puede ser un éxito, como sucedió después de 2014 cuando por ley
se obligó a los partidos políticos a postular a 50 por ciento de mujeres
en candidaturas a senadurías y diputaciones federales y locales.
La SCJN determinó el 9 de mayo al resolver la acción de
inconstitucionalidad 1/2016, promovida por el INAI, demandando la
invalidez de diversas disposiciones de la ley de transparencia de
Tabasco, que los organismos autónomos deben conformarse de manera
paritaria.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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