Lilia Mónica López Benítez*
La Jornada
Equis Justicia para las Mujeres recientemente presentó el informe (IN) Justicia Abierta, ranking
de opacidad judicial en México, que evidencia la dificultad a la que se
enfrentan las personas para tener un real acceso a la justicia.
El informe destaca que únicamente se denuncia un delito de cada 10 y
que en tratándose de los perpetrados en contra de mujeres, únicamente
llegan al conocimiento del Ministerio Público ocho de cada 100. Estos
datos son alarmantes, pues muestran la desconfianza de las personas en
las instancias de justicia.
Los motivos que se aducen, como clara muestra de escepticismo, tienen
que ver con la falta de transparencia que genera opacidad en los
poderes judiciales de los estados.
El estudio subraya las bondades de la transparencia y la rendición de
cuentas como motor de participación ciudadana, y como símbolo de
credibilidad en el sistema mexicano de justicia. En esa lógica, se asume
que para que la información sea útil debe ser clara y accesible.
No obstante, los poderes judiciales locales fueron reprobados en
transparencia por diversas razones, una de ellas porque las sentencias
no se publican, lo que impide que sean monitoreadas y evaluadas fuera de
los órganos jurisdiccionales que las emiten.
El informe da cuenta de una serie de hallazgos, que van desde
aspectos tan elementales como desconocer el número total de sentencias
pronunciadas hasta la falta de publicación o de difusión de las
resoluciones.
El Poder Judicial de Durango es el único que publica todas sus
sentencias, mientras que Baja California, Baja California Sur y
Zacatecas no divulgan ninguna. Esta situación asimétrica afecta el
derecho de acceso a la información y aleja a las personas del
conocimiento de sus derechos.
En cuanto a la difusión, el informe es enfático en que la publicación
de las sentencias no es suficiente, si consideramos que en nuestro país
únicamente seis de cada 10 personas disponen de conectividad por medio
de Internet, por lo que es necesario contar con otros canales de
comunicación que permitan conocer el trabajo de los poderes judiciales,
pues 96.9 por ciento no cumplen con esta tarea. Coahuila es el único
estado que difunde sus sentencias por medio de un programa de radio.
Otro aspecto relevante tiene que ver con el derecho a la información
pública en condiciones de igualdad, para lo que es menester generar
diversidad en la accesibilidad que permita que las personas con
discapacidad conozcan y entiendan las decisiones jurisdiccionales. Los
poderes judiciales de Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Nayarit e Hidalgo
están realizando algunas acciones como videos, cápsulas o resúmenes con
lenguaje sencillo.
Estos y otros aspectos, que pueden ser consultados en el informe,
permiten concluir que existe una falla institucional grave porque los
poderes judiciales no conocen o no cumplen con sus obligaciones
derivadas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y en consecuencia, no garantizan el derecho a la información ni
mucho menos el derecho a la justicia.
Pero ¿qué sucede en el Poder Judicial de la Federación respecto a transparencia y rendición de cuentas?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de justicia
abierta, cuenta con diversos medios para difundir su trabajo
jurisdiccional, como las sesiones del pleno en vivo y el portal de
sentencias. También realiza esta tarea mediante el Canal Judicial, del
programa La Corte en la Radio, la revista Compromiso, así como la difusión por medio de boletines electrónicos, podcasts,
sinopsis de asuntos destacados y sentencias en formato de lectura fácil
que de tiempo atrás se estilan y que, incluso, recientemente se aprobó
el Acuerdo General 1/2019 de la Segunta Sala que fija las bases al
efecto.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal, para dar
cumplimiento a las obligaciones de transparencia, incluyendo la
transparencia proactiva, pone a disposición de la ciudadanía la consulta
de las versiones públicas de todas las sentencias a escala nacional,
por órgano jurisdiccional; de igual forma las sentencias y criterios
relevantes por circuito e incluso es posible acceder a la biblioteca
virtual de las sesiones públicas de los tribunales colegiados de
circuito.
Además, esta información se difunde por medio de cápsulas
informativas, programas de radio y televisión, entrevistas por estos
medios de comunicación y en la revista Igualdad. Asimismo
existe una sala de prensa que informa con comunicados breves que
destacan de manera puntual los antecedentes y los principales argumentos
de las resoluciones y decisiones de interés.
El Poder Judicial de la Federación cumple con sus obligaciones de
transparencia con el propósito de garantizar el derecho a la información
y consecuentemente el derecho a la justicia.
Sin duda es posible mejorar para garantizar el acceso a la
información; por ejemplo, la creación de mecanismos de participación
ciudadana, la conformación de criterios de inclusión y accesibilidad más
allá de los formatos de lectura accesible y sencilla, ajustes
razonables dependiendo de las diversas discapacidades, versiones
apropiadas y en distintos idiomas para que todas las personas puedan
conocer las decisiones de los órganos jurisdiccionales federales. Bajo
la premisa de divulgar información puntual, clara y accesible que
garantice la comprensión de los contenidos y decisiones.
Como concluye el informe, el acceso a la información es mucho más que
el acceso a las sentencias: es generar empoderamiento legal.
Aquí reside la tarea y el compromiso de las personas que juzgamos en
aras de generar confianza y acercar la justicia a la ciudadanía, de
proporcionar un servicio público de calidad y especialmente de
dignificar nuestra función.
*Académica universitaria y magistrada federal
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