CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México.– Organizaciones feministas
exigieron al Congreso del estado de Guerrero que reforme el Código Penal
estatal para homologarlo con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046)
para garantizar que las víctimas de violación sexual, que presenten un
embarazo, puedan abortar si así lo desean.
En un comunicado público, redes de agrupaciones feministas como la
Alianza por los Derechos Humanos de las Mujeres en Guerrero, llamaron al
Legislativo a reformar la fracción I del Artículo 159 del Código Penal
para hacer posible que las víctimas accedan a la Interrupción Legal del
Embarazo (ILE) sin que ésta tenga que ser autorizada por un Ministerio
Público.
No es la primera vez que se hace esta petición. El año pasado el
Grupo de Trabajo que atendió el proceso de declaratoria de Alerta de
Violencia de Género por Agravio Comparado, es decir, por la situación de
discriminación en la que se encontraban las mujeres sin acceso a
servidos de salud sexual y reproductiva en la entidad, hizo la misma
recomendación.
Las
organizaciones recordaron que la NOM-046 considera, además, la obligación del
Estado de crear un banco de información de víctimas y agresores respecto a
violencia sexual. A nivel nacional en el año 2019, el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 345 denuncias por
violación.
Estos datos,
consideraron las agrupaciones, significan que al menos una mujer fue violada
cada día durante el año pasado. En octubre de ese año el Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres) reportó que 11 mil niñas menores de 14 años víctimas de
violación, fueron obligadas a parir al no garantizarles la ILE, siendo los
principales agresores padres, abuelos, tíos, primos y hermanos.
Durante ese
año se realizaron 29 interrupciones de embarazo de mujeres violadas, 9 de esas
víctimas tenían entre 13 y 17 años. Esta situación fue denunciada el 8 de marzo
de 2019 en la solicitud de declaratoria de Alerta presentada por el
Observatorio de Violencias hacia las Mujeres en Guerrero y Justicia, Derechos
Humanos y Género, A.C.
El 30 de
mayo de ese mismo año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de
Gobernación, notificó a los titulares del Poder Ejecutivo estatal y de la
Fiscalía General del estado, así como a la Presidencia de los órganos de
gobierno del Poder Legislativo, las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo.
En este
informe de personas expertas se concluyó que en Guerrero hay un contexto de
discriminación debido a la falta de homologación del marco jurídico local con
el federal y general; así como por una política pública deficiente en materia
de salud sexual y reproductiva que transgrede los Derechos Humanos de las
mujeres.
Por ello, el
Grupo de Trabajo recomendó revisar y reformar la legislación relacionada al
aborto. De atenderse la recomendación, las organizaciones aseguraron que se evitaría
la revictimización en los servicios de salud y se garantizaría el cumplimiento
de los acuerdos internacionales que México ha firmado y ratificado.
Asimismo,
citaron el caso de Esmeralda, adolescente de 14 años con discapacidad
intelectual, quien fue víctima de violación sexual y aunque fue atendida en el
Hospital Donato Alarcón, no se le garantizó la ILE, parió y el bebé murió al
nacer por un choque séptico, sepsis neonatal y neumonía. Es por esta razón que
criticaron que las autoridades y la mayoría del funcionariado de ese sector, normalicen
la violencia institucional contra las mujeres.
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