Ciudad de México. En las bancadas del Congreso de la
Ciudad de México todavía hay legisladoras y legisladores que no están
de acuerdo con la tipificación de la violencia política de género, por
esa razón pusieron obstáculos para evitar que las reformas en la materia
se debatieran y aprobaran antes del 31 de mayo.
La diputada
presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto Maldonado,
quien ha sido señala como responsable de que los cambios legislativos no
salieran avante, explicó en entrevista con Cimacnoticias, que no
sucedió porque hasta hubo diputadas que consideraron que no se debían
reformar las leyes electorales.
Aunque en la sesión de clausura
del periodo ordinario de sesiones del Congreso capitalino, el 31 de
mayo, las y los diputados se manifestaron a favor de erradicar la
violencia contra las mujeres que ejercen cargos públicos o que
participan en los procesos electorales, en los hechos el Congreso no
legisló.
Un día antes de estos posicionamientos, el sábado 30 de
mayo la diputada Soto Maldonado convocó a una sesión presencial
extraordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Asuntos
Político-Electorales, que se realizaría en el edificio de Donceles; sin
embargo a la reunión sólo acudieron 7 de 18 integrantes, por lo que el
encuentro se tuvo que cancelar.
La actual diputada por Morena y
quien antes de ser legisladora fue directora de Participación Social y
Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), cargo desde
el que impulsó las reformas en materia de paridad política, señaló que
al parecer, en el Legislativo hay dobles discursos sobre la violencia
política contra las mujeres.
Al ser cuestionada de por qué la
sesión no se llevó de manera virtual, la diputada explicó que debido a
un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre los
trabajos parlamentarios durante la pandemia de COVID-19, las Comisiones
sí podían realizar reuniones virtuales, pero en caso de querer votar
dictámenes los encuentros tenían que ser presenciales.
Este
candado obligó a la legisladora a convocar a una reunión de trabajo
presencial a la que no acudieron la mayoría de las y los diputados. De
quienes no fueron sólo América Alejandra Rangel Lorenzana, Alessandra
Rojo de la Vega Piccolo, Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos y
Miguel Ángel Macedo Escartín, informaron que no asistirían por razones
de salud.
Sin embargo, la legisladora aclaró que si el resto de
los legisladores hubieran atendido el llamado, se habría logrado quórum
para sacar la reforma para atender la violencia contra las mujeres en
los comicios de 2021, justo en el plazo de 90 días antes del inicio del
proceso electoral, como lo marca la Constitución federal.
Para la
diputada, en el Congreso hay dobles discursos. Esta afirmación se
sostiene, aseguró, porque el 11 de mayo ella acudió a la Jucopo,
respaldada por la coordinadora de la bancada de Morena, Martha Ávila
Ventura, para pedir un acuerdo político que permitiera a las Comisiones
sesionar de forma virtual. La respuesta del organismo fue negativa.
La
única manera de que las Comisiones aprobaran la reforma para armonizar
las leyes locales con las modificaciones a las leyes federales,
publicadas el pasado 13 de abril en el Diario Oficial de la Federación
(DOF), para reconocer y sancionar esta violencia por razones de género,
era una sesión presencial.
Los diputados del PAN, Mauricio Tabe,
coordinador de la bancada blanquiazul y Jorge Gabiño, vicecoordinador de
ese grupo parlamentario, partido que no apoyó la reforma, han señalado
públicamente que la responsabilidad fue de la Comisión de Igualdad de
Género por querer aprobar este tema unos días antes de que acabara el
periodo de sesiones.
Además de este argumento, la diputada Paula
Soto recordó que Jorge Gabiño, también ha señalado que el PAN no se
sumará a la agenda de Morena por tratarse de una reforma electoral,
cuando para la legisladora y para las defensoras de la participación
política de las mexicanas, este cambio es una modificación legislativa
para garantizar los derechos de las mujeres, a una vida libre de
violencia, en el ámbito político.
La sesión de Comisiones, del
sábado 30 de mayo, y del pleno, del domingo 31, dejaron en claro que en
el Congreso hay un “discurso tramposo” porque a decir de Paula Soto, hay
legisladores que no quieren sacar este tema y para justificarse
prefieren no asistir para no votar en negativo y así no mandar el
mensaje de que no están a favor de los derechos de las mujeres.
Las
razones de este “discurso maniqueo”, consideró la diputada allegada al
movimiento feminista, es que en el fondo hay historias no contadas.
La modificación legislativa, advirtió, ponía en riesgo los acuerdos de
muchos grupos políticos, incluso de Morena, por eso todos complicaron la
reforma. “No fue que ellos pusieran todo de su parte”, dijo.
Al no lograr una reforma, la diputada morenista junto con su
compañera de bancada, Valentina Batres, propuso presentar un punto de
acuerdo para solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) retrasar el
inicio del proceso electoral para que el Congreso capitalino tuviera
tiempo de sacar la reforma.
Sin embargo, el 1 de junio, en una reunión con legisladoras
federales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello,
consideró que la mejor salida era emitir lineamientos que deberán
cumplir todos los partidos políticos para garantizar elecciones libres
de violencia política de género en los comicios de 2021.
Antes de este anuncio, Paula Soto afirmó que insistirá en aprobar una
reforma. Señaló que buscará una comunicación escrita con el diputado
del PAN y presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales,
Jorge Triana, quien no asistió a la reunión de comisiones al considerar
que la convocatoria, según informó en un comunicado, fue “unilateral” y
sin su consentimiento.
La idea, dijo la legisladora, es que ambos presidentes de Comisiones
puedan convocar a una nueva sesión. El encuentro se realizará si todos
están de acuerdo en hacer frente a la violencia política contra las
mujeres, como lo han manifestado públicamente.
