Al menos en 10 ocasiones, diputados y senadores de la actual
Legislatura han incumplido con los plazos que ellos mismos se han
fijado —sea en artículos transitorios o en acuerdos entre bancadas—
para sacar adelante reformas y nombramientos. El
más reciente ejemplo son las leyes secundarias en telecomunicaciones y
energía, que debían haberse aprobado en abril y sobre las que todavía
no hay acuerdos.
Sin embargo, la lista incluye otros temas, que mencionamos a continuación.
Uno
de los primeros acuerdos que incumplió el Congreso fue aprobar una
reforma para limitar el uso de testigos protegidos en la investigación
de posibles delitos.
El tema estaba en la agenda legislativa de
todas las bancadas para el periodo ordinario de sesiones de febrero a
abril de 2013, pero los legisladores no lograron armonizar sus
propuestas y el asunto hasta la fecha se mantiene pendiente.
Meses
después, el Congreso incumplió el plazo para aprobar la regulación de
candidaturas independientes, iniciativas ciudadanas y consulta popular,
que debía haberse aprobado en agosto de 2013.
Las tres figuras
fueron incluidas en la Constitución con la reforma política de 2012
—avalada por la anterior Legislatura— y los integrantes de la actual
tenían la obligación de definir las reglas para su funcionamiento.
Debido a desacuerdos entre las principales bancadas, esa regulación terminó de aprobarse apenas en mayo pasado.
A
finales de octubre de 2013, el Instituto Federal Electoral (IFE) se
quedó con sólo cuatro de sus nueve consejeros, debido a que cuatro
concluyeron su mandato y uno renunció, y la Cámara de Diputados —a la
que correspondía el nombramiento— no tomó las medidas necesarias para
cubrir las vacantes.
Durante los meses siguientes, las bancadas
empezaron a discutir la forma para completar el relevo, pero cuando
avanzó la reforma político-electoral, que incluyó sustituir el IFE por
el Instituto Nacional Electoral (INE) con nuevos integrantes, optaron
por dejar de lado esas cinco designaciones para concentrarse en las 11
necesarias para conformar el INE.
Esos nombramientos se realizaron en abril pasado, en esta ocasión dentro del plazo legal.
4. Primera falla en telecomunicaciones
En
diciembre de 2013, el Congreso incumplió otro plazo legal: el que lo
obligaba a aprobar las leyes secundarias de la reforma en
telecomunicaciones a más tardar en ese mes.
La fecha fue
definida por los propios diputados y senadores de la actual
Legislatura, en los cambios a la Constitución que aprobaron durante la
primera mitad del año para abrir el sector a la competencia.
Esta
reforma fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto en el marco
del Pacto por México, el convenio político que el gobierno y el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) mantuvieron con el Partido Acción
Nacional (PAN) y en Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre
diciembre de 2012 y noviembre de 2013.
5. El segundo tropiezo
Después
de incumplir con ese plazo, los legisladores acordaron que las leyes en
materia de telecomunicaciones serían prioridad en el periodo ordinario
de sesiones de febrero a abril de este año.
Sin embargo, el
presidente envió sus iniciativas de ley hasta finales de marzo y los
partidos no consiguieron llegar a acuerdos antes del cierre de periodo.
6. Cero y van tres
Tras
el segundo intento fallido por sacar adelante las leyes de
telecomunicaciones, los legisladores acordaron acelerar trabajos para
poder discutir y votar el tema en un periodo extraordinario de sesiones
durante la primera quincena de junio.
No obstante, esta fecha límite tampoco se cumplirá porque las bancadas no han alcanzado consensos en torno al asunto.
A
la fecha, las comisiones del Senado que analizan el tema no han dado a
conocer el calendario de dictaminación ni cuándo podrían llevar las
leyes a votación en el Pleno.
La
reforma político-electoral que creó el INE y estableció la reelección
de legisladores y alcaldes, así como la autonomía de la Procuraduría
General de la República (PGR) —entre otros puntos—, se promulgó en
febrero pasado.
Según sus artículos transitorios, las leyes
secundarias debían haberse aprobado a más tardar el 30 de abril, pero
los legisladores no llegaron a acuerdos a tiempo.
Para ello,
tuvieron que convocar a un periodo extraordinario de sesiones durante
la primera quincena de mayo, cuando avalaron las nuevas leyes de
Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y de
Delitos Electorales.
8. Leyes energéticas
La
reforma constitucional en materia de energía quedó aprobada y
promulgada en diciembre de 2013, con lo que se abrió el sector a la
inversión privada nacional y extranjera.
Sin embargo, esta
medida —una de las principales apuestas del presidente Peña Nieto— aún
necesita de leyes secundarias para poder empezar a funcionar.
Los
artículos transitorios de la reforma marcaban que la legislación
reglamentaria quedara avalada en abril, pero el mandatario envió sus
iniciativas ese mismo mes y apenas en junio los legisladores acordaron
fechas para iniciar la discusión.
Esta
reforma plantea modificar la situación jurídica del Distrito Federal
para que la capital mexicana tenga el mismo estatus que las otras 31
entidades del país.
A finales de 2013, el PRI y el PRD buscaron
aprobarla en el Senado el último día del periodo ordinario de sesiones,
a lo que se opuso el PAN.
Luego de ese desacuerdo, los partidos
acordaron debatir el tema en el periodo ordinario de sesiones de
febrero a abril de este año, aunque el asunto quedó relegado por otros
como las leyes político-electorales, de telecomunicaciones y de
energía.
Incluso
antes de que asumiera la Presidencia en diciembre de 2012, Peña Nieto
propuso al Congreso crear una Comisión Nacional Anticorrupción.
El
tema logró avanzar en el Senado hasta un año después, aunque en la
Cámara de Diputados se quedó atorado en el más reciente periodo
ordinario de sesiones.
Una vez que quede aprobada, la comisión
sustituirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP), la dependencia
que hasta ahora vigila el funcionamiento del gobierno federal e
investiga casos de presunta corrupción.
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