Por Merilyn Gómez Pozos
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De
ninguna forma es una exageración afirmar que México podría sufrir el
próximo año una crisis electoral de dimensiones incalculables.
En
el cercano 30 de junio se termina el plazo para que las 17 entidades
que tendrán comicios locales en 2015 armonicen las leyes estatales con
la reforma constitucional aprobada por el Congreso a mediados de mayo,
pero hasta el momento los estados registran pocos avances en el ajuste
a sus disposiciones electorales con la legislación federal.
Esta
situación abre varias lagunas legales que podrían provocar
incertidumbre política tras los comicios, generando un clima de presión
y apresuramiento para el recientemente creado Instituto Nacional
Electoral (INE), que sustituyó al Instituto Federal Electoral (IFE) con
nuevas atribuciones y mayor incidencia en los comicios estatales.
La
reforma electoral aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados en el
pasado periodo de sesiones tuvo como objetivo principal la creación del
INE, con lo cual los legisladores aceptaron de forma implícita que el
anterior IFE había errado el camino, principalmente con su actuación en
los comicios presidenciales de 2006 y 2012, donde se generó la
percepción de que habían sido procesos desaseados y con alto grado de
favoritismo.
El surgimiento del INE reveló otra carencia del
anterior sistema electoral, ya que los legisladores le dieron
facultades a éste para intervenir de diversas maneras en los comicios
estatales, con lo cual admitieron también que los gobernadores se
habían convertido en actores determinantes en los resultados de las
elecciones, al ubicar a funcionarios afines a ellos en los órganos de
control de los institutos locales electorales.
En esta vorágine,
el primer tema que debe resolverse es precisamente la armonización de
las leyes electorales estatales con las federales, ya que de no
lograrse a tiempo no se sabrá qué norma debe acatarse, si la federal o
la estatal, en la organización de los comicios, lo que ocasionará que
la resolución de las elecciones se determine en los tribunales.
Otro
punto que denota el atraso en la transformación del sistema electoral
es la designación por parte del INE de los consejeros de los organismos
públicos locales electorales (otra de sus nuevas facultades).
El
miércoles pasado, el Consejo General del INE informó que trabajaba con
el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) y
El Colegio de México (Colmex) en la elaboración del examen que se
aplicará a los aspirantes a integrar dichos organismos estatales.
Si
consideramos que la reforma adelantó las fechas de los comicios de
julio a junio de 2015, esto quiere decir que hay muy poco tiempo para
designar a todos los funcionarios que organizarán 17 jornadas
electorales, con el riesgo de que no se concluya exitosamente este
proceso de selección.
Otro punto crucial es la fiscalización de
los gastos de campaña de los partidos en los comicios locales, que
también es una nueva función del INE, pero si los congresos estatales
no armonizan las leyes, ¿quién realizará esta revisión?
Esto abrirá la puerta a acusaciones entre los partidos competidores y la exigencia de nuevas elecciones.
La
atropellada reforma electoral coloca al INE en el paredón de
ajusticiamiento, ya que en tan poco tiempo debe resolver también la
capacitación electoral, la geografía electoral, la redistritación, la
ubicación de casillas, la elaboración de encuestas y resultados
preliminares.
Todos estos cuestionamientos tienen su origen en la
premura de los legisladores de PRI, PAN y PRD, unidos en el Pacto por
México, de complacer al Ejecutivo Federal en sacar una reforma
electoral, que en lugar de convertirse en un instrumento para afianzar
nuestra democracia, se transformó en un complejo sistema que genera más
dudas que certidumbre.
Aún persiste la idea de un IFE cooptado
por los gobiernos en turno, y ahora en lugar de mejorar nuestro sistema
electoral, se forzó el nacimiento de un INE sumido en la urgencia de
apagar los incendios electorales que sus creadores generaron.
La
crisis son tiempos propicios para los cambios, hacemos votos porque el
INE supere esta dura etapa de transición con el fin de que los
mexicanos contemos, ahora sí, con un instituto imparcial, legítimo y
que dé certeza en los resultados de las elecciones.
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