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La
transición a la democracia de nuestro país se ha enfocado en construir
instituciones confiables que organicen elecciones, desarrollar procesos
electorales bajo condiciones de certeza y equidad, y fortalecer el
sistema de partidos políticos, sin embargo, se ha olvidado de uno de
los componentes principales de cualquier democracia, los ciudadanos.
En México nos hemos olvidado de construir ciudadanía. De acuerdo con el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México,
elaborado por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE, ahora INE)
y el Colegio de México, existe una gran desconfianza entre los
ciudadanos, unos no confían en otros y sobre todo no confían en las
instituciones, especialmente en las de procuración de justicia (falta
de cultura de la denuncia, falta de confianza en las autoridades).
Dos de cada tres mexicanos no cree en el respeto a las leyes, siete de
cada diez no confía en los demás, existe un desencanto con la
democracia, la salud de las Instituciones es mala, tenemos una sociedad
civil fragmentada, en general, existe una gran desvinculación ciudadana.
En abono a lo anterior, los resultados del Latinobarómetro de 2013
señalan que México es uno de los países de Latinoamérica que demuestra
tener menor apoyo a la democracia. Según el informe, en 2013 el apoyo
de los ciudadanos a la democracia en el país apenas llegó a 37%.
En
2012 se hizo un importante esfuerzo por fomentar la participación
ciudadana al incluir en la Constitución figuras como las candidaturas
independientes, la consulta popular y la iniciativa ciudadana, las
cuales después de una omisión legislativa de casi un año, fueron
reguladas en la legislación electoral recientemente aprobada por el
Congreso de la Unión.
Muchos han sido los discursos en los que se
ha dicho que esta nueva legislación electoral, en la que se permite la
participación ciudadana de manera más activa, garantiza de manera
destacada los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin embargo,
parece que como muchas veces ocurre en nuestro país, nos encanta el
discurso, tenemos leyes muy avanzadas, pero en los hechos pocos
instrumentos para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.
La
reciente legislación aprobada por el Congreso de la Unión contempla los
siguientes requisitos para poder llevar a la práctica alguna de las
figuras de participación ciudadana mencionadas.
Candidaturas Independientes:
Podrán postularse como candidatos independientes a presidente de la
República, diputados y senadores (de mayoría relativa), quienes cuenten
con el respaldo del 1% de los ciudadanos que figuren en las lista
nominal de electores (792,048 ciudadanos aproximadamente), en por lo
menos 17 entidades federativas, para el caso de presidente, y 2% para
el de diputados y senadores, lo cual se debe acreditar en por lo menos
la mitad de las secciones o distritos electorales, respectivamente, de
la demarcación en que se vaya a contender. Para la obtención del
respaldo ciudadano no podrán hacer uso de tiempos en radio y
televisión, y el financiamiento será únicamente privado. Durante la
campaña podrán acceder a tiempos en radio y televisión, así como a
financiamiento público como si fueran un partido político de reciente
creación, esto es, únicamente podrán acceder a una parte del 30% de
tiempos en radio y televisión y de financiamiento que se reparte por
igual entre todas las fuerzas políticas.
Consulta popular:
Pueden solicitar la realización de una consulta popular los ciudadanos,
siempre y cuando sea un número equivalente al 2% de los inscritos en la
lista nominal de electores (792,048 ciudadanos aproximadamente). Ello
se deberá acreditar con el nombre completo, firma, clave de elector y
número identificador del reconocimiento óptico de caracteres de cada
ciudadano que apoye la solicitud de consulta popular. Las preguntas que
se decidan someter a consulta serán valoradas en cuanto a su
constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Iniciativa ciudadana:
Pueden presentar una iniciativa de ley lo ciudadanos en un número
equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores (102,966
ciudadanos aproximadamente). Ello se deberá acreditar con el nombre
completo, firma, clave de elector y número identificador del
reconocimiento óptico de caracteres de cada ciudadano que apoye la
iniciativa. Sin embargo, no existe plazo en la Ley Orgánica del
Congreso de la Unión para que la iniciativa ciudadana sea dictaminada y
votada en comisiones y posteriormente en el Pleno de la Cámara que
corresponda.
A diferencia de hace algunos años, la legislación ya
contempla algunas figuras de participación ciudadana, sin embargo,
falta por ver en la práctica cómo funciona la nueva legislación, que
tanto garantiza una efectiva participación ciudadana los requisitos
legales establecidos por el legislador.
La realidad es que al día
de hoy, los ciudadanos mexicanos manifiestan poco apoyo a la
democracia, escasa confianza en las instituciones y en general no damos
muestras de ser una ciudadanía que genere vínculos entre sí, y mucho
menos con la autoridad o la clase política. El mensaje me parece claro,
ojalá los partidos políticos, legisladores, gobernantes y los mismos
ciudadanos entendamos que para vivir en democracia es fundamental
contar con una ciudadanía activa y cohesionada, no quedarnos en el
discurso y en reformas que carecen de efectividad, generar una
verdadero vínculo entre autoridades, partidos políticos y ciudadanos,
ello es responsabilidad de todos.
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