3/28/2014

La bala que mató a Colosio sigue viva


La bala que mató a Colosio sigue viva

Por Ricardo Monreal Ávila 


¿Hay alguna relación entre el asesinato de Luis Donaldo Colosio y la actual violencia que vive el país?

Sí, por supuesto. Es la misma relación que existe, en condiciones de fragilidad ambiental, entre el aletear de unas mariposas en China y su conversión en huracán en el mar Caribe. Nuestra fragilidad sistémica inició con la violencia política, se transformó luego en violencia criminal y está descendiendo a la calle en forma de violencia social.

El asesinato de Colosio fue causa y efecto a la vez de una modalidad de violencia política que el país no vivía en décadas.

Los asesinatos de Manuel Buendía y del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, en el gobierno de Miguel de la Madrid, iniciaron aquella corriente de violencia política. Hoy sabemos que en ambos casos intervino la “narcopolítica”.

Esa violencia escalaría en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari: 580 perredistas asesinados en seis años, sin ningún responsable ni castigo, concatenados con el estallido zapatista en los Altos de Chiapas. 20 años después no sabemos con precisión cuántos murieron en el mercado de Ocosingo los primeros días de 1994, cuando tropas especiales del ejército (Gafes), se enfrentaron con las bases indígenas del EZLN.

Tres meses  después sobrevendría el atentado a Colosio: el primer crimen de Estado cometido por un "asesino solitario". Y para rematar, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.

Al investigar el entorno de violencia política de aquel fatídico 1994, el dictamen del subprocurador Mario Ruiz Massieu, hermano de José Francisco, fue contundente: "los demonios andan sueltos".

Al amparo de la impunidad y la falta de justicia, esos demonios conducirían la violencia de la arena política al infierno criminal. Del pleito entre facciones del poder público se pasó al enfrentamiento entre facciones mafiosas.
En el gobierno de Ernesto Zedillo se dieron los primeros reacomodos en los cárteles de la droga. Sinaloa, Durango y los estados fronterizos de Baja California y Chihuahua fueron escenarios de ejecuciones violentas. De los 69,000 homicidios registrados en el país en ese gobierno, un 10%, 7,000, fueron ejecuciones vinculadas al tráfico de drogas.

La primera alternancia presidencial no disminuyó la violencia criminal. Al contrario, dañó y sigue golpeando la calidad de la transición democrática. En el gobierno de Fox, las ejecuciones vinculadas con la violencia criminal representaron el 24% de los 50,000 homicidios registrados oficialmente en ese sexenio.

Vendría el acelerador de una violencia criminal sin precedente, la guerra de Felipe Calderón. La cifra oficial reporta 70,000 ejecuciones, más de la mitad de los homicidios registrados en el país, además de 10,000 desaparecidos, por lo menos.

La segunda alternancia política (el regreso del PRI al poder) no se ha traducido en un freno a la violencia. Al contrario, estamos ante una tercera mutación, la violencia social, expresada en diversas formas y ámbitos, como la proliferación de grupos de autodefensa, con resultados de pronóstico reservado.

De la violencia política a la criminal, y luego a la social. Es el ciclo que detonó hace dos década
s el asesinato de Colosio. Aquella bala expansiva, troquelada a base de impunidad e injusticia, sigue causando estragos. 

En el limbo, la sentencia contra el pederasta Jean Succar Kuri: Lydia Cacho


El Primer Tribunal Colegiado concedió un amparo directo contra la sentencia condenatoria de 70 años de prisión al empresario Jean Succar Kuri “El Johnny”, acusado por delitos federales relacionados a abuso sexual de menores.


El amparo que consiguió Jean Succar Kuri -gracias a la falta de una firma del magistrado que le dictó sentencia condenatoria-, ha permitido que los 70 años que se establecieron para que estuviera en la cárcel, actualmente se encuentren en el limbo, con la posibilidad de que el pederasta sea favorecido por alguna “mano negra” que logre favorecerlo para reducir su condena e, incluso, conseguir su libertad, advirtió la periodista Lydia Cacho, quien le ha dado seguimiento a este caso.
En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, Cacho analizó el amparo a Kuri, tras una larga discusión con 2 magistrados que revisaron el expediente.
“Lo que sucede es que no se puso el nombre del secretario, solo va la firma (en la sentencia)… hace 4 meses se aprobó que todas las sentencias deben de llevar nombre… en este momento, Jean Succar Kuri no tiene sentencia… el problema es que al tener tanto tiempo, la magistrada puede meterle mano a esa sentencia”, sostuvo.
La magistrada que deberá dictar sentencia, dijo Cacho, la puede dejar igual o puede modificarla para disminuirla, posiblemente argumentando la avanzada edad de Kuri, “dadas las amistades políticas” del pederasta.
Y alertó: “Existe la posibilidad de que se le declare inocente y liberarlo… después de ver casos como Raúl Salinas, es probable que se libere a presos de esta naturaleza”.
La periodista aseveró que la magistrada no tiene ni idea sobre la sentencia que le dictó otro magistrado -quien omitió poner su firma en la condena-, lo cual le preocupa.
“Es fundamental que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos diga qué es lo que sucede (en este caso)”, consideró.
Además, la comunicadora lamentó que también exista la posibilidad de las víctimas de Kuri tengan que volver a declarar “para que expresen sus agravios”, cuando ellas no quieren revivir sus historias.
Cacho retrotrajo lo que representa el caso de Kuri: se le dictaron 70 años de prisión por pornografía infantil y corrupción de menores; es un hombre que a lo largo de muchos años en Cancún tuvo un hotel donde llevó a cabo actos criminales de pornografía y explotación sexual de menores; hay al menos 200 víctimas según evidencia judicial; él aparece junto con su mujer violando a niñas, grabando esa pornografía y compartiéndola con clientes y amigos suyos, incluso compartía a estas niñas con políticos y empresarios reconocidos; la sentencia en su contra es la más simbólica en América Latina por casos de este tipo, que ahora está en el limbo por una ¡firma!
“Hasta que llegue nuevo documento por la nueva magistrada, que la ratifique y firme, entonces se sostiene la sentencia, mientras tanto se queda en el limbo esa sentencia”, reiteró Cacho.
Mencionó que no podemos desestimar que Succar decidió no hablar sobre sus cómplices, y ese es un adeudo que sus cómplices tienen con él, por lo que la mano negra de la política podría entrar en acción en los 15 días que tiene como plazo la magistrada para regresar la sentencia ya firmada.
“La magistrada podría decir, bueno, no es para tanto, la sentencia… o puede no hacer nada, pero podría en ese limbo judicial suceder algo a favor de Jean Succar Kuri, dadas las características criminales del personaje”, concluyó Lydia Cacho.

Mexicanos deshonestos y voyeristas


Si alguien pierde un smartphone en México y llega a manos extrañas, solo habría 17 por ciento de probabilidad de recuperarlo. Según una investigación de Symantec, la mayoría de quienes los tienen en su poder invaden la privacidad de sus dueños y tienen pocas intenciones de regresarlo

"Los 'smartphones' se pueden reponer, pero los datos que guardamos en ellos están en riesgo mientras los usuarios no tomen las debidas precauciones". Mario Reyes- Gerente de Ingeniería para Symantec México

En 50 por ciento de los casos la información en el teléfono fue consultada en menos de 35 minutos después de haberlo encontrado

¿Qué pasa con los miles de móviles que son robados o extraviados en México?

¿Qué tipo de información está en riesgo cuando un teléfono celular cae en manos “extrañas”?

Estas fueron las preguntas que se hizo la compañía Symantec en el proyecto titulado “Honey Stick”.

Un experimento realizado en tres países del continente Americano con el fin de conocer mejor la relación entre los usuarios y la información que guardan en su preciado smartphone.

Y es que la mayor parte de los datos que se almacenan en la  memoria un móvil no está destinado para compartirse.
Esto incluye información bancaria, fotografías, cuentas de redes sociales o contactos telefónicos o de correos electrónicos.
Y todo esto puedes perderlo, o compartirlo sin tu consentimiento, si extravías o sufres el robo de ese pequeño aparato tan “inteligente”. Un aparato que además de que puede afectar tu intimidad, permite hacer transferencias bancarias o pagar cuentas en restaurantes.
Lo más grave es que cuando un smartphone cae en manos extrañas, la información de la persona queda a disposición de uno o varios usuarios con intenciones buenas o malas sobre el destino que podría darle a la información contenida.
De acuerdo a los datos arrojados en el proyecto “Honey Stick”, de la compañía Symantec, “quien pierde un teléfono móvil en México no debe esperar que se lo devuelvan, ya que solo en el 17 por ciento de los casos, hubo algún intento de regresarlo”.
Lo anterior lo comentó Mario Reyes,  gerente de Ingeniería para Symantec en México en entrevista para Reporte Indigo.
El proyecto “Honey Stick” solo se ha puesto en práctica en Estados Unidos, Brasil y México.
Para llevar a cabo esta investigación de hábitos Symantec distribuyó teléfonos de prueba en diferentes lugares y monitoreó lo que sucedía con ellos.
Uno de los resultados fue que el 97 por ciento de los casos la persona que encontró uno de los teléfonos inteligentes utilizados para el experimento en el país, buscó y “husmeó” tanto en la información personal como en la profesional del dispositivo.
En el caso de México se demostró que si el usuario no tiene una contraseña, es altamente probable que la privacidad del dueño del aparato quede en riesgo a ser compartida con terceros.
En el 90 por ciento de los casos fue para ingresar a aplicaciones o información personal y en el 87 por ciento de las ocasiones la persona entró para consultar aplicaciones y/o datos de trabajo.
El experimento ‘Honey Stick’ en México
Este proyecto, que se llevó a cabo por primera vez en México, consistió en “extraviar” intencionalmente 30 teléfonos inteligentes en tres ciudades del país: Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.
El objetivo era esclarecer e identificar los riesgos que corre la información cuando se pierde el teléfono inteligente.
“Honey Stick” fue puesto en práctica en México a principios del 2014.
Y antes de que los dispositivos fueran “olvidados” en lugares públicos y transitados de las tres ciudades mencionadas, un consultor apoyó a que se guardara información ficticia (personal y de trabajo), y se instalaron aplicaciones comunes, con el fin de que las personas que los encontraran, los consideraran un teléfono extraviado, normal y activo.
Para poder rastrear el dispositivo y el comportamiento del usuario que lo encontrara, se habilitó la capacidad de monitoreo a distancia. Y así se logró conocer lo que sucedió con la información que contenía cada uno.
Los datos se recolectaron a lo largo de siete días y después de ese lapso de tiempo, los teléfonos inteligentes fueron desactivados.
En México son los más ‘metiches’
En la investigación se concluyó que los mexicanos que toman teléfonos celulares ajenos, prefirieron los datos que  invaden la privacidad del dueño  
Después de “extraviar” los smartphones en los lugares públicos, tales como un centro comercial en Monterrey a la hora de la comida, los datos arrojaron que en el 80 por ciento de los casos, las personas que los encontraron intentaron entrar a las fotografías y conectarse  a las redes sociales.
Y en el 60 por ciento de las ocasiones, consultaron el archivo que se identificó como “contraseñas”, en donde estaban las supuestas claves para entrar a las aplicaciones.
Un dato curioso es que ninguno de los 30 smartphones fue revisado para entrar exclusivamente a la lista de contactos.
Esto hubiera sucedido en el caso de que la persona que lo encontró o lo robo,  tuviera intenciones de regresarlo, para lo cual buscaría en los contactos para hablar con el dueño y entregarlo.
Entre los hallazgos del experimento “Honey Stick”, resalta que “en todos los casos, cuando se ingresó a la información de contactos, otras aplicaciones fueron abiertas, por lo que aún cuando el propietario logre recuperar su equipo, no debe asumir que su información, personal o de negocios, esté intacta o no haya sido vista”, dice.
También, además de verla, podrían copiarla.
En el caso que alguien intentara devolverlo –sin acceder a otras aplicaciones– habría significado que se respetó la privacidad del propietario del teléfono.
De lo contrario, es una invasión a la misma, lo que indica deshonestidad de quien tuvo acceso a contenidos.
“Más grave aún, si quien tenía el dispositivo hizo click en la pantalla de autenticación para acceder a alguna aplicación, esto indica una invasión manifiesta e intencional a la privacidad”, agrega el proyecto.
Expertos en seguridad

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La CRAC-policía comunitaria, en peligro



Gilberto López y Rivas

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y su policía comunitaria, en el estado de Guerrero, constituyen uno de los procesos autonómicos más importantes en el país, particularmente en lo que refiere a sus prácticas de justicia y seguridad, basadas en las asambleas comunitarias como máximos órganos de autoridad y decisión, y en los denominados sistemas normativos, pluralismo jurídico de hecho, derecho consuetudinario o costumbre, propios de estas comunidades indígenas.

La concepción indígena de la impartición de la justicia se distingue notablemente de los principios del derecho occidental, impuesto en todas las naciones de nuestra América. Mientras el derecho positivo da prioridad a la defensa de los derechos individuales, el derecho indígena prioriza la defensa del equilibrio social y de los valores comunitarios. La función de la justicia indígena, más allá de emitir un juicio y antes que imponer una decisión externa, es mediar entre las partes para facilitar la conciliación. A la instrucción escrita del caso, la costumbre prefiere procedimientos que privilegian el diálogo. A la aplicación universal de la ley escrita, opta por la aplicación flexible de normas adaptables. A las sanciones financieras y coercitivas (encarcelamiento y multas), antepone el criterio de reparación, las manifestaciones de arrepentimiento y las sanciones morales, esto es, la re-educación social de los infractores. En algunos países europeos, evoluciones judiciales recientes, como la institucionalización de la mediación como alternativa para apelar a la justicia, o las penas de sustitución en forma de servicio social, recuperan formas de impartición de justicia que no han dejado de predominar en las sociedades indígenas de América Latina.

Asimismo, las comunidades de la Costa Chica de Guerrero y de la zona de la Sierra han optado por crear sus propios mecanismos de seguridad y protec­ción ante la incapacidad de las instancias gubernamentales por proveérselas. En el inicio, 56 comunidades agrupadas en la Coordinadora Regional de Autoridades Co­munitarias pusieron en marcha un programa de seguridad interna llamado Policía Comunitaria, dedicado a vigilar los poblados que forman parte de la coordinación. Más aún, prestan auxilio a otras comunidades que no están en su zona de influencia. De esta manera, las comunidades han emprendido la práctica autonómica para brindarse la seguridad que las au­toridades estatales y federales no han querido ni podido establecer. La policía comunitaria ha traído tranquilidad porque sencillamente sus miembros habitan en los territorios bajo control y prestan un servicio organizado por ellos. Su funcionamiento se basa en la visión de prestación de ser­vicios comunitarios que los indígenas tienen en su organización social y política.

Esta característica cultural ha permitido construir espacios reales de autonomía que respondan a sus necesidades y, sobre todo, que las respuestas sean satisfactorias. En gran medida, los resultados positivos de la policía comu­nitaria se deben a la concepción que tienen de la justicia y el servicio público. Esta policía no recibe pago alguno, y la única gratificación que se le brinda es el reconocimiento social. Está de por medio un sentido más profundo que el de la remuneración en sí: el de la dignidad. Los comentarios de sus integrantes son categóricos, pues imparten justicia, no venden justicia, dado que la comunitaria no combate al gobierno ni a los otros poderes, la comunitaria combate a la delincuencia.

La policía comunitaria ha trastocado intereses encubiertos tras los con­tubernios establecidos entre las fuerzas de seguridad y el narcotráfico. Hoy en día no es una novedad entender el negocio redondo que representa la seguridad pública para quienes la controlan y para aquellos que, como po­licías o militares, cobran un sueldo a cargo del erario y se dedican a organizar bandas criminales. Por eso mismo, la policía comunitaria ha sido atacada virulentamente por los gobiernos federal y estatal, y por el Ejército, a tal grado que varios de sus miembros se encuentran actualmente encarcelados por prestar un servicio a sus pueblos. Los policías comunitarios han señalado que la impartición de justicia basada en sus usos y costumbres no es cosa del otro mundo: lo que sucede es que el gobierno no quiere reconocer la capacidad autonómica que los pueblos indios tienen para dar solución a sus problemáticas. Una vez más, los pueblos indígenas de Guerrero, como en otras partes de la República, han demostrado que pueden solucionar sus problemas si se les deja de perseguir y hostigar.

La autonomía en esta región, como en muchas otras, pasa por demostrar con hechos que son capaces de regirse bajo sus propias reglas y dar resultados alentadores. Los indígenas guerrerenses han aprendido que el Ejército y las policías federal y estatales no están en sus comunidades para erradicar de raíz el narcotráfico y la delincuencia sino para evitar, desalentar y combatir el enorme potencial que tienen como sujetos autónomos. Esto es, la fuerza pública federal y estatal está en su territorio no para combatir el crimen, sino esencialmente para atacar a las comunidades y a sus formas de autonomía.

Hay además otro elemento de no menor importancia que nutre la campaña gubernamental contra la CRAC, y es el interés de las empresas de minería a tajo abierto por extender su práctica depredadora radical en Guerrero, facilitada por las concesiones otorgadas servilmente por la Secretaría de Economía en todo el país, pues a ello se ha opuesto de manera categórica dicha organización.

La CRAC-policía comunitaria ha sido objeto de todo tipo de ataques, incluyendo los renovados intentos por oficializarla, la cooptación de algunos de sus fundadores y la corrupción de quienes, desde adentro, pueden causar una implosión que dé al traste con esta extraordinaria experiencia autónomica. Por ello, son los propios pueblos que la conforman quienes, en estos momentos de grave crisis impulsada por el Estado, deben hacer un supremo esfuerzo para que la CRAC-policía comunitaria prevalezca, a pesar de sus poderosos enemigos.

Tecnología y censura




Comentario a tiempo

Teodoro Rentería Arróyave 
(especial para ARGENPRESS.info)

La brutalidad contra los periodistas y la censura que han propiciado las nuevas tecnologías de la información, son las conclusiones más graves del Informe “Tendencias mundiales de la libertad de expresión y el desarrollo de los medios”, de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco.

El organismo mundial, en su sumatoria del 2007 al 2012, nos hace saber que fueron asesinados 430 periodistas, de ellos 23 mujeres y advierte que aunque las zonas en conflicto siguen siendo los lugares más peligrosos para ejercer la profesión, la mayoría de los asesinatos de periodistas se cometieron fuera de ellas.

Después de reconocer que los avances tecnológicos y los modelos innovadores de negocio han abierto nuevas oportunidades para la libertad de expresión en el mundo, denuncia que paralelo a ellos han traído efectos negativos en forma de censura, filtración de información, bloqueo y vigilancia en Internet, como la que pueden ejercer los motores de búsqueda como Google o las redes sociales.

El Informe, al igual que las organizaciones gremiales nacionales y continentales como la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, y la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicano, FAPERMEX, denuncia que la mayoría de estos crímenes permanecen impunes.

Según el informe, los periodistas y otros actores de los medios informativos en línea enfrentan nuevas amenazas relacionadas con su seguridad en la esfera digital y una precisión inédita: “Las mujeres, constata el estudio, son víctimas de nuevas formas de brutalidad e intimidación que incluyen las agresiones sexuales.

Las nuevas tecnologías, continúa, ofrecen posibilidades inéditas para acceder, producir y compartir contenidos en múltiples plataformas, sin embargo al mismo tiempo, se produce el “control creciente de los contenidos en línea que ejercen intermediarios de Internet como los motores de búsqueda y las redes sociales, misma situación que pone en peligro la transparencia de la libre circulación de la información y por tanto se produce la creciente inquietud que plantea esta privatización de la censura”.

Ante toda esta situación de horror y de censura tecnológica, la Unesco, en sus conclusiones nos indica que se hace necesario reforzar el apoyo a la libertad de prensa. “La libertad de expresión es esencial para la dignidad, el diálogo, la democracia y el desarrollo sostenible”, declaró la directora general de la Unesco, Irina Bokova.

“Es preciso que actuemos en el terreno para reforzar los marcos legislativos nacionales, para formar y capacitar a los periodistas e impulsar el conocimiento de los medios informativos. Debemos continuar apoyando la independencia de la prensa promoviendo la aplicación de estándares profesionales y la autorregulación”, agregó.

Es de considerarse en forma apremiante, que los periodistas en el mundo hagamos conciencia sobre el brutal contenido del informe de la Unesco, para hacer compromiso formal de divulgarlo. En la unidad podemos vencer estos flagelos: censura y agresiones, de las libertades de prensa y expresión

Trabajo de mujeres: quinta parte del PIB


Palabra de Antígona

"Y no me refiero al que hacemos las mujeres en la vida pública o productiva. Sino el que realizamos las mujeres en casa. El que hacemos del otro lado de la línea de ensamble, el que realizamos calladamente, como si no nos quedara remedio, el que nadie reconoce"


México D.F., 26 mar. 14. AmecoPress.- “Tata” Marx es implacable. La economía, sostén fundamental de la organización social es invencible y definitiva. El trabajo de las mujeres significa casi la quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB). Y no me refiero al que hacemos las mujeres en la vida pública o productiva. Sino el que realizamos las mujeres en casa. El que hacemos del otro lado de la línea de ensamble, el que realizamos calladamente, como si no nos quedara remedio, el que nadie reconoce.

Ese trabajo que Isabel Larguía definió como trabajo invisible hace casi 50 años. El de la doble jornada, el que nos tocó por ser mujeres y casi nadie atina a considerar humano y noble. ¿Quién siendo mujer no ha tendido camas o ha lavado trastes? ¿Quién siendo mujer no ha barrido? Pero lo peor ¿Quién siendo mujer no le ha tocado cuidar a su madre, a su padre por enfermedad o a otro familiar por discapacidad? Tareas que no se consideran importantes que se ven como destino para las mujeres, pero que corresponden al Estado, a la sociedad, a todo mundo.

Hoy esas labores están en las cuentas satélites y la ONU les llamó economía del cuidado, la que responde al bienestar para cada persona. Cuidado proporcionado por una tercera persona, casi siempre mujer, trabajo no pagado y sí fuente abundante de discriminación.
La semana que pasó, INEGI nos ilustró de cuánto significa ese trabajo para la economía nacional. Reflexiono sobre algunas cuestiones porque se nos sigue viendo como víctimas en muchas situaciones, se nos vuelve vulnerables, pero nadie atina a ver cómo contribuimos al bienestar de la sociedad, cómo somos el colchón del sistema, cómo quizá gracias a la llamada “pomposamente” economía del cuidado, la sociedad puede funcionar.
Vean nada más: el valor de este trabajo, siempre horrible, eso de limpiar la cola de los recién nacidos y dar de comer en la boca a los enfermos es nada menos que de tres mil 61 billones de pesos, lo que representó el 19.7 por ciento del PIB en México, durante 2012.
La mayor parte de las labores domésticas y de cuidados las realizaron las mujeres, con el 78.3 por ciento del tiempo que los hogares destinaron a estas actividades, que corresponde, a su vez, al 76.1 por ciento si se habla en términos del valor económico.
En 2012, los resultados en cifras netas per cápita, mostraron que cada persona contribuyó en promedio con el equivalente a 27 mil 700 pesos anuales por sus labores domésticas y de cuidados. Al desagregar este valor según el sexo de quien realizó estas actividades, se observó que el trabajo de las mujeres tuvo un valor equivalente a 40 mil 800 pesos, mientras que la aportación de los hombres fue de 13 mil 200 pesos durante el mismo año.
INEGI muestra que las más pobres aportan más tiempo y trabajo. Dice que al observar el valor del trabajo doméstico y de cuidados por quintil de hogar según el ingreso corriente, las mujeres del quintil I (con menores ingresos) contribuyeron con 43 mil 300 pesos en promedio al año; mientras que aquellas que pertenecen al quintil V (con mayores ingresos) lo hicieron con el equivalente a 37 mil 600 pesos en el mismo periodo. Por su parte, la contribución de los hombres para los mismos quintiles (I y V) fue de 13 mil 200 y 12 mil 200 pesos, respectivamente.
Los valores atribuidos a este trabajo, se comparan con lo que podría cobrarse si se hicieran dentro de la lógica del mercado.
Esta cuenta que hace el INEGI, por recomendaciones internacionales, se llaman “Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México, 2012”, debería mostrarnos lo que esta sociedad se beneficia con las labores que se realizan dentro de los hogares o familias, y que se extiende a muchas actividades sociales. Por ejemplo, quienes realizan principalmente la tarea de la recolección de recursos de la Cruz Roja u otra asociaciones de beneficencia, trabajo gratuito que se ha institucionalizado y que por supuesto realizan mujeres. Trabajo que produce servicios indiscutibles, cubre necesidades básicas, incluida la ternura, la paciencia, la eficacia…que ahorra y da satisfacciones para bienestar de la población.
Las cuentas de INEGI forman parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y contribuye a la difusión y fortalecimiento de la información estadística con enfoque de género dentro del marco de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
Lo interesante es que nunca nos damos cuenta, porque consideramos que las mujeres nacieron para lavar y planchar, para pensar poco y para sacrificarse por su familia, cuando hace falta. Entonces se las recibe en el mundo de lo público, incluso se las aplaude. “Ya vieron a doña Evita, que hasta hace pozole los domingos y es la madre de mi amigo que saco adelante a siete hijos y todos, hasta la mujercita, fueron a la escuela”. Ideas que se repiten, se viven, se sienten como naturales.
Durante 2012, el valor económico del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados (a precios corrientes) fue de 3.061 billones de pesos que, como se mencionó anteriormente, equivale al 19.7 por ciento del PIB; de dicha participación las mujeres aportaron 15 puntos y los hombres 4.7. En términos reales dicho valor registró un crecimiento anual de 0.76 por ciento (a precios constantes).
Con relación al PIB a precios corrientes, la actividad de proporcionar “cuidados y apoyo” a los integrantes del hogar representó el 6.6 por ciento del PIB; le siguió la alimentación con 4.6 por ciento; la limpieza y el mantenimiento a la vivienda, 3.1 por ciento; compras y administración del hogar, 2.6 por ciento; limpieza y cuidado de la ropa y calzado, 1.7 por ciento, y ayudar a otros hogares y trabajo voluntario, con 1.1 por ciento.
Para el año del estudio, la población que realizó trabajo no remunerado doméstico y de cuidados estuvo conformada por 52.8 por ciento de mujeres y 47.2 por ciento de hombres. Las mujeres aportaron el 78.3 puntos porcentuales de las horas destinadas a esa tareas en el hogar, que equivale al 76.1 por ciento si se habla en términos de valor económico.
Mientras suponemos que las mujeres están hechas para eso, INEGI proporciona una comparación sorprendente: el valor generado por el trabajo no remunerado -doméstico y de cuidados de los hogares en 2012-, fue superior al registrado por algunas actividades económicas como la industria manufacturera, el comercio y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles de manera individual, las cuales registraron una participación de 17.3 por ciento, 15.2 y 11.4 por ciento, respectivamente en el PIB.
He estado en reuniones donde los hombres se burlan de las mujeres y dicen, “ya me voy, tengo que dar de comer”, les parece absurdo, de ahí las reticencias que hay en muchas empresas para dar trabajo a las mujeres. Ellas deben “cuidar a su familia”, me da risa. La verdad es que ello no es valorado y costaría lo que nadie puede pagar en tiempos de crisis.
El tiempo dedicado en “Alimentación” representa el mayor número de horas que las mujeres destinan en el hogar con 33.5 por ciento, y su valor es de 23.2 por ciento de esa quinta parte del PIB nacional. La “Limpieza y mantenimiento a la vivienda” significó el 22.1 por ciento, con 15.8 por ciento del valor económico, y lo que se conoce como tiempo dedicado a “Cuidados y apoyo” fue del 18.9 puntos porcentuales y generó la mayor cantidad de valor económico contribuyendo con el 33.6 por ciento del valor.
Se trata del cuidado y apoyo a enfermos, a recabar fondos para una escuela, pintar aulas, ir a visitar a quienes están en la cárcel, dar ánimo a las vecinas, llevar consejos y caricias a las madres de los desaparecidos, contribuir con limosnas en las iglesias ¿Lo habían pensado? Acciones que ayudan a que el sistema no quiebre. Esas voluntarias en las guarderías de adultos mayores, las mismas que van a las escuelas a “ayudar”, en lugar que se encargue el gobierno. Insisto: trabajo invisible.
Las personas religiosas les dan bendiciones; los dizque socialistas reconocimientos y discursos, el gobierno las ama, son las equilibradoras del hogar, las que reciben sin chistar a los borrachos el fin de semana y cuidan que sus hijos no pierdan a estos padres; las que se callan en la fila de las tortillas, las que agachan la cabeza en la fila del hospital porque no hay fichas para todas y hasta dentro de 15 días hay que volver con el chamaco lleno de lombrices en la panza. Esas mujeres que hacen guardia en las madrugadas para conseguir el ingreso de sus hijos o hijas a la primaria.
INEGI aporta más datos. Al considerar el lugar de residencia, las personas que habitan en las áreas rurales aportaron un mayor valor económico por sus labores domésticas y de cuidados, con relación a las que viven en áreas urbanas. En 2012, las mujeres en hogares rurales generaron en promedio un valor económico de 47 mil 600 y los hombres de 12 mil 100 pesos; mientras que en los hogares urbanos las mujeres aportaron un valor de 39 mil 100 y los hombres de 13 mil 400 pesos.
Cuando este valor se visualiza por nivel de escolaridad, las mujeres que tienen algún grado de educación media superior en promedio aportaron 39 mil 300 pesos al año y los hombres que cuentan con el mismo grado de estudios generaron 14 mil 600 pesos.
Por su parte, las mujeres que no cuentan con instrucción o con primaria incompleta en promedio contribuyeron con 38 mil 700 pesos, y los hombres con el mismo nivel de instrucción lo hicieron con 12 mil 000 pesos. El valor económico del trabajo doméstico y de cuidados, en función de la relación de parentesco, mostró que las mujeres cónyuges generaron más que los hombres, alcanzando un monto de 55 mil 600 pesos anuales. Además, las mujeres que habitan en hogares nucleares con presencia de menores de seis años aportaron en promedio 57 mil 200 pesos, mientras que las que viven en hogares que no cuentan con niños menores de seis años el monto fue de 32 mil 700 pesos. Esto significa que no se salva ninguna. Con hijos o sin ellos y con marido aumenta el trabajo.
Finalmente, se observa que en 2012, las mujeres que no hablan alguna lengua indígena realizaron menos horas que aquellas que sí la hablan una lengua, en promedio éstas últimas generaron el equivalente a 46 mil 200 pesos anuales. Esto significa que aportan más las mujeres indígenas, increíble.
El estudio de INEGI muestra, además, cómo es la carga total de trabajo de la economía, tiempo que las personas destinan a las principales actividades, considerando tanto el trabajo de mercado como el no remunerado. En 2012, las mujeres tuvieron la mayor carga del trabajo con dos mil 520 millones de horas a la semana frente a dos mil 158 millones de horas de los hombres; es decir, por cada 10 horas de trabajo de las mujeres, los hombres realizan 8.6 horas.
Así, las mujeres destinaron el 65.2 por ciento de su tiempo de trabajo total y solo 3.3 de cada 10 horas al trabajo de mercado. En contraste, los hombres se orientan al trabajo de mercado y a la producción de bienes de autoconsumo con el 76.2 y 2.7 por ciento, respectivamente, de su trabajo total, destinando sólo 2.1 de cada 10 horas a las labores domésticas y de cuidados.
Desde hace muchos años el movimiento feminista empujó la posibilidad de estas mediciones, ilustrativas de cómo las diferencias entre hombres y mujeres, relacionadas con la vida cotidiana, sí se pueden medir, elaborar y mostrar. Este estudio de INEGI y sus resultados se puede conocer ahora gracias a la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT).
Y esto tiene consecuencias. Las mujeres mexicanas están muy cansadas, una consecuencia son mayores gastos en el sistema de salud por enfermedades crónicas, originadas por esta doble carga; las mismas que no se animan a participar en política o las que prefieren destinar mucho tiempo a las otras personas y muy poco para ellas.
Es decir, el sistema que reparte de esta forma la carga de apoyo y ayuda a la población, acaba reproduciendo la injusticia y justificando la discriminación. Por ejemplo, los partidos políticos dicen que las mujeres no quieren candidaturas y cuando las quieren les recriminan. La derecha las hace responsables de romper sus hogares por trabajar fuera de sus casas.
¡Pamplinas!
Con estas cuentas, el Estado debería actuar. No es imaginación o sueño de verano pensar que el profesorado y los medios de comunicación debían contribuir a que los hombres cambien, a que niños y niñas aprendan a realizar parte de estas tareas y que el gobierno asuma el cuidado de los enfermos, de las personas con discapacidad y fortaleza el sistema de salud en todo sentido. Hoy vivimos sin protestar.
En los hospitales se obliga a “familiares” a cuidar a los enfermos, tarea que como ya vimos hacen las mujeres; en el sistema educativo, hace tiempo que dicen que “los papas” deben estar al lado del proceso de aprendizaje de las criaturas. Ambos sistemas privatizados porque ha abrogado la obligación del Estado. Y no ha cambiado: a las mujeres les toca, dice la costumbre.
Hoy nos toca protestar y cambiar esta situación, tan bien estudiada y claramente explicada por INEGI.
Foto: Archivo AmecoPress. 

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Todos fueron investigados y se aplicaron sanciones, la respuesta oficial


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El 5 de noviembre de 2013 hubo un caso de presunta negligencia médica cuando Ruth Mendoza, de 23 años, llegó durante la madrugada a la clínica de salud del municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca, para que la atendieran de un parto; el médico la envió a su casa, porque faltaba mucho tiempo, y dos horas y media después la joven dio a luz a su hijo afuera del templo del centro de saludFoto Arturo Pérez 

Alonso/Cuartoscuro.com
Ángeles Cruz Martínez
 Periódico La Jornada
Viernes 28 de marzo de 2014, p. 2

Los casos que en meses recientes se han dado a conocer sobre mujeres que dieron a luz afuera de hospitales o en algún taxi en Chiapas y Oaxaca son unos cuantos respecto de los 931 que ocurren cada año en el país. La Secretaría de Salud (Ssa) los identifica como partos fortuitos. Aunque no es una práctica sistémica, el gobierno federal trabaja para evitarlos, aseguró durante la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada ayer en Washington.

Por primera vez, y en el contexto del 150 periodo ordinario de sesiones, el organismo internacional abordó el tema de violencia obstétrica y salud materna en México. Ahí, las organizaciones civiles Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), Parto Libre y Sakil Nichim Anzetik denunciaron que las mujeres enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos reproductivos, desde la negativa de la atención médica, 
discriminación y malos tratos e inhumanos, así como atención deficiente en los servicios de salud materna.

Estos osbtáculos han sido comprobados en investigaciones como la que coordinó Roberto Castro, integrante del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en un trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en hospitales de Morelos.
El Gire destacó ante la CIDH que esas conductas reflejan fallas estructurales en la atención médica y pautas comunes de violación a los derechos humanos de las usuarias, lo que se debe a la insuficiente infraestructura y capacidad de las clínicas y hospitales públicos, federales y estatales, para atender partos y urgencias obstétricas.

Por su parte, el gobierno de México –representado por Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Pablo Kuri, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Ssa– expresó su rechazo absoluto a la violencia obstétrica y dio cuenta de las acciones emprendidas para abatir el problema, como la inclusión, por primera vez, de la perspectiva de género en el Plan Nacional de Desarrollo, el plan sectorial de salud y los programas específicos.

Mientras se efectuaba la audiencia, en la ciudad de México Gobernación y la Ssa emitieron un comunicado en el que señalaron que los casos de falta de atención médica a mujeres que requirieron atención obstétrica se investigaron, se deslindaron responsabilidades y se aplicaron sanciones conforme a la ley.

En Washington, los funcionarios federales también comentaron sobre la próxima conclusión del proceso de actualización de la norma oficial mexicana (NOM) 007 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido, en trámite desde 2011.

El ordenamiento incorpora varias novedades, como la indicación dar prioridad al trabajo de parto y la posibilidad de que la mujer dé a luz en posición vertical.

La nueva NOM señala que se deberán evitar intervenciones no justificadas, como los enemas (lavados vía rectal), rasurado, episiotomía rutinaria y cesáreas no indicadas clínicamente. Resalta la obligación del personal de salud de dar trato digno y respetuoso a las pacientes.

Indicaron que a escala nacional se registran alrededor de 2.2 millones de nacimientos al año, de los cuales más de 95 por ciento se atienden en instituciones de salud. Así, los 931 partos que ocurren afuera de los hospitales no representan una práctica sistemática, pero sí son motivo de preocupación y ocupación de la administración federal.

Mencionaron que el pasado 31 de octubre se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud, en la cual se acordó trabajar para que haya cero rechazo en las unidades médicas, que todas las mujeres reciban trato digno y respetuoso a sus derechos humanos.

Desinterés de Segob derivó en crisis de Mecanismo de Protección


NACIONAL
   Mala planeación y falta de personal afectan a defensoras de DH


Conferencia de prensa de integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo y representantes de organizaciones | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está en crisis, ya que no tiene una ingeniería administrativa, carece de una metodología clara de trabajo, y de  personal suficiente y recursos económicos, por lo que no responde de manera efectiva a quienes solicitan protección.

La renuncia el pasado 15 de marzo de Juan Carlos Gutiérrez como coordinador del Mecanismo, el reciente despido de cuatro funcionarios más y la inconformidad de dos activistas y dos periodistas integrantes de la Junta de Gobierno, evidenciaron la ineficiencia de este instrumento dependiente de la Unidad de Derechos Humanos (UDH) de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En conferencia de prensa hoy, integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo y representantes de organizaciones como Propuesta Cívica, Artículo 19, la Casa de los Derechos de Periodistas y la Misión para Migrantes y Refugiados, denunciaron que a dos años de creación esta instancia es prácticamente inexistente.

Afirmaron que mientras en México 330 periodistas fueron agredidos, 20 por ciento mujeres, según el último reporte anual de Artículo 19, el Estado mexicano y la Segob aún no terminan de concretar el correcto funcionamiento del Mecanismo creado para atender las amenazas contra personas defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas.

CAOS LABORAL

De acuerdo con las y los activistas, el pasado 25 de febrero la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón, empezó a despedir personal y a cambiar de puesto a otros funcionarios.

El pasado 23 de marzo los consejeros del Mecanismo, Edgar Cortez, Michael W. Chamberlin Jade Ramírez, Jorge Israel Hernández, Pablo Romo Cedano, Rogelio Hernández y Agnieszka Raczynska, enviaron una carta a Lía Limón para notificarle que se retiraban de las reuniones de la instancia hasta que atendiera los problemas laborales y de personal en la UDH.

Las y los consejeros también pidieron que de manera urgente la Segob elaborara un programa para atender los problemas del Mecanismo con acciones definidas, plazos y resultados a obtener, y que se nombre de inmediato a un coordinador con experiencia y capacidad probada en el tema.

En la conferencia, Edgar Cortez señaló que en 2013 la sociedad civil hizo un balance sobre el desempeño del Mecanismo, y los recientes acontecimientos hicieron que de nuevo revisaran su situación, mismas que –advirtió– no han cambiado, pues a la fecha hay un rezago de 70 por ciento en la revisión de casos que no son atendidos.

El defensor de DH sostuvo que no hay claridad sobre el trabajo que realiza cada servidor público, porque algunas personas estaban contratadas para cierta función pero en realidad hacían otras tareas.

Explicó que desde 2012 el Mecanismo no cuenta con personal suficiente y ahora que cuatro personas fueron despedidas, sólo hay otras cuatro trabajando. Destacó que en la Unidad de Análisis de Riesgo hay dos funcionarios, pero que una está próxima a salir y otra acaba de llegar y carece de experiencia en los temas.

RESPUESTA SIMULADA

A casi dos años de la creación del Mecanismo, que contó con el apoyo de la sociedad civil, no ha sido capaz de salvaguardar la integridad de las y los defensores de DH y periodistas amenazados por su labor, dijeron las y los activistas, ya que –pusieron como ejemplo– sus respuestas llegan a tardar hasta cuatro meses.

El Mecanismo está conformado por las unidades de Reacción Inmediata, de Evaluación de Riesgos y de Análisis. Además cuenta con la Junta de Gobierno como la máxima instancia para la toma de decisiones, por lo que está integrada por funcionarios e integrantes de la sociedad civil.

El personal de esa instancia debe recibir las peticiones de comunicadores o defensores amenazados, y tiene la facultad de “decretar, evaluar, suspender” y, de ser necesario, “modificar” las medidas preventivas y de protección, pero a decir del director de Artículo 19, Darío Ramírez, en realidad ofrece una respuesta “simulada, inconexa, ineficaz y prácticamente inexistente”.

La Segob informó a las y los activistas que tiene 152 solicitudes de protección, de las cuales 130 se aceptaron y 22 fueron rechazadas. De las que fueron aceptadas, 41 se atendieron y 89 están pendientes, lo que significa que un gran número de defensores o  periodistas siguen en riesgo.

Víctor Ruiz, representante de la Casa de los Derechos de Periodistas, mencionó que desde 2010 esta asociación acompaña 200 casos de reporteros pero el Mecanismo sólo aceptó 19, lo que significa que ante la negligencia oficial los riesgos persisten.

SIN RECURSOS

Para colmo, el Mecanismo carece de recursos pese a que tiene un Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el que se depositan los recursos económicos destinados a garantizar las medidas de protección para quienes las soliciten. 

A decir de Pilar Tavera, coordinadora de Propuesta Cívica, además de que esta área de la Segob no tiene una metodología de trabajo, tampoco ha implementado una política pública clara porque tiene limitaciones para acceder a presupuesto.

Los datos de los grupos civiles indican que en el Fondo hay 263.9 millones de pesos (20.3 millones de dólares) que no se han gastado desde su creación debido a trámites burocráticos, lo que impide que se implementen las medidas de seguridad.

La última información que publicó la Segob fue que durante la gestión de Juan Carlos Gutiérrez la dependencia firmó un contrato con una empresa de seguridad pero lo hizo poco antes de renunciar, por lo que las organizaciones señalaron que dicha empresa aún no recibe órdenes para ofrecer la protección a las y los beneficiados.

Ahora, las y los representantes ciudadanos solicitaron una audiencia con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y pidieron al Congreso que exija cuentas a las y los funcionarios encargados del Mecanismo para hablar sobre la profunda crisis que vive esta instancia y proponer soluciones.

Mientras las organizaciones hacían estos reclamos, Lía Limón acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informar que de las 165 solicitudes de protección recibidas por el Mecanismo (80 de defensores y 85 de periodistas), se han otorgado 211 medidas que benefician a 238 personas.

Asimismo destacó que a fin de fortalecer a la instancia, la Segob buscó la colaboración de Freedom House, organización que envió a especialistas de Colombia para capacitar al personal. Igualmente, Limón resaltó que se firmaron 31 convenios con los estados de la Republica y se está trabajando para abatir el rezago en los casos.
 

Publicidad, arma del Estado para callar voces críticas


NACIONAL

   Se coarta libertad de expresión a medios mexicanos: WAN-IFRA

Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 

El Estado mexicano usa la asignación de publicidad gubernamental para amenazar, sancionar, presionar o castigar a los medios críticos, según un informe publicado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés).

El documento “Comprando complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México”, elaborado por WAN-IFRA y el Centro Internacional de Asistencia a los Medios de Comunicación (CIMA), indica que el gobierno federal y los estatales usan su poder financiero para presionar y penalizar a los medios.

De acuerdo con el reporte, realizado en colaboración con las organizaciones civiles Fundar Centro de Análisis e Investigación, y la oficina en México de Artículo 19, la censura indirecta debe ser reconocida como una amenaza seria a la independencia de los medios y la libertad de prensa en México y el mundo.

A diferencia de los ataques directos a la prensa –que según el recuento suman más de 77 periodistas asesinados y 17 desaparecidos desde el año 2000–, la censura indirecta a través de la asignación de publicidad oficial es mucho más sutil y rara vez genera indignación internacional.

Las agrupaciones ciudadanas señalan que en México la asignación de publicidad no tiene reglas claras y precisas, se utiliza como medio de influencia e incluso chantaje a dueños de medios y periodistas; por eso incide en las líneas editoriales o para impulsar agendas partidistas, así como para financiar selectivamente a ciertos espacios informativos.

Aunque el Congreso mexicano trató de cambiar esta realidad sólo lo hizo para no interferir en los procesos electorales, pues con la  reforma electoral de 2007 quedó prohibido en la Constitución que los servidores públicos (especialmente el Presidente, los gobernadores y las autoridades municipales) aparezcan en la publicidad oficial.

El informe cita los casos de discriminación y uso arbitrario de la publicidad para castigar a El Diario de Juárez, el semanario Proceso, la revista Contralínea y el medio comunitario Radio Voladora, y recomienda que el Poder Legislativo expida reglas justas y transparentes para promover el desarrollo de medios de comunicación independientes.

Para WAN-IFRA es necesario transparentar a detalle los gastos en publicidad oficial y difundirlos en una plataforma web; asimismo es necesaria una ley que garantice que la asignación de ésta sea justa y transparente.

A propósito de las reformas constitucionales en materia político-electoral y de telecomunicaciones y radiodifusión, las agrupaciones señalan que es obligación promulgar leyes que regulen la publicidad y limiten la concentración, así como aumentar el pluralismo y la competitividad en los medios de comunicación.

Señalaron que los dueños de medios y periodistas deben adoptar códigos de ética claros que prohíban aceptar el “chayote” o sobornos que influencian la información o cualquier otro regalo o compensación que influya en su cobertura.
 

Pederasta Jean Succar Kuri seguirá en prisión


NACIONAL
   Amparo obtenido no elimina ni reduce sentencia, 
aclara abogada

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 


El amparo directo concedido al pederasta Jean Succar Kuri no anula, modifica o reduce su sentencia de 112 años de prisión por el delito federal de pornografía infantil, aclaró Araceli Andrade, representante legal de cuatro de las víctimas del empresario pederasta.

En 2011 el Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito emitió la sentencia que condena a Succar Kuri a 112 años de prisión por el delito de pornografía infantil, aunque el Código Penal Federal establece una pena máxima de 60 años para este ilícito.

A tres años de la resolución, y con el fin de confirmar la sentencia, el caso fue llevado al Primer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, donde los abogados del empresario señalaron una omisión administrativa que podría afectar el procedimiento legal en tanto no se cumplió con todos los elementos que debe tener una sentencia de juzgadores federales.

Ante la falta –en este caso la omisión de la firma y nombre del secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito en el expediente–, los abogados solicitaron un amparo.

Fue bajo esta observación que el pasado 7 de marzo el Primer Tribunal Colegiado de Quintana Roo concedió un amparo directo a Jean Succar Kuri, con el que se busca específicamente trasladar el expediente 212/213 al Tribunal Unitario para que se reponga la firma en menos de 15 días.

La resolución de amparo no implica de ninguna manera una reposición de procedimiento de la sentencia condenatoria, lo cual resultaría en la renovación total del juicio, explicó la abogada de las víctimas.

Araceli Andrade enfatizó que la figura legal de reposición de procedimientos no puede efectuarse en este caso, ya que no se modificó ningún elemento referente a la valoración de las pruebas y no “estamos ante ninguna situación que afecte la sentencia, pues es inapelable”.

También abundó que es importante que las víctimas del pederasta estén tranquilas, toda vez que el amparo no significa bajo ningún motivo que su atacante, quien ha buscado por medio de otros recursos legales reducir su sentencia, salga de prisión.

Esta información también la corroboraron fuentes del Primer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, que en declaraciones a Cimacnoticias señalaron que en breve se publicará un boletín para aclarar que el amparo no implica la libertad del pederasta.

A decir de la abogada Andrade, la demanda de amparo sólo demuestra la eficiencia de la justicia en este caso, pues “aunque los abogados estén buscando hasta los mínimos detalles, el sistema penal sostiene de cualquier forma la sentencia”.

La litigante explicó que el requerimiento de esta firma es un nuevo criterio del Código de Procedimientos Penales, que anteriormente no estaba considerado, lo que pudo haber ocasionado la omisión.

Observó, además, que a pesar de que los abogados del empresario solicitaron el amparo, en realidad no significa ningún beneficio para él, sino al contrario, le implicó más desgaste y dinero.

Cabe recordar que Jean Succar Kuri fue denunciado en 2003 por una de sus víctimas de encabezar una red de pederastia. La escritora y periodista Lydia Cacho retomó el caso en su libro “Los demonios del Edén”, por el cual fue detenida y acosada por empresarios y políticos.

Las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) constataron que la red de pornografía infantil de Succar Kuri se extendió a España, Colombia, Brasil y Venezuela.

Desde 2004 el empresario estuvo detenido en Chandler, Arizona, Estados Unidos, y luego de años de litigio fue extraditado en 2007 a México. En 2011 finalmente fue sentenciado por las autoridades mexicanas a 112 años de prisión.

Araceli Andrade indicó que esta sentencia es por el delito de pornografía infantil; no obstante también se le juzga por los cargos de corrupción de menores, violación y abuso sexual.
 

El hoy de nuestra América Latina. . .





LA PRENSA LATINA

El sitio web de esta agencia no funcionaba al momento de este resumen.







LA RADIO DEL SUR







REBELION 
Viernes, 28 de marzo de 2014

 
José Bellver Soroa

Eric Toussaint

Timoleón Jiménez

Pascual Serrano


Entrevista a Salvador Sánchez Cerén, presidente electo de El Salvador
Emir Sader

Entrevista al economista político Julio Gambina
Mario Hernandez

Henry Blodge