9/27/2019

DISPUTA POR LA EDUCACION

Óptica  Ciudadana
Por José Luis Hernández Jiménez
A Socorro Valdez Guerrero, por sus 35 años de periodista aguerrida. Y por su premio. 
Felicitemos a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) – una corriente sindical del Sindicato magisterial más grande de América latina, el SNTE - por hacer realidad su reforma educativa. ¡Aplausos!
Luego de varios años de realizar múltiples manifestaciones, tomas de edificios públicos, secuestros de servidores públicos, gritos, sombrerazos, quitando a sus alumnos cientos de horas clase y demás desfiguros y hazañas, como su alianza con el actual Presidente de la República, lograron, con el apoyo de la mayoría de los Diputados y Senadores, echar abajo “la mal llamada reforma educativa”, aprobada durante el régimen del Presidente Peña Nieto, por PRI, PAN, PRD, PMC, vía el “Pacto por México”, “por neoliberal”, para aprobar en su lugar, “la bien llamada contra reforma educativa” (creo que así se dice ahora). 
La discusión de nuestros legisladores no tuvo chiste, pues el resultado estaba anunciado desde antes, primero por nuestro H Presidente, quien luego de reunirse con los dirigentes de la CNTE, informó de los compromisos adquiridos, anunciando incluso que “las plazas para los egresados de la Normales, están garantizadas”, y luego por el Coordinador de los diputados del Partido del Presidente, don Mario Delgado, quien ni tardo ni perezoso dijo que “Morena respaldará todos los acuerdos a los que llegó el Presidente con la CNTE”. ¿Y la oposición? Su “derecho al pataleo” quedó garantizado. Fue como un diálogo entre sordos, a la antigüita, como en la era priísta.  
(Para informarme y divertirme, miré y escuché los “debates” de nuestros HH legisladores, en el Canal de Congreso. Hubo muchos absurdos: Un opositor dijo que había que corregir que en la nueva ley se hablaba de “Contrato Colectivo de Trabajo” y debía decirse “Condiciones Generales de Trabajo”, pues los profes pertenecen al apartado B del artículo 123 constitucional; otro, un morenista, dijo que estaban dejando fuera a los 3 mil ATP (Asesores Técnicos Pedagógicos), que son una chuchas cuereras en eso de la educación; otra más pidió quedara explícito que para todo lo que se estaba aprobando, debían destinarse los recursos económicos necesarios o de nada servirían las nuevas leyes; Una mas dijo que no debía desaparecer el INIFED (Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa), porque fue quien descubrió que las escuelas construidas por padres de familia, son las más dañadas con los sismos  y….¿Qué creen? Nada tomó en cuenta el nuevo Partido de Estado en las Cámaras).                  
Total que dichos profes se alzan como vencedores absolutos, en lo que podría denominarse, su disputa por la educación. Hasta quieren que el nombre de su organización quede plasmado con letras de oro en las Cámaras porque, dicen, su lucha es similar al Movimiento Estudiantil de 1968. ¿Será? 
En todos estos años, sus batallas ganadas fueron varias:
Primero convencieron al Gobernador de Oaxaca, el priísta Heladio Ramírez, (o se convencieron mutuamente) de que los “incrustara” en la estructura de la “SEP” local, con prebendas económicas y toda la cosa; Después, pactaron con la “maestra” Elba Esther Gordillo, cierta autonomía de su sección sindical, la 22 (luego las de otras entidades ) con respecto a la directiva nacional del SNTE; Mas tarde, en el año 2012, lograron que otro Gobernador expriísta, pero llegado al cargo mediante la alianza PAN, PRD, PMC, Gabino Cué Monteagudo, hiciera oficial a nivel estatal, su Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca (PTEO), redactado en gran parte por don Alfredo de la Rosa, también expriísta, y ayudante de don Marcelo Ebrard Casaubond. 
Pero su PTEO fue “reprobado” por el Centro de Investigación de Estudios  Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), ya que las Doctoras Antonia Candela, María de Ibarrola, Ruth Mercado y Elsie Rockwell, del Departamento de Investigación Educativa del mismo Centro, y de las mejores especialistas de nuestro país en el tema, no solo señalaron que dicho documento tenía graves fallas en su redacción y ortografía, sino en su parte curricular, por lo que dictaminaron una “valoración negativa”, porque “su enfoque es político, ideológico, comunitario, de democracia comunal, autogestionario y semireligioso”,  y recomendaron ni siquiera presentarlo a la SEP. Pero esos profes, montados en su macho, ni una coma corrigieron. En fin. 
Su siguiente triunfo fue cuando el candidato a la Presidencia, don Peje, hizo suyo dicho PTEO, prometiendo que si votaban por él y ganaba la Presidencia de la República, ese sería el modelo para la educación en todo el país. Es decir, don AMLO y su P. Morena, con la aprobación de las leyes educativas secundarias – Ley General de Educación, Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y Ley General del Centro de Mejora Continua de la Educación - solamente le están cumpliendo a los profes de la CNTE, lo prometido. 
Dicho de otra manera, de la neoliberal, peñanietista y malévola “mal llamada reforma Educativa” del 2013, “no debe quedar coma sobre coma”, según órdenes del Coordinador de los diputados del P. Morena, don Mario Delgado (quien en 2013 votó a favor de la “mal llamada reforma educativa” y ahora votó a favor de la “bien llamada contra reforma educativa”, faltaba mas), ya que dicha maléfica reforma solo aspiraba a tres cosas, según contó a doña Carmen Aristegui, el especialista  don Gilberto Guevara Niebla, integrante del enterrado INEE: 1. Quitar ingerencia sobre el rumbo educativo del país al SNTE y a la CNTE, para devolver la rectoría de la educación al Estado Mexicano, poder otorgado por el Presidente Carlos Salinas de Gortari, a la Profa. Gordillo y huestes que le acompañan y con ello a la CNTE. Situación refrendada en su momento por los gobiernos panistas; 2, Crear un Instituto de carácter autónomo de la SEP, el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, INEE, para evaluar objetivamente los  resultados educativos y 3, Aprobar Planes de Estudio que pongan énfasis en lograr la calidad de la educación y en la alta capacitación, orientadas ambas a arribar en el mediano plazo, a estándares de primer mundo y, con ello, formar ciudadanos capaces e independientes. 
“Eso fue un error”, dijo nuestro H. Presidente de la República. Y ordenó dar reversa.  
Hoy, según don Casimiro, un H Senador líder de los profes de la CNTE, tendremos una educación “antineoliberal, indigenista  e ideológica” (como en los tiempos del viejo PRI). Ya que. Aquí van ¡Fanfarrias! 
Además, hay el compromiso presidencial de que los profes egresados de las Normales públicas, la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio (quien sabe por qué no incluyó a los licenciados en Pedagogía de la UNAM  ni a los normalistas de escuelas particulares), tengan garantizada una plaza laboral. Esto está muy bien. Y estaría mejor si la misma garantía se da a los egresados de las carreras de Derecho, Ingeniería, Agronomía, Economía, Medicina, Psicología, Arquitectura, Filosofía, Ciencias Políticas, Odontología, Periodismo, Química, Física, etc., etc., etc. Digo, para ser parejos. Porque es común hallar montones de egresados de escuelas superiores, laborando “de lo que sea”, porque no hay empleos.
Aunque no queda claro cómo cumplirá don AMLO su promesa de garantizar plazas a todos esos egresados de carreras magisteriales, cuando cada año egresan 35 mil y solo hay lugar para 29 mil.          
Es que en los cinco años de su vigencia, la “mal llamada reforma educativa”, apenas había logrado diagnosticar que la Educación tiene deficiencias en la enseñanza de matemáticas, español y lectura y comprensión y, decían, se le estaba poniendo atención. Se notaban algunos resultados. Pero para saber si hay o no avances, se requiere al menos, una generación. Así ha sucedido en naciones poderosas, pues invirtieron en Educación. 
A ver si con la “bien llamada contra reforma educativa” (de nuevo ¿así se dice?), recién aprobada, se puede revertir el triste papel de la Educación en México. Tengo mis dudas al respecto, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, pese a que los vencedores presumen que “las escuelas Normales ahora si tendrán prioridad”, aparece una disminución del 40 por ciento en el rubro Educación, y en particular en el apoyo a las Escuelas Normales, que son las encargadas de formar profesores (¿por qué les decimos “maestros”. Maestros son los que tienen ese grado. Aquellos son Profesores.    
Si ya sé, digo a mis cuatro o cinco lectores (as), que los actuales legisladores y sus jefes políticos, han prometido en sus discursos que habrá una educación de excelencia, apoyo prioritario a la educación, y que por el bien de todos primero los estudiantes y… pero lo mismo se ha prometido cada seis años. Y cada seis años se vuelve a empezar.
Nuestro simpático H Presidente, feliz, feliz, feliz, hoy mismo ha dicho que con las nuevas leyes educativas “ya no habrá imposición del extranjero” (supongo que con ello se dará reversa a su política migratoria y a la firma del nuevo TLC. Supongo). Por cierto su felicidad contrasta con la opinión mayoritaria de la población: Encuestas recientes (Gea Isa) reflejan que el 70 por ciento de los mexicanos, no cree que durante la 4T mejorará la Educación.   
Y es que, comparada con la situación de la relación educación con lo laboral, en el planeta, seguimos estando no en la lona, sino abajo del ring.  Véase si no, citando los datos del investigador Arnulfo Gómez:
En Innovación, producto de la modernización, estamos en el lugar 56; 
En Desarrollo Tecnológico, en el sitio 71; 
En Educación Primaria y Salud – clave para la productividad y competitividad – estamos en el lugar 76;
En Educación Superior y Capacitación, en el sitio 80; 
En Eficiencia del Mercado Laboral, en el lugar 105; 
O sea, estamos reprobados en todo. 
¿Y nuestra clase política? Bien, gracias. Por lo pronto, en esta disputa por la educación, nuestros HH Diputados y Senadores, aprobaron casi sin chistar, las 3 nuevas leyes secundarias sobre Educación, propuestas por nuestro H Presidente sí, al estilo de antes. Me hubiera gustado que previo a sus deliberaciones, escucharan a expertos en el tema, como Jorge A. Villamil Rivas, Mauro Pérez Sosa, Marco Eduardo Murueta pero….Ya que. Resignación.  
Notitas: Una.- Que el pasado 22 de septiembre, Greta Thunerg, joven sueca de 16 años, dio un buen jalón de orejas a los gobiernos del planeta, durante la Cumbre del Clima en la ONU. “Estamos al inicio de una extinción masiva – dijo – y de lo único que podéis hablar es de dinero y de cuentos de hadas sobre un crecimiento económico eterno. ¡Cómo os atrevéis! Ustedes han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías”. Por cierto, el gobierno mexicano, en sus hechos, hace oídos sordos a dicho llamado. Dos.- Que el Financial Times, diario inglés, especialista en cuestiones económicas, volvió a advertir que la economía mexicana va mal. Tres.- Que como buen fan de don Mahatma Gandhi, siempre he estado y seguiré estando contra todo tipo de violencia, venga de donde venga, pero creo que los jóvenes que se fueron a la guerrilla en los años 60´s y 70´s, aunque estaban equivocados en sus tácticas de lucha, fueron muy valientes al decidir enfrentarse al Estado mexicano de aquel tiempo, que era más autoritario que el actual. Cuatro.- Que si el único indicador de bienestar de la población fuera la inseguridad pública, habría varios gobiernos estatales fallidos: Morelos, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California, CDMX, Guerrero, Michoacán, Sonora,…. Cinco.- Que en la investigación del grave asunto de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace 5 años en Iguala, Guerrero, vamos para atrás: las nuevas autoridades  dicen que van a volver a empezar la investigación. Por lo pronto, ya están libres 77 de los participantes confesos de la citada desaparición. Seis.- Que  sigo insistiendo: hay que hacer ejercicio diario, porque primero está la salud.         

México, CdMx, a 26 de septiembre  del 2019. 

Las vueltas del neoliberalismo



La crisis del pensamiento crítico, o sea nuestra forma de comprender el mundo para poder actuar transformándolo, ha llevado a los analistas a multiplicar conceptos poco precisos que suelen ser más descriptivos que analíticos, por lo que inducen a confusión. Neoliberalismo es uno de los conceptos que están siendo utilizados de manera menos rigurosa.
Entre muchos profesionales de la política y del pensamiento se ha difundido una idea que asocia el neoliberalismo a un tipo de gobierno fundamentalista del mercado, cuando su acepción debería apuntar en una dirección estructural: es el capitalismo en el periodo en el que la acumulación por desposesión se ha convertido en hegemónica.
El geógrafo marxista David Harvey, quien acuñó el concepto de acumulación por desposesión/robo, asocia esta modalidad del capital a las políticas neoliberales promovidas por el Consenso de Washington: las privatizaciones, la dominación del capital financiero, la distribución regresiva de la renta y la generación de crisis para acelerar los tres procesos anteriores.
En América Latina el neoliberalismo tuvo un primer periodo privatizador, en el cual fueron desguazadas buena parte de las empresas estatales, traspasadas a precios muy bajos a multinacionales del norte. Las privatizaciones fueron enfrentadas por una amplia alianza de los sectores populares y las clases medias, generando una oleada de movilizaciones que se tradujo en la caída de una docena de gobiernos derechistas, desde el Caracazo de 1989 hasta la segunda guerra del gas en Bolivia en 2005.
Deslegitimadas las privatizaciones y las dirigencias políticas que las promovieron, el neoliberalismo trasladó el núcleo de la acumulación por despojo a otros terrenos que ahora llamamos extractivismo: agronegocio, minería a cielo abierto, obras de infraestructura y especulación inmobiliaria urbana. Estamos ante lo que la socióloga Maristella Svampa denominó “consenso de las commodities”, aunque suelo optar por una definición desde abajo que la nombra como cuarta guerra mundial.
El problema que observo, es que muchos analistas sostienen una definición mucho más restringida de neoliberalismo, que asocian a la mayor o menor participación del Estado en la economía y en la sociedad. De ese modo, se suele sostener que cuando asume un gobierno estatista, real o discursivo, ya entraríamos en un periodo posneoliberal.
Definir las cosas de este modo, creo que induce a confusiones. Los cambios de gobierno no afectan al modelo neoliberal, sino tocan apenas aspectos laterales del mismo. Por ejemplo, se suele mentar que las políticas sociales compensatorias son parte del nuevo periodo posneoliberal. Sin embargo se ignoran dos hechos centrales.
Uno: esas políticas no las inventaron los gobiernos progresistas o posneoliberales, sino el Banco Mundial para desarticular los movimientos antisistémicos. Dos: las políticas sociales benefician al sector financiero, al promover la bancarización de los beneficiarios. En ambos casos, refuerzan el neoliberalismo: debilitan a quienes pueden enfrentarlo y fortalecen al capital financiero.
Pero lo más importante es que el neoliberalismo, siendo la fase actual del capitalismo, no puede ser derrotado votando, eligiendo nuevos gobernantes, sino desarticulando las bases sobre las que se asienta: el poder concentrado del capital financiero que utiliza el aparato estatal como escudo y espada, más allá de los gobernantes de turno.
Sostengo que salir del neoliberalismo implica una crisis fenomenal, porque el poder construido por el capital es tan sólido que sólo puede ser derrotado en un largo periodo de autorganización de los pueblos, recuperando los mediosde producción e instituyendo formas devida no capitalistas, con poderes no estatales que las defiendan.
Una de las consecuencias más nefastas del neoliberalismo es que ha consolidado el poder de uno por ciento. Este poder amurallado en las instituciones estatales como las fuerzas armadas, que ha sometido a sus intereses al narcotráfico y otras formas de la acumulación por despojo, no puede ser desarticulado sin un cambio radical en la relación de fuerzas. Algo que nunca se consiguió votando, ni en plazos cortos.
El capital en el periodo neoliberal se ha blindado, aprendiendo las lecciones de las revoluciones triunfantes. Por eso no será nada sencillo desalojarlos del poder, tarea en la que han fracasado tanto las opciones electorales como las armadas. ¿Acaso China y Vietnam no son neoliberales?
Un problema adicional es el que denuncia Darío Aranda en una brillante nota (https://bit.ly/2mDPbbU). El extractivismo, el neoliberalisomo, son política de Estado. Los gobiernos conservadores pactan con las empresas multinacionales la entrega de los bienes comunes. Los progresistas hacen lo mismo.
El modelo extractivo primario exportador, es la continuidad entre unos y otros. Aunque los progresistas aseguren que al llegar ellos al gobierno ya no hay neoliberalismo. Que le pregunten a los pueblos.

La reforma muerta



El sector del Estado que más ruido causaba a los gobiernos oligárquicos era el educativo. Salinas consolidó y renovó el control charro del sindicato de maestros por medio de Elba Esther Gordillo y sus intelectuales orgánicos adulteraron los planes de estudio para torcer su sentido como formadores de identidad nacional. Zedillo mantuvo la hostilidad gubernamental en contra de los maestros; Fox hizo pingües negocios con estafas como su pizarrón digital y su “ Enciclomedia”; Calderón prefirió embarcar al país en una aventura sangrienta antes que procurar mejoras de fondo a la educación y Peña Nieto logró imponer –con la colaboración de las cúpulas partidistas del PRI, el PAN, el PRD, el Verde y el Panal– una reforma constitucional que se apellidaba educativa, pero que era, en realidad, un mazo para demoler la organización sindical de los profesores y abrir la puerta de la educación pública a los capitales privados y la corrupción.
El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), con sede en un ostentoso edificio de mármol en la esquina que forman Vito Alessio Robles, Minerva y avenida Universidad, en la capital del país, tenía por objeto atestiguar el estado indigno y ruinoso de las escuelas públicas y en 2018 se gastó 3 millones 250 mil pesos en rentar autos, 400 mil pesos enservicios de limpieza, 3 millones 671 mil 015 pesos en boletos de avión y 16 millones de pesos en un oscuro rubro denominado servicios profesionales, independiente de la nómina regular. En una nación en la que abundan las escuelas sin agua potable. El Inifed destinó ese año más de 200 mil pesos a los rubros compra de agua purificada y adquisición de agua tratada para sus oficinas (https://is.gd/WeOIrq). El gasto operativo de la dependencia sumó un total de 30 millones 828 mil 78 pesos.
Peor: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que ocupaba una torre de cristal en la esquina de Barranca del Muerto, Plateros y Sagredo de la Ciudad de México se gastó el año pasado mil 207 millones 89 mil 482 pesos para realizar diagnósticos objetivos y explicativos que orientan, describen y muestran el estado de la educación y sus niveles de calidad en el país (https://is.gd/KgEtVG). Era una oficina descentralizada creada en el gobierno de Fox y a la que la alteración constitucional peñista convirtió en un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Curiosamente, la oficina de Mexicanos Primero, el grupo empresarialde presión que impulsó la reforma educativa peñista y atizó campañas deodio y difamación en contra del magisterio –particularmente, de sus secto-res democráticos– ocupa el piso 12 de la Torre Prisma, situada en la confluencia de las calles José María Ibarrarán y José María Velasco con la avenida Insurgentes, próximo a y equidistante de las sedes del Inifed y el INEE. A esa reforma educativa le gustaban los edificios de lujo situados en triple esquina. Pero en la vastedad del territorio nacional, especialmente del rural, hay 40 mil planteles escolares que se estaban cayendo en 2013 y que se siguen cayendo en 2019. La reforma peñista jamás pasó por ellos.
Pasó, en cambio, con efectos devastadores, por los hogares de miles de maestros insumisos que se negaron a ser evaluados conforme a las reglas gerenciales y estúpidas de la tal reforma, por las plazas públicas desalojadas a macanazos por fuerzas policiales y por Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en donde efectivos de la Policía Federal y de la Gendarmería Nacional asesinaron a ocho personas e hirieron a 55 más para dispersar un bloqueo carretero emprendido por el magisterio democrático en el contexto de su lucha de resistencia en contra de las modificaciones legales referidas.
Aunque en un carril aparte, la brutal agresión en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, tuvo como telón de fondo el empecinamiento oficial y empresarial por imponer la reforma educativa y el movimiento magisterial que se le opuso desde un primer momento. Es tremendamente simbólico que ayer, en el quinto aniversario de esa canallada, el Senado haya terminado de demoler el engendro antilaboral, en lo que es la culminación de un complicado proceso de negociación entre el gobierno federal, todos los sectores del magisterio, y las distintas fuerzas políticas del Congreso de la Unión. La reforma ha muerto y con ella termina uno de los periodos más oscuros, corruptos y sangrientos en la educación pública de la nación.

Twitter: @Navegaciones

Reforma educativa: fin de una afrenta

La Jornada

El Senado de la República aprobó ayer las leyes secundarias de la reforma educativa, con lo cual ya sólo falta la sanción del Ejecutivo para que se consume la derogación de los cambios constitucionales en la materia legislados en 2012, y promulgados en febrero y septiembre de 2013 por el ex presidente Enrique Peña Nieto. De dichas normas –la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la de Mejora Continua de la Educación–, la tercera es la que tiene mayor resonancia mediática y social, pues termina con la evaluación punitiva que el magisterio siempre denunció como una medida de precarización laboral y control político.
Resulta inevitable celebrar el final de una reforma que fue monumento a la corrupción, la arbitrariedad, la represión violenta de la disidencia y la cerrazón institucional. En primer lugar, debe recordarse que la denominada reforma educativa impulsada en el contexto del Pacto por México era deliberadamente engañosa, pues su contenido nada tenía que ver con aspectos pedagógicos, sino que formaba la parte central de una embestida contra las conquistas laborales del magisterio. A su vez, este designio hostil provocó una confrontación entre los docentes y el Estado que marcó todo el sexenio de Peña Nieto, dividió de manera grave a la nación y alcanzó tintes trágicos el domingo 19 de junio de 2016, cuando elementos de las policías estatal y Federal asesinaron a ocho pobladores de la comunidad oaxaqueña de Asunción Nochixtlán que respaldaban un bloqueo carretero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). También fueron víctimas mortales de la represión los profesores David Gemayel Ruiz, arrollado por un camión de policía el 8 de diciembre de 2015, y Claudio Castillo Peña, profesor jubilado que falleció en febrero del mismo año tras recibir una golpiza por parte de policías federales.
Además de estos extremos de violencia, el empecinamiento en imponer la reforma antimagisterial se caracterizó por un grave desaseo en el uso del poder público, en el curso del cual se judicializó la represión, se fabricaron delitos absurdos contra los líderes de los docentes y se emprendió un linchamiento mediático para estigmatizar a los maestros disidentes en tanto enemigos públicos y únicos responsables de todos los problemas que padece la educación en la nación. Esta satanización supuso un pasmoso derroche de los recursos públicos: en sólo tres años, el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, empleó más de 3 mil 600 millones de pesos en la campaña publicitaria contra los docentes, con un delirante pico de mil 893 millones de pesos durante 2017 (5 millones por día).
Otras razones que hacían impostergable la derogación de dicha reforma residen en su inocultable alineamiento con intereses privatizadores, cuya cabeza más visible es el organismo paraempresarial Mexicanos Primero, así como el espíritu corrupto que la vertebraba, reflejado en la creación o fortalecimiento de una serie de instancias burocráticas cuya única función real fue el reparto de cargos con sueldos principescos entre allegados al poder.
Por último, es pertinente recordar que en este espacio siempre se abogó por que en el diseño de la política educativa se tomara en cuenta a todos los sectores del magisterio (algo que debería resultar de lógica elemental, pues son ellos los encargados de aplicar cualquier plan en la materia) y se hicieron continuos llamados a deponer la persecución en favor de una resolución del conflicto mediante el diálogo.
Resuelta la pugna entre el magisterio y la Federación, y sin ignorar que persisten diversos conflictos regionales que deben ser abordados, el gran pendiente es aprovechar este clima de entendimiento con la finalidad de sacar adelante lo que la reforma fallida nunca pudo ni se propuso hacer: la construcción de un modelo educativo nacional para el siglo XXI. Esta tarea, sin duda ardua y vasta, no atañe únicamente al gobierno, sino al conjunto de la sociedad, con preminencia de todas las vertientes del magisterio, los alumnos y los padres y madres de familia.

Parte 1,826 (días): Ayotzinapa, cinco años



Estudiantes, normalistas, de Ayotzinapa, los más pobres de todo la nación, fueron atacados a mansalva por policías estatales y municipales, en presencia de miembros del Ejército y otras fuerzas federales.
El saldo fue de seis muertos: Julio César Mondragón, Daniel Solís y Julio César Ramírez (alumnos normalistas), David Josué García (futbolista del equipo Los Avispones de Chilpancingo), Víctor Manuel Lugo (chofer del autobús de Los Avispones) y Blanca Montiel (pasajera de un taxi) y, al menos, 12 heridos: Fátima Viridiana Bahena (maestra), Alfredo Ramírez (maestro), Enrique Hernández (chofer de taxi), Norma Angélica Rendón (periodista), Hermenegildo Morales (agente del Ministerio Público), Francisco Medina, Luis Ángel Torreblanca, Félix Pérez, Carlos Adame, Pedro Rentería, Jorge León Sáenz y Facundo Serrano (integrantes de Los Avispones).
Hay 43 estudiantes normalistas desa-parecidos: Bernardo Flores Alcaraz, Felipe Arnulfo Rosa, Benjamín Ascencio Bautista, Israel Caballero Sánchez, José Ángel Navarrete González, Marcial Pablo Baranda, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Marco Antonio Gómez Molina, César Manuel González Hernández, Julio César López Patolzin, Abel García Hernández, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, Doriam González Parral, Jorge Luis González Parral, Alexander Mora Venancio, Saúl Bruno García, Luis Ángel Abarca Carrillo, Jorge Álvarez Nava, Christian Tomás Colón Garnica, Luis Ángel Francisco Arzola, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, José Luis Luna Torres, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Mauricio Ortega Valerio, José Ángel Campos Cantor, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Giovanni Galindes Guerrero, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Leonel Castro Abarca, Miguel Ángel Hernández Martínez, Antonio Santana Maestro, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Israel Jacinto Lugardo, Adán Abraján de la Cruz, Abelardo Vázquez Periten, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Martín Getsemany Sánchez García, Cutberto Ortiz Ramos, Everardo Rodríguez Bello, Jonás Trujillo González, José Eduardo Bartolo Tlatempa.
Fue un crimen de Estado. Así lo demostraron las variadas acciones de las fuerzas del orden público, de nivel municipal y estatal en el ataque; la responsabilidad directa del gobierno municipal y del gobernador del estado de Guerrero, por acción u omisión; así como la inacción de diversas instancias del propio gobierno federal, que estaban enteradas de los acontecimientos. También la complicidad de las policías locales, federales y el Ejercito, con grupos criminales durante los ataques, el secuestro y la desaparición de los estudiantes. Finalmente, la construcción, desde el gobierno federal, de un tejido de complicidad, encubrimiento y protección a funcionarios, cuerpos de seguridad e instituciones de nivel municipal, estatal y federal. Todo esto ha sido demostrado por la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su Informe Ayotzinapa.
Por el contrario, las procuradurías, estatal, en un primer momento, y la General de la República, hasta su disolución, por incapacidad y con intención deliberada, entorpecieron las investigaciones, destruyeron pruebas, torturaron testigos y presentaron como verdad un conjunto de explicaciones inverosímiles e insostenibles con hechos y pruebas. A esto le llamaron verdad histórica.

1º de julio, 2018, México.
Votantes en todo el país, mujeres y hombres, emitimos más de 30 millones de votos por el cambio. Una muestra impresionante de vocación por la democracia, por la verdad, por la paz y por la presentación de los desaparecidos, entre otras aspiraciones del pueblo mexicano. Los resultados de la votación han generado grandes esperanzas.

26 de septiembre, 2019, México.
Han pasado cinco años desde los hechos de Iguala, Guerrero.
Los 43 estudiantes de Ayotzinapa siguen desaparecidos.
La verdad histórica pende aún sobre la sociedad mexicana como un lastre. La podredumbre y violencia de las investigaciones, con las que se pretendió construir esa versión gubernamental, ha dado argumentos a algunos jueces para liberar a criminales y policías involucrados en los hechos de violencia de Iguala.
Las expectativas por encontrar a los desaparecidos, por conocer la verdadera verdad de los hechos y por el castigo de los culpables directos, de los encubridores y de quienes falsearon las investigaciones, sigue creciendo día con día. La base para cualquier investigación está dada por el informe del GIEI.
Mientras tanto, la herida todavía está abierta…

En la mira contratos de gobiernos con asociaciones de IP

 Habría contratos leoninos hasta por 30 años para construir y explotar cárceles, carreteras, hospitales y otros negocios


Foto: Especial


Desde el Senado, Morena impulsa una iniciativa de ley para abrir los contratos de asociación público-privada adjudicados por los gobiernos estatales a empresas para construir y explotar hasta por 30 años cárceles, carreteras, hospitales y otros negocios Hay indicios de “contratos leoninos” firmados en complicidad por secretarios de Finanzas y gobernadores para ocultar una deuda que va más allá de los 500 mil millones de pesos reportados a Hacienda por estados y municipios, señala Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado.
El legislador impulsa una iniciativa de reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios para que los gobiernos locales registren como parte de su deuda ante Hacienda los compromisos de pago adquiridos a partir de contratos de Asociación Público-Privada (APP), y Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), una modalidad utilizada, por ejemplo, en el sector salud para la operación de hospitales.
    CCE espera que en dos meses arranque plan de infraestructura con AMLO
Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este modelo, utilizado en la construcción de un hospital en Ticul, Yucatán. El proyecto se asignó a una subsidiaria de Grupo Marhnos, en la administración de Ivonne Ortega (2012), pero fue cancelado después por el gobernador Rolando Zapata por incumplimiento de contrato.
“Una empresa que tiene tres hospitales inconclusos; de estos contratos que daban, que les llaman APP, por los cuales el gobierno del estado o el gobierno federal tienen que pagar muchísimo dinero.
“Se comprometía el presupuesto de los estados, eran acuerdos con Hacienda y al constructor se le pagaba año con año, bueno, se sigue pagando porque ni modo que no pagáramos esas deudas con este sistema que establecieron en el periodo neoliberal”, dijo el mandatario.
“Ya eso se terminó. Esto los tiene a algunos enojados, pero van a ir entendiendo”, avisó el Presidente.
Bajo el esquema de APP, en la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios, Constructora Teya (Grupo Higa), de Juan Armando Hinojosa Cantú, obtuvo en 2009, durante la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador, un contrato de más de cinco mil millones de pesos para el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, en el Estado de México.
Grupo Marhnos, de la familia Mariscal Servitje, obtuvo además del contrato para el hospital de Ticul, en Yucatán, por cinco mil 172 millones, otro por cinco mil 900 millones para el Regional de Tlalnepantla.
Constructora y Edificadora GIA+A, de Hipólito Gerard, el cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, tiene desde 2009 el contrato del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, por seis mil 700 millones de pesos.
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios tiene que regular el estatus de deuda no acreditada a través de estos esquemas, porque actualmente no es obligatorio y se desconoce el monto total de los compromisos de pago que tienen los gobiernos locales, afirma el senador.
“¿Me preguntas si habrá efecto retroactivo? Si tú contrataste una APP en 2017, pero la suscribiste hasta 2020 0 2022 tiene vigencia. No es retroactividad porque el contrato tiene vigencia. En cuestiones fiscales y hacendarias hasta cinco años hacia atrás se pueden revisar”, señala el senador sobre la iniciativa que en breve será presentada.
El objetivo es armonizar la Ley de Disciplina Financiera para entidades con las leyes de Contabilidad Gubernamental, de Transparencia y de Coordinación Fiscal.
Y va más allá. La propuesta legislativa, explica el senador, tiene una conexión con otro tipo de disposiciones como el artículo 19 constitucional recientemente modificado, que elevó a delito grave la corrupción, lo que abre la posibilidad para fincar responsabilidades. “Va implícito”.

De ahorro y laicidad



Como cada año, este 28 de septiembre es Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, el cual se instauró en respuesta a los grupos de mujeres y del movimiento feminista para exigir a sus gobiernos despenalizar el aborto y evitar que millones de mujeres en el mundo sigan muriendo por practicarse abortos inseguros.
Más o menos una tercera parte de los embarazos del mundo desarrollado terminan en aborto, y una quinta parte, de quienes viven en países con economías dependientes; de cada mil mujeres casadas 35 recurren al aborto y la tasa de mujeres solteras es de 26 por cada mil. Se calcula que 8 por ciento de muertes maternas se debe a abortos inseguros, en Latinoamérica 6 mil mujeres mueren al año debido a complicaciones por aborto, la probabilidad de experimentar abortos inseguros o graves complicaciones es mayor entre quienes viven en condiciones de pobreza.
Hace 12 años la Ciudad de México se colocó a la vanguardia de la región al autorizar a mujeres, adolescentes y también niñas (porque las hay, muchas son víctimas de violación) el acceso a la interrupción legal de embarazo (ILE) segura, confidencial y gratuita hasta la semana 12 de gestación. Desde entonces 216 mil 472 mujeres han recibido el procedimiento de ILE en las cinco unidades de primer nivel y en las ocho de segundo nivel donde la Secretaría de Salud local ofrece servicios integrales de salud reproductiva. Más de 90 por ciento de ellas está entre los 18 y 39 años de edad, 60 por ciento cuenta con nivel medio superior y superior de escolaridad, y 44 por ciento de quienes han recurrido al aborto tienen uno o dos hijos. El 78 por ciento de los procedimientos han sido realizados mediante medicamentos y 86 por ciento en las primeras nueve semanas de gestación. Hasta hoy se registra cero mortalidad por aborto en estos servicios públicos. Quienes son víctimas de violación pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 20 de gestación.
La ciudad capital ha atendido por aborto a más de 55 mil mujeres del estado de México, cerca de 2 mil vienen de cada uno de los estados de Puebla e Hidalgo, y de entidades del norte no llegan a sumar 200, pero de Veracruz se registran cerca de 500 y más de 300 del estado de Oaxaca.
Hoy la nota la está dando Oaxaca, donde se han registrado más de una decena de mujeres denunciadas y encarceladas por practicarse un aborto. Esta entidad se convierte en la segunda de la nación donde será legal la interrupción del embrazo antes de las 12 semanas de gestación, las compañeras de aquella región ya decidirán libremente si quieren ser madres y cuándo, y ya no tendrán que trasladarse a la Ciudad de México para acceder a un aborto. Las bancadas de Morena están mostrando el perfil más progresista de los partidos actuales. La norma se enfoca en la protección del derecho a decidir de las mujeres: establece que el aborto forzado es considerado un delito, al que hiciera abortar a una mujer sin su consentimiento, se le aplicarán de tres a seis años de prisión; si además mediare violencia física o moral, se impondrán al infractor de seis a 10 años de prisión. Además se determinaron sanciones, que van desde tres a seis meses de prisión, así como trabajo voluntario de 100 a 300 días a la mujer que se realice voluntariamente un aborto pasando el periodo de 12 semanas de embarazo. No se considerará delito cuando el embarazo sea resultado de una violación, independientemente de que exista denuncia o no, o cuando la mujer corra peligro en su salud e incluso de muerte por su embarazo. Ni cuando a juicio de un médico especialista exista razón para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultados daños físicos o mentales en el mismo, siempre que se tenga consentimiento pleno de la mujer embarazada.
Este 28 de septiembre las mujeres del gabinete del gobierno de la Ciudad de México conmemorarán el Día de la Despenalización del Aborto en América Latina en el Hemiciclo a Juárez. Porque el acceso al aborto es un derecho que no obliga a nadie a realizarlo, y garantiza el derecho de quienes no estén de acuerdo con esta práctica tan generalizada en el mundo de las mujeres.
El aborto es un signo de laicidad. El espíritu laico es una condición para la convivencia de todas las culturas posibles, y una virtud de rigor crítico ante dogmatismos religiosos y de respeto a las creencias de los demás.

México SA de Carlos Fernández-Vega


Economía: malas noticias
Diputados: sólo la grilla

Nada halagüeñas las noticias económicas y el más reciente informe del Inegi lo confirma: en julio pasado el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) disminuyó 0.1 por ciento en términos reales y a tasa anual el descenso fue de 0.6 por ciento.
En el séptimo mes del año solo las actividades primarias reportaron crecimiento (3.5 por ciento); las secundarias y terciarias fueron a la baja (0-4 y 0.1 por ciento, respectivamente). A tasa anual, el comportamiento de estas tres actividades fue de 4.1, -2.8 y 0.2 por ciento, en cada caso.
Durante su comparecencia ante los diputados el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dejó en claro que el panorama económico mundial no muestra una perspectiva mejorada; en conjunto, las cinco principales economías del mundo (Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Reino Unido) representan alrededor de 50 por ciento del PIB mundial, y en lo individual reportan perspectivas a corto plazo menos halagüeñas con consecuencias económicas globales.
La perspectiva de crecimiento mundial a mediano plazo es de incertidumbre, pues los constantes vaivenes en la relación comercial entre China y Estados Unidos volatilizan los flujos de inversión y generan un entorno generalizado de menor producción mundial que disminuye la demanda de energéticos, particularmente del petróleo, dijo el funcionario.
En vía de mientras, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic) considera que la caída del IGAE durante julio del 2019 confirma que la economía mexicana se mantiene en franca desaceleración y que la debilidad de los sectores productivos afectados se ha profundizado. El retroceso anual de 6 por ciento provocó que tanto el promedio de crecimiento económico del sexenio como el del año se redujera a únicamente 0.1 por ciento.
En consecuencia, advierte el Idic, tanto la tendencia como el ciclo económico del IGAE permanecen en terreno negativo y se observa que el sistema productivo aún no ha tocado fondo. La confirmación del resultado negativo abre varias aristas: no se cumplirá el pronóstico de crecimiento para 2019, toda vez que el rango de entre 0.6 y 1.2 por ciento requiere una recuperación económica que no es previsible para los últimos cinco meses del año. Ello permite anticipar que difícilmente se podrá alcanzar el crecimiento de 2 por ciento estimado para 2020.
Ante ello, la recaudación tributaria asociada al crecimiento económico (IVA, ISR y algunos IEPS) será inferior a lo proyectado. De acuerdo con los Criterios General de Política Económica, el ingreso total del sector público para 2020 tendrá un incremento estimado de cero por ciento en términos reales respecto a 2019.
Ante el menor dinamismo de la economía, aumenta la probabilidad de que los ingresos efectivos sean menores a lo programado para un año que todavía no comienza. Al igual que en 2008 es posible que deban realizarse correcciones al paquete económico que se analiza en el Congreso de la Unión en materia de crecimiento y recaudación tributaria.
Para el resto del sexenio, y ante el aumento previsible de los requerimientos financieros (pensiones, costo financiero y programas sociales), debe considerarse que el estancamiento económico hace necesaria una reforma hacendaria que seguramente elevará la presión sobre la economía formal: para 2024 el gobierno federal requerirá, por lo menos, un billón de pesos adicionales tan solo para hacer frente a las pensiones y el costo financiero de la deuda pública.
El problema se agudiza, pues sin crecimiento económico y ante el aumento del gasto corriente, ¿de dónde saldrán los recursos?
Las rebanadas del pastel
Tigres cuando de grilla se trata, los diputados brillaron por su ausencia en la comparecencia del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien explicó la realidad económica del país ante un pleno de San Lázaro prácticamente vacío. Queda claro que a los legisladores los asuntos prioritarios del país les vale una pura y dos con sal.

Acusan al Jefe Diego de adeudar más de 900 mdp de predial

EMD Staff 

El panista Diego Fernández de Cevallos no paga el impuesto predial de una propiedad en Querétaro desde el año 1993, por lo cual tiene un adeudo de más de 900 millones de pesos, considerando multas y recargos. 

Se trata de El Estanco, un rancho que fue propiedad de Mario Moreno Cantinflas y que tiene una superficie de 220 hectáreas, ubicado a 30 kilómetros de la cabecera municipal de Colón, y que está dedicado a la cría de 340 vacas, 200 de la cuales se ordeñan en un carrusel, además de máquinas procesadoras de leche y unos 40 caballos. 

El alcalde del municipio de Colón, Alejandro Ochoa Valencia, precisó que este rancho nunca ha pagado predial al municipio, por lo que el mecanismo para hacerlo pagar es por la vía del embargo. 

“Vamos a tener una estrategia de recuperación de predial, ya con un despacho, en donde todos los morosos, inclusive el rancho El Estanco de Diego Fernández de Cevallos, que debe más de 320 millones de pesos de predial (únicamente de impuestos, sin incluir multas ni recargos). Estamos en procedimientos de embargo, el municipio debe recuperar una cartera de cerca de 600 millones de pesos entre los fraccionamientos El Estanco, La Ponderosa y La Esperanza”, señaló el munícipe. 

El terreno del Jefe Diego, integra mil 211 claves catastrales, y tiene un pasivo con corte al mes de junio de 2019 por 946 millones 890 mil 993.19 pesos, al sumar las multas y recargos de 26 años de no pagar. 
Según Ochoa Valencia, se está buscando diálogo con los dueños de esos predios, pues están en disposición “de ayudar y hacer los descuentos necesarios”. 

En el caso de La Esperanza y La Ponderosa ya hubo acercamiento, por lo que se están generando esquemas y facilidades de pago. 

No obstante, según Alejandro Ochoa, El Estanco tiene una superficie donde ya hay un fraccionamiento, que no ha sido vendido, y que pudieran estar especulando en el costo de la tierra. 

Por lo cual ya se pidió el cambio de uso de suelo para que regrese a ser agrícola, pero el propietario mostró su negativa para la modificación. 

“Notificamos, nunca ha pagado, desde que era propiedad de Mario Moreno Cantinflas (…) tiene claves catastrales, se les dio una alternativa, le pedimos que cambiara el uso de suelo a agrícola, como que quieren especular con el costo y eso no lo vamos a permitir”, señaló el alcalde municipal. 

(Con información de El Heraldo y El Universal) 

Astillero de Julio Hernández López


Caso 43 y las buenas intenciones
Tortuguismo jurídico
Puntal verde olivo
Los empresarios de NL

El recuerdo de que cinco años atrás fueron desaparecidos 43 jóvenes en Iguala, Guerrero, fue procesado política y socialmente por el gobierno federal en términos relativamente parecidos a los de otras ocasiones: la administración en turno, la obradorista, sostuvo la expectativa de un mejor trato y mejores aspiraciones pero, a fin de cuentas, los resultados son similares: muchas promesas, algunas expectativas y una tajante insuficiencia pues, salvo el buen talante de la cúpula obradorista para atender a los familiares de los desaparecidos y algunas novedades administrativas (entre las cuales se encuentra la oferta de una recompensa a quien ayude a dar con la ubicación de los restos o de los estudiantes en sí), la efeméride quedó en lo que alguno de los familiares de los 43 expresó: buenas intenciones.
Sería el colmo que el gobierno aspiracionalmente transformador (llamado la 4T) se quedara en terrenos virtualmente propicios para la continuidad de la impunidad y de los pactos no escritos de protección entre élites. Amistad que no se refleja en la nómina es pura demagogia, decían los cínicos del priísmo clásico. Declaraciones y buenos sentimientos que no se reflejan en acciones concretas son pura demagogia, podría parafrasearse con actualización al presente. ¿Qué hay de fondo, concreto, medible y comprobable, de avance en el tema de los 43? ¿Solamente declaraciones, actitudes, solidaridad, fotografías, declaraciones, recompensas?
Para fechas posteriores se está convocando a diligencias judiciales a diversos funcionarios de importante nivel del peñismo, comenzando con el fabulador profesional, el gran mentiroso, Jesús Murillo Karam, auténtico sociópata que a semejanza de Rosario Robles (histórica adversaria política del obradorismo) se dice dispuesto a rendir las declaraciones que sea necesario, disponible para lo que gusten, buen conversador mendaz.
Los procesos judiciales referidos a Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y otros personajes similares, si es que se llegan a instaurar, se pueden llevar meses o años. Podrían ser encarcelados de inmediato, es cierto. Pero la llamada Cuarta Transformación está (¿intencionalmente?) entrampada en los detalles jurídicos y en una continuidad procesal propia del tortuguismo. Profundamente respetuosa de una legalidad que es usada en su contra por los factores de poder del pasado reciente y que no se compadece de la urgencia social de dar muestras de algo parecido a la justicia.
El gobierno obradorista está necesitado de mantener el apoyo de las fuerzas armadas y sus generales pues, en un impensado giro, ha producido un extraño empoderamiento del Ejército y la Marina. Es probable que la supervivencia y durabilidad del imperio moreno dependa del puntal verde olivo. Por tanto, expedientes como el de Iguala no pueden romper o mermar la alianza de Palacio Nacional con las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina. Sí pueden darse gestos menores o extemporáneos pero, hasta la hora de teclear la presente columna, nada sustancial ni trascendente. Cinco años. 43 desaparecidos. Estado y gobierno rebasados, de uno o de otro signo.
En un tema conexo, Abraham Nuncio, literato, profesor y analista político, gran conocedor de la política y la sociedad de Nuevo León, ha publicado en La Jornada un texto denominado Valientes, referido al ataque guerrillero contra el empresario Garza Sada en 1973: También se pretende oscurecer ciertas cuestiones que es imprescindible poner en claro. ¿Los líderes empresariales y sus organizaciones dijeron algo para que fuera respetado el estado de derecho en esos y otros casos violatorios de los derechos constitucionales y humanos? No que se sepa. La responsabilidad histórica recae en ellos como la parte privada del Estado violador de tales derechos. Celebran a los héroes que lucharon con las armas en la mano por intentar darnos independencia y libertad. Pero actúan como entonces lo hizo el Consulado de los Comerciantes de México: echando mano del anatema para descalificar a quienes no sirven a sus intereses. ¡Hasta el próximo lunes!
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Inundó la economía el uso de efectivo; se disparó el lavado

Mucho dinero ilícito entro al sector financiero, advierte la UIF
Uso de efectivo se duplicó en 6 años
Así se realizan 91 por ciento de los pagos en el país: BdeM
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Pese a que las autoridades financieras del país tratan de reducir el uso de efectivo, el monto de billetes y monedas en circulación en la economía aumentó 97.75 por ciento en los pasados seis años, revelan informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). A la par, advirtió que al amparo del comercio informal grandes cantidades de dineroingresan al sistema financiero formal.
Con base en informes del Banco de México, la UIF señaló que el dinero en efectivo en la economía disponible para la compra de bienes y servicios y para la inversión en otros activos pasó de 836 mil 500 millones de pesos en 2013, primer año de la pasada administración, a 1.6 billones de pesos en 2019, es decir, un incremento de 800 mil 177 millones de pesos.
Según los estudios cuantitativos y cualitativos sobre efectivo, el Banco de México (BdeM) informó que cerca de 91 por ciento de los pagos en el país se hacen con dinero en efectivo y sólo 3 por ciento mediante el Sistema de Pagos Electrónico Interbancario (SPEI).
Informes de la UIF, encabezada por Santiago Nieto Castillo, detallan la trayectoria ascendente del monto del dinero en circulación: aumentó de 836 mil millones de pesos en 2013 a 956 mil 600 millones en 2014; en 2015 fue de un billón un mil 152 mil millones; en 2016, un billón 339 mil millones; en 2017 pasó a un billón 497 mil millones y en 2018 a un billón 654 mil millones de pesos.
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos de la UIF, un documento que se publica anualmente desde 2016, se advierte que debido al comercio informal y la nula regulación fiscal, ingresan grandes volúmenes de efectivo ilícito al sector financiero, lo cual incrementa los riesgos de lavado de dinero.
En 2017 llegó a 57.1 por ciento la población en México que tuvo como sustento alguna actividad relacionada con la economía informal, lo cual equivale a 22.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que representa un freno al crecimiento económico e imposibilita el cálculo exacto del dinero que circula en la economía.
Por otra parte, la evolución de la captación y colocación de dólares en efectivo de los sectores financieros que reportan dicha información al Banco de México muestra disminuciones en los montos captados a partir de 2007, situación que se intensificó de 2010 a 2011 por la entrada en vigor de las restricciones en la operación de dólares en efectivo.
La UIF informó que a partir de 2015 la captación ha mostrado tasas anuales de crecimiento positivas. Tan sólo de 2017 a 2018 el crecimiento anual fue de 3.96 por ciento , llegando así a los 7 mil 480 millones de dólares.
En 2018 la colocación llegó a su monto más bajo con mil 840 millones de dólares, lo cual representó disminuciones de 40 por ciento y 7 por ciento en comparación con 2014 y 2017, respectivamente.
La UIF alertó que la principal amenaza de lavado de dinero nacional son las diversas organizaciones delictivas, sus zonas de operación y el tipo de delitos cometidos.
Se identificaron las principales organizaciones delictivas a escala nacional y los grupos fragmentados: Guerreros Unidos,que opera en Guerrero, Morelos y el estado de México; Los Rojos Guerrero, en Morelos y Edomex; el cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Los Viagras, en Michoacán; Los Ardillos, en Guerrero; Cártel Independiente de Acapulco, en Guerrero; Unión Tepito y Cártel de Tláhuac, los cuales operan en la Ciudad de México.
Entre las principales conductas delictivas de la delincuencia organizada se encuentran: secuestro, extorsión, cobro de piso, robo de hidrocarburos, pesca ilegal de especies protegidas, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, narcotráfico y narcomenudeo.
https://www.jornada.com.mx/2019/09/27/economia/023n1eco

Son 5 años de pesadilla, reprochan padres de los 43 desde San Lázaro



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▲ Padres de los 43 normalistas advierten que el cambio buscado por la 4T pasa por hallar a sus hijos.

En la tribuna de la Cámara de Diputados y en nombre de las familias de los 43 normalistas desaparecidos hace cinco años, las madres de Jorge Antonio Tizapa Legideño y César Manuel González definieron que la transformación que pretende este gobierno pasa por esclarecer las graves violaciones cometidas en Iguala y demantelar las estructuras y redes criminales, que siguen intactas en Guerrero.
Destacaron que además del respaldo presidencial para buscar a sus hijos, se requiere mayor dinamismo en la investigación de la Fiscalía General de la República, procesos penales contra los ex funcionarios que obstaculizaron la investigación y apertura de la Secretaría de la Defensa Nacional para que sea investigado el 27 Batallón de Infantería.
Cinco años hemos vivido una pesadilla que no termina. Cinco años de incertidumbre. Cinco años donde cada amanecer despertamos con la esperanza de encontrar a nuestros hijos, pero llega la noche y sólo vemos oscuridad, expresó Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa.
El acuerdo político de la Cámara fue conceder a uno de los padres 10 minutos para dirigirse al pleno. Ellos eligieron que la lectura de su mensaje lo hicieran –en tiempo dividido– Hilda Legideño e Hilda Hernández Rivera, esta última madre de César Manuel González.
Acompañadas en la tribuna por los otros padres, que portaron las imágenes de sus hijos, ambas reprocharon cómo hace tres años –cuando la mayoría del PRI rechazó la petición– la Cámara de Diputados les cerró las puertas, al igual que el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hilda Hernández señaló que aun cuando las autoridades tenían información en tiempo real de lo que ocurría la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, la desaparecida Procuraduría General de la República empezó la investigación ocho días después. El resultado de las irregularidades, expuso, es la impunidad y la liberación de los presuntos responsables.
Las fuerzas de seguridad del gobierno anterior desaparecieron a nuestros hijos y se negaron a investigar; cuando lo hicieron, obstaculizaron el camino a la verdad y, finalmente, nos cerraron las puertas de todas las instituciones, las cuales nos reprimieron cuando protestamos de manera legítima, exigiendo verdad y justicia, dijo.
Lamentó que el gobierno de Peña dio a los padres trato de disidentes políticos, no de víctimas de desaparición forzada. Además del dolor, tuvimos que sufrir el trato despótico de los órganos de justicia y de las instituciones, incluido este Poder Legislativo, que en aquellos años nos cerró las puertas, señaló.
Hilda Legideño relató que después de cada 26 de septiembre, al regresar a sus casas, sus otros hijos reclaman la presencia de sus hermanos. “Al abrir la puerta preguntan: ‘¿ya encontraste a mi hermano?’ No tenemos respuesta. No podemos mirar a los ojos a nuestros hijos y demás familiares. No tenemos nada…” Consideró que los diputados tienen la oportunidad de dar con el paradero de los 43, encontrar la verdad y hacer justicia a los padres.
La postura institucional de la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas (PAN) –que trastabilló con la fecha: hoy a cinco días de la desaparición–, fue para reclamar que la exigencia de verdad debe tener eco en el estado de derecho, continuar la investigación, castigo a los responsables y cerrar cualquier espacio a la impunidad.

Foto José Antonio López
Periódico La Jornada

Posponen fallo de caso Lesvy Berlín hasta el 4 de octubre


Ciudad de México.- Nuevamente el fallo sobre el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, ocurrido el 3 de mayo de 2017 en Universidad Nacional Automa de México (UNAM), se pospuso por falta de únicamente una testigo de la defensa legal del acusado, la expareja de Lesvy, Jorge Luis González.
El juicio se suspendió hasta el 4 de octubre de 2019. La testigo faltante es la exdirectora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México -hoy Secretaría de las Mujeres-, Teresa Incháustegui Romero, quien fue citada a comparecer en el Reclusorio Oriente por los abogados del acusado, para que corrobore su afirmación respecto a que Lesvy nunca interpuso o buscó ayuda por violencia de género que vivía por parte de Jorge Luis.
Este día se esperaba finalmente el fallo sobre la culpabilidad o no Jorge Luis en el feminicidio de Lesvy. No obstante del retraso al acceso a la justicia, la madre de la víctima, Araceli Osorio, declaró al finalizar la audiencia que buscan un juicio justo, para que no existan dudas de la culpabilidad de Jorge Luis y terminar con la hipótesis de que su hija Lesvy cometió suicidio.
Este día tocó el turno de desahogar pruebas a la defensa jurídica de Jorge Luis. A su favor comparecieron una perita en criminalistica -la única pericial independiente que presentó esta defensa-; así como la madre, padre y una ex novia del acusado, quienes ante los cuestionamientos sobre el consumo de sustancia tóxicas y comportamientos violentos de Jorge Luis, negaron saber algo.
También se expuso que Jorge Luis trabajó por años en la UNAM como auxiliar de intendencia pero perdería su plaza por faltas al trabajo. Su familia también labora en diversas áreas de la institución educativa.
La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) solicitó 60 años de prisión para Jorge Luis González, pero serán los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) quienes evalúen a partir del hecho y antecedentes penales del acusado, cuál será la sentencia definitiva que recibirá. 
En caso de ser declarado culpable por el delito de feminicidio de Lesvy Berlín, la familia de la víctima continuará otro proceso de audiencias también en la sala oral del Reclusorio Oriente ahora respecto a la reparación del daño que deben recibir para subsanar parte de los perjuicios provocados por el asesinato de la joven de 22 años de edad.  
El fallo se dará a partir de las pruebas que aportaron alrededor de 70 testigos que comparecieron del 10 al 20 de septiembre en el Juzgado del Reclusorio Oriente, entre los que se presentaron amistades de Lesvy quienes narraron al Tribunal la violencia que ejercía Jorge Luis en contra de ella; así como personal pericial del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y de la PGJ, quienes defendieron sus dictámenes que apuntaban a un supuesto suicidio de Lesvy.
Fueron los peritos independientes nacionales e internacionales que aportó la asesoría legal de la familia de la víctima, los que mostraron al Tribunal conformado por tres jueces, que era imposible científicamente que Lesvy cometiera suicidio, entre las razones principales era: que no había un nudo en el cable del teléfono enredado alrededor del cuello de Lesvy, factor necesario para la maniobra de suicidio. Además, Lesvy estaba en un estado de intoxicación por el consumo de sustancias que le impedía realizar ese tipo de movimientos.
Ello sumado al contexto de violencia de género previa que vivía la víctima y peritajes en trabajo social y estudios psicológicos que demostraron que Jorge Luis tenía bajas capacidades para controlar impulsos, tolerar la frustración, no tiene buen desempeño social y desde temprana edad tenía adicción a las drogas. 
El litigio del caso por parte de la familia de Lesvy estuvo conducido por las abogadas Sayuri Herrera Román de la organización civil Justicia Pro Persona y Ana Yeli Pérez Garrido integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). En el caso del acusado fue un grupo de tres asesores jurídicos públicos nombrados por el Juez.
Lesvy Berlín fue hallada sin vida por personal de vigilancia de la UNAM la mañana del 3 de mayo de 2017 en una caseta telefónica frente al Instituto de Ingeniería. Su cuerpo estaba semisuspendido con el cable del teléfono público enredado a su cuello, y aunque desde el comienzo se sospechó de la posible participación de Jorge Luis en un crimen de feminicidio, dos meses después la PGJ anunció que Lesvy se había suicidado enfrente de su pareja. 
Las autoridades encargadas de impartir justicia acusaron a Jorge Luis del delito de homicidio por no impedir el suicidio de Lesvy, por lo que la familia de la víctima recurrió a un amparo que les fue concedido en octubre de 2017 por la Quinta Sala Penal del TSJ, quien demandó reclasificar el caso a feminicidio por irregularidades en la investigación de la PGJ. 
Fue así como se llegó a este juicio oral, no obstante, el acusado todavía tienen la posibilidad de ampararse de la sentencia que reciba, pues cabe recordar que el inicio de las audiencias para desahogar pruebas se retrasó un año por los recursos judiciales que impulsó la defensa legal del acusado para evitar que fuera procesado por el delito de feminicidio. 
En la Ciudad de México hay otros casos como el de Lesvy Berlín que siguen en espera de justicia, como el feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, Mayra Abigail Guerrero Mondragón, Yang Kyung María Jun Borrego, algunas de las madres de estas víctimas acompañaron solidariamente a la familia de Lesvy durante las audiencias. 

CIMACFoto: César Martínez López

Escrito por Hazel Zamora Mendieta