Marcos Chávez *
La primera mentira de la llamada pensión universal se encuentra en su nombre: la mayoría de los viejos del país quedarán excluidos de ella. Con verdades a medias o abiertas mentiras, avanza la política económica que expolia a las clases populares. Sus mensajes publicitarios sólo posponen posibles explosiones sociales, pero no las detienen
Como alma gemela del seguro de desempleo, la pensión universal fue malparida entre las brumas del atroz engaño a la población. La postrera hediondez de la miseria a perpetuidad convertida con esa medida en ley de rango constitucional, la cual envuelve a la mayoría de las personas taxonómicamente catalogadas con el inodoro eufemismo de “adultos mayores”. Y con el voluptuoso cuerpo de la fácil manipulación corporativa-electoral de quienes serán agraciados con ese mezquino subsidio, calificado con irritante humor negro como parte del “piso de protección social” peñista y de sus partidos cómplices del Congreso de la Unión, que económicamente, en su versión, representan “el derecho a la seguridad social como un derecho humano y una necesidad económica y social para el desarrollo y el progreso, una herramienta importante para prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social”, según se puede leer en Los criterios de política económica de 2014.
Los beneficios de las variantes asistencialistas predecesoras de esa clase de “piso de protección social” fueron pírricos. Solidaridad, de Carlos Salinas; Progresa, de Ernesto Zedillo; u Oportunidades, de Felipe Calderón, de nada sirvieron para evitar el derrumbe de la presidencia de sus respectivos partidos.
Serán pensiones de la miseria que reproducirán las degradantes formas de vida en que sobrevive el 66.3 por ciento de la población mayor de 65 años y que carece de una pensión, alrededor de 5.7 millones de 8.6 millones, de los cuales 4.5 millones se encuentran hundidos en la pobreza y la indigencia.
Puede decirse que es mejor “algo” a nada. Alguna dosis de verdad tienen quienes razonan de esa manera, entre ellos los propios peñistas y sus socios del Legislativo. La minuta, enviada por los diputados a los senadores, dice que, por ley, los adultos mayores tendrán el derecho a una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez; y no será cualquier norma. Al Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se le añadirán las siguientes palabras: “el Estado garantizará los derechos de los adultos mayores; velará porque reciban servicios de salud; y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad”.
Ello explica, por ejemplo, la arrebatada euforia del locuaz Manlio Fabio Beltrones, quien gozoso afirmó que se ha dado un gran paso en la garantía y el ejercicio de los derechos sociales porque atiende, en especial, a los más necesitados y a la población vulnerable; porque “el Estado garantizará los derechos de los adultos mayores; velará porque reciban servicios de salud; y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad”. Porque “los diputados del PRI [Partido Revolucionario Institucional] y Enrique Peña avanzamos en la construcción del sistema de seguridad social universal, en la ruta de la transformación del país y la consolidación de nuestra democracia como forma de vida”. En su desaforado delirio escasamente creativo, el sonorense –que rivaliza con Luis Videgaray en la vicepresidencia– no dudó de calificar “democráticamente” de “fascistas” a los grupos opositores a la reforma hacendaria. Digo de menesterosa inventiva porque, en junio de 2009, el entonces senador priísta, acusó a Calderón de llevar a la nación hacia el “fascismo”. El ilustrado Manlio, quien debe conocer el sentido de la expresión, se extravió en sus pasiones.
¿Cuánta justicia representa el “piso de protección social” de la “pensión universal” para los “adultos mayores”?
Un moco de pavo, como veremos.
Por principio, la pensión no será tan “universal”.
Se otorgará a quienes cumplan 65 años de edad a partir de 2014, no dispongan de una pensión y demuestren que su ingreso mensual es igual o inferior a 15 salarios mínimos. El apoyo económico y la protección social no se limitará a quienes hayan cotizado o coticen en la seguridad social, “dada [la] alta intermitencia laboral en el sector formal”, también se otorgará a aquellos que “difícilmente alcanzarán el derecho a la pensión contributiva”. El requisito de la edad será ajustado cada 5 años, de acuerdo con la última proyección de la esperanza de vida general al nacer, publicada por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la pensión será cubierta con el presupuesto público. Asimismo, en prevención de la transición demográfica, el gobierno iniciará la creación de un fondo para quienes cumplan 18 años de edad a partir de 2014 y al término de su vida activa (hacia el 2044) no alcancen una pensión contributiva.
¿Qué parte de la población es potencialmente candidata a dicha pensión no contributiva?
De acuerdo con las proyecciones del Conapo, a principios de 2014, la población total será del orden de 118.4 millones de personas, de las cuales 8 millones tendrán 65 años o más. Al cierre del sexenio serán de poco más de 124 millones, y 9 millones en cada caso. El censo de población de 2010 registra la transición demográfica que vive el país hacia el envejecimiento. La pirámide de población se ensancha en el centro y se reduce en la base: disminuye la proporción de niños y se incrementa la de adultos. La población menor de 15 años representa 29.3 por ciento del total; la que se encuentra en edad laboral (15 a 64 años), el 64.4, la población en edad superior a los 64 años el 6.3 por ciento. En 2000, la relación era de 34.1, 60.9 y 5 por ciento, respectivamente. La tasa de crecimiento de la población disminuye (1.3 por ciento en la primera década de este siglo y 1.1 en la segunda; después de 2050 será negativa) y la de los “adultos mayores” aumenta (3.1, 3.4 y 3.7 por ciento en los tres primeros decenios). Ello exige cambios en la política socioeconómica para atender a los tres bloques de la población citada.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2012 la población era de 117.3 millones, de los cuales 8.6 millones tenían 65 años o más. De éstos últimos, 4.5 millones, el 54 por ciento, tenían ingresos inferiores a la línea de bienestar, que mide el valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos, carecía de servicios de salud y de acceso a la seguridad social. Sólo 1.6 millones, el 18.6 por ciento, no era pobre ni vulnerable.
La Secertaría de Hacienda calcula a la población mayor de 65 años en 8.6 millones, de los cuales 5.7 millones carecen de una pensión; 4.5 millones son pobres y miserables. El anexo del Primer informe de gobierno de Peña Nieto indica que, en 2013, 3 millones 480 mil personas reciben una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 3 millones 121 mil personas, y otras 792 mil un pago por jubilación, 556 mil del ISSSTE y 236 mil del IMSS. En total son 4.272 millones.
No obstante, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) opera el Programa Pensión para Adultos Mayores (antes se llamaba Programa 70 y Más), que atiende a la población de 65 años en adelante que no recibe ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión, mediante la entrega de apoyos económicos y de protección social. En 2007 apoyaba a 1 millón de esas personas y en 2013 a 3 millones 857 mil. Si a los 4.5 millones personas que carecen de una pensión se le resta el último número citado, entonces apenas unas 643 mil no reciben ninguna clase de apoyo. De otra manera: 4 millones 272 mil personas tienen una pensión y jubilación, y 3 millones 857 mil obtienen un subsidio asistencialista de la Sedesol. En total, 8.1 millones, de 8.6.
Con el inicio de la Era de la pensión universal en 2014, las personas adicionales de 65 años o más serán del orden 250 mil que, sumadas a los 643 mil que no tienen una cobertura, sumarán unos 900 mil que tendrán que ser subsidiadas, siempre y cuando no se excluya a los que cumplieron esa edad antes de 2014. Además tendrá que erogarse la diferencia existente entre el monto concedido por la Sedesol y lo que fija la ley de la próxima pensión. En 2018 serán 313.6 mil personas adicionales. En promedio anual, en 2014-2018, los candidatos al subsidio serán 281 mil y acumularán 1.4 millones. En total, pasarán de poco más de 8 millones a 9.2 millones, según los datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), o 10 millones según la estimación de Hacienda. Desde luego, hay que restar a quienes sí alcancen una pensión contributiva y a los que ya reciben un apoyo estatal, como es el caso de la capital.
¿Cuál es la realidad?
Bajo los supuestos de la pensión universal, ¿qué pasará con los trabajadores o las personas de 65 años y más que no logren cubrir el requisito del ingreso citado? ¿Con los que son víctimas no de la “intermitencia laboral en el sector formal”, sino de la continuidad estructural de la economía que cada vez tiene menos que ofrecer a los trabajadores en el escuálido mercado de trabajo “formal”, al menos desde 1983, que los arroja masivamente hacia la robusta clandestinidad de la llamada “informalidad” como forma de supervivencia involuntaria, o voluntaria, ya que la “formalidad” con frecuencia es igual o peor de miserable en materia de ingresos, prestaciones sociales o condiciones laborales?
¿Qué pasará con los discapacitados que gravitan sobre las familias? ¿Con los que arrastran su exclusión social por las calles y que no son precisamente “esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias, de Pastrana”, como diría el poeta León Felipe? ¿Con los trabajadores migratorios temporales o residentes permanentes que son expulsados de Estados Unidos por su condición de “ilegales”, y que abandonaron el país porque el sistema no les ofrecía nada?
Pueden citarse los casos de los viejos eufemísticamente llamados “empleados domésticos”, término utilizado para encubrir a lo que antes la cruda realidad denominaba como “criados” y tranquilizar las buenas conciencias. Los del transporte. Los vendedores ambulantes. Los esclavos de las tiendas de autoservicio. Los de las zonas rurales. Los indígenas.
¿Cuánto será el monto que pagará la nueva pensión?
La pensión mínima pagada por el IMSS y el ISSSTE equivale a un salario mínimo, 64.76 pesos diarios en 2013, o 1 mil 943 mensuales. La pensión promedio del IMSS es del orden de 3 mil 700 pesos, y la del ISSSTE de 11 mil.
¿Qué pensionado que percibe tales ingresos puede vivir lo que le resta de vida con una mínima dignidad? Son ingresos que garantizan la indigna miseria y pobreza.
La Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 2012 registra a 8.5 millones de personas de 65 años o más, de un total de 117.3 millones. De 31.6 millones de hogares censados, 4.7 millones reciben un ingreso por jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario. El promedio del ingreso por hogar es de 6 mil 90 pesos mensuales. Sin embargo, éste es desigual como se observa en la gráfica anexa. El de los hogares ubicados en la cúspide de la pirámide social, deciles IX y X, es de 20 mil 754 pesos y 49 mil 379, 3.4 y 8.1 veces más que el promedio, o 12 y 29 veces más que el 30 por ciento de los ubicados en la base y cuyos ingresos son de 1 mil 441, 1 mil 749 y 1 mil 898 pesos, reflejando la inequidad y las desigualdades sociales que caracterizan al capitalismo mexicano. En ese sentido, es razonable que la pensión universal no sea para el 20 por ciento o menos de los hogares de altos ingresos. No los necesita, aunque el gobierno capitalino se los otorgue.
El gobierno capitalino proporciona una pensión por 971.40 pesos que beneficia a alrededor de 520 mil personas. Para 2014 anunció que será de poco más de 1 mil pesos. Ella se otorga a las personas que tengan 68 años cumplidos y al menos 3 años viviendo en el Distrito Federal.
¿Cuál será la generosidad de los promotores neoliberales de la pensión universal?
El monto mensual en 2014 será de 1 mil 92 pesos, 36.40 diarios, casi la mitad del salario mínimo de 2013 (63.12), el cual se actualizará anualmente conforme a la inflación en los años subsecuentes.
Al menos esa la propuesta de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y los diputados. Quizá avergonzados por su ruindad, los senadores dispusieron que la cantidad sea equivalente al salario mínimo pagado en la capital: 64.73 pesos diarios o 1 mil 943 mensuales. Cualitativamente, en nada modifica la miserable situación. Pero la cantidad es menos agraviante. En todo caso, casi 7 millones de ocupados quién sabe cómo sobreviven con un salario mínimo.
La justicia social encarnada en la pensión fue engendrada mezquinamente.
La estimación peñista se basó en los cálculos de los cínicos analistas del Coneval, que estimaron, en julio de 2013, la llamada “línea de bienestar mínimo (el precio de la canasta alimentaria) que fue de 826 pesos mensuales en la zona rural y de 1 mil 168 en la urbana, 27.51 y 38.93 pesos diarios. Un litro de leche cuesta casi la mitad del “mínimo”.
Los próximos agraciados tendrán que reprimir sus ímpetus por recibir su opulenta pensión. Primero, al Ejecutivo se le concedió un plazo máximo de 6 meses para expedir el reglamento de la ley. Puede decirse: ¿qué es ese tiempo luego de generaciones que han muerto sin una pensión contributiva y no contributiva?
Después se desilusionarán o montarán en cólera, si es que la miseria y el asistencialismo no han destruido por completo su capacidad de indignarse, ante la existencia de un capítulo transitorio en la ley aprobada.
En dicho capítulo se dice que “los adultos mayores que, hasta el año 2013, recibieron apoyos del Programa de Pensión para Adultos Mayores, continuarán recibiendo los mismos, a través de la pensión niversal, en los siguientes términos: el monto mensual de la Pensión Universal será el equivalente al previsto en las Reglas de Operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el cual deberá ajustarse anualmente hasta igualar en términos reales, conforme a la disponibilidad de recursos y en un plazo no mayor a quince años, el monto mensual establecido en el artículo 9 de la Ley de la Pensión Universal” [sic]. Tal artículo habla de 1 mil 92 pesos, corregido por el senado a 1 mil 943 y “la Pensión Universal, correspondiente a los adultos mayores que a partir del 1 de enero de 2014 cumplan 65 años de edad y los demás requisitos establecidos en la Ley de la Pensión Universal, será cubierta en los términos [citados], por un monto igual al que reciban los beneficiarios señalados”.
¿Cuánto reciben los agraciados por el asistencialismo de la Sedesol?
Los viejos y los nuevos pensionados tendrán como base la jugosa cantidad de 550 pesos mensuales, 18.33 diarios.
Hacia 2028 se recibirá el monto prometido. Unos 93 pesos anuales para ajustar el monto.
Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, había firmado un convenio “básico” de protección social con la Organización Internacional del Trabajo. Pero lo básico se transformó en mínimo.
La Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas y los jefes de Estado y de gobierno reunidos en la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2010, apoyaron lo que se denominó como el “piso de protección social”, que aspira “garantizar a toda persona la seguridad de los ingresos y el acceso a los servicios sociales esenciales, prestando especial atención a los grupos vulnerables y protegiendo y empoderando a las personas a lo largo del ciclo de vida”. Esto implica el ofrecimiento de “garantías en la seguridad básica de los ingresos, mediante diversas formas de transferencias sociales (en efectivo o en especie), tales como pensiones para los adultos mayores o para las personas con discapacidades, prestaciones por hijos a cargo, apoyo a los ingresos y/o garantías y servicios relativos al empleo para las personas desempleadas y los trabajadores pobres; [el] acceso universal y asequibilidad a servicios sociales esenciales en los ámbitos de la salud, el agua y el saneamiento, la educación, la seguridad alimentaria, la vivienda y otras esferas definidas en las prioridades nacionales”.
El “piso de protección social” es considerado como un principio fundamental de la justicia social, de los derechos humanos.
Ingeniosos, el Ejecutivo y el Legislativo establecieron el piso en el sótano de la miseria y la pobreza. Y le otorgaron un rango constitucional.
Menos ingenioso, pero más comprometido con el pueblo, el gobierno argentino de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández ha elevado agresivamente los de las nacionalizadas pensiones. Desde marzo de 2009 a septiembre de 2013, los aumentos acumulados alcanzan el 228 por ciento, mientras que la inflación se ha elevado en poco más de 120 por ciento. Esa política de actualización de haberes contrasta con el congelamiento que sufrieron durante 12 años, entre principios de la década de 1990 y principios de la actual. Desde 2003, la jubilación mínima creció 1343 por ciento.
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