Ciudad
Juárez – México, 25 nov. 13. AmecoPress/Diagonal.- Lo mejor era huir.
Forzar una maleta difícil de cerrar, tomar en brazos a su hija y partir
hacia el norte. Marisela fue maestra en la misma escuela por más de 20
años, y vivió más de 30 en el mismo barrio de la ciudad donde nació:
Ciudad Juárez, la frontera entre México y Estados Unidos. Un día, salió
a trabajar, y en la puerta del aula encontró un cartel colgado: “¡Vete,
si no, te mataremos a ti y a toda tu familia!”. No es necesaria la
firma, son los traficantes de droga de Ciudad Juárez.
Ninguna
duda, sólo mucha prisa: “Desde finales de los años 90, cuando fundamos
con otras mujeres la primera ONG en el mundo en defensa de las víctimas
de feminicidio, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, son constantes las
condiciones de peligro en que vivimos.
Además, en los
últimos cinco años, el nivel de violencia se ha triplicado de manera
dramática”. Ha pasado más de un año desde que Marisela fue amenazada.
Hoy vive como refugiada política en Estados Unidos, aislada de su
familia y en el anonimato por razones de seguridad. Éste es un caso más
de participantes de Organizaciones No Guberna¬mentales (ONG)
amenazadas, periodistas torturadas, mujeres que en su vida diaria han
decidido luchar contra la impunidad, y que, de repente, desaparecieron.
Durante los
años de la presidencia de George W. Bush en Estados Unidos y Felipe
Calderón (2006-2011), se puso en marcha el Plan México: un programa de
400 millones de dólares invertidos en la lucha contra el narcotráfico.
Al igual que su antecedente, el Plan Colombia, la iniciativa destinada
a México tuvo como objetivo prioritario la militarización del
territorio. Oficialmente, una parte del Plan México tenía que destinar
un porcentaje a las instituciones que trabajan en defensa de los
derechos humanos en el estado de Chihua¬hua. En la realidad, nunca se
asignaron esos recursos. En el mismo agujero desaparecieron los fondos
que tendrían que invertirse en el desarrollo económico, la mejora de
las instalaciones públicas y la prevención de la drogadicción. Se
gastaron, en cambio, todos los dólares necesarios para asegurar una
fuerte y generalizada presencia de los ejércitos, tanto de México como
de Estados Unidos, en toda la frontera norte.
En
consecuencia, se produjo la militarización extrema del estado de
Chihuahua, donde el índice de violencia ha aumentado un 200%. Lo que
significa que, en la vida diaria, la población tuvo que aprender a
lidiar entre tensiones y peligros, y seguir ampliando o estrechando los
límites de su libertad personal. Para Marisela: “Cuando se decide
luchar contra la violencia, en especial contra el feminicidio, se
trabaja antes que nada en contra de la impunidad que se genera cuando
es el mismo Estado el que no garantiza el cumplimiento y la observación
de las leyes”.
En cuanto al
papel del Ejército y de la Policía en el tráfico de drogas, el
periodista canadiense Bruce Levesey, durante años, ha realizado
investigaciones de las que emergen elementos claros para analizar
hechos claves y entender causas y efectos. Partimos del Plan Mérida:
operación conjunta entre México y EE UU en 2008. Según Levesey: “El
problema fue que en la guerra entre los dos cárteles, el de Juárez y el
de Sinaloa, una parte de los militares entró en el campo de batalla
para apoyar al cártel de Sinaloa, por lo que éste ganó mayor fuerza
para controlar una zona que históricamente había estado dominada por
los cárteles de Juárez”. En sus declaraciones, Marisela explica las
formas desde las que se genera este sistema de violencia: “Es evidente
que estamos dentro de un sistema político caracterizado por el machismo
y la corrupción, que afecta la economía paralizando el mundo laboral y
que es incapaz de garantizar derechos mínimos”.
Una de las
primeras periodistas mexicanas que destacaron la relación entre los
cárteles de la droga y la política es Alma Guillermoprieto. Sus
investigaciones dibujan la zona geográfica que ocupan los cárteles con
la intención de precisar los datos sobre el sistema de control del
territorio que opera para la distribución de la droga. Se trata de un
control a “manchas de leopardo”, es decir, que consiste en ir
alternando los territorios controlados directamente por los
narcotraficantes y las grandes áreas de influencia. De este modo, los
narcotraficantes logran estar presentes en los 32 estados de la
República Federal Mexicana. Cada cartel funciona como una célula. Cada
célula establece una zona de dominio directo y otra de dominio
indirecto. En cada zona se crean alianzas horizontales con las
comunidades, se definen las redes de comunicación confiables y se
establecen las estrategias y prácticas adecuadas siguiendo una lógica
militarizada. Pero cada célula tiene que ser funcional al sistema, y
para serlo debe tener características precisas: la capacidad de
autorregenerarse y, al mismo tiempo, de ser autónoma dentro del sistema
mismo. De este modo, cada célula amplía el tejido del cuerpo/cártel de
los narcos.
En un sistema
estatal que juega a efecto dominó en la pérdida de derechos, las
mujeres en Juárez están recreando espacios sociales a partir de la
necesidad de exigir justicia y, al mismo tiempo, construirla
¬colectivamente.
Contra la impunidad
Los escenarios
cambian en un entramado social poroso, que genera una tensión capaz de
provocar estallidos en las superficies. Antes, las mujeres asesinadas o
desaparecidas eran sobre todo obreras de la industria textil, las
maquiladoras. Hoy, la violencia es cada vez más generalizada: puede
desaparecer una obrera, así como una estudiante, una mujer que vive en
los suburbios o una juarense de clase alta. Aumentan los casos de
participantes de ONG amenazadas, periodistas torturadas, mujeres que en
su vida diaria han decidido luchar contra la impunidad, y que, de
repente, desaparecieron. En contra de la desaparición de cuerpos y la
descomposición del tejido social, las mujeres responden visibilizando
la violencia.
En este
sentido, una herramienta de lucha política importante son los datos. No
es necesario llegar a la forma extrema de matar para deshacerse de
cuerpos, sino que basta con que un Estado no actualice las estadísticas
sobre el feminicidio. Los datos no sólo describen el fenómeno de la
violencia, sino que también permiten analizar y comprender las
herramientas necesarias para desactivar el mecanismo. Quien quiera
investigar con respecto a la violencia, no ha de ir a archivos
gubernamentales, sino mirar entre las informaciones recogidas por
periodistas, ONG y asociaciones civiles. Las mujeres trabajan en varios
frentes transformando la profanación de cuerpos en una acción positiva
para toda la comunidad: desde la protección de las víctimas a la acción
legal.
Según Nuestras
Hijas de Regreso a Casa, un avance es que cada año aumentan las
denuncias presentadas por las familias contra la policía. Este cambio
de rumbo nace en el 2002 con la decisión de culpar al Estado mexicano
como responsable por la muerte de las mujeres en Ciudad Juárez. En el
2001 se encontraron en un campo ocho cuerpos de mujeres y niñas.
Esta franja de
tierra tenía una fuerte carga simbólica: estaba cerca de la sede del
Sindicato de las Trabajadoras. La intención era clara: no sólo matar,
sino profanar a las víctimas y amenazar a las obreras que luchaban en
esa unión. Nuestras Hijas de Regreso a Casa decidió llevar ese pedazo
de campo fuera del país y presentarlo a la Corte Interame¬ricana de
Derechos Humanos. En 2009, el tribunal emitió un fallo a favor de las
víctimas y por primera vez se reconoció el valor jurídico del término
-‘feminicidio’. Para construir justicia y nuevos lazos sociales, la
mujeres trabajan en varios frentes transformando la muerte, los cuerpos
desechos en acciones vitales para todas. Volver a tejer cuerpos, los
mismos cuerpos que se encuentran en el desiertos cortados en pedazos.
Al final de la
década de los 90, existía sólo una ONG que se ocupaba del feminicidio.
Hoy todas las asociaciones civiles de este territorio reconocen y
luchan contra la violencia. Desde 2008 diez ONG realizaron una
“Declaratoria Solidaria Permanente” para exigir a las autoridades de
gobierno “derecho a participar en las decisiones que afectan a nuestras
vidas y familias y el cumplimiento de las obligaciones que les fueron
otorgadas al asumir su mandato”, como afirma María E. Ramos, directora
de Programa Compañeros. La declaración sigue siendo permanente y los
trabajos de todas siguen en curso.
Foto: Performance de un grupo de mujeres para visibilizar la violencia machista en Ciudad Juárez.
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