La Redacción
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| Perla Gómez Gallardo, titular de la CDHDF. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO,
D.F. (apro).- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
reservó por tres años el proceso de selección Perla Gómez como
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital el país.
Ese hecho sólo viene a sembrar más dudas sobre la legitimidad de la elección de la jurista universitaria, afirma Manuel Fuentes Muñiz, aspirante al cargo y promotor de un recurso de inconformidad por el procedimiento seguido por los diputados locales para elegir al nuevo titular de la CDHDF.
En un comunicado, el abogado sostiene que al ponerle candados al expediente, el proceso se cubre con un velo de total opacidad.
“Es evidente que los legisladores locales —a petición de la Comisión de Derechos Humanos (de la ALDF), que pidió la reserva—, pretenden ocultar a la opinión pública los detalles que evidencian la falta de probidad en el proceso, así como la intervención del Gobierno del Distrito Federal para imponer la decisión final”, alega.
Fuentes Muñiz interpuso una solicitud de información ante la Oficina de Información Pública de la ALDF para solicitar los resultados que obtuvo en la evaluación para contender por el cargo cuya máxima calificación era de 270 puntos.
Sin embargo, le informaron que el Comité de Transparencia del órgano legislativo determinó que el expediente completo sobre el proceso de elección del ombudsman capitalino, efectuado del 9 de octubre al 5 de noviembre pasados, fue clasificado como “de acceso restringido en su modalidad de reservada por tres años”.
El litigante considera que la reserva del expediente por tres años confirma, “de manera contundente”, que la ALDF ignoró a las organizaciones sociales.
“Evitar que la ciudadanía tenga acceso al expediente propicia mayores sospechas sobre la autonomía del propio cuerpo legislativo y de la CDHDF”, dijo, sobre todo en momentos en que la ciudadanía demanda mayor honestidad y transparencia verdadera en los actos de quienes gobiernan y hacen las leyes, sobre todo en una ciudad que se precia de ser vanguardista, dice.
Y agrega:
“Se esconde información trascendente, como el número y nombre de las organizaciones que apoyaron a cada uno de las y los candidatos a la CDHDF, así como las calificaciones obtenidas por cada aspirante en la evaluación que, presuntamente, realizaron las y los diputados, por citar dos ejemplos”.
El portal Animal Político también solicitó la información sobre el proceso de selección del ombudsman capitalino y obtuvo la misma respuesta.
Además, reveló que fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo, Dinorah Pizano, quien solicitó expresamente que no se difundieran los documentos.
Cuestionada sobre la falta de transparencia, la diputada perredista defendió la reserva de la información con el argumento de que algunos exaspirantes –no dijo cuántos ni quienes—pidieron que sus resultados no se hicieran públicos porque contienen datos personales.
“Tengo solicitud expresa de varios excandidatos de no revelar sus puntajes. Yo no puedo atentar contra sus datos personales y por eso no se ha abierto el expediente”, explicó.
Además se deslindó de haber solicitado personalmente la reserva. “Yo sólo mencioné que había un proceso judicial abierto y seguramente ellos (los del Comité de Transparencia de la ALDF) tomaron la decisión de contestar de esa forma”.
Y admitió que los resultados de las evaluaciones tampoco se incluyeron en el dictamen en el que se propuso a Perla Gómez, y que finalmente fue ratificado por el pleno de la ALDF.
Al respecto apuntó: “Nosotros tenemos la potestad de decidir, para eso somos representantes populares…”.
Fuentes Muñiz afirmó que continuará en la lucha por la defensa de los derechos humanos en todos los espacios “con unidad y optimismo”, sin embargo advirtió que se agotarán todas las instancias legales —nacionales e internacionales— que correspondan para que la ALDF dé cumplimiento a su obligación de transparentar el proceso de elección en la CDHDF.
Ese hecho sólo viene a sembrar más dudas sobre la legitimidad de la elección de la jurista universitaria, afirma Manuel Fuentes Muñiz, aspirante al cargo y promotor de un recurso de inconformidad por el procedimiento seguido por los diputados locales para elegir al nuevo titular de la CDHDF.
En un comunicado, el abogado sostiene que al ponerle candados al expediente, el proceso se cubre con un velo de total opacidad.
“Es evidente que los legisladores locales —a petición de la Comisión de Derechos Humanos (de la ALDF), que pidió la reserva—, pretenden ocultar a la opinión pública los detalles que evidencian la falta de probidad en el proceso, así como la intervención del Gobierno del Distrito Federal para imponer la decisión final”, alega.
Fuentes Muñiz interpuso una solicitud de información ante la Oficina de Información Pública de la ALDF para solicitar los resultados que obtuvo en la evaluación para contender por el cargo cuya máxima calificación era de 270 puntos.
Sin embargo, le informaron que el Comité de Transparencia del órgano legislativo determinó que el expediente completo sobre el proceso de elección del ombudsman capitalino, efectuado del 9 de octubre al 5 de noviembre pasados, fue clasificado como “de acceso restringido en su modalidad de reservada por tres años”.
El litigante considera que la reserva del expediente por tres años confirma, “de manera contundente”, que la ALDF ignoró a las organizaciones sociales.
“Evitar que la ciudadanía tenga acceso al expediente propicia mayores sospechas sobre la autonomía del propio cuerpo legislativo y de la CDHDF”, dijo, sobre todo en momentos en que la ciudadanía demanda mayor honestidad y transparencia verdadera en los actos de quienes gobiernan y hacen las leyes, sobre todo en una ciudad que se precia de ser vanguardista, dice.
Y agrega:
“Se esconde información trascendente, como el número y nombre de las organizaciones que apoyaron a cada uno de las y los candidatos a la CDHDF, así como las calificaciones obtenidas por cada aspirante en la evaluación que, presuntamente, realizaron las y los diputados, por citar dos ejemplos”.
El portal Animal Político también solicitó la información sobre el proceso de selección del ombudsman capitalino y obtuvo la misma respuesta.
Además, reveló que fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del órgano legislativo, Dinorah Pizano, quien solicitó expresamente que no se difundieran los documentos.
Cuestionada sobre la falta de transparencia, la diputada perredista defendió la reserva de la información con el argumento de que algunos exaspirantes –no dijo cuántos ni quienes—pidieron que sus resultados no se hicieran públicos porque contienen datos personales.
“Tengo solicitud expresa de varios excandidatos de no revelar sus puntajes. Yo no puedo atentar contra sus datos personales y por eso no se ha abierto el expediente”, explicó.
Además se deslindó de haber solicitado personalmente la reserva. “Yo sólo mencioné que había un proceso judicial abierto y seguramente ellos (los del Comité de Transparencia de la ALDF) tomaron la decisión de contestar de esa forma”.
Y admitió que los resultados de las evaluaciones tampoco se incluyeron en el dictamen en el que se propuso a Perla Gómez, y que finalmente fue ratificado por el pleno de la ALDF.
Al respecto apuntó: “Nosotros tenemos la potestad de decidir, para eso somos representantes populares…”.
Fuentes Muñiz afirmó que continuará en la lucha por la defensa de los derechos humanos en todos los espacios “con unidad y optimismo”, sin embargo advirtió que se agotarán todas las instancias legales —nacionales e internacionales— que correspondan para que la ALDF dé cumplimiento a su obligación de transparentar el proceso de elección en la CDHDF.
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