VIOLENCIA
Por su condición irregular no reciben ayuda o son deportadas
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid.- “Yo estoy aquí (sin papeles), no tengo tarjeta sanitaria, no tengo cuenta, no tengo nada. Solo padrón, nada más, no pago seguro, tengo trabajo pero no me pagan. ¿Entiendes? Sin derechos y sin nada. No sé cómo explicarlo, como un animal salvaje”.
Es el testimonio de una mujer rusa víctima de violencia sexual que reside en España en situación irregular desde 2006, uno de los que aparece en el informe “Violadas y expulsadas: mujeres víctimas de violencia sexual en situación administrativa irregular”, presentado por la Fundación para la Convivencia Aspacia, para visibilizar la dolorosa realidad en la que se encuentran las mujeres migrantes víctimas de violencia sexual en situación migratoria irregular.
“Con este informe se busca contribuir a la lucha hacia la protección efectiva de todas las víctimas de violencia sexual, independientemente de su situación administrativa, e instar al Estado español a que sitúe la lucha contra la violencia sexual entre sus prioridades en el marco de la violencia de género”, explica la organización.
Las mujeres migrantes sin documentos son una población que enfrenta situaciones de mayor riesgo frente a la violencia sexual y que encuentra obstáculos añadidos cuando, tras sufrir este tipo de violencia, decide pedir ayuda, protección, justicia y reparación.
Desde Aspacia se han encontrado una serie de obstáculos generales a los que se enfrentan las víctimas de violencia sexual en situación irregular: deficiencias en la protección de los Derechos Humanos (DH) de las migrantes, barreras en el acceso a la atención sanitaria, además la situación de “irregularidad” vinculada a la informalidad en el empleo y a la precariedad económica se convierten en factores de riesgo frente a la violencia sexual.
La investigación ha podido detectarlo especialmente en el acoso sexual en el trabajo en sectores como el servicio doméstico.
Las propias afectadas destacan como la violencia sexual en este contexto se sustenta en una “impunidad de quienes agreden, envuelta en prejuicios sexistas y xenófobos de empleadores y familiares”.
Como ejemplo paradigmático, la normativa sanitaria vigente (Real Decreto Ley 16/2012) impide que las mujeres migrantes en situación irregular reciban un seguimiento completo y adecuado tras sufrir violencia sexual, al ser excluidas de la prestación sanitaria con fondos públicos a todas las personas extranjeras que no tengan condición de “asegurado”.
Otro de los grandes obstáculos a la hora de denunciar son las sanciones por extranjería. Y es que, según explica la organización, en las leyes españolas no existe la garantía de que una mujer migrante en situación irregular que contacta con la policía tras sufrir agresión sexual no sea sancionada, e incluso expulsada a su país de origen.
La falta de protección jurídica y el miedo a ser deportadas en el momento de la denuncia, son utilizados por los agresores sexuales como estrategia de impunidad, tal y como se ha podido comprobar a lo largo de la investigación.
Del mismo modo, las víctimas temen la sanción y la expulsión, desalentándolas a denunciar y pedir protección.
CONCLUSIONES
El informe concluye que es necesario actuar para reconocer y paliar la discriminación múltiple derivada del género, la condición migratoria y la situación de irregularidad que incide en la mayor exposición de las mujeres ante la violencia sexual y dificulta los derechos de las sobrevivientes.
La intersección entre género e “irregularidad administrativa” genera discriminación y es un factor clave de vulnerabilidad frente a violaciones de DH.
En España debería de haber una política pública de alcance estatal frente a la violencia sexual que implemente medidas de prevención, distribución de servicios especializados de atención a las víctimas, asistencia letrada especializada y tratamiento judicial especializado con enfoque de género.
La falta de protección de las víctimas de violencia sexual en la Ley de Extranjería española permite que la denuncia por violencia sexual conlleve la apertura de un expediente sancionador de extranjería o la detención para la expulsión, en casos de víctimas con orden de expulsión en vigor.
RECOMENDACIONES
Aspacia propone aprobar un Plan de Acción contra la Violencia Sexual por parte del gobierno español, que establezca una política pública integral de alcance estatal cuya base sea la investigación, prevención, atención, protección y justicia para todas las víctimas de violencia sexual, independientemente de la situación migratoria en la que se encuentren.
Además, el informe llama a reformar la norma actual en materia de acceso a los servicios del Sistema Nacional de Salud para garantizar el acceso a todas las víctimas de violencia sexual a todas las prestaciones de la atención sanitaria estatal, tal y como lo reclaman numerosas asociaciones.
Otra de las propuestas es la formación a profesionales del ámbito de la abogacía, policía, fiscalía y Poder Judicial con el fin de promover su especialización en términos de comprensión del fenómeno de la violencia sexual.
En cuanto a las leyes, se propone reformar la normativa de extranjería para garantizar la protección de las víctimas de violencia sexual y modificar el reglamento que desarrolla la Ley 35/1995 de ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, para que las mujeres migrantes en situación irregular accedan a la ayuda.
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