Las travesuras de Cordero
Las corruptelas al interior del PAN no son exclusivas de un grupo político. Ernesto Cordero también tiene su pasado oscuro
En 2011, Rafael López Esquer, el Mayor Bernardo Terrazas Salgado despojaron
de más de 20 millones de pesos a siete empresarios de la construcción 1.1por ciento del valor total de cada una de las obras se les pedía a los constructores
La
corrupción en el uso de los recursos de los distintos fondos y
fideicomisos que se crean como partidas especiales en el Presupuesto de
Egresos de cada año, es cosa común.
Todo mundo lo sabe y nadie aplica reglas porque no las hay. Su manejo es discrecional, explica Gabriel Reyes Orona.
El exprocurador Fiscal de la Federación asegura que buena parte de
estos fondos fueron creados en tiempos de Ernesto Cordero cuando era
secretario de Hacienda.
Orona advierte que Cordero creó desde entonces fondos que se
alimentan del presupuesto y no están bajo el ojo de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF).
Incluso, como lo denunció Reporte Indigo, el hoy senador utilizó a
varias empresas fantasma para bajar recursos del gasto para obra
pública, a cambio de jugosas comisiones por parte de los interesados.
Hace más de siete meses que un grupo de empresarios de la
construcción en Durango presentaron una denuncia de hechos y
solicitaron la averiguación previa por el delito de fraude.
La denuncia es en contra de Cordero y de las personas que pedían dinero a nombre del senador.
Los acusan de defraudar a los empresarios para sacarles dinero con la promesa de bajar recursos del presupuesto.
Sin embargo, las denuncias -en poder de Reporte Indigo- se
encuentran congeladas en la Fiscalía General de Durango, la cual dirige
Sonia Yadira de la Garza Fregoso.
Y los empresarios que decidieron sacar a la luz las corrupciones que
realizó el equipo de Cordero, hoy están vetados por el presidente
municipal de Durango, Esteban Villegas, y el gobernador Jorge Herrera
Caldera.
La mina de Ernesto Cordero
Aprovechando la falta de una regulación específica, los fondos
especiales, mandatos y comisiones, crecieron bajo el amparo de Ernesto
Cordero.
La libertad que existe para operar estas figuras, advierte Reyes
Orona, “es enorme” porque no es de origen de la Ley de Ingresos.
Tampoco tienen un destino presupuestario específico, lo que genera un “limbo” en el ejercicio del gasto público”.
Ese incentivo que se dio en los cuatro últimos años de la
administración pasada, ocasiona que hoy exista “un gran desorden” en
materia de finanzas públicas, confiesa, el exprocurador.
“Ni la Subsecretaria de Egresos ni la Tesorería de la Federación han
podido conciliar todas las cifras de esas cantidades enormes que
Ernesto Cordero empezó a manipular con esos fideicomisos, es porque no
los han localizado”, dice Reyes Orona.
Lo más grave, agrega, es que muchos de ellos se siguen alimentando
de operaciones y convenios que ya establecían el envío a cuentas
bancarias dentro o fuera del país.
El caso Durango
Siendo todavía secretario de Hacienda y con miras a ser el candidato
oficial del PAN a la presidencia de la República -candidatura que no
logró- Ernesto Cordero ofreció “a diestra y siniestra” recursos para
obra pública.
Para ello utilizó a empresas como Golfmex, Garocia, Global Consulting, Consorcio R&G, y muchas más.
El gancho: bajar partidas millonarias a fondo perdido para obra pública.
A los alcaldes les pedía dinero y a los constructores 1.1 por ciento del valor total de cada una de las obras.
En 2011, sus gestores Rafael López Esquer, el Mayor Bernardo
Terrazas Salgado -en contubernio con algunos alcaldes- despojaron de
más de 20 millones de pesos a siete empresarios de la construcción.
Ese año, los alcaldes de Durango, Adán Soria Ramírez; de Proanas,
Raúl Piedra Macías; de Pueblo Nuevo, José Guadalupe Barrios Téllez y de
San Dimas, José Rafael Rodríguez Fabela, se reunieron con varios
constructores de la entidad.
Entre esos empresarios estaba Rebeca Maritza Ascencio Rasgado,
representante de la empresa duranguense Construcciones y Geología S.A.
de C.V.
También estuvo el exalcalde del municipio de Vicente Guerrero,
Enrique García Solís, y el actual delegado de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Abraham Moreno García.
En esa reunión, los alcaldes presentaron a los empresarios al
veracruzano Rafael López Esquer, quien dijo ser colaborador del Mayor
Bernardo Terrazas Salgado, de origen mexiquense, y hombre muy cercano a
Ernesto Cordero.
Ahí, les aseguró que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
estaban disponibles recursos del Fondo Nacional de Infraestructura
(Fonadin) y del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las
Entidades Federativas y Municipios (Fidem).
Les explicó que Banobras era el fiduciario de esos fondos, y que
tanto él como el Mayor Terrazas Salgado podían bajar esos recursos
porque tenían mucha amistad con Cordero.
Reporte Indigo obtuvo la documentación oficial que proporcionó
Fernando Miranda Servín, director del periódico razacero.com Periodismo
Ciudadano y quien denunció, en su oportunidad, el megafraude.
López Esquer les aseguró que los recursos les llegarían
directamente, sin pasar por la supervisión del gobierno del Estado, una
vez que entregaran las solicitudes de obra al Subcomité Técnico de
Evaluación y Financiamiento de Banobras.
Para que se autorizara la liberación del capital López Esquer les
dijo a los constructores que pagaran el estudio de factibilidad y
viabilidad de las obras ante el banco de desarrollo.
El 28 de septiembre de 2011, mediante los oficios con números
DOP/600-D/11, PRES/093/2011 y MVGOP/0116, los munícipes solicitaron a
Cordero, la inclusión de sus municipios en el Fidem.
Antes de concluir ese año, los empresarios recibieron las carátulas oficiales de las obras a realizar y el monto preautorizado.
En los primeros tres meses del año pasado, el expresidente municipal
de Vicente Guerrero, Enrique García, y su hijo Fernando García Quezada,
eligieron a los empresarios locales que invitarían
Las travesuras de Cordero
En 2011, Rafael López Esquer, el Mayor Bernardo Terrazas Salgado despojaron
de más de 20 millones de pesos a siete empresarios de la construcción 1.1por ciento del valor total de cada una de las obras se les pedía a los constructores
La
corrupción en el uso de los recursos de los distintos fondos y
fideicomisos que se crean como partidas especiales en el Presupuesto de
Egresos de cada año, es cosa común.
Todo mundo lo sabe y nadie aplica reglas porque no las hay. Su manejo es discrecional, explica Gabriel Reyes Orona.
El exprocurador Fiscal de la Federación asegura que buena parte de estos fondos fueron creados en tiempos de Ernesto Cordero cuando era secretario de Hacienda.
Orona advierte que Cordero creó desde entonces fondos que se alimentan del presupuesto y no están bajo el ojo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Incluso, como lo denunció Reporte Indigo, el hoy senador utilizó a varias empresas fantasma para bajar recursos del gasto para obra pública, a cambio de jugosas comisiones por parte de los interesados.
Hace más de siete meses que un grupo de empresarios de la construcción en Durango presentaron una denuncia de hechos y solicitaron la averiguación previa por el delito de fraude.
La denuncia es en contra de Cordero y de las personas que pedían dinero a nombre del senador.
Los acusan de defraudar a los empresarios para sacarles dinero con la promesa de bajar recursos del presupuesto.
Sin embargo, las denuncias -en poder de Reporte Indigo- se encuentran congeladas en la Fiscalía General de Durango, la cual dirige Sonia Yadira de la Garza Fregoso.
Y los empresarios que decidieron sacar a la luz las corrupciones que realizó el equipo de Cordero, hoy están vetados por el presidente municipal de Durango, Esteban Villegas, y el gobernador Jorge Herrera Caldera.
La mina de Ernesto Cordero
Aprovechando la falta de una regulación específica, los fondos especiales, mandatos y comisiones, crecieron bajo el amparo de Ernesto Cordero.
La libertad que existe para operar estas figuras, advierte Reyes Orona, “es enorme” porque no es de origen de la Ley de Ingresos.
Tampoco tienen un destino presupuestario específico, lo que genera un “limbo” en el ejercicio del gasto público”.
Ese incentivo que se dio en los cuatro últimos años de la administración pasada, ocasiona que hoy exista “un gran desorden” en materia de finanzas públicas, confiesa, el exprocurador.
“Ni la Subsecretaria de Egresos ni la Tesorería de la Federación han podido conciliar todas las cifras de esas cantidades enormes que Ernesto Cordero empezó a manipular con esos fideicomisos, es porque no los han localizado”, dice Reyes Orona.
Lo más grave, agrega, es que muchos de ellos se siguen alimentando de operaciones y convenios que ya establecían el envío a cuentas bancarias dentro o fuera del país.
El caso Durango
Siendo todavía secretario de Hacienda y con miras a ser el candidato oficial del PAN a la presidencia de la República -candidatura que no logró- Ernesto Cordero ofreció “a diestra y siniestra” recursos para obra pública.
Para ello utilizó a empresas como Golfmex, Garocia, Global Consulting, Consorcio R&G, y muchas más.
El gancho: bajar partidas millonarias a fondo perdido para obra pública.
A los alcaldes les pedía dinero y a los constructores 1.1 por ciento del valor total de cada una de las obras.
En 2011, sus gestores Rafael López Esquer, el Mayor Bernardo Terrazas Salgado -en contubernio con algunos alcaldes- despojaron de más de 20 millones de pesos a siete empresarios de la construcción.
Ese año, los alcaldes de Durango, Adán Soria Ramírez; de Proanas, Raúl Piedra Macías; de Pueblo Nuevo, José Guadalupe Barrios Téllez y de San Dimas, José Rafael Rodríguez Fabela, se reunieron con varios constructores de la entidad.
Entre esos empresarios estaba Rebeca Maritza Ascencio Rasgado, representante de la empresa duranguense Construcciones y Geología S.A. de C.V.
También estuvo el exalcalde del municipio de Vicente Guerrero, Enrique García Solís, y el actual delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Abraham Moreno García.
En esa reunión, los alcaldes presentaron a los empresarios al veracruzano Rafael López Esquer, quien dijo ser colaborador del Mayor Bernardo Terrazas Salgado, de origen mexiquense, y hombre muy cercano a Ernesto Cordero.
Ahí, les aseguró que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaban disponibles recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (Fidem).
Les explicó que Banobras era el fiduciario de esos fondos, y que tanto él como el Mayor Terrazas Salgado podían bajar esos recursos porque tenían mucha amistad con Cordero.
Reporte Indigo obtuvo la documentación oficial que proporcionó Fernando Miranda Servín, director del periódico razacero.com Periodismo Ciudadano y quien denunció, en su oportunidad, el megafraude.
López Esquer les aseguró que los recursos les llegarían directamente, sin pasar por la supervisión del gobierno del Estado, una vez que entregaran las solicitudes de obra al Subcomité Técnico de Evaluación y Financiamiento de Banobras.
Para que se autorizara la liberación del capital López Esquer les dijo a los constructores que pagaran el estudio de factibilidad y viabilidad de las obras ante el banco de desarrollo.
El 28 de septiembre de 2011, mediante los oficios con números DOP/600-D/11, PRES/093/2011 y MVGOP/0116, los munícipes solicitaron a Cordero, la inclusión de sus municipios en el Fidem.
Antes de concluir ese año, los empresarios recibieron las carátulas oficiales de las obras a realizar y el monto preautorizado.
En los primeros tres meses del año pasado, el expresidente municipal de Vicente Guerrero, Enrique García, y su hijo Fernando García Quezada, eligieron a los empresarios locales que invitarían
Todo mundo lo sabe y nadie aplica reglas porque no las hay. Su manejo es discrecional, explica Gabriel Reyes Orona.
El exprocurador Fiscal de la Federación asegura que buena parte de estos fondos fueron creados en tiempos de Ernesto Cordero cuando era secretario de Hacienda.
Orona advierte que Cordero creó desde entonces fondos que se alimentan del presupuesto y no están bajo el ojo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Incluso, como lo denunció Reporte Indigo, el hoy senador utilizó a varias empresas fantasma para bajar recursos del gasto para obra pública, a cambio de jugosas comisiones por parte de los interesados.
Hace más de siete meses que un grupo de empresarios de la construcción en Durango presentaron una denuncia de hechos y solicitaron la averiguación previa por el delito de fraude.
La denuncia es en contra de Cordero y de las personas que pedían dinero a nombre del senador.
Los acusan de defraudar a los empresarios para sacarles dinero con la promesa de bajar recursos del presupuesto.
Sin embargo, las denuncias -en poder de Reporte Indigo- se encuentran congeladas en la Fiscalía General de Durango, la cual dirige Sonia Yadira de la Garza Fregoso.
Y los empresarios que decidieron sacar a la luz las corrupciones que realizó el equipo de Cordero, hoy están vetados por el presidente municipal de Durango, Esteban Villegas, y el gobernador Jorge Herrera Caldera.
La mina de Ernesto Cordero
Aprovechando la falta de una regulación específica, los fondos especiales, mandatos y comisiones, crecieron bajo el amparo de Ernesto Cordero.
La libertad que existe para operar estas figuras, advierte Reyes Orona, “es enorme” porque no es de origen de la Ley de Ingresos.
Tampoco tienen un destino presupuestario específico, lo que genera un “limbo” en el ejercicio del gasto público”.
Ese incentivo que se dio en los cuatro últimos años de la administración pasada, ocasiona que hoy exista “un gran desorden” en materia de finanzas públicas, confiesa, el exprocurador.
“Ni la Subsecretaria de Egresos ni la Tesorería de la Federación han podido conciliar todas las cifras de esas cantidades enormes que Ernesto Cordero empezó a manipular con esos fideicomisos, es porque no los han localizado”, dice Reyes Orona.
Lo más grave, agrega, es que muchos de ellos se siguen alimentando de operaciones y convenios que ya establecían el envío a cuentas bancarias dentro o fuera del país.
El caso Durango
Siendo todavía secretario de Hacienda y con miras a ser el candidato oficial del PAN a la presidencia de la República -candidatura que no logró- Ernesto Cordero ofreció “a diestra y siniestra” recursos para obra pública.
Para ello utilizó a empresas como Golfmex, Garocia, Global Consulting, Consorcio R&G, y muchas más.
El gancho: bajar partidas millonarias a fondo perdido para obra pública.
A los alcaldes les pedía dinero y a los constructores 1.1 por ciento del valor total de cada una de las obras.
En 2011, sus gestores Rafael López Esquer, el Mayor Bernardo Terrazas Salgado -en contubernio con algunos alcaldes- despojaron de más de 20 millones de pesos a siete empresarios de la construcción.
Ese año, los alcaldes de Durango, Adán Soria Ramírez; de Proanas, Raúl Piedra Macías; de Pueblo Nuevo, José Guadalupe Barrios Téllez y de San Dimas, José Rafael Rodríguez Fabela, se reunieron con varios constructores de la entidad.
Entre esos empresarios estaba Rebeca Maritza Ascencio Rasgado, representante de la empresa duranguense Construcciones y Geología S.A. de C.V.
También estuvo el exalcalde del municipio de Vicente Guerrero, Enrique García Solís, y el actual delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Abraham Moreno García.
En esa reunión, los alcaldes presentaron a los empresarios al veracruzano Rafael López Esquer, quien dijo ser colaborador del Mayor Bernardo Terrazas Salgado, de origen mexiquense, y hombre muy cercano a Ernesto Cordero.
Ahí, les aseguró que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaban disponibles recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (Fidem).
Les explicó que Banobras era el fiduciario de esos fondos, y que tanto él como el Mayor Terrazas Salgado podían bajar esos recursos porque tenían mucha amistad con Cordero.
Reporte Indigo obtuvo la documentación oficial que proporcionó Fernando Miranda Servín, director del periódico razacero.com Periodismo Ciudadano y quien denunció, en su oportunidad, el megafraude.
López Esquer les aseguró que los recursos les llegarían directamente, sin pasar por la supervisión del gobierno del Estado, una vez que entregaran las solicitudes de obra al Subcomité Técnico de Evaluación y Financiamiento de Banobras.
Para que se autorizara la liberación del capital López Esquer les dijo a los constructores que pagaran el estudio de factibilidad y viabilidad de las obras ante el banco de desarrollo.
El 28 de septiembre de 2011, mediante los oficios con números DOP/600-D/11, PRES/093/2011 y MVGOP/0116, los munícipes solicitaron a Cordero, la inclusión de sus municipios en el Fidem.
Antes de concluir ese año, los empresarios recibieron las carátulas oficiales de las obras a realizar y el monto preautorizado.
En los primeros tres meses del año pasado, el expresidente municipal de Vicente Guerrero, Enrique García, y su hijo Fernando García Quezada, eligieron a los empresarios locales que invitarían
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