Porque a nadie debe quedar duda de que esta reforma electoral que será, sin duda aprobada con la mayoría de votos necesaria, es obra y gracia del panismo que, con la adecuación de las leyes electorales, busca mejorar sus condiciones para llegar al poder y, para lograrlo, aprovecha la necesidad desesperada del presidente Enrique Peña Nieto para asegurar los votos de Acción Nacional en el Congreso para lograr su Reforma Energética, la gran apuesta política y económica de esta administración y por la que entregan, como en ofrenda, el sistema electoral a modo del PAN.
Aunque también hay contenidas viejas propuestas de la oposición, incluida la izquierda histórica representada por el PRD, discutidas en anteriores mesas de Reforma Política, la mayoría de planteamientos fueron hechos por el panismo que, con los nuevos cambios legales, busca frenar una nueva eternización del PRI en su regreso al poder y evitar que el, aún poderoso aparato electoral priista, los arrase en los comicios locales y federales por venir.
No es gratuito que en la esencia de la Reforma Electoral –salvo el caso de la Segunda Vuelta que desde el principio vetó el PRI con amenaza de rebelión a Los Pinos— estén contenidos los otros dos planteamientos centrales del PAN: el debilitamiento de los gobernadores a los que se les quita toda injerencia electoral a través de la creación del INE y la designación de los nuevos consejos electorales estatales desde el Centro, y la reelección que en un primer momento queda limitada a los diputados y senadores de mayoría por un periodo consecutivo.
El solo hecho de que los priistas hayan cedido en el tema de la reelección –motivo y principio fundacional de la ideología antirreeleccionista que les dio origen como partido– es muestra clara de que en este proceso de reformas políticas, todo el corte y la confección fueron obra de la oposición, marcadamente del PAN, y que el PRI se limitará a dar las puntadas necesarias para terminar el nuevo traje electora, conforme a la directriz marcada desde Los Pinos.
Hasta anoche en la sede del Senado y la Mesa del Pacto por México seguían las negociaciones, pero había temas ya aprobados como la transformación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) en un órgano constitucional autónomo con independencia para hacer sus investigaciones y fincar delitos y acusaciones por violaciones a las leyes electorales tanto a particulares como a partidos.
Para la renovación de los Tribunales Electorales estatales, el acuerdo que destrabó el tema indica que los candidatos serán propuestas en ternas definidas por las dos terceras partes del Congreso local respectivo y su aprobación final se hará en el Senado de la República por dos terceras partes de los senadores. A los nuevos consejeros electorales de los estados los nombrará el Instituto Nacional Electoral; se aumenta el umbral de votación nacional del 2% al 3% requerido para que un partido conserve el registro legal, y en el nuevo Cofipe se restringe al 8% el porcentaje de sobrerepresentación para el partido dominante en una elección, criterio que aplica tanto para el Congreso federal como para la integración de los Congresos estatales.
El gran tema de quién y cómo se elegiría a los consejeros del INE se definía anoche bajo el siguiente acuerdo: habría un Consejo Técnico formado por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral federal y el IFAI, que sería responsable de mandar una lista de candidatos a consejeros electorales a la Cámara de Diputados que estaría obligada a hacer las designaciones basada en esa lista con un plazo perentorio. Si se vence el plazo sin que los diputados lleguen a un acuerdo para los nombramientos, la lista regresa a la Suprema Corte y son sus ministros los que deciden, por mayoría de votos, los nombres de los consejeros del INE.
Hasta el cierre de esta columna, en el tema de la reelección de diputados y senadores seguía negociándose la fecha para el inicio de su aplicación, si a partir del 2015 o del 2018, pero en el resto de los temas prácticamente estaban amarrados los consensos que harían que en las próximas horas esté listo un dictamen que podría ir al pleno del Senado este fin de semana y abrir así la puerta para iniciar la próxima semana la discusión formal de la Reforma Energética.
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