Bruselas guarda silencio acerca de un tratado que puede permitir que empresas voraces socaven leyes, derechos y soberanía nacional
The Guardian
Traducido para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
¿Se acuerdan de aquel referéndum acerca de si debíamos crear un mercado único con Estados Unidos? Ya sabe, el que preguntaba si las corporaciones debían tener poder para revocar nuestras leyes? No, yo tampoco. Fíjense, el otro día me pasé 10 minutos buscando mi reloj antes de darme cuenta de que lo llevaba puesto. Olvidar el referéndum es otra señal de envejecimiento, puesto que deber de haber habido uno, ¿no? Después de haberle estado dando vueltas a si debíamos permanecer o no en la Unión Europea, el gobierno no cedería nuestra soberanía a un oscuro organismo no democrático sin consultarnos. ¿Lo haría?
El objetivo del Acuerdo Transatlánticos sobre Comercio e Inversión es eliminar todas las diferencias reguladoras entre Estados Unidos y las naciones europeas. Lo mencioné hace dos semanas. Pero me dejé el problema más importante: la enorme capacidad que concedería a las grandes empresas de emprender acciones judiciales totalmente carentes de escrúpulo contra los gobiernos que traten de defender a sus ciudadanos. Permitiría a sus herméticos despachos de abogados corporativos invalidar la voluntad del parlamento y acabar con nuestras protecciones legales. Sin embargo, los defensores de nuestra soberanía no dicen nada.
El mecanismo a través del cual se logra esto se conoce como normativa de conflictos inversor-Estado. Se utiliza ya en muchas partes del mundo para acabar con las regulaciones que protegen a las personas y al planeta.
Después de intensos debates dentro y fuera del parlamento, el gobierno australiano decidió que el tabaco se debía vender en paquetes en los que únicamente aparecieran avisos impactantes referentes a la salud. El Tribunal Supremo australiano avaló la decisión. Pero utilizando un acuerdo comercial entre Australia y Hong Kong, la tabaquera Philip Morris ha pedido a un tribunal exterior que le pague una vasta indemnización por las perdidas de lo que ella denomina su propiedad intelectual.
Durante la crisis financiera en Argentina y en respuesta a la ira popular por los precios astronómicos de las facturas de la electricidad y del agua, Argentina impuso una congelación de los precios de estos (¿les suena familiar?). Argentina fue denunciada por las compañías internacionales de servicios públicos cuyas enormes facturas habían llevado a actuar al gobierno. Por este y por otros crímenes similares se ha visto obligada a pagar más de mil millones de dólares en compensaciones. En El Salvador las comunidades locales lograron a un altísimo precio (tres activistas fueron asesinados) convencer al gobierno de que denegara el permiso a una vasta mina de oro que amenazaba con contaminar sus enormes recursos de agua. ¿Una victoria para la democracia? Puede que no por mucho tiempo. El empresa canadiense que trataba de abrir la mina ha denunciado a El Salvador por 315 millones de dólares por las perdidas de sus futuros beneficios.
En Canadá los tribunales revocaron dos patentes que poseía la empresa estadounidense de fármacos Eli Lilly basándose en que la compañía no tenía pruebas suficientes de que estos tuvieran los efectos beneficiosos que afirmaba. Ahora Eli Lilly ha demandado al gobierno canadiense por valor de 500 millones de dólares y exige que se cambien las leyes de patentes de Canadá.
Estas compañías (y muchas otras) están utilizando la normativa de los conflictos inversor-Estado incluida en los acuerdos comerciales firmados por los Estados a los que están demandando. Unos tribunales que no tienen ninguna de las salvaguardas que esperamos de nuestras propios tribunales hacen que se cumpla esta normativa. Los juicios se celebran en secreto. Los jueces son magistrados de las corporaciones, muchos de los cuales trabajan para compañías del tipo de aquellas cuyos casos se están juzgando. Las comunidades y los ciudadanos afectados por sus decisiones carecen de estatuto jurídico. No existe el derecho a apelar. Sin embargo, estos casos pueden de derrocar la soberanía de los parlamentos y las sentencias de tribunales supremos.
¿No se lo cree? Esto es lo que dice uno de los jueces de estos tribunales acerca de su trabajo: “Cuando me despierto por la noche y pienso en el arbitraje, no deja de asombrarme que Estados soberanos hayan accedido al arbitraje de la inversión. [...] Se otorga a tres individuos privados el poder de revisar, sin ninguna restricción o procedimiento de apelación, todas las acciones del gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y regulaciones emanadas de los parlamentos”.
No existen los derechos correspondientes para los y las ciudadanas. No podemos utilizar estos tribunales para exigir una mejor protección de la codicia de las corporaciones. Como afirma el Democracy Centre, es “un sistema de justicia privatizado para las corporaciones globales”.
Incluso en el caso de que estas demandas no prosperen, pueden ejercer un efecto de intimidación sobre la legislación. Un alto cargo del gobierno canadiense señaló al hablar de las normas introducidas por el Acuerdo de Libre Comercio Norteamericano: “He visto cartas provenientes de empresas jurídicas de Nueva York y de Washington DC destinadas al gobierno canadiense referentes a casi cada nueva regulación y proposición medioambiental en los últimos cinco años. Se refieren a productos químicos para el lavado y secado, medicamentos, pesticidas, leyes de patentes. Casi todas las nuevas iniciativas fueron objeto de ese ataque y la mayoría de ellas nunca vieron la luz”. En esas circunstancias la democracia, como propuesta significativa, es imposible
Este es el sistema al que estaremos sometidos si prospera el tratado trasatlántico. Estados Unidos y la Comisión Europea, ambos captados por las corporaciones a las que se supone regulan, están presionando para que la normativa de conflictos inversor-Estado se incluya en el acuerdo.
La Comisión Europea justifica esta política afirmando que los tribunales nacionales no ofrecen a las corporaciones protección suficiente porque “pueden ser parciales o carecer de independencia”. ¿A qué tribunales se refieren?¿A los de Estados Unidos?¿A los de sus propios Estados miembros? No lo indica. De hecho, no proporciona un solo ejemplo concreto que demuestre la necesidad de un nuevo sistema extrajudicial. Precisamente porque generalmente nuestros tribunales no son parciales ni carecen de independencia, las corporaciones quieren evitarlos. La Comisión trata de sustituir tribunales transparentes, responsables y soberanos por un sistema cerrado en el que dominan los conflictos de intereses y los poderes arbitrarios.
La normativa inversor-Estado se podría utilizar para acabar con cualquier intento de salvar el sistema de sanidad del control corporativo, de volver a regular los bancos, de frenar la codicia de las compañías de electricidad, de volver a nacionalizar los ferrocarriles, de dejar las energías fósiles ahí donde están. Esta normativa paraliza las alternativas democráticas y proscribe las políticas de izquierda.
Esa es la razón por la que el gobierno de Reino Unido no ha hecho intento alguno de informarnos acerca de este ataque monstruoso a la democracia y menos aún de consultarnos. Esta es la razón por la que están callados los conservadores que vociferan acerca de la soberanía. Despertad, nos están jodiendo.
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