Sara Lovera / Palabra de Antígona
La actual administración de Enrique Peña Nieto que
cumplirá un año el próximo 1 de diciembre, tiene grandes dificultades y un
horizonte inseguro. Primero porque tiene problemas de credibilidad en una
inmensa gama de la ciudadanía mexicana; porque el problema de la violencia no
puede enfrentarse con reformas e instrumentos o medidas en lo inmediato y
porque vivimos una profunda desigualdad social y económica.
Además de esos tres factores, el
gobierno de Peña Nieto no tiene alternativas viables para responder cabalmente
a la insatisfacción de los grupos de poder como los empresarios, los antiguos
políticos, la Iglesia y a los grupos económicos regionales, encima, tiene sobre
sí la mirada internacional, cada día más exigente.
El caso del asesinato hace 15 años de la
ciudadana holandesa Lester van Nicrop,
ha planteado hace unos días una especie de examen por parte de la embajada de
los Países Bajos. El embajador Dolf Hogewoning citó en su residencia a líderes de
organizaciones no gubernamentales, funcionariado público y representantes de
partidos políticos, para señalar que es necesario asesorar a México para
enfrentar la violencia feminicida contra las
mexicanas y sostuvo que el caso de Hester, que tiene
15 años, debe resolverse.
Aunque el embajador de Holanda pintó al
tema de colaboración y sostenida preocupación, ya que nos informó de paso que
su país aporta económicamente al Observatorio Nacional del Feminicidio,
realmente está hablando de que la preocupación de muchos gobiernos estriba en
el grado de impunidad que existe en nuestro país; de la incapacidad en los
procesos de investigación y la falla y corrupción policiacas. Menudo asunto. Si
a ello agregamos las más de 176 recomendaciones que sobre la violación a los
derechos de la población han hecho a México los organismos internacionales de derechos
humanos, y cómo se nos está juzgando en los foros de Naciones Unidas.
Al tema del asesinato de mujeres y la
incapacidad del gobierno, habría que añadir las desapariciones de mujeres en
México, que sumaron ocho mil durante el pasado sexenio. Y según el Centro de
Investigación y Capacitación “Propuesta Cívica”, solamente este año en el estado
de México más de 145 mujeres han desaparecido, sobre todo en municipios
orientales como Valle de Chalco, Chimalhuacán y Ecatepec.
En Chihuahua, según datos del gobierno
de ese estado, en lo que va de 2013, han sido reportadas 126 desapariciones de
mujeres y, de 2008 a 2013, 49 asesinatos han sido tipificados con la figura de feminicidio. Es decir, el tema es alarmante y lamentable.
Hace seis años que se promulgó la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que define la
violencia feminicida y reconoce legalmente la violencia
contra las mujeres y aunque varias entidades han tipificado el feminicidio como delito, nada de todo esto significa algo
para detener la desgracia.
Mirado así, a unos días del primer año
de gobierno, las cosas no tienen futuro ni esperanza. Y los esfuerzos del grupo
gobernante por cogobernar con la oposición, empiezan a diluirse en la medida en
que la reforma energética crispa a los sectores liberales y nacionalistas;
respecto de la reforma educativa, en los hechos está obstaculizada por una
inmensa masa magisterial con razón o por ignorancia; también se ha levantado
una gran oposición a las reformas fiscales y hace agua la estrategia de diálogo
sin consenso que no convence a los extremos de la crítica social.
En medio de todo ello, hay una enorme
dificultad para poner en práctica la quinta línea de acción del Plan Nacional
de Desarrollo, que es transversalizar la perspectiva
de género en los tres órdenes de gobierno y en toda la administración pública.
Ello es así, porque la política del
gobierno actual, se enfrenta a una herencia demoledora: durante el foxismo y el
calderonismo se puso en práctica lo que yo llamo la
tecnocracia de género, una suerte de hacer sin hacer, de intentar promover la
comprensión de la desigualdad entre hombres y mujeres, sin realmente ir al
fondo del problema. Una manera de obtener recursos internacionales sin
verdaderamente intentar mejorar el conflicto entre los géneros.
Muchas acciones en el calderonismo se diseñaron en contra de los principios
básicos que podrían haber animado esta política. Por eso hoy gobiernos como el
de Holanda, pueden demandar a Peña Nieto que actúe frente a la violencia contra
las mujeres, sabiendo que tampoco su grupo está realmente interesado en mejorar
las relaciones entre hombres y mujeres. Menos tomarlo en serio como una línea
de acción gubernamental realmente trascendente.
Con motivo del 25 de noviembre, en que
millones de mujeres en todo el mundo se levantan contra la violencia de género
y la impunidad, se lanzó, sin repercusión mayor, la consulta nacional para
enderezar la política pública que pudiera mitigar las violaciones sexuales, el
hostigamiento y el homicidio contra las mujeres. El programa nacional
contra la violencia de género.
Hay una especie de letargo, de falta de
sensibilidad, de oídos sordos y falta de credibilidad. La imposible aplicación
de la alerta de género, la inexistencia de una comunicación acertada para
explicar ahí qué pasa exactamente, cómo es que la ley no se puede aplicar, cómo
es que los gobiernos de los estados, esos que se han erguido como grandes
cacicazgos y enclaves de la corrupción, ni leen ni conocen y menos van a
aplicar la ley, ni van a explicar qué hicieron con los recursos para la
prevención y atención a la violencia de género.
El embrollo de este gobierno es muy
grande. Cómo volver a la gobernabilidad, cómo hacer que los gobernadores rindan
cuentas. Es el mismo caso de la reforma educativa, que instalada en la
Constitución, no puede operar, si los gobernadores no dicen qué hicieron tantos
años con el dinero que se les trasladó mediante la descentralización educativa,
si no sabemos bien cuántos maestros hay y cuántas escuelas funcionan y cómo.
Es lo mismo. Nadie sabe cómo funcionan
los mecanismos de prevención de la violencia, las fiscalías de género, las
personas que las operan, si vemos como hubo y hay una simulación en su
capacitación, en su formación, en sus responsabilidades. No hay, que yo sepa y
lo he buscado, una evaluación de estas acciones.
Probablemente la consulta para enderezar
esa política, lanzada por el Instituto Nacional de las Mujeres, busca y sería
interesante, hacer esa evaluación fundamental, que va más allá de los
diagnósticos continuados que hacen diversas instituciones, sobre el tamaño del
fenómeno.
Pero qué pasa. Alguien tendría que
demandar que se explique qué pasó. En democracia, como nos dicen y reiteran,
tendrían que pedirse cuentas. Felipe Calderón tendría que decir por qué en
lugar de disminuir aumentó la violencia contra las mujeres; qué hicieron las
instituciones al respecto, cómo se gastó el dinero en Gobernación, la
Procuraduría General de la República, las agencias especializadas en delitos
sexuales, en los tribunales y entre las y los jueces.
Alguien tendría que evaluar si se
aplicaron y cómo los recursos cuantiosos etiquetados en la cámaras para la
operación de los institutos y secretarías de la mujer en diversas entidades del
país, donde crecieron y se multiplicaron las burocracias.
Y es probable que ello esté en el
horizonte de las propuestas y preocupaciones institucionales del gobierno
federal. Pero lo cierto es que no parecen cercanas las respuestas y no parece
haber una masa crítica ciudadana que lo exija, que vaya más allá de las
inercias instituidas en los años de gobiernos panistas, esos años de grandes
reformas y leyes para mitigar la desigualdad entre hombres y mujeres. Un asunto
que debiera ser el eje de este próximo 25 de noviembre, para dejar de mentir,
de desviar, de simular.
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