Tras la lectura de los argumentos contenidos en el auto de la
Audiencia Provincial de Navarra, tanto el fallo mayoritario como el voto
particular, en relación con la puesta en libertad de los condenados a 9
años de cárcel por abusos sexuales en el “caso de La Manada”, desde
Fundación Mujeres manifestamos lo siguiente:
Nos reafirmamos en el contenido de nuestra primera valoración sobre
el auto respecto a que no se han tenido en cuenta ni los derechos de la
víctima ni la alarma social que podría producir una resolución de estas
características.
Que, además, la resolución no tiene en cuenta la propia gravedad del
delito y el cumplimiento de la justicia penal, que no es otro que el
cumplimiento de la propia pena establecida, aun cuando esta no sea
firme.
Que la decisión tomada por el magistrado y la magistrada que firman el
fallo mayoritario se aparta de la normalidad del tratamiento de la
prórroga de la prisión preventiva en las resoluciones judiciales en
España.
Que en este sentido se ha optado por priorizar las garantías procesales
de los condenados por encima de los derechos de las víctimas, sin
considerar que hay causas pendientes para varios de los condenados por
hechos similares.
Que se da una nueva oportunidad para que socialmente se orquesten
actuaciones de acoso y vulneración de los derechos de la víctima directa
de este delito por parte de sectores sociales que no dudarán en
aprovechar esta ocasión para volver a cuestionar el comportamiento y la
dignidad de la víctima, como de hecho ya ha ocurrido a lo largo del
juicio, sin que se hayan podido tomar todas las medidas policiales
necesarias para su protección
Que con esto se refuerza un mensaje y apariencia de impunidad para con
los delitos sexuales por parte de la Justicia española, que en realidad
perjudica a la seguridad y libertad sexual de todas las mujeres
especialmente de las más jóvenes.
Que la prórroga de la prisión provisional hubiera sido una decisión
acorde con la legislación vigente tal y como se argumenta en el
contenido del voto particular.
De acuerdo con todo esto, estimamos que estamos ante un nuevo ejemplo de
justicia patriarcal, es decir, una Justicia que minimiza las causas y
las consecuencias de los delitos que se cometen contra las mujeres, que
no sólo carece de una perspectiva de género en la gravedad de los
delitos contra las mujeres, sino que se aparta de las bases de un
derecho penal orientado hacia las víctimas.
Y por ello solicitamos que se repare esta evidente vulneración de los
derechos de las mujeres, de todas, pero en particular de las víctimas
de estos condenados y que, por lo tanto, se emprendan las siguientes
actuaciones:
Que desde el Consejo General del Poder Judicial se abra expediente de
investigación sobre el magistrado y la magistrada que firman el fallo
mayoritario de la sala, para dilucidar si existen indicios de un
funcionamiento anormal de la justicia en esta resolución.
Que desde la Fiscalía se recurra el auto que decreta la puesta en
libertad, extendiendo este ruego a las partes del proceso en particular a
las instituciones públicas personadas en el procedimiento.
Que por parte del juzgado de Pozoblanco en el que se están realizando
las investigaciones relacionadas con el delito cometido contra otra
mujer, se decrete la prisión provisional para con los miembros de La
Manada implicados en dicha investigación.
Nuestra posición en relación con la Justicia siempre ha defendido que
una parte importante de la calidad del sistema judicial tiene que ver
con que las mujeres y los delitos que se cometen contra ellas. No es
posible tener una Justicia que no reconoce el derecho de las mujeres a
vivir una vida libre de violencia, y que reconozca la gravedad y la
necesidad de sanción penal de las diferentes violencias que se ejercen
contra las mujeres.
Por esta razón nos sumamos a las diferentes movilizaciones convocadas
por el movimiento feminista en toda España y animamos a toda la
población a que, por la calidad de una Justicia exenta de estereotipos
de género y no discriminatoria, se sumen a las mismas.
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