2/25/2017

‘Mujeres al frente’, la valentía de las colombianas construyendo la paz


Gloria López

Madrid, 21 feb. 17. Amecopress. La periodista y escritora Lula Gómez (Madrid, 1970) se encontró en 2015 con dos mujeres que cambiaron su futuro: Luz Marina Bernal y Patricia Guerrero. Después de un sinfín de "noes" de medios de comunicación y editoriales, decidió grabar un documental que recogiera el testimonio de estas mujeres que ponen voz y rostro a millones de colombianas. Más tarde, y consciente de su valor, recopiló todo el material en el libro Mujeres al frente, publicado por Libros.com, una editorial que apuesta por un periodismo en profundidad. Hoy a las 19.30horas se presenta en Madrid. A la autora, la periodista Lula Gómez, le acompañarán el magistrado-juez Baltasar Garzón -autor del prólogo-, Magda Bandera, directora de La Marea, y Antonio Rubio, periodista. Será en la sede de la Universidad Rey Juan Carlos en Manuel Becerra.
‘Mujeres al frente’ recupera la atención acerca del papel de las mujeres en el proceso de paz de Colombia, a través de la historia de siete mujeres desde muy diversos ámbitos. “Son protagonistas que han ido tejiendo una paz silenciosa al margen de los grandes hechos”, relata Lula Gómez en entrevista con AmecoPress, y que luchan contra un sistema que las violenta, las utiliza y las mata.
El trabajo de la periodista es un mosaico de voces de muy diversas formas, etnias, clases sociales y realidades, unidas por la sororidad y un compromiso ejemplar por construir la paz. “Deberían ser presidentas”, dice la autora de ‘Mujeres al frente’, “sus testimonios son verdaderas lecciones de sabiduría”. Las violaron, las mutilaron, las despojaron de sus tierras, las desplazaron, las expulsaron, las hicieron desaparecer, emigrar, ocultarse. Las convirtieron en viudas, en madres sin hijos o con hijos asesinos, en instrumento contra el enemigo, en territorio de guerra. 
Patricia Guerrero, ex jueza y fundadora de la Ciudad de las Mujeres; Nelly Velandia, campesina que representa a seis millones de mujeres; Mayerlis Angarita, superviviente del conflicto y fundadora de Narrar para Vivir; Luz Marina Bernal, líder de las Madres de Soacha y nominada al Premio Nobel de la Paz; Beatriz Montoya, fundadora de AMOR y resistente ante la guerra; Vera Grabe, ex dirigente del M19 y directora del Observatorio por la Paz; y Luz Marina Becerra, líder afrocolombiana y activista de los DD HH. Ellas son las protagonistas del relato que Lula Gómez recoge en ‘Mujeres al frente’, y que con el apoyo de todas las personas que han participado en la campaña de crowdfunding a través de Libros.com, quiere hacer visible.

Siete mujeres colombianas que ante la guerra deciden construir alternativas a la violencia. Luchan contra la espiral de violencia y resuelven el conflicto desde la palabra, la memoria, la justicia y la reinserción. Reclaman un sistema nuevo que les reconozca derechos tan básicos como el de la propiedad de sus tierras o contar con soberanía alimentaria. Plantean una nueva Colombia, una nueva sociedad más igualitaria, un lugar que ha de ser construido de nuevo desde las bases si se quiere poder respirar paz al fin.

Diálogo, educación, desarrollo


“La indiferencia mata, eso comentan ellas todo el tiempo. Tienen una postura valiente, enfrentan a verdugos y víctimas, apuestan por el diálogo. Son madres de hijos que pelean en bandos contrarios. Que se matan unos a otros. Y eso aún le da más valor a su participación en el proceso”, explica la periodista. 
También es fundamental comprender que “no habrá paz si no hay desarrollo, si la gente pasa hambre”. En Colombia, el campesino ha sido olvidado desde hace siglos. Mucho más las campesinas, las mujeres han sido completamente invisibilizadas. “Ellas reclaman un sistema nuevo que les reconozca derechos tan básicos como el de la propiedad de sus tierras o contar con soberanía alimentaria. Una nueva sociedad más igualitaria, un lugar que ha de ser construido de nuevo desde las bases si se quiere poder respirar paz”.

Participación de las mujeres en los procesos de paz


Según un estudio realizado por Naciones Unidas sobre la implementación de la Resolución 1325 de mujeres, paz y seguridad, en los casos en que las mujeres tuvieron la oportunidad de ejercer una influencia profunda en el proceso de negociación, las probabilidades de alcanzar un acuerdo eran muy superiores que en los procesos en que esta influencia había sido escasa o nula. Así, los procesos de paz en los que participaban mujeres en calidad de testigos, firmantes, mediadoras y/o negociadoras registraban un incremento del 20% en la probabilidad de alcanzar un acuerdo de paz que perdurase, como mínimo, dos años. Este porcentaje aumenta a lo largo del tiempo, ya que la probabilidad de lograr un acuerdo de paz que dure 15 años crece un 35%.
En el caso de Colombia, el papel de las mujeres durante el proceso y para alcanzar el Acuerdo de Paz (que luego no fue aprobado), fue fundamental, aunque apenas ha sido reconocido por la opinión pública. El texto firmado a finales del pasado año entre el presidente, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño (conocido como Timochenko), incluía disposiciones de género importantes, tanto por la profundidad de las mismas, como por la garantía que supone para que ellas sigan participando en la construcción de la paz. “Lo que pedían era que se reconociera que se les había utilizado como botín de guerra, que se hablase de restitución de tierras, de derechos básicos”, explica Lula Gómez, que lamenta que en el segundo acuerdo, no se haya incluido esa perspectiva con tanta fuerza.

Apoyar el libro

El libro cuenta con el prólogo de la poeta y novelista colombiana Piedad Bonnet, mientras que el juez Baltasar Garzón firma su epílogo. El proyecto cuenta además con un documental de mismo título (50 minutos), dirigido y producido por la autora. Ha sido finalista en el Festival de Málaga, donde fue presentado al público. También se ha visionado en Colombia, dentro del marco del Festival Internacional de Bogotá por los Derechos Humanos, donde obtuvo una Mención Especial del Jurado.
Puedes ayudar a llegar a los 300 mecenas (y llevarte una copia del documental Mujeres al frente en DVD) compartiendo el link a la campaña de crowdfunding.
Fotos AmecoPress, cedidas por Lula Gómez

Argentinas preparan el Paro Nacional de Mujeres 8M

Ajuste económico nos violenta



Entre banderas blancas y negras, negras y rojas y también turquesas, cientos de mujeres de las diferentes organizaciones, Movimiento Evita, Movimiento Popular La Dignidad, Seamos Libres, Movimiento Revolucionario de Trabajadores (MRT), entre otros, que conforman la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), se reunieron en Asamblea al costado del Obelisco para organizar su participación en el Paro Nacional de Mujeres del 8 de marzo.

María José y Mónica tienen remeras rojas que fabricaron y estamparon ellas mismas. Las dos llegaron desde Quilmes. “Venimos para que de una vez se respete a las mujeres. Para que no haya más femicidio y también por los derechos de las trabajadoras” dijeron a Cosecha Roja. María José es madre de tres niños y enseña costura en una textil. Mónica, entrerriana y arquitecta y madre de dos jóvenes, es responsable técnica del Movimiento Evita Quilmes y dentro del Plan de actividades, que es una nueva herramienta de trabajo que consiguió la CTEP, hacemos actividades adentro de los barrios con las compañeras de las cooperativas de Argentina Trabaja.

“Hay más mujeres que se animan a salir de sus casas y entienden que ellas pueden progresar y hacer sus propias producciones y que atender a su marido no sea su única responsabilidad”, contó María José. “Cada mujer se lleva lo que hace a las ferias y vende todo lo que hace”.

Patricia es técnica en jardinería y da capacitaciones en huerta. La acompañan a la Asamblea su compañero y su hija de cinco años. “Ella está muy acostumbrada a las marchas. Estaba en la panza cuando se murió Néstor (Kirchner) así que te imaginás”, contó a Cosecha Roja. Patricia viene de Tigre. “En la CTEP somos mayoría de mujeres.

Vamos a marchar el 7 con el paro de la CGT y también el 8 de cara al Paro Nacional de Mujeres”, dijo. Ella da clases a dos cooperativas y a algunos alumnos “sueltos”. “Desde octubre, que llegaron los recursos, nos pusimos a trabajar en parcelas de dos por dos. Hasta hace poco nos comimos lo que hicimos pero ahora ya estamos pudiendo preparar bolsones para vender”. La tierra que usa Patricia es una parcela lindera a una capilla. A cambio, los miembros de la cooperativa le construyeron dos bañitos.

Milca fue al Obelisco para visibilizar una problemática que atraviesa a todas las mujeres del sector de la economía popular. “En nuestro caso es la cuestión gremial la que nos unifica y nuestro reclamo no tiene que ver directamente con una política de género sino que planteamos que el ajuste de este gobierno genera violencia, exclusión y hambre. Todas esas situaciones profundizan la violencia patriarcal hacia adentro del hogar”, explicó a Cosecha Roja.

Milca es responsable del Movimiento Evita en Tigre y trabaja con las cooperativas. “Vivo con mi hijo de 19 años. Somos nosotros dos y aun así nos cuesta llegar a fin de mes. Él está terminando el secundario y está a mi cargo. Veníamos de años de construir nuestra casa pero ahora se paró. Siempre digo que antes entrabas a un barrio un fin de semana y sentías el olor a asado. Eso no existe más. Ni el asado ni las changas (trabajo eventual)” contó. “En las cooperativas de trabajo la mayoría son mujeres. Hacen su trabajo y van a la casa y siguen trabajando pero casi todas han perdido su changa. Las costureras y ni te digo las que lavaban para la gente de los barrios privados. Eso mermó. La crisis afecta a todas las clases sociales”.

“Soy de la CTEP San Martín y estoy acá para hablar sobre el 8 de Marzo y para decir que el ajuste es violencia hacia las mujeres. Nosotras salimos a bancar la olla”, dijo a Cosecha Roja Zulma Duette, concejal por el Movimiento Evita. “Yo era una trabajadora de la economía popular y presidenta de una Cooperativa de Argentina Trabaja. Hacía trabajo social con módulos de trabajo. Es muy desesperante ver que todos los días se cierra una fábrica. Esa es nuestra lucha”.

Zulma vive en un asentamiento, en el barrio 9 de Julio. Su familia está formada por sus tres hijos, la hija y la nieta de su marido. “Mi situación económica cambió porque pude acceder a ser concejal pero no me olvido de dónde vengo y mi lucha está acá, con estas mujeres. Mi asentamiento mejoró un montón. El intendente le puso asfalto pero las casas son precarias y las familias viven amontonadas. Igual yo, aunque sea presidenta me pienso morir en mi asentamiento. Nunca me voy a ir de ahí”.

*Este artículo fue retomado del portal Cosecha Roja.
 
Imagen retomada del portal Cosecha Roja. Fotografía: Josefina González
Por: la Redacción* Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 

La nueva Ley de Víctimas y las IMEF


QUINTO PODER
Por: Argentina Casanova*


Las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) se han quedado cortas, la mayoría de las veces, y sin saber el alcance de sus responsabilidades para con las mujeres víctimas de violencia. Y ahora enfrentan un nuevo escenario, con una nueva encomienda derivada de la nueva Ley General de Víctimas, un nuevo papel en el que requieren profesionalizarse para estar a la altura de las circunstancias. 


 
Las IMEF y las instancias en los municipios han navegado hasta ahora en la indefinición, escudándose en que la ley interna solo las faculta para dar “asesoría” y no litigar el caso. Además, este servicio lo han brindado en algunos estados y dependiendo de la fortaleza del área jurídica y disponibilidad de la persona titular.
 
Sin embargo, y con la atención personal puesta en las mujeres víctimas de violencia y su derecho al acceso a la justicia, así como en el deber de las instituciones de trabajar en garantizar ese derecho de una manera comprometida, he identificado que sus alcances en muchas entidades se quedan cortos frente a la problemática de la violencia contra las mujeres que sigue recrudeciéndose y en la impunidad.
 
Ahora, las IMEF afrontarán la modificación de la Ley General de Víctimas, en su Artículo 107 específicamente, que habla de las responsabilidades de las instituciones que podrán y deberán recibir la declaración de las víctimas, para evitar ahora sí ese ciclo de revictimización al que eran sometidas las mujeres víctimas de violencia familiar, sexual, laboral y de otras formas muy comunes. 
 
La nueva encomienda surge del Artículo 107, que señala:
Toda autoridad que tenga contacto con la víctima estará obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de declaración.
 
El Ministerio Público, los defensores públicos, los asesores jurídicos de las víctimas y las comisiones de derechos humanos no podrán negarse a recibir dicha declaración. Cuando las autoridades citadas no se encuentren accesibles, disponibles o se nieguen a recibir la declaración, la víctima podrá acudir a cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal para realizar su declaración, las cuales tendrán la obligación de recibirla, entre las cuales en forma enunciativa y no limitativa, se señalan las siguientes: 
  1. Embajadas y consulados de México en el extranjero;
  2. Instituciones de salud y educación, ya sean públicas o privadas;
  3. Institutos de las Mujeres;
  4. Albergues;
  5. Defensoría Pública, y
  6. Síndico municipal. 
De entrada, esta nueva Ley General de Víctimas nos aporta elementos de exigencia para estas instituciones, que hasta ahora han jugado un tibio papel en los gravísimos niveles de la violencia contra las mujeres, pero fundamentalmente abona a evitar la revictimización y el tiempo perdido e innecesario que se ocupan en las áreas jurídicas de las Instancias de las Mujeres.
 
Sin embargo, esto no significa que estén ya aptas y dispuestas, especialmente instituciones como los albergues y los propios Institutos de las mujeres que siguen sin tener un papel activo en la defensa de las mujeres y su acompañamiento para garantizar el acceso a la justicia.
 
Abre una nueva línea de trabajo y capacitación para las IMEF y, personalmente, conociendo la estructura, trabajo y alcance, hago énfasis en su nueva tarea para que no quede en la maraña de responsabilidades que nadie sabe que tienen y que están obligadas a cumplir y que transitan por la vida sin asumirlas porque nadie se las reclama.
 
A partir de ahora, todas las mujeres que acuden a las IMEF tienen la oportunidad de que, al comunicar y expresar los hechos de violencia vividos, no podrán ni deberán ser enviadas al Ministerio Público para que hagan formalmente su declaración, con una hora o más invertidas en explicarle a las abogadas o abogados de las IMEF de qué va su problema y situación.
 
Es de lo más común que las mujeres acudan a las IMEF a denunciar hechos de violencia como el acoso y el hostigamiento laboral, así como la violencia que viven a manos de sus parejas por eventos y situaciones en las que se sienten vulneradas, especialmente en los estados donde aún no hay Centros de Justicia para las Mujeres (CJM).
 
Pero incluso en las entidades en las que sí hay CJM, los propios institutos laboran en el espacio próximo y reciben a las mujeres para escuchar sus experiencias de violencia y luego turnarlas al MP para que repitan esta historia.
 
El formato único de declaración es uno de los elementos más importantes para que las IMEF asuman su responsabilidad y este tendrá que alcanzar –aunque la ley no lo enuncia- a las instancias municipales de las mujeres. Pero, claro, antes tendrán que capacitarse en este ámbito, además de tener pendiente la especialización en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de delitos.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.


Imagen retomada del portal gob.mx
Cimacnoticias | Campeche, Camp.- 


 

Jefas de hogar y remesas


MONEDERO
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*


Una de las “posibilidades” que Donald Trump plantea para financiar el muro fronterizo que quiere construir es que éste se financie con un impuesto a las remesas que mandan los y las trabajadoras migrantes al país, y que después de la industria automotriz y alimentaria significan la tercera fuente de divisas.

Otra posibilidad es que estas remesas dejen de llegar por la expulsión masiva de emigrantes mexicanos, que pretende la política del actual Presidente de Estados Unidos.

De acuerdo con la información generada por Banco de México (Banxico), prácticamente la mitad de estas remesas (49 por ciento), llegan a ocho entidades: Baja California, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México. Las Delegaciones más importantes son: Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Álvaro Obregón (ver gráfica).

VER GRÁFICA AQUÍ

De abril a diciembre de 2016 se recibieron 21.0 miles de millones de dólares, y durante todo 2016 la cifra ascendió a 26 mil 970 millones de dólares, 8.8 por ciento más a lo percibido en el año anterior. Esta cifra equivale a 553 mil 260 millones de pesos y corresponde al total de lo captado por ingresos tributarios en 2016.

Debido a las elecciones en Estados Unidos y la incertidumbre que provocó entre los y las trabajadoras migrantes en el último trimestre del año, las remesas crecieron 33 por ciento; otros factores que influyeron favorablemente para su crecimiento  fue la recuperación del empleo en ese país, éste pasó de 4.9 a 46 por ciento en 2016.

En 2016 las remesas representaron 3 por ciento del PIB, en tanto que para 2014 fue de 2 por ciento.

Según Merrill Llynch, para 2017 se espera que México reciba 27 mil millones de dólares por este concepto. Más del 90 por ciento provienen de Estados Unidos, particularmente  de los Estados de: California, Texas e Illinois.

La remesa promedio es de 290 dólares y el 97 por ciento –la gran mayoría- de estas operaciones se realizan por transferencia electrónica. Un elemento muy importante en la consideración o posibilidad de que estos recursos sean sujetos a un nuevo impuesto, se crearía un precedente muy grave para todas las transferencias electrónicas que se realizan en todo el mundo y el Sector Financiero internacional se vería afectado negativamente.

La mayor parte de las operaciones financieras internacionales se realizan vía “transferencia electrónica”.  Pero con Trump todo es posible.

JEFAS DE HOGAR LAS MÁS AFECTADAS

La disminución de remesas significaría mayor pobreza femenina. Son 1.4 millones de hogares mexicanos los que reciben estos recursos, cuyo incremento anual en pesos fue de 28.2 por ciento.  Estas cifras dan dimensión de la gravedad que tienen las políticas discriminatorias y racistas de Donald Trump, cuando amenaza con la expulsión de los y las migrantes, o con gravar las remesas. Tercer fuente de divisas después de la industria automotriz y la alimentaria,  superiores al petróleo o al turismo.

Y lo más importante, estos recursos sostienen a los hogares pobres, concretamente a Jefas de familia. La mayor parte de las remesas llegan a las Jefas de Hogar, 68 por ciento en 2006, y el resto para los Jefes de familia.

Para 2013 esta proporción disminuyó a 58.5 por ciento, pero aún así siguen siendo mayoría las mujeres receptoras. La razón por la que ha crecido el porcentaje o participación masculina como receptores es que en los últimos años se ha incrementado la emigración femenina.

En términos relativos es mayor el volumen de recursos que envían las mujeres, porque éstos sostienen a sus hijos, casi en forma exclusiva; además ellas tienen salarios más bajos que la población masculina migrante, ya que generalmente están en los servicios domésticos o en trabajos con menor remuneración.

Como se puede apreciar en la gráfica, en estados como Guanajuato o Michoacán el impacto del impuesto a remesas sería muy negativo, -como lo es la opción de que esos emigrantes regresen expulsados a esos Estados-, donde la actividad económica es muy débil y no les permite generar suficientes empleos. O bien, atender las nuevas necesidades de vivienda, educación o salud que forzosamente implica este “regreso”.

Por fuera poco, las y los migrantes tienen miedo de regresar a un país sin empleo,  con altos índices de violencia, muertes, impunidad, secuestros y desaparecidos. No les falta razón.

En realidad, este robustecimiento del mercado interno que se apreció durante 2016 se debe en gran medida a las remesas y su incremento, tanto en términos absolutos como relativos, es decir a la depreciación que experimento el peso, respecto al dólar. No es lo mismo recibir 290 dólares a 23 pesos que a 16, como estaba antes el término de intercambio.

Por supuesto que es imperativo proteger a los y las migrantes, también lo es la protección de estos recursos, importantes para las jefas de familia, para los hogares pobres y en general, para la economía del país. Su disminución significaría mayor pobreza femenina.

* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
EspecialCimacnoticias | Ciudad de México.- 


17/CRPM/GGQ
  

Vergonzosa tardanza de 11 años, dijo la hija de Jacinta, y pidió no callar


Estado se disculpa con Alberta, Jacinta y Teresa

En una ceremonia marcada por los reclamos ciudadanos, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, ofreció una disculpa pública a las indígenas Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio, acusadas falsamente en 2006 de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).
 
Custodiadas por los abogados Mario Patrón y Santiago Aguirre, director y subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las indígenas otomíes escucharon en su lengua materna –y en español– una disculpa en voz del titular de la Procuraduría General de la Republica (PGR), institución que hace más de 10 años las acusó.
 
“Alberta, Jacinta y Teresa, al exigir lo que por justicia y por derecho les corresponde, dieron un mensaje de verdadera democracia a nuestro país y movilizaron al Estado a cumplir con lo que mandata la Constitución”, dijo Cervantes Andrade en lo que calificó como un acto de “justicia” y “humanidad insoslayable”.
 
Ante defensores de Derechos Humanos, funcionarios y gente de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en Amealco de Bonfil, en el estado de Querétaro, el funcionario reconoció que en el pasado la PGR violó el principio de presunción de inocencia e hizo mal su trabajo por lo que era hora de reparar el daño moral causado por un delito indebidamente imputado.
 
La frase del procurador soltó los aplausos de la comunidad pero en una segunda intervención, donde se dirigió en particular a Jacinta –la mujer con la que la instancia encargada de procurar justicia se encajó– los reclamos y los gritos de la gente fueron más fuertes que los aplausos.  
 
Entre el bullicio de los niños y los gritos de los asistentes, cada quien aprovechó la presencia del procurador para exigir justicia; se escucharon nombres como Ayotzinapa, Nochixtlán, Tlatlaya, Ostula, Atenco y otros más que recuerdan los casos de asesinatos, desapariciones y represión que están en espera de ser investigados por la autoridad.
 
Las tres indígenas, ataviadas con vestimenta tradicional, con su cabello trenzado y adornado con listones de colores, se pusieron de pie frente al auditorio para escuchar las palabras que llevaban esperando casi once años; “reconozco plenamente su inocencia”, frase que Cervantes Andrade dirigió y que fue replicada por una traductora.
 
“Que vivan las mujeres valientes de Amealco”, espetó una indígena desde su asiento en medio del auditorio y tras ella siguieron los gritos que terminaron hasta que tocó el turno a las otomíes agraviadas, quienes al tomar el micrófono repitieron la misma historia, aquella donde narran la detención arbitraria y el injusto encarcelamiento.
 
 
LA FALSA HISTORIA   En 2006 la PGR, entonces encabezada por el actual ministro Eduardo Medina Mora, se empecinó en señalar a Jacinta, la mujer indígena, hablante de otomí, vendedora de paletas y de aguas frescas, como responsable de secuestrar a seis policías federales, de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cuando realizaban un operativo en el tianguis de Santiago Mexquititlán.   Alberta y Teresa fueron acusadas del mismo delito.   Aunque las mujeres no hablaban español, no contaron con traductor y no tuvieron una defensa adecuada, fueron condenadas a 21 años de prisión. Fue hasta septiembre de 2009 que Jacinta fue liberada por falta de pruebas, mientras que Alberta y Teresa fueron absueltas por decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2010.   Al tomar la palabra, Teresa leyó su testimonio, contó el día de su detención y al recordar su paso por la cárcel, la emoción la hizo detener su relato, pero fue firme al decir “esto es una gran victoria” y tras una pausa llamó a todas las mujeres a no quedarse calladas y exigir hasta que las autoridades las escuchen.   Alberta también contó cómo fue su detención y en medio del sonido de los flashes y el grito de una asistencia que daba ánimo para no caer en llanto dijo “no se quedan calladas, hablen, busquen…que se comprometa a que no va a volver a suceder” aunque nadie pueda devolver el tiempo perdido a quien estuvo en prisión.   VERGONZOSA TARDANZA   Antes de finalizar el acto protocolario Jacinta cedió la palabra a su hija Estela, joven maestra queretana que llevó el mensaje de su madre –una indígena a la que aún le cuesta hablar en público y expresarse en una lengua ajena– quien claramente habló en otomí y español para decir que la dignidad se hará justicia.     “Es lamentable, vergonzoso e increíble que a seis meses de cumplirse once años del caso 48/2006 hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error. La disculpa es por funcionarios, mediocres, ineptos, corruptos que fabricaron el delito de secuestro”, dijo.   En un amplio y agudo discurso Estela se convirtió por unos minutos en la voz de Jacinta, una de tantas mujeres que, dijo, están encarceladas; porque hoy no es necesario cometer un delito para ser desaparecido o estar en prisión. Como remate, pidió a las instituciones “que no sean títeres ni sólo sirvan para acarrear gente a ver a un gobernador o político”.   Con una ceremonia de dos horas concluyó un largo proceso de desgaste económico y emocional de las tres indígenas que por fin fueron reconocidas como mujeres inocentes. A esto Jacinta agregó: “Hay muchos como nosotros. Ojalá les pidan disculpa y perdón”.    
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-

Alberta, Teresa y Jacinta: un Estado obligado a disculparse


En un acto público el 21 de febrero

Durante 4 años, la Procuraduría General de la República (PGR) intentó en tres ocasiones negar la reparación del daño a tres mujeres indígenas otomíes, que en 2006 fueron acusadas y sentenciadas a 21 años de prisión, por el presunto secuestro de 6 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Después de un proceso judicial de más de una década, el próximo martes 21 las tres mujeres recibirán en voz del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, la disculpa pública pero, sobre todo, el reconocimiento de su inocencia y que no cometieron ningún delito, ante integrantes de su comunidad, en la que fueron estigmatizadas por haber estado en prisión.

Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial fueron detenidas en 2006 en su comunidad,  Santiago Mexquititlán, perteneciente al municipio de Amealco de Bonfil, en Querétaro. Bajo engaños y sin intérprete, pues ninguna hablaba español, fueron acusadas del presunto secuestro de 6 policías; en el caso de Alberta Alcántara, fue acusada por posesión de narcóticos (cocaína).

Nunca les explicaron los motivos por los que las acusaban ni tampoco sus derechos, todo lo supieron hasta el día de la sentencia, que le fue dictada en 2008 a Jacinta, y en 2009 a Alberta y Teresa.

La organización internacional defensora de Derechos Humanos Amnistía Internacional las declaró “presas de conciencia”, por ser mujeres, indígenas y pobres; la Cámara de Diputados integró una comisión especial para investigar las violaciones a sus Derechos Humanos, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atrajo el recurso de apelación interpuesto para determinar, una vez analizado, que eran inocentes y, por tanto revocar la sentencia y ordenar su libertad.

El proceso estuvo plagado de irregularidades, entre ellas que los agentes federales de investigación que fueron llamados a comparecer no se presentaran, argumentando tener “otras actividades”, o que los testigos tampoco se presentaran.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), que asumió la defensa legal del caso de Jacinta en 2008 y de Alberta y Teresa en 2010, señala que tampoco se acreditó la plena responsabilidad penal de las tres mujeres indígenas.

Pese a ello, la PGR impugnó en tres ocasiones para evadir su responsabilidad de reparar el daño, pero sobre todo para reconocer su inocencia.

De acuerdo con una solicitud de información realizada por el Prodh a la PGR, para conocer cuántas indemnizaciones había otorgado de 2006 a 2016, la instancia respondió a partir del año 2009 al 2016. De acuerdo con la información proporcionada, de 206 indemnizaciones solicitadas por daño moral, la dependencia impugnó 82.

INICIA EL PROCESO LEGAL

Jacinta obtuvo su libertad en 2009, Alberta y Teresa, en 2010.  En el caso de Jacinta, presentó su petición de responsabilidad patrimonial ante la PGR en 2010. Pero dos años después, la PGR determinó que sus elementos habían actuado de manera regular, por lo que le negó la reparación.

En el caso de Alberta y Teresa, al año de salir libres (2011) también decidieron exigir la reparación del daño al Estado Mexicano, por lo que presentaron dos peticiones de responsabilidad patrimonial, primero ante la PGR, la cual un año más tarde resolvió el proceso administrativo en el mismo sentido que con Jacinta y, por tanto, les negó la reparación.

Ante ello, el Prodh interpuso los juicios de nulidad correspondientes ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa (TFJA) en contra de las sentencias emitidas por PGR. El Tribunal determinó, en dos sentencias por separado, que los servidores públicos de la PGR actuaron de forma irregular y con ello causaron daños morales y materiales a Alberta y Teresa, por lo que ordenó la indemnización y el reconocimiento de su inocencia en una disculpa pública.

En el caso de Jacinta, el fallo fue en el mismo sentido y en mayo de 2016 ordenó la reparación del daño, el reconocimiento de inocencia y la disculpa pública.

Para el abogado del Prodh, Santiago Aguirre, quien ha seguido de cerca los tres procesos, esta sentencia del Tribunal y el acto de disculpa pública son significativos porque representan, sobre todo, un triunfo de las tres mujeres que fueron encarceladas injustamente por delitos que no cometieron y porque en materia judicial se obliga a la PGR a reconocer su responsabilidad y a ofrecerles una disculpa pública.

En entrevista con Cimacnoticias, destacó la persistencia de las tres indígenas y enfatizó que la sentencia del TFJA revierte los patrones de impunidad persistentes en nuestro país.

Señaló que el acto que se realizará el próximo martes 21 en el Museo de Antropología e Historia “es una medida de justicia restaurativa en la que quedan en el centro las propias personas que han vivido violaciones a Derechos Humanos (DH)”.

“Cuando un acto de reconocimiento pone en el centro a las víctimas y no a las instituciones, les permite participar y recoge su voz, puede ser una medida de justicia restaurativa muy relevante” y  es lo que esperan Teresa, Alberta y Jacinta, dijo.

Pero también el fallo del Tribunal envía mensajes claros, agregó Santiago Aguirre, de que sí “existen instancias en este país que están reconociendo que cuando el Ministerio Público comete irregularidades es posible encontrar un remedio en las instancias judiciales nacionales”.

En este sentido, la relevancia de esta sentencia radica en que es la primera en el ámbito nacional que ordena un acto de esta índole retomando la jurisprudencia internacional.

Para las tres indígenas otomíes, no cabe duda de que su persistencia para lograr justicia servirá para otras personas que vivan situaciones similares pues, explicó el abogado, las sentencias emitidas por el TJFA han quedado firmes y dieron pie para que se hicieran algunas tesis que podrían ser invocadas por otras personas que hayan sufrido las consecuencias de actuaciones irregulares de las instancias de procuración de justicia de nuestro país.

“Ese es el aporte de las sentencias. Abren la puerta para responsabilizar a Ministerios Públicos y a la PGR cuando sus funcionarios realizan actividades que vulneran derechos y contravienen la ley, se genera un elemento disuasor muy relevante para evitar repeticiones” enfatizó.

Es un mensaje de justicia muy importante y es el que están esperando escuchar el martes, conscientes de que han obtenido una victoria, por lo que esperan que el evento esté a la altura, concluyó.

Jacinta Francisco Marcial. CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

 

Violencia mediática a la orden del día

MUJER SONORA
Por: Silvia Núñez Esquer*


 Que la Feria internacional de la lectura Yucatán (FILEY) haya utilizado una imagen que reproduce la violencia extrema contra las mujeres y expresamente incluya el consentimiento de la mujer, no es raro, pues ante la falta de creatividad publicitaria se reproduce la vieja historia de usar los cuerpos de las mujeres para reírse de ellos, para violentarlos o para venderlos.

Lo increíble es que las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos, particularmente por los derechos humanos de las mujeres, permanezcan calladas.

Aunque eso ya tampoco debería parecernos  raro, ya que la publicidad apologista de la violencia de género de la FILEY no es aislada, sin ninguna consecuencia para la serie de anuncios ya sea de empresas privadas o de las propias instituciones gubernamentales.

Si bien el fundamento de la FILEY -de actitud poco convencida- en la explicación del retiro de la publicidad referida evoca la libertad de expresión y la pluralidad de ideas, hay un empoderamiento del discurso que responsabiliza a quien lee por la “interpretación negativa”.

Reiteran su rechazo a cualquier tipo de violencia, pero ni por asomo se les ocurre emitir una disculpa pública. “La FILEY se pronuncia a favor de la pluralidad de ideas, la diversidad de pensamiento y también la tolerancia en el marco de la libertad de expresión”, reza su publicación. En otras palabras, ante la presión retiran el cartel, pero no significa que estén de acuerdo en que el mensaje reproduce la violencia extrema contra las mujeres.

Desafortunadamente la instancia cultural de Yucatán no es la única que ha hecho de la imagen de la mujer la oportunidad de reforzar los estereotipos de género.

El 6 de noviembre del año pasado Cultura UNAM publicaba un anuncio para publicitar el espectáculo de danza de la Compañía Mar Gómez de España, Heart Wash, que se presentaría el 12 del mismo mes.

En el cartel una mujer con vestido y zapatos de tacón cargaba abrazada y con dificultad una enorme lavadora proporcionalmente mayor al volumen de la mujer.

Tras la lavadora, se veía el cuerpo de la mujer, el vestido, las piernas y los tacones, pero no su rostro, solo su cabello, es decir la mujer era solo cuerpo no pensante, un cuerpo ligado al electrodoméstico.

A pesar de algunas manifestaciones de desacuerdo, no hubo ninguna explicación ni se retiró la publicidad.

En el mismo mes, pudimos observar la campaña del programa federal de la Secretaría de Salud “Cómo le hago”, en donde  a través de la composición de imágenes y texto se responsabiliza a las mujeres del embarazo adolescente.

Uno de sus carteles muestra en primer plano a una jovencita observando el dispositivo para test de embarazo en el que se presume, por su expresión, que está obteniendo un resultado positivo.

Atrás en segundo plano, desenfocado, aparece un joven con la mano tapando su boca. No queda claro si es el hombre responsable del embarazo, un amigo o un hermano que está acompañándola.

Por lo tanto, evidentemente ella está sola en el drama, pues a partir de la imagen el joven no es parte de la escena del resultado.

Otra vez se refuerzan los roles de género, al mostrar un “problema” de las jovencitas eximiendo al hombre responsable, y a las propias instituciones que no educan en sexualidad, y a las que no proveen de anticonceptivos de acuerdo a la demanda.

Todos estos productos comunicacionales, algunos que forman parte de campañas gubernamentales, contribuyen a construir la normalidad de la violencia hacia las mujeres, a reforzar los estereotipos, están pues al servicio de la violencia estructural.

Lo terrible es que estos ejemplos de entre muchos otros,  han sido protagonizados por instituciones públicas que deberían ser las primeras en transversalizar una postura de no discriminación, cero tolerancia a la violencia social y de género, y pugnar por una nueva sociedad sin estereotipos, ni falsos argumentos basados en los usos y costumbres.

Secretaría de Salud, Cultura UNAM o la Feria Internacional de la Lectura Yucatán han hecho lo mismo,  moverse en la amplitud de su derecho a la libertad de expresión, curiosamente –porque no lo hacen con otro sector de la población- violentando a las mujeres.

El sexismo y la misoginia son el sino de un arte publicitario que no evoluciona. Las instancias de las mujeres permanecen calladas, mientras la publicidad encasilla a las mujeres en cuerpos violentables, usables y sin pensamiento.

Mientras no se regule la violencia mediática de género, el círculo violencia-retiro-disculpa seguirá a la orden del día. Lo lamentable es que se podrá viralizar el logro de la ciudadanía que presiona para su retiro, pero a los perpetradores el gusto de haber propiciado  la violencia, nadie se los quita.

Peor aún, la imagen ya pertenece al mundo virtual y seguirá presente navegando a través de todas las redes que hoy día existen, aunadas a las que diariamente se agregan.

La FILEY podrá haber retirado la versión de la serie de carteles, inspirada en el libro Las 50 sombras de Grey, pero ésta permanece en la memoria y disponible para compartirla por siempre. El daño está hecho.

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora

Foto: Producciones y Milagros Agrupación Feminista

Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 

La sociedad paga el precio por el asesinato de mujeres


TribunaFeminista

ONU Mujeres está profundamente preocupada por la brutal violencia sexual y el asesinato de mujeres y niñas que ha sido recientemente señalada por las mujeres en Argentina y que repercute en toda América Latina y más allá.


Esta es una forma de terror íntimo que ha sido normalizada en su magnitud y a través de la aceptación de su inevitabilidad en algunas partes. Pero no es normal y no puede continuar. Más allá de los costos personales inaceptables, se revelan profundos y perjudiciales fallos de la sociedad que últimamente tienen un alto costo en la pérdida de progreso en cada país. Unimos nuestras voces a todos aquellos que dicen “Ni una menos” y llamamos a acciones urgentes en todos los niveles, desde los gobiernos hasta las personas que impulsan cambios, para prevenir que no haya ni un solo asesinato más.

 La violencia contra las mujeres y las niñas debe parar. Primero de todo, el reciente caso de femicidio de una adolescente en Argentina y el asesinato de una niña de 9 años en Chile no deben quedar sin castigo. Globalmente, la impunidad es un elemento clave en la perpetuación de la violencia y la discriminación contra las mujeres.

 Si los hombres pueden tratar a las mujeres tan mal como quieran con pocas o ninguna consecuencia, ello niega todos los esfuerzos para construir un mundo que sea seguro para las mujeres y las niñas y en el que ellas puedan florecer. Globalmente, unas 60.000 mujeres y niñas son asesinadas cada año, con frecuencia como una escalada de violencia doméstica. Estudios nacionales en Sudáfrica y Brasil estiman que cada seis horas una mujer es asesinada por su compañero íntimo.

 El hogar no es un refugio y es arriesgado para las mujeres denunciar a sus agresores. Salir al exterior también comporta peligros. Estudios recientes en Brasil indican que el 85 por ciento de las mujeres tienen miedo a salir a la calle. En Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, en torno al 90 por ciento de mujeres y niñas han experimentado alguna forma de violencia sexual cuando acceden al transporte público. Como comunidad internacional hemos articulado fuertemente su espacio propio para una población pujante de mujeres y niñas, y las múltiples formas en que esto es mejor para todos.

Desde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada en septiembre de 2015 hasta la Nueva Agenda Urbana adoptada esta semana, está claro que debemos acabar con la violencia y prevenir su repetición. Ello requiere de leyes y políticas públicas, ciudades seguras, transporte público, mejores servicios y el compromiso de hombres y niños en la construcción de una cultura que acabe con todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas y que lleve al fin del femicidio.

El cambio debe suceder a muchos niveles, tanto en las estructuras culturales como físicas de nuestras sociedades. Trabajamos de cerca con la sociedad civil y el movimiento feminista, que han sido actores clave en la denuncia de la violencia, impulsando el cambio de políticas y proponiendo soluciones. Para recoger más información y apoyar el fin de la impunidad, junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), hemos desarrollado un modelo de protocolo que permite investigar este tipo de crímenes adecuadamente para acabar con la impunidad, además de identificar las brechas en la cadena de investigación para lograr prevenir los femicidios.

Vamos a usarlo inicialmente para la investigación del femicidio en América Latina, donde el número de países con altas tasas de femicidio está creciendo. Estamos alineadas con la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Violencia contra las Mujeres, sus causas y sus consecuencias, que ha llamado al establecimiento de un observatorio global de femicidio con un panel interdisciplinario de expertos para recolectar y analizar datos sobre femicidios. Existen algunos progresos alentadores: en América Latina, 16 países —casi la mitad de los países en la región— han adoptado legislación para asegurar que el femicidio es adecuadamente investigado y castigado. Esto debe ser una tendencia global.

No es la responsabilidad de un solo sector, pero sí un esfuerzo colectivo y coordinado. Llamamos a que los gobiernos reconozcan la magnitud y las implicaciones de la violencia contra las mujeres y las niñas, y se comprometan a recoger datos con los cuales cuantificarla y no sólo a proveer servicios para las sobrevivientes y víctimas, sino a incrementar sustantivamente una fuerte acción judicial para lograr el cierre de casos y las respectivas condenas; además de esfuerzos constructivos y creativos para prevenir y castigar todos los crímenes violentos contra las mujeres y las niñas.

A nivel mundial, el año pasado suscribimos el objetivo de igualdad de género y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Lograr esto no es solo el fin de una terrible violación de los derechos humanos, es la clave para la construcción de un mundo mejor y más equitativo —un planeta 50–50.

Fuente: http://www.tribunafeminista.org/2016/11/la-sociedad-paga-el-precio-por-el-asesinato-de-mujeres/ 

Misoginia patriarcal en la FILEY


OPINIÓN
Por: Georgina Rosado R.*

“Feminazis”, así nos llaman a todas aquellas personas que nos oponemos a la violencia de género y protestamos ante una imagen, discurso, actitud o acción que normaliza o reproduce el sometimiento a las mujeres. Tristemente una de esas imágenes nos la encontramos en un cartel promocional de la Feria Internacional del Libro del Estado de Yucatán (FILEY), donde una mujer, de espaldas y con un fuete en su cuello suplica a un hombre; “Castígame pero déjame leer”. Es decir asume el poder de un hombre de castigarla y/o de permitirle hacer o no algo, en este caso leer, recreando la realidad de millones de mujeres que viven diferentes formas de violencia y de dominación, física, sexual, psicológica, económica, en México y en otras partes del mundo. Violencia que causa la muerte de muchas de ellas.


 
Y algunos argumentarán en defensa de ese cartel, y en el colmo de la misoginia, que a las mujeres nos gusta ser dominadas o violentadas, que somos por “naturaleza” masoquistas. Ignorando los procesos psicosociales por los que algunas mujeres, efectivamente, sólo sienten placer cuando son violentadas. La forma en que la sociedad patriarcal nos ha formado, sintiendo culpas y avergonzándonos por nuestra sexualidad, generando que el inconsciente nos exija ser castigadas, vinculando el placer con el dolor y el sometimiento. El erotismo patriarcal está basado en el sadismo masculino y el masoquismo femenino, es verdad, pero esto es una construcción social posible de desmontar promoviendo una conciencia crítica, y dejando de difundir imágenes que refuerzan el estereotipo del hombre dominador y la mujer sumisa.
 
No podemos ni debemos dejar de lado una realidad que ya lleva milenios, los grupos dominantes de la sociedad han promovido la desvalorización de todo lo femenino, generado la cosificación de las mujeres, y que ambos géneros naturalicemos la violencia hacia nosotras.
 
Pero lo más triste de todo es que pareciera ser que todos los años que las mujeres universitarias con perspectiva de género hemos dedicado al estudio científico de las condiciones sociales y culturales que generan desigualdad y violencia hacia las mujeres, no han servido de nada, ya que cualquier publicista o mercadólogo ignorante en estas cuestiones, puede impunemente reproducir los estereotipos que tanto daño nos han causado.
 
Es verdad, los organizadores de la FILEY ya retiraron ese cartel y se disculparon por “ofender a un grupo de personas”, pero en ningún momento admitieron la gravedad del hecho, nunca reconocieron que el cartel es misógino y promueve la violencia hacia las mujeres. Por el contrario se repitió en varias ocasiones, durante una conferencia que transmitieron mediante las redes, que las ofendidas somos un grupo minoritario al cual amablemente consideran y por tanto quitaron el cartel. Palabras muy lejanas a una verdadera disculpa y reconocimiento de la gravedad del hecho que no involucra a un grupo, sino a toda la sociedad.
 
El “error” no fue ofender a un grupo minoritario, sino promover la violencia y la misoginia, y es claro que los organizadores no lo entienden, por lo que seguramente seguirán reproduciendo el machismo en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
 
Y no se trata de descalificar la Feria por un hecho (para algunas personas asunto menor), estamos ciertas que en ella están programados eventos de gran calidad, dignos de reconocer, autoras y autores de gran prestigio y calidad literaria. Pero entonces me pregunto por qué los carteles se refieren a libros que dieron lugar a películas de terror del vecino país, algunas de muy discutible calidad. Por qué utilizar el morbo o la misoginia ofendiendo a la sociedad y a las grandes personalidades que participarán. Y si eso no requiere cambios en quienes diseñaron o autorizaron los promocionales.
 
Me pregunto también, si somos nosotras, las personas que hoy protestamos por la misoginia de un cartel, quienes merecemos ser sometidas con un fuete y debamos decir  “castígame, pero déjame escribir”.
 
*Este artículo fue retomado del portal poresto.net Quintana Roo.
  CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Cancún, QR.-


Mujeres: aún una larga lucha en el mercado laboral


By Centro de Colaboraciones Solidarias
La palabra feminismo es tan polémica como sus concepciones. En diferentes ámbitos se habla del feminismo y sus variadas interpretaciones y connotaciones. Resulta interesante ver la simpleza con la que define el término el diccionario de la Real Academia Española: “Ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres”. Tan simple y concreto que pareciera algo obvio. Hablar de feminismo es hablar de igualdad. Sin embargo aún hoy, en el Siglo XXI es necesario de-construir algunas ideas sobre lo obvio y lo que creemos resuelto en el seno de nuestra sociedad. Debates urgentes para la construcción de un tejido social formado por vínculos entre iguales.
Se estima que 52 por ciento del trabajo en el mundo es contribuido por mujeres, sin embargo ellas reciben menos remuneración, ganan 24 por ciento menos que los hombres. La  brecha salarial es sólo justificada por la discriminación sexista. En términos generales las personas que accedieron a mayores niveles de educación reciben mejores salarios, pero esto no se refleja de igual manera en hombres y mujeres. Según las estadísticas del departamento de trabajo de los Estados Unidos, una médica cirujana gana el 64 por ciento de lo que gana un médico cirujano con igual formación y experiencia. Una cajera de supermercado gana sólo el 86 por ciento de lo que ganan sus pares varones por realizar la misma tarea. Está claro que no es una cuestión de formación o academicismo, la discusión está atravesada por la injusticia.
En Argentina esta diferencia en los salarios es de las más altas en Latinoamérica: “La brecha salarial entre varones y mujeres en Argentina es del 27.2 por ciento, de los cuales sólo un 12.6 por ciento puede ser explicada por elementos que corresponden al mercado de trabajo (factores como educación, experiencia laboral, sector económico, región, intensidad laboral y ocupación)”, explica Violeta Guitart, economista y autora del blog “Economía Feminista.”
La segregación ocupacional son los estudios sobre la composición por sexo de los mercados de trabajo occidentales. Referentes de este campo de investigación de la economía postulan  que existen dos tipos de segregación una horizontal y otra vertical. La primera hace referencia a la segregación entre hombres y mujeres en diferentes áreas de la estructura productiva. Existen grandes dificultades para acceder a determinadas disciplinas y profesiones que parecieran solo ser para mujeres y  otras solo para varones, y a su vez las profesiones feminizadas son menos pagas que las consideradas masculinas.
La segunda, la segregación vertical, explica la dificultad de las mujeres para acceder a puestos jerárquicos de mayor responsabilidad y toma de decisiones.  En todo el mundo, menos del 25 por ciento de mujeres ocupa posiciones administrativas y gerenciales, revela un informe realizado por el programa de las naciones unidas para el desarrollo y agrega que,  para el año 2015 sólo el 22 por ciento de los miembros de parlamentos en el mundo eran mujeres. Las mujeres, mitad de la población mundial, hoy son minoría en todos los ámbitos en donde se toman decisiones y se piensa nuestra época: parlamentos, gobiernos, ciencia, medios de comunicación, literatura, universidades. Disputar el acceso a estos lugares implica re pensar el rol de la mujer en la historia y el futuro de la sociedad.
No sólo los datos objetivos alarman y levantan el velo a una situación de injusticia y desigualdad aceptada y avalada en la mayoría de los países, sino también desde la construcción de la subjetividad en los discursos que circulan de manera cotidiana. “Mi mamá no trabaja, es ama de casa” es una frase común y no cuestionada, que oculta la idea de que las tareas realizadas en el ámbito doméstico son un “no- trabajo” y pertenecen a las mujeres como si fuera algo natural. Desde los años 60 y hasta la actualidad la incorporación de las mujeres al mercado laboral va en aumento pero no se han alterado sus responsabilidades en el área reproductiva, por lo que su trabajo es doble: dentro y fuera del hogar.
Resulta necesario repensar aquellos marcos que reproducen la asimetría entre géneros  para visibilizar y cuestionar lugares asignados, roles y estereotipos.  Abordar la Economía desde el feminismo es hacerlo desde la igualdad.
Clara Presman/Centro de Colaboraciones Solidarias

Dominicana: Mujeres rurales protestan y exigen visibilización a sus problemas


Mercedes Alonso
Santo Domingo, 23 feb. 17. AmecoPress/SEMlac.- Mientras el Banco BHD León en Dominicana promueve hasta el próximo 28 de febrero una propaganda para premiar "a esa mujer que cambia el mundo", en centenares de barrios y bateyes las amas de casa y potenciales cabezas del hogar despliegan inenarrables acciones y multiplican "panes y peces" para dar de comer a sus hijos e hijas, según destaca Listín Diario bajo un titular que afirma: "La pobreza sigue teniendo rostro de mujer".
El periodista Benny Rodríguez, de ese medio informativo, se refiere en el texto a la entrevista concedida por Sarah Julia Jorge, directora ejecutiva de Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE), a un espacio radial en Barahona, provincia ubicada en el sur profundo del territorio nacional.
Julia Jorge aseguró entonces lo que sigue siendo una realidad latente: "La pobreza en la República Dominicana continúa con rostro de mujer, por lo que es necesario que se adopten políticas claras y pertinentes para impactar positivamente a este segmento de la población".
Pese a que se han producido algunas señales de progreso en términos de igualdad de género, la discriminación femenina en relación con el acceso al empleo y el tipo de ocupación evidencian un incumplimiento de las normas para su protección.
Se plantea que durante los últimos 15 años ha existido una gran brecha entre hombres y mujeres con respecto a oportunidades de trabajo y calidad del empleo, según un informe de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
En la República Dominicana, el desempleo oscila alrededor del 14,9 por ciento, los hombres marcan aproximadamente un ocho por ciento; mientras que las mujeres alcanzan más del 24. Datos del Banco Central (BC) establecen que el desempleo en el sector femenino es tres veces mayor que en los varones.
Es significativo que en la zona suroeste MUDE se enfoca en las áreas de capacitación en derechos humanos y calidad educativa con equidad de género y desarrollo económico.
Los pequeños emprendimientos, la salud y el apoyo financiero a la pequeña y la mediana empresa están entre sus principales esfuerzos. Sarah Jorge enfatiza que esta labor implica el empleo de "fondos provenientes de la cooperación internacional y contrapartida del gobierno nacional y programas impulsados por la responsabilidad social corporativa"; pero propone una mayor presencia del empresariado, ya sea local, regional, o nacional que contribuya a una mejor incidencia en la zona.
La dirigente femenina habla con particular ímpetu del proyecto que llevan a cabo en las provincias más pobres del país, como Barahona, San Juan de la Maguana, Bahoruco e Independencia, donde se promueven la artesanía, fabricación de dulces, salones de belleza, y la rehabilitación de pequeñas plantaciones de plátano en algunas zonas.

Insuficiente

El viernes 17 de febrero, decenas de mujeres residentes en distintos parajes de Valle Nuevo, provincia Constanza, en el centro de la nación, marcharon vestidas de negro en demanda de que el presidente Danilo Medina tome en sus manos el problema que afecta a la producción agrícola, "que les impide cultivar las tierras, a raíz de la Resolución 14-2016 del Ministerio de Medio Ambiente, que entró en vigor el pasado 29 de enero", tal y como dio a conocer Listín Diario.
Las manifestantes enarbolaron pancartas alusivas al problema que enfrentan en unas siete comunidades, cuyas tierras no pueden ser cultivadas porque "Medio Ambiente ha desmantelado las infraestructuras de riego".
Denunciaron, además, que el asentamiento militar en sus comunidades ha impedido las siembras, pues no se les permite ingresar "semillas, fertilizantes, instrumentos de labranza y otros elementos relacionados con las labores agrícolas".
A las voces de las protestantes se sumaron los sacerdotes Rogelio Cruz y Pedro Bautista, quienes expusieron que "la lucha continuará a diferentes niveles porque, a su juicio, el Gobierno se ha hecho de la vista gorda ante el drama que viven los agricultores y sus familias". Declararon que la próxima actividad se realizará frente al Palacio Nacional.
Una de las mujeres, Ramona Aybar, alegó indignada durante la caminata: "Yo tengo tres hijos en la universidad, han tenido que parar sus estudios (…), yo le pregunto al Gobierno, qué va a hacer con tantos niños si sus padres no pueden trabajar para mantenerlos", dijo.

Mercado laboral

El artículo 63 de la Constitución dominicana establece el derecho a una "educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades".
La Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2010-2030) establece la integración del enfoque de género como eje transversal en toda política pública y argumenta en uno de sus párrafos: "No obstante, el tipo de trabajo que realizan la mujer y el hombre, la suma de los salarios percibidos y las posibilidades de ascenso en el mercado laboral implican diferencias y demuestra cómo, a pesar de la superioridad respecto a la formación universitaria, técnica y/o de años de escolaridad con relación al hombre, las condiciones para la mujer son discriminatorias y no se toma en cuenta su capacidad productiva."
Prosigue el contenido que "las relaciones entre los géneros masculino y femenino en las zonas rurales se establecían bajo un estricto código de características y roles de género que sustentaban la división tradicional del trabajo. En este sentido, las tareas domésticas, incluyendo el trabajo agrícola y la pecuaria de subsistencia, estaba a cargo de las mujeres; los hombres, por su parte, se van insertando en la proletarización de las labores agrícolas".
Pero aclara el documento que "la crisis económica y las políticas de ajuste estructural aplicadas durante las décadas de los años ochenta y noventa, rompió el patrón de división social en la unidad familiar, donde la mujer tenía el rol de criar los hijos. El proceso se acicateó con la elevación del nivel educativo y las nuevas ideas sobre el rol de la mujer en el desarrollo; esto condujo a la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo y la política".
No obstante, pese a que desempeñan un rol primordial en la economía de los hogares y representan en gran medida las principales garantes de su subsistencia, las mujeres en las zonas rurales son subvaloradas en las actividades productivas que ejecutan en condiciones de escasez de agua y múltiples anormalidades, en jornadas que duplican sus esfuerzos y, aun así, continúan invisibilizadas.
Foto: SEMlac.
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Internacional – Economía - Mujeres rurales – Empleo y género – Pobreza y género - Empoderamiento. 23 feb. 17. AmecoPress.

Hay más de 30 millones de refugiadas o desplazadas en el mundo: CEDAW


Insoslayable violación a sus DH

De los 65 millones de personas refugiadas y desplazadas por las guerras y el cambio climático en el mundo, el 49 por ciento son mujeres. Constituyen el mayor desplazamiento forzado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la violación de sus derechos humanos es insoslayable. Así lo señala el informe sobre refugiadas del Estado español, que debatió el 18 de febrero la Plataforma CEDAW Sombra y que será presentado en julio próximo. 

La Comisión Europea lanzó en mayo la Agenda Europea de Migración para salvar vidas, aumentar los Fondos de Asilo, Migración e Integración a los países de frontera exterior y “cuotas de solidaridad" entre los estados miembros.

En junio se comprometió a la reubicación en otro país de 160 mil personas que ya estaban y habían pedido asilo en la Unión Europea (UE), sobre todo en Grecia e Italia, y al reasentamiento de 22 mil procedentes de campamentos de personas refugiadas fuera de Europa, mayormente de Líbano, Turquía y Jordania, donde hay 3 millones.

El Consejo de la UE de septiembre de 2015 rebajó los objetivos, ante la escasa acogida general y el veto de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, pese a la normativa existente.

Un año después, sólo había acogido al 7 por ciento, y el cierre de fronteras ha dejado, solo en 2016, 4 mil 700 cadáveres en el Mediterráneo, mil muertes más que en 2015. El 7 de marzo de 2016, el Consejo de la UE acordaba la ‘externalización a Turquía’ del derecho europeo de asilo, y la devolución en masa de cientos de miles de personas refugiadas.

España, con el 9 por ciento de la población de la UE, se comprometió en junio 2015 a reubicar antes de septiembre 2017 a 15 mil 888 (9 mil 323 desde Grecia e Italia) y reasentar a mil 449, pero a 23 de enero 2017 solo ha proporcionado reubicación a 745 personas y reasentamiento a 289 (previsiblemente incrementadas pronto por unas 200 procedentes de Turquía), en total  mil 34 personas, mayoritariamente sirias, iraquíes y eritreas. Un incumplimiento del 94 por ciento de su compromiso.

CIERRE DE FRONTERAS Y TRÁFICO

En “Asilo en cifras 2015”, de Eurostat, de sus 22 tablas de datos, solo 4 cuatro se desglosan por sexos. Al cerrarse las vías legales y seguras de entrada en la UE, aumenta el negocio de los traficantes, que sufren especialmente mujeres y niñas. Se requiere también una actuación urgente que permita solicitar asilo o visados humanitarios, que contempla el marco legal español y europeo, pero no se han desarrollado por falta de voluntad política. Y hay que recordar que subsisten las devoluciones en caliente que las autoridades españolas llevan a cabo en las fronteras de Ceuta y Melilla.

El 8 de marzo 2016 se aprobó la Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE, señalando que desde el verano 2015 son mujeres, niñas y niños el 55 por ciento del millón de personas refugiadas llegadas a Europa y que las mujeres y las niñas sufren violaciones, extorsiones, matrimonios precoces y forzados, prostitución, sexo forzado y trabajos degradantes en origen, tránsito y destino.

La Resolución llama a evitar las muertes en las fronteras, abrir vías seguras y legales hacia la UE y que las normas sobre migración no impidan el asilo. También propone repartir la acogida entre los 28 Estados miembros y reconocer mutuamente las concesiones de asilo, inscribir individualmente a las mujeres, para garantizar su seguridad, libertad y servicios, que participen en el reparto de alimentos y ayudas a las familias y en los comités de personas refugiadas, identificar y proteger a solicitantes de asilo vulnerables a la Mutilación Genital Femenina (MGF) y a la persecución de población Lésbica, Gay, Transexual, Transgénero, Travesti y Bisexual (LGTB).

Asimismo, sugiere que la UE ratifique y aplique el Convenio de Estambul, recuerda que el Internamiento de migrantes o solicitantes de asilo debe ser la excepción y nunca de niñas, niños o embarazadas, plantea investigar todas las denuncias de abusos sexuales y violencia de género en los Centros de Detención de Inmigrantes o en las fronteras, y facilitar acceso de los periodistas y las ONG, así como garantizar fondos para que las autoridades regionales y locales promuevan la integración laboral, social y política de refugiadas, su contacto con autóctonas y la atención a los niñas y niños.

SOLIDARIDAD CON REFUGIADAS

En los años 2015 y 2016 la solidaridad con las personas refugiadas ha dejado de ser exclusiva de las ONG especializadas, aunque sólo el 0.4 por ciento de la población declara preocuparse por ello (CIS, mayo 2016). Ante la falta de voluntad política del gobierno para garantizar la protección y los derechos de las personas refugiadas, numerosas organizaciones sociales han realizado acciones reivindicativas y de solidaridad.

Se han llevado a cabo concentraciones, movilizaciones, publicaciones específicas como las desarrolladas por Pikara e informes realizados por organizaciones como Women´s Link Worldwide, campañas de recogida de ayuda humanitaria, como la del Consejo de Mujeres de Gijón (Asturias) en 2017 recogiendo tampones, compresas y pañales, para los campamentos en Grecia.

La Caravana a Grecia realizada del 15 al 25 de julio del 2016 y que, tras un encuentro estatal en noviembre del 2016 se repetirá en 2017. La Plataforma CEDAW Sombra organizó una Jornada sobre Mujeres Refugiadas el 23 de abril de 2016 en Madrid, que reunió a 303 activistas de organizaciones feministas, de derechos humanos y de desarrollo, sindicatos, partidos, responsables y profesionales de administraciones locales, autonómicas y estatal.

Tras una concentración en el Parlamento, enviaron un Manifiesto firmado por 183 ONG a los Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, y su Oficina de Derechos Humanos; del Interior y su Oficina de Asilo y Refugio y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de la Mujer. No se ha obtenido ninguna respuesta.

ASILO SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO

Las autoras del informe que estudia el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW aseguran que no han obtenido el dato de cuantas mujeres presentan solicitud individual, y en qué relación con su familia. “La ausencia de datos es un dato”, afirmaba Maje Girona durante la presentación del borrador. Una vez concedido el asilo al solicitante principal o a una o un menor de edad,  no se le concede automáticamente al resto de la familia (punto 42 de la RG32) sino en un proceso de extensión del asilo que es muy complicado.

En puntos fronterizos, aeropuertos y puertos internacionales (la proporción de personas que ha entrado en pateras o por los Pirineos es menor) no hay personal idóneo para tramitar solicitudes de asilo, lo que sumado al cierre y externalización de fronteras, restringe o anula el derecho al asilo. Miles de mujeres, niñas y niños no sólo están sometidos a largos y arriesgados trayectos, sino que en territorio europeo tampoco cuentan con condiciones mínimas de alimentación, cobijo, salud y seguridad.

En algunos CIE se han mejorado las condiciones bajo mínimos y se permite el acceso, con horarios muy restringidos, de ONG humanitarias y jurídicas, que insisten en que es necesario seguir mejorando las condiciones de vida de las personas recluidas. Son frecuentes los amotinamientos, como los del CIE de Aluche en Madrid.

El procedimiento de asilo y los plazos establecidos tampoco se realizan con la debida diligencia y la falta de personal, de traductores, de abogados y abogadas y el escaso plazo para recurrir impide que el procedimiento de asilo se realice de manera individualizada aplicando una perspectiva de género y de derechos de la infancia.

“No nos consta que haya un mecanismo para la pronta identificación de las mujeres solicitantes específicas de protección y asistencia, mujeres con discapacidad, niñas no acompañadas, víctimas de traumas, de trata o de prostitución forzada, de violencia sexual, tortura o maltrato, ni medidas de acción positiva. En algunos centros grandes hay choques de culturas y los estereotipos de género se repiten en los centros y pisos de acogida, asignando un papel pasivo en los conflictos de convivencia.

El documento también recuerda que “la solicitud de asilo no es un acto ilícito y no debe penalizarse, tampoco mediante reclusión, a las mujeres solicitantes de asilo por entrar o permanecer de forma ilegal y nunca debe internarse a menores y madres con hijos e hijas lactantes o menores de edad”.

Imagen retomada del portal de AmecoPress. Por: Gloria López
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 

Bajo la “Ley Mordaza”, multan a Plataforma Feminista 7N

Por marcha del 7 de noviembre


La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha multado a la Plataforma Feminista 7N contra las Violencias Machistas en aplicación de la “Ley Mordaza”. A juicio de la Plataforma, “estamos ante un acto de represión más de la movilización ciudadana a la que tan lamentablemente nos tiene acostumbradas este Gobierno”.


En este sentido, la portavocía de la Plataforma recuerda que “la concentración celebrada el pasado 7 de noviembre fue totalmente pacífica y, tan masiva, que el número de personas que ocupaba la calle desbordó todas las previsiones, las nuestras y las de la Delegación del Gobierno” y que “es responsabilidad de las fuerzas de seguridad garantizar el orden y que se respete el recorrido acordado”.

Agregó: “Nosotras no somos policías, ni tenemos los medios, ni es nuestra misión hacer que se cumpla lo autorizado. Por lo tanto, si se tiene que multar a alguien, que miren entre sus filas”.

LOS ARGUMENTOS

Eso es un extracto de la multa que ha recibido la Plataforma Feminista 7N contra las Violencias Machistas a cargo de la Delegación del Gobierno de Madrid. Todo por una "infracción administrativa" de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza:

“A las 17.30 horas la concentración se inicia en el lugar previsto; si bien a las 18.50 horas los concentrados comienzan a invadir la calzada del Paseo del Prado (...) cortando la circulación (...) haciendo caso omiso a las instrucciones policiales (...) e incumpliendo lo acordado por esta Delegación del Gobierno”.

En un comunicado, la Plataforma señala: “Estamos ante un acto de represión más de la movilización ciudadana a la que tan lamentablemente nos tiene acostumbradas este Gobierno”. “La concentración fue para exigir medidas contundentes para luchar contra la violencia de género ante la pasividad del Estado”. Y recuerdan, fue “totalmente pacífica y, tan masiva, que el número de personas que ocupaba la calle desbordó todas las previsiones, las nuestras y las de la Delegación del Gobierno”.

Y avisan: “No nos van a callar, la violencia institucional también es violencia de género, y vamos a seguir peleando hasta que consigamos que el terrorismo machista sea cuestión de Estado”. Si bien el hecho conduce a una reflexión sobre “la dificultad de hacer incidencia política”, como explicó Lidia Fernández en su intervención en el Segundo Encuentro Estatal de la Plataforma Cedaw Sombra, el pasado sábado.



Imagen retomada de 7nyovoymadrid.twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 

 

Criminalización del aborto: exclusión, persecución y cárcel para salvadoreñas

Revela informe de OSC


El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas en el mundo. El 20 de abril de 1998, entró en vigor un nuevo Código Penal en El Salvador, que eliminó las causas en las que el aborto se encontraba despenalizado hasta ese momento: en caso de riesgo para la vida de la mujer; en casos de violación o estupro; y en caso de graves malformaciones en el feto.


Además, en enero de 1999, se reformó el Artículo 1 de la Constitución Política de El Salvador, en el que se estableció el reconocimiento de la persona humana desde el momento de la concepción. Este cambio hacia una legislación más restrictiva va en contra de la tendencia global de liberalización que se ha dado desde 1994, año en que se celebró la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y a partir de la cual más de veinticinco países en el mundo han liberalizado sus leyes sobre aborto.

El Salvador, junto con unos pocos países como Polonia y Nicaragua, restringió las condiciones en las cuales el aborto está permitido. A pesar de la legislación restrictiva de El Salvador, se calcula que para el periodo entre 1995 y 2000, hubo un total de 246 mil 275 abortos con una incidencia del 11.1 por ciento en la mortalidad materna. De acuerdo con datos de la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud, entre enero de 2005 y diciembre de 2008, se registraron en el país 19 mil 290 abortos, de los cuales el 27.6 por ciento ocurrieron en adolescentes.

En febrero de 2011, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, reiteró que la prohibición absoluta del aborto pone en riesgo a las mujeres y jóvenes, pues ante la necesidad de interrumpir el embarazo, muchas acuden a abortos clandestinos Estos datos sobre aborto son estimaciones, pues dada la ilegalidad de la práctica, no es posible tener datos confiables.

VULNERACIÓN ABSOLUTA

La situación en El Salvador es una manifestación clara de cómo la criminalización absoluta del aborto viola las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esta criminalización absoluta vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la autonomía de las mujeres. Igualmente, la aplicación de esta normativa genera violaciones a los derechos al debido proceso, a la privacidad, a estar libre de violencia, y de trato cruel e inhumano.

El informe “Excluidas, perseguidas, encarceladas. El impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador”, publicado por el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico,  documenta y denuncia las consecuencias de la penalización total del aborto en el país, desde una perspectiva de derechos humanos desde dos ángulos.

Primero, el análisis da voz a cinco mujeres que fueron procesadas injustamente por los delitos de aborto u homicidio agravado por el parentesco, tras sufrir emergencias obstétricas sin haber recibido atención médica. Sus experiencias son evidencia de cómo el Estado salvadoreño traspasa el límite del irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad de sus mujeres mediante el ejercicio de su poder sancionador y las consecuencias que ello genera en el sistema de salud, judicial y penitenciario, con consecuencias tan graves como condenas infundadas de hasta 35 años de cárcel. Igualmente, muestra cómo la criminalización tiene un impacto desproporcionado en las mujeres en situación de más vulnerabilidad, por encontrarse en situación de pobreza, sin acceso a educación, y por ser mujeres jóvenes.

Segundo, el informe aborda la penalización total del aborto desde un estudio cualitativo que revisa los perfiles de las mujeres que han sido procesadas por aborto y delitos conexos entre los años 2000 y 2011. El análisis usa las distintas variables como la edad, la escolaridad, la ocupación y el nivel de ingresos, entre otras, para ilustrar cómo las consecuencias de una legislación tan restrictiva crea patrones de violación a los derechos humanos, que afectan sobre todo a las mujeres en situación de más vulnerabilidad en El Salvador.

El estudio también analiza las condiciones de los procesos judiciales, como el origen de la denuncia, el tipo penal por el que fueron acusadas y luego juzgadas y las resoluciones judiciales dictadas en los procesos. El estudio revela cómo los profesionales de la salud que atienden a las mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros o por emergencias obstétricas que nada tienen que ver con abortos provocados, entienden que tienen la obligación legal de denunciar a las pacientes ante la policía para evitar ser involucrados en un eventual proceso judicial.

Estas denuncias resultan problemáticas, no sólo por la violación al secreto profesional que suponen, sino también porque las mujeres dejan de buscar los servicios de salud que necesitan si no se garantiza la confidencialidad. Esto es particularmente preocupante en los casos de las mujeres que tienen emergencias obstétricas o requieren cuidado post aborto.

LOS PROCESOS JUDICIALES

En el periodo comprendido entre enero de 2000 y el primer trimestre de 2011, la Agrupación Ciudadana para la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador realizó una investigación en todos los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia de El Salvador y analizó los expedientes de mujeres procesadas por aborto o delitos conexos. Se identificaron 129 mujeres que fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado. De estas, 49 fueron condenadas: 23 por aborto y 26 por homicidio en distintos grados. La investigación cuantitativa muestra que las mujeres más afectadas por la criminalización absoluta del aborto son las mujeres jóvenes y de bajo nivel socioeconómico:

– El 68.22 por ciento de las mujeres se encuentran entre los 18 y 25 años.

– De las mujeres procesadas, 6.98 por ciento eran analfabetas, 40.31 por ciento tenían algún tipo de educación primaria, 11.63 por ciento tenían estudios de bachiller y 4.65 por ciento tenían educación superior (estudios técnicos o universitarios).

– El 73.64 por ciento de las mujeres son solteras y sin pareja.

– El 51.16 por ciento de las mujeres no recibían remuneración económica por su trabajo y 31.78 por ciento contaban con empleos de remuneraciones muy bajas.

– El 57.36 por ciento de las denuncias surge de los profesionales de la salud que atienden a las mujeres y el 22.48 por ciento de las denuncias proviene de los familiares y vecinos.

– El 49 por ciento de los casos las denuncias no tienen fundamento y son archivadas.

– En el 46.51 por ciento de los casos el delito se tipifica como homicidio, lo que tiene serias consecuencias frente al respeto del principio de proporcionalidad de la pena, pues se puede condenar a las mujeres con penas de hasta 50 años de prisión.

– En el 43.41 por ciento de los casos se aplica la detención provisional, en donde las mujeres deben ir a la cárcel durante el proceso.

– En el 51.94 por ciento de los casos las mujeres son defendidas por defensores públicos.

Los datos muestran que las 129 mujeres procesadas se encontraban, en su mayoría, en situación de pobreza. Ellas han sido excluidas de la educación, del acceso a servicios esenciales de salud y de condiciones que brinden herramientas para cambiar su posición social. Los determinantes sociales hacen que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad y que no tengan herramientas para enfrentar el poder sancionador del Estado.

*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 

CIMACFoto: Gladis Torres
Por: la Redacción* Cimacnoticias | Madrid, Esp .-