Desata violencia cumplimiento de una orden de aprehensión
Atacan a mujer adherente a la Otra Campaña, en Jotolá Chiapas
Chandomí, corresponsalTuxtla Gutiérrez, Chis, 5 abr 10 (CIMAC).- Rosa Díaz Gómez adherente a la Otra Campaña del ejido Jotolá en el municipio de Chilón fue atacada en su domicilio por unas 15 personas de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), quienes la sacaron a rastras a ella y a sus hijos, para luego ser golpeada, secuestrada y abusada.
La agresión contra Rosa, de casi 50 años de edad, se dio en venganza al hecho de que sus hijos participaron el pasado 24 de marzo en la detención de Daniel Moreno Pérez de la OPDICC, quien tenía una orden de aprehensión desde el 2009 por agresiones contra defensores de Derechos Humanos (DH), y que permanecía sin ejecutarse por la Procuraduría General de Justicia del estado.
Moreno Pérez fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales de Bachajón, estas acciones desencadenaron hechos de violencia desproporcionada en contra de Rosa y Carmela Sánchez Cruz.
El mismo día que los adherentes llevaron a Moreno Pérez a las autoridades, sus compañeros de la OPDDIC, Juan Cruz Méndez, Medardo Carmelino Cruz Méndez, Alfonso Cruz Cruz, Eleuterio Cruz Cruz y Gerónimo Demeza Moreno, secuestraron a los menores de edad Mario Sánchez Arcos y Francisco Moreno Méndez, quienes fueron trasladados al cafetal de Guadalupe Cruz Méndez.
Los menores de edad lograron escaparse, lo que desató la furia de los secuestradores, quienes idearon atacar a Rosa, madre de dos integrantes de La Otra Campaña, que habían participado en la detención de Moreno Pérez para entregarlo a las autoridades.
El mismo 24 de marzo a las 3 de la tarde, un grupo de unas 15 personas entre ellas, los secuestradores de los menores de edad, rodearon la casa de Rosa y comenzaron a arrojar piedras hacia las ventanas, golpeaban con machetes. Al interior se encontraban Rosa, Carmela y otros 4 menores de edad: Magdalena, Rosa, Maximiliano y Nazario.
De acuerdo con los testimonios recogidos por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, los agresores rompieron la cerradura de la puerta con un machete, entraron a destruir la tienda de abarrotes que se encuentra al interior de la casa de Rosa.
Carmela, mencionó que se quedó paralizada y fue entonces que Eleuterio la tomó fuertemente del cabello y la arrastró llevándola directamente a la casa de Medardo, donde la encerró dentro del baño.
Por su parte, Juan, Gerónimo, Medardo y Tello apuntaron con sus armas al cuerpo de Rosa, luego la golpearon en la cara, brazos, piernas, espalda, costillas, abdomen y estómago.
Fue entonces que cuatro hombres la levantaron y cada uno de ellos la sujetó de cada brazo, abriéndole las piernas. Posteriormente fue llevada a la casa de Medardo.
Rosa quedó inconsciente y cuando despertó estaba amarrada de sus manos y pies, se percató que se encontraba en la casa de Medardo, la cual está a pocos metros de la suya.
En ese lugar recibió humillaciones, amenazas de muerte con la advertencia de que desalojara su casa en un plazo de 15 días (el cual vencerá el próximo 8 de abril). Durante el secuestro, Rosa continuó siendo maltratada con golpes por María Sánchez Sánchez, María Elena Gómez López y Ema María Sánchez Gómez.
El 25 de marzo, aproximadamente a las 13:30 horas, Rosa y Carmela fueron entregadas por sus agresores a una comisión de funcionarios de gobierno del estado, encabezados por Ledín Méndez Nucamendi, delegado de gobierno de Chilón y su operador político, José Arturo Zenteno Gutiérrez, coordinador de Ministerio Públicos de Bachajón perteneciente a la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena.
Dichos funcionarios de forma deliberada omitieron dar fe y certificar las condiciones físicas y psicológicas en las que fueron liberadas Rosa y Carmela, así como proceder a la detención in fraganti de los agresores.
A partir de estos hechos han salido del ejido unas 18 personas más por el temor a ser agredidos.
Ante ello, el Centro de Derechos Humanos exhortó a la comunidad nacional e internacional exigir a las autoridades mexicanas castigo conforme a derecho, para los responsables materiales e intelectuales de la privación arbitraria de la libertad y de las agresiones en contra de Rosa Díaz Gómez, Carmela Sánchez Cruz, Mario Sánchez Arcos y Francisco Moreno Méndez.
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