6/08/2013

CEDAW: Informe alternativo


 

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En virtud de la presentación y análisis de los informes 7º y 8º de México ante el Comité CEDAW, 25 organizaciones la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, presentan el Informe alternativo sobre la situación de los derechos reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres en México.

El informe señala la falta de cumplimiento por parte del Estado mexicano de sus obligaciones respecto de la eliminación de la discriminación de las mujeres (artículo 2) en el ejercicio de los derechos a la salud incluyendo la salud sexual y reproductiva (artículo 12), a la educación (artículo 10), al trabajo (artículo 11), y a la planificación familiar (artículo 16.e), así como los derechos de las mujeres rurales (artículos 14.2.b y 14.2.h), reconocidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

A pesar de que han pasado más de treinta años desde la ratificación de la CEDAW por parte del Estado Mexicano y de las reiteradas recomendaciones que el Comité ha realizado en materia de derechos reproductivos, la protección de estos derechos sigue siendo una asignatura pendiente. A partir de la investigación, del análisis normativo, de políticas públicas y estadístico, así como del acompañamiento de casos, en este informe se incluyen nueve problemáticas de alta preocupación relacionadas con el respeto, protección y garantía de los derechos reproductivos de las mujeres.

A partir de la investigación, del análisis normativo, de políticas públicas y estadístico, así como del acompañamiento de casos, en este informe se incluyen nueve problemáticas de alta preocupación relacionadas con el respeto, protección y garantía de los derechos reproductivos de las mujeres:

1. La presentación constante por parte de legisladores de iniciativas que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres (por ejemplo para dotar al embrión de personalidad jurídica o desincentivar información sobre el uso del condón) y la no aprobación de iniciativas clave para la protección de los derechos reproductivos de las mujeres (por ejemplo en materia de reproducción asistida).

2. Los altos índices de mortalidad materna y la falta de acciones efectivas para su reducción desde una perspectiva de derechos humanos. En cinco años las muertes maternas no han disminuido de forma significativa. En 2010, la razón de muerte materna en México fue de 51.5 muertes por cada 100,00 nacimientos y las propias autoridades han señalado que muy probablemente no se cumplirá con el Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir la razón de muerte materna a 22.3 para 2015. A pesar de que existen programas para combatir la muerte materna, la implementación de los mismos en los tres niveles de gobierno es bastante precaria. La atención hospitalaria es muy deficiente, ocho de cada nueve muertes maternas ocurren en hospitales. Las mujeres más afectadas son mujeres indígenas y mujeres jóvenes.

3. Los rezagos en materia de servicios de salud y servicios sociales para una adecuada protección de la maternidad que permitan compatibilizar la maternidad con el trabajo fuera del hogar, incluyendo la falta de acceso a estancias y las licencias de paternidad. El cuidado del hogar y la familia sigue recayendo en las mujeres: 78.5% de las y los niños menores de 6 años son cuidados por sus madres, mientras que el 2.6% son cuidados en guarderías públicas.

4. El impacto negativo y las posibles violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres que han tenido las reformas constitucionales locales que protegen la vida desde la concepción. Estas reformas, que tenían la intención de blindar las constituciones locales de una despenalización del aborto como ocurrió en el Distrito Federal, han generado un clima de persecución hacia las mujeres y de confusión en los funcionarios en términos de sus obligaciones en relación con la provisión de servicios de salud reproductiva. Aunque las causales legales de aborto siguen vigentes en los estados donde dichas reformas fueron aprobadas, los funcionarios no tienen claridad sobre esto y ello puede agudizar la negación de servicios de interrupción del embarazo e incluso acceso a técnicas de reproducción asistida o anticonceptivos.

5. La negación de información y obstaculización en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres víctimas de violación sexual. De acuerdo a la normativa nacional, las mujeres víctimas de violación sexual tienen derecho a interrumpir su embarazo y a que se les proporcionen información y servicios sobre anticoncepción de emergencia y al tratamiento de infecciones de transmisión sexual y VIH. Sin embargo, en muchos casos las autoridades de procuración de justicia y de salud no proporcionan esta información y servicios.

6. La necesidad insatisfecha de anticonceptivos para mujeres en edad reproductiva en todo el país, en particular para jóvenes. Para 2006, sólo 11.7 millones de mujeres en edad fértil y unidas usaban anticonceptivos, menos de la mitad de todas las mujeres en edad reproductiva de México (cerca de 26.5 millones).

7. La falta de acceso de las y los adolescentes y jóvenes a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, así como la falta de una educación sexual integral. El embarazo adolescente y en mujeres jóvenes ha crecido de manera alarmante en los últimos años. La educación sexual en el país es muy deficiente y las adolescentes enfrentan muchos obstáculos para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.

8. Las violaciones a los derechos reproductivos que sufren las mujeres privadas de libertad. De las 10,120 mujeres privadas de libertad que existen en el país, sólo el 25%, (2,530) se encuentran en espacios destinados exclusivamente para población femenina en reclusión. Las mujeres privadas de libertad no tienen por lo general acceso regular a servicios de atención ginecológica, anticoncepción y los centros de detención no están acondicionados para que las mujeres puedan ejercer su maternidad.

9. La falta de una política de atención a la salud reproductiva de las mujeres que viven con VIH. Según estimaciones del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIHSIDA en México existen 59,000 mujeres con VIH, quienes son víctimas de discriminación en el ejercicio de sus derechos reproductivos, tales como el acceso a anticonceptivos y el acceso a servicios integrales de salud reproductiva.


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