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| Madres de centroamericanos desaparecidos protestan en el Senado. Foto: Benjamin Flores Jorge Carrasco Araizaga |
MÉXICO,
DF (apro).- El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), el principal cuerpo deliberativo y de decisiones del
organismo internacional, se ha hecho eco de la crisis de la desaparición
forzada de personas en México.
La desaparición de miles de
personas en el país en el contexto de la inseguridad y violencia que
llevan ya una década desbordadas fue revisada esta semana por los 15
países que integran el máximo órgano de la ONU, empezando por los cinco
permanentes: China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia.
Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto se reconoció la existencia
de al menos 26 mil personas desaparecidas, aunque después el propio
gobierno quiso darle otra dimensión y habló de 13 mil desaparecidos.
Pese a que la verdadera cifra se desconoce debido a la falta de
registros confiables, el problema es de tal dimensión que mereció ser
tratado en el Consejo de Seguridad, donde se toman las decisiones de
sanción a los países miembros que violan el derecho internacional, entre
ellos el del respeto a los derechos humanos.
El Consejo también
puede proponer acciones de intervención internacional ante crisis
humanitarias. Ante los pactos de impunidad entre la clase política para
investigar y establecer responsabilidades, es cada vez más necesaria una
intervención internacional humanitaria en México.
La hermana
Consuelo Morales Elizondo, Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 y
fundadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), estuvo
en esa reunión del Consejo de Seguridad y le pidió al gobierno de
Enrique Peña Nieto aceptar ayuda internacional en estas tareas.
A
partir de su experiencia en Monterrey, la religiosa habló de la
impunidad generalizada que prevalece en el caso de las desapariciones.
El Estado mexicano lleva años demostrando al mundo que es incapaz de
cumplir con su razón de ser: darle seguridad a las personas, tanto en su
integridad, como en la posesión de sus bienes, y garantizar el respeto a
los derechos humanos.
Y aunque no se puede afirmar que el Estado
mexicano es el responsable directo de todas las desapariciones en el
contexto de la confrontación armada entre los grupos que se disputan el
mercado de las drogas, es evidente su fracaso en dar seguridad a sus
habitantes.
Es tal el descrédito internacional de México que en
esa misma reunión, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU Samantha
Power le dio a México el mismo tratamiento que a Sri Lanka, tanto por el
número de desaparecidos, como la respuesta de los gobernantes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para el caso de los 43
normalistas desaparecidos, ha demostrado que mientras no haya un
compromiso serio del Estado mexicano, la intervención internacional
puede acabar en una frustración más.
Con el actual funcionamiento
de las procuradurías de justicia, los pactos políticos de impunidad y
las respuestas del Estado a la crisis de inseguridad, que no pocas veces
son criminales –como la desaparición de personas a manos de policías o
militares–, es claro que la solución a la crisis humanitaria en México
está más allá de nuestras propias fronteras.
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