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| Peña y Moreira en una fotografía tomada en noviembre de 2011. Foto: Octavio Gómez |
La
complicidad para saquear el erario nacional es el principal elemento
que impide castigar la corrupción en México, pues los poderosos en turno
saben que al perseguir a sus antecesores o subordinados corren el
riesgo de ser incriminados por los mismos delitos de los que los acusan.
Esta red de complicidades no se limita a los políticos: en muchos casos
involucra a empresarios y, desde luego, también a miembros de la
delincuencia organizada.
El caso de Humberto Moreira y sus más
cercanos colaboradores (Héctor Javier Villarreal, quien fue el tesorero
de su gobierno; Jorge Torres López, su secretario de Desarrollo Social y
gobernador interino cuando él dejó el puesto para ocupar la presidencia
del CEN priista, y el empresario de la comunicación Rolando González
Treviño) revela plásticamente esta realidad.
En el acuerdo con el gobierno estadunidense firmado el 3 de
abril del año pasado, en el que se declara culpable de asociación
delictuosa para desviar dinero del erario de Coahuila a sus cuentas en
Estados Unidos, González Treviño expone con lujo de detalles una de las
tramas del caso.
En ese documento él admite que le transfirieron
1.8 millones de dólares del gobierno del estado a una cuenta en el First
National Bank en Edimburg, Texas, como pago por una estación de radio
con cobertura en varios municipios del norte del Estado; pero también
revela que en dicha trama estaban involucrados hombres de negocios de
varios ramos que le prestaban servicios al gobierno coahuilense.
Pero
ni él era el único beneficiario de dicha trama ni ésta fue la única que
operó durante el gobierno que encabezó Moreira, lo que se hace evidente
cuando el tesorero Villarreal aceptó entregar 8.8 millones de dólares
al erario estadunidense (en propiedades y en depósitos en una cuenta en
las Bahamas) para poder enfrentar su juicio en libertad, y cuando el
mismo gobierno norteamericano le incauta a Torres (gobernador
sustituto), todavía prófugo, 2.8 millones depositados en una cuenta en
las Bahamas.
El círculo se cierra cuando se hace público que la
justicia española también investiga a Moreira por sus presuntos vínculos
con grupos del narcotráfico y se revisan los antecedentes de la familia
González Treviño, y cuando se evidencia que en 1994 el Ejército detuvo
en La Paz, Baja California Sur, al narcotraficante Juan Chapa Garza en
momentos en que se aprestaba a abordar un avión propiedad de Roberto
Casimiro González Treviño, hermano de Rolando e involucrado asimismo en
la trama que éste reveló, y que además le había comprado un salón de
fiestas, denominado en aquel momento Candilejas.
Tanto en Estados
Unidos como en España, la clave para incriminar a los presuntos
delincuentes ha sido seguirle la huella al dinero. Aunque los montos son
muy diferentes en cada uno de los casos, lo cierto es que son muy
pequeños si se comparan con los más de 36 mil millones de pesos de nueva
deuda que le heredó Humberto a su hermano Rubén, y aun en el caso de
que los últimos 12 mil millones fuesen responsabilidad de su sucesor, no
hay disputa en torno a los 24 mil millones de pesos que Humberto
Moreira contrajo como deuda.
Estas transacciones financieras han
sido suficientes para que en estos países se puedan integrar
averiguaciones previas que permiten girar órdenes de aprehensión,
detener a los involucrados (al menos en dos de los casos en Texas y uno
en España) y en dos casos obligarlos a firmar convenios de aceptación de
culpabilidad como vía para llevar su juicio en libertad y establecer
máximos a las posibles sanciones.
Mientras tanto, en México, donde
el monto total del incremento de la deuda pública durante la gestión de
Humberto Moreira es al menos 100 veces superior a la suma del dinero
involucrado en los casos que son investigados en el extranjero, no se
logra integrar un expediente que pueda ser consignado ante el Poder
Judicial.
Las razones hay que buscarlas en las complicidades y los
compromisos políticos. Durante los dos sexenios en los que el PRI no
ocupó Los Pinos fueron sus gobernadores los que derivaron recursos del
erario de sus respectivas entidades para complementar el financiamiento
de las campañas políticas de los candidatos priistas.
El
crecimiento de las deudas no es privativo de Coahuila. Todo lo
contrario: casi se convirtió en una constante de los mandatarios del
tricolor. El diario Reforma publicó recientemente cifras que revelan los
altos niveles de endeudamiento de los gobiernos de Nuevo León,
Chihuahua y Veracruz, entre los más significativos.
Esta exigencia
de financiar las campañas políticas permitía extraer recursos del
erario, aunque no todo se canalizaba a tal fin; aparentemente una parte
se dedicaba a ese propósito, y otra iba a parar a los bolsillos de los
funcionarios públicos involucrados.
Las denuncias de los partidos
de oposición en cuanto a los recursos usados para la compra del voto a
través de las tarjetas Monex y Soriana durante la campaña de Peña Nieto
nunca fueron aclaradas de manera satisfactoria por las autoridades
electorales. Hasta hoy prevalecen las dudas sobre los montos, así como
el origen y el destino de dichos recursos.
Quizás algunas de estas
dudas se resolverían si se revisaran en forma acuciosa y profesional
las finanzas de los estados gobernados por priistas, entre las cuales
difícilmente podría excluirse a Coahuila. Por ello no es de extrañar la
cautela con la que reaccionó el gobierno federal al conocerse la
detención de Moreira y el ofrecimiento de la dirigencia nacional priista
de apoyar su defensa jurídica.
Moreira llegó a la dirigencia
nacional del PRI el 4 de marzo de 2011 gracias al apoyo de Peña Nieto y
con la encomienda de desbrozarle el camino para la precandidatura única.
Esto se concretó el 27 de noviembre de dicho año, cuando el mexiquense
se registró como precandidato, unos días antes de que Moreira tuviera
que renunciar a la presidencia del CEN ante el escándalo de la deuda
coahuilense.
Así, incluso antes de que Peña Nieto fuera candidato
oficial del tricolor a la Presidencia de la República, se desató lo que
podría considerarse como el precursor de los escándalos de corrupción y
conflictos de interés que han marcado a su gobierno. Y eventualmente, si
las autoridades españolas logran seguirle la pista al dinero y
desenredar la madeja, el juicio contra Humberto Moreira pudiera
convertirse en la puntilla.
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