Las contradicciones de El Salvador: “… traten de
evitar (embarazos)”, sin aborto ni educación sexual
Daniela Villegas
@danyelavillegas
El pasado 21 de enero el gobierno de El Salvador exhortó a las mujeres
a evitar embarazarse durante el presente y el siguiente año, a razón del avance
del virus Zika que es propagado por medio de zancudos y se sospecha es el
causante de malformaciones en el feto, como es la microcefalia, en donde el
recién nacido nace con un cráneo pequeño, en ocasiones acompañado de atrofia
cerebral.
El virus que se ha extendido en gran parte de los territorios de las Américas,
principalmente Centroamérica y el Caribe, cobra un cariz muy particular en el
caso de El Salvador, por varias razones. La primera es que es un país con escasa
educación sexual y reproductiva, la segunda es que son altos los índices de
violencia sexual que muchas de las veces resultan en embarazos y la tercera es
la total cerrazón del gobierno a
despenalizar el aborto, sea por la causal que sea. Esto ubica a El
Salvador entre las naciones que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia
como el Vaticano, Malta, República Dominicana, Nicaragua y Chile.
Así que cuando los funcionarios de Salud instan a las mujeres a prevenir
embarazos, sin contar con un programa educativo de prevención y de
anticonceptivos y mucho menos de una apertura a la legalidad de la interrupción
del embarazo, aún por causales de salud para la madre y el feto, resulta una
contradicción la siguiente declaración del viceministro de Políticas de Salud Eduardo Espinoza:
“Estamos recomendando a las
mujeres en edad fértil que tomen la precaución de planificar sus embarazos y
que traten de evitarlos este año y el próximo”, anunciaba a mediados de enero.
¿Tomen precaución de planificar
sus embarazos? ¿Traten de evitarlos? Para lograr esto, ¿de qué herramientas se les proveerá a las mujeres para evitar
embarazos, cuando se criminaliza el aborto en todas sus circunstancias?
En principio se carga toda la responsabilidad
a las mujeres, mujeres a las que no se les legitima como sujetas de derechos
que puedan decidir en plenitud sobre su cuerpo. Resulta irónico que el mismo gobierno que niega servicios de salud sexual y
reproductiva y que criminaliza a las mujeres que viven un aborto ya sea
inducido o imprevisto les está pidiendo que controlen su vida reproductiva
hasta el año 2018.
La cerrazón de la nación centroamericana al aborto se evidenció de
forma muy tajante en 2013 con el caso de Beatriz, joven cuya vida estaba en
peligro de muerte materna al padecer de lupus y el embrión padecía de
anencefalia, defecto de nacimiento en que partes del cerebro y el cráneo no se
desarrollan del todo y por lo tanto el feto tenía mínimas probabilidades de
sobrevivir.
Pese a las graves condiciones no se autorizó el aborto, sino una
cesárea temprana, a la que sobrevivió Beatriz pero no el recién nacido que
murió horas después. Tales medidas se rigieron bajo la postura del Tribunal
Supremo de El Salvador en que “… los derechos de la madre no pueden ser
privilegiados sobre los del feto o viceversa, y hay una absoluta prohibición
para autorizar un aborto por ser contraria a la protección constitucional
concedida a las personas desde el momento de la concepción”.
Habrá de recordar que estas draconianas medidas en que se castiga hasta con 40
años de cárcel a mujeres y por las cuales existen más de 628 casos registrados
de mujeres encarceladas, se impusieron en 1998 cuando el entonces partido
gobernante ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) aprobó un Código Penal que
prohíbe todos tipos de aborto, después de que por dos décadas exisitiera el
aborto terapeútico, que es un aborto inducido por razones médicas cuando el embarazo pone en peligro la
vida de la madre, así como en casos de violación o si el feto tiene una
enfermedad cong
énita.
Hoy en día cuando se
cuenta con 5,397 casos de Zika entre 2015 y las primeras
semanas de 2016, de los cuales 96 son de mujeres embarazadas y se teme que
aumenten las cifras a lo largo del año, es más que necesario que el presidente
Salvador Sánchez Cerén restaure la causal de aborto terapeútico que existía en
1973. Pues pese a que durante ése período gobernaba el conservador Arturo
Armando Molina, se permitía el aborto inducido por razones médicas cuando el
embarazo ponía en peligro la vida de la madre, así como en casos de violación o
si el feto tenía una enfermedad congénita grave, como es en el caso actual del
virus del Zika.
Ya ha advertido Ángela
Rivas una de las directivas de la Agrupación Ciudadana
por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE), que
: “La amenaza que representa el zika para los embarazos marca una línea
compleja: se nos van a elevar los abortos clandestinos, pero también el número
de mujeres procesadas y enviadas a la cárcel porque aquí (el aborto) lo toman
como un delito”.
La situación es apremiante para las mujeres salvadoreñas, pues cuando
su gobierno en vez de abrir la puerta al aborto terapeútico, lanza
declaratorias como las de la titular del ministerio de Salud, Violeta Menjivar
en que señala que: “el Estado salvadoreño no hace control natal”, nos queda
claro que ni las protege ni las reconoce como sujetas de derecho.
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