Claudia Paz y Paz (Guatemala) y Ángela Buitrago (Colombia) son dos fiscales reconocidas a nivel internacional por investigar crímenes de lesa humanidad.
Actualmente forman parte del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI, www.giei.info) designadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Durante las últimas semanas, las abogadas han sido objeto de una campaña de señalamientos infundados, calumnias y difamaciones a través de declaraciones a los medios de comunicación, conferencias en universidades y redes sociales. Una vez más, es necesario defender a las defensoras de los Derechos Humanos (DH).
La campaña contra estas fiscales se lleva a cabo con un considerable despliegue de recursos económicos a 16 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y con el propósito de denostar la ética profesional y la calidad moral de ambas abogadas y mermar la legitimidad y el reconocimiento alcanzado hasta ahora por el GIEI, que en su informe de septiembre de 2015 ofreció nuevas líneas de investigación, que cuestionan la indagación oficial del llamado caso Ayotzinapa.
Claudia y Ángela son expertas en investigar delitos como desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales, habiendo llevado a juicio principalmente a actores poderosos como militares, narcotraficantes, políticos, abusadores sexuales, entre otros, y logrando sentencias históricas sin precedentes.
Frente a estos ataques, 690 defensoras pertenecientes a diversas organizaciones civiles, activismos y movimientos sociales de Mesoamérica, manifestaron su indignación por la campaña de difamación y desprestigio contra las expertas independientes.
“De manera particular nos preocupa que la campaña de difamación ha sido dirigida a las expertas mujeres, tratando de denostar su ética profesional y desacreditar su calidad moral, evidenciando una clara discriminación en razón de género, al intentar poner en entredicho su labor, cuestionar su capacidad profesional y congruencia ética”.
Haciendo un despliegue de recursos económicos, la campaña con señalamientos infundados se realiza a 16 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y luego del inicio de las caravanas de madres, padres y normalistas al norte y sur del país, explican las defensoras en un comunicado.
“Como defensoras de DH y particularmente quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), hemos sido testigos de la importante labor del GIEI para conocer lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues ha sido piedra angular, y evidencia de ello es su informe presentado en septiembre de 2015, a través del cual el Grupo ofreció nuevas líneas de investigación que cuestionan la investigación oficial”.
En ese sentido, “lejos de abonar al esclarecimiento de los hechos y a que las madres, padres y normalistas de Ayotzinapa puedan dar con el paradero de sus hijos e hijas y conocer la verdad sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, a través de una campaña mediática se busca mermar la legitimidad y el reconocimiento alcanzado hasta ahora por el GIEI, sin enfocarse en lo fundamental que es el acceso a la justicia y el derecho a la verdad para las víctimas”.
Cabe mencionar que según la Declaración sobre las y los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales”.
Ante la situación de acoso que sufren las fiscales, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la RNDDHM exigen que “cese la campaña de difamación y desprestigio contra las fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz”, y reclaman garantías de seguridad para que estas mujeres y el resto de integrantes del GIEI –Alejandro Valencia Villa (Colombia), Francisco Cox Vial (Chile), y Carlos Martín Beristain (España)– puedan continuar su labor sin obstáculos ni calumnias.
Las defensoras exigen que el gobierno federal presente avances sustanciales en la investigación de la desaparición de los estudiantes normalistas, y en tanto esto no suceda, pueda continuar la permanencia del GIEI para continuar las pesquisas que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y al acceso a la justicia.
“Las defensoras mesoamericanas respaldamos la labor, profesionalismo y compromiso de las fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz; así como del GIEI en su conjunto; hacemos un llamado al gobierno federal a reencauzar las energías y esfuerzos en la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos y en el acceso a la justicia para ellos, y para los tres estudiantes de Ayotzinapa y demás personas ejecutadas extrajudicialmente el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, hechos que hasta la fecha se mantienen impunes”, concluyen.
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