Por: Redacción Revolución /
(28 de Enero, 2016).- Tras las
intimidaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra
de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(Fepade) sobre el caso Arturo Escobar y el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), el tema ha quedado en el limbo y en completa impunidad.
El 14 de diciembre la Fepade, encabezada
por Santiago Nieto, anunció que, en vez de impugnar la resolución de la
jueza decimoprimera de distrito en Procesos Penales Federales, Rosa
María Cervantes, solicitaría la devolución de la averiguación para
corregir fallas.
Escobar como líder del PVEM firmó un
contrato por 2.3 millones de pesos para la entrega de 10 mil tarjetas de
descuento, esto aunque está prohibido en la legislación electoral
vigente.
La juzgadora consideró que la figura
jurídica prevista por la ley no se ajusta a la conducta desplegada por
Escobar y otros coacusados, por lo que se negó a girar las órdenes que
le pidió la Fiscalía.
“Ya ha transcurrido un plazo que
pareciera razonable, 45 días, y me parece que el licenciado Santiago
Nieto sí está obligado a, sin alterar la secrecía a la que está obligado
en la construcción de esta investigación, a dar alguna explicación de
por qué se ha venido dilatando este asunto” consideró Francisco Gárate,
representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Instituto
Nacional Electoral (INE).
“Santiago Nieto tiene que dar una
explicación de qué ha venido sucediendo con el desarrollo de esta
investigación; decir sí si van avanzando o no, qué problemas ha tenido,
incluso hasta de presiones políticas” indicó el panista.
Escobar se desempeñaba como
subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación
(Segob), cargo del que se separó tras ser consignado por delitos
electorales.
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