Una semana después
de haber asumido la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador anunció el
combate frontal a la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), el fin de los subsidios a la iniciativa privada en materia
energética, y el diseño de un plan para recuperar la autosuficiencia
nacional en el sector.
Ayer, durante su conferencia de prensa matutina,
el mandatario reiteró que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari
la ex paraestatal sufrió un abandono deliberado con el propósito de
quebrarla y ceder el negocio energético a actores privados, designio
ejemplificado por el hecho de que en tres décadas el sector público pasó
de generar el total de la energía que se consumía en el país a producir
sólo 54 por ciento.
Debe recordarse que el deterioro de la CFE se agudizó de manera
alarmante en el último tramo del sexenio pasado, cuando pasó de perder 9
mil 923 millones de pesos en todo 2017 a una merma de 39 mil 864
millones sólo en la primera mitad de 2018. Por ello, resulta
significativo el informe que la empresa productiva del Estado presentó
el jueves, según el cual durante el primer semestre de este año las
pérdidas se redujeron a 2 mil 810 millones de pesos e incluso se logró
una utilidad neta de 11 mil 130 millones si se considera por separado el
segundo trimestre.
Las anteriores cifras apuntan a la existencia de una auténtica
voluntad política para rencauzar la industria eléctrica nacional con un
enfoque soberanista y de recuperación del sentido social que debe tener
este sector estratégico: no como fuente de ganancias exorbitantes para
un puñado de grandes compañías, en su mayor parte extranjeras, sino como
una palanca fundamental del desarrollo, además de una herramienta en el
combate a las abismales brechas de bienestar entre las distintas
regiones y estratos socioeconómicos del país.
Cabe saludar el compromiso, refrendado ayer, de continuar
fortaleciendo a la Comisión mediante inversiones en mantenimiento que
permitan incrementar el volumen de producción, sin trasladar el costo de
dichas erogaciones a los precios que pagan los ciudadanos por este
insumo de primera necesidad.
Por último, no puede pasarse por alto que
para cumplir estos propósitos será necesario demostrar firmeza en lo
tocante al ofrecimiento de reducir subsidios a la iniciativa privada con
la finalidad de que estos recursos puedan canalizarse a la recuperación
del sector público.
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