Reacciones encontradas provoca la candidatura que México presentó el mes pasado ante la ONU para integrarse como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2021-2022. Algunos actores de la diplomacia mexicana e internacional consideran que se abre otro frente para que el gobierno de Estados Unidos, aun si no se reelige Donald Trump, presione al país con otros temas a fin de conseguir su apoyo en la instancia internacional. Sin embargo, Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante las Naciones Unidas, considera que el riesgo de esas presiones existe de todas formas, y que integrarse al consejo le da al país un mayor margen de maniobra y la posibilidad de ganar aliados.
NUEVA YORK (Proceso).- Con el respaldo unánime de los países de América Latina y el Caribe, México presentó en junio pasado su candidatura para convertirse en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 2021-2022.
Algunos expertos consideran que ahí México correrá el riesgo de ser humillado diplomática y políticamente por el gobierno de Estados Unidos, que encontrará en la participación de su vecino en el máximo foro de la diplomacia internacional una oportunidad más para amagar y chantajear a los mexicanos.
Otros, como el actual embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, opinan que el Consejo de Seguridad ofrecerá al gobierno más opciones diplomáticas para lidiar con su vecino del norte, lo que le daría a la administración de Andrés Manuel López Obrador un mayor margen de negociación.
Los riesgos que corre México tienen antecedentes cercanos. En mayo pasado el presidente estadunidense Donald Trump doblegó al país tras la amenaza de imponer aranceles de 5% a los productos que exporta a Estados Unidos. La condición para evitarlo fue que el gobierno mexicano tomara medidas inmediatas para reducir la migración de Centroamérica.
En respuesta, López Obrador desplegó a la Guardia Nacional en la frontera sur, lo que en efecto redujo el flujo migratorio, según las propias autoridades de Estados Unidos. Para el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, la decisión mexicana equivalió a una “pérdida de soberanía”.
Pese a la aquiescencia de México, el gobierno de Trump impuso aranceles de 74% a algunos productos de acero mexicano, así como uno de 17.5% al jitomate.

En el Consejo de Seguridad, compuesto por cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) y 10 electos con participación de dos años, se abordan sólo asuntos que amenazan la paz y la seguridad internacionales. Los temas de otra índole, así como los bilaterales, están fuera de la competencia de este órgano.
Sin embargo, si Estados Unidos necesitara un voto para aprobar una resolución a fin de impulsar sus intereses estratégicos recurriría a medidas de presión que podrían incluir amenazas de imposición de tarifas comerciales. Para ser aprobadas, las resoluciones en el Consejo de Seguridad requieren de al menos nueve votos y de ningún veto de las cinco potencias.

“No es difícil imaginar que, si Trump sigue siendo presidente, Estados Unidos pudiera amenazar con imponer sanciones comerciales a México por desacuerdos diplomáticos en el Consejo”, señala en entrevista con Proceso Richard Gowan, uno de los principales expertos internacionales sobre la ONU y director del centro de pensamiento International Crisis Group.
Ese escenario de alto riesgo depende de la reelección de Trump en 2020. No obstante, existen riesgos incluso si Trump no resulta reelecto y un demócrata toma las riendas de Estados Unidos, debido a los muchos temas de la agenda bilateral que podrían contaminar negociaciones en el Consejo de Seguridad.
Uno de esos temas es el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que, de acuerdo con analistas estadunidenses, tiene escasas posibilidades de ser aprobado antes de la elección presidencial en Estados Unidos.
La aprobación en el Congreso estadunidense del T-MEC, que México renegoció con el gobierno de Trump, puede ser utilizada por un posible gobierno demócrata para presionar al gobierno mexicano en el Consejo de Seguridad.
Jorge Castañeda, quien era canciller de México cuando el país participó en el Consejo de Seguridad en 2002-2003, dice en entrevista que, si bien el T-MEC por definición no podría abordarse como uno de los temas del Consejo, “siempre hay un riesgo de que estos asuntos se contaminen”.
Además, ya hay antecedentes. México ha sido miembro electo del Consejo de Seguridad en cuatro ocasiones, pero retiró su candidatura para el bienio 1992-1993 debido a su temor de confrontar a Estados Unidos mientras se negociaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El entonces presidente Carlos Salinas evitó que México participara en esa instancia de las Naciones Unidas, lo mismo que su sucesor, Ernesto Zedillo. “Tanto Salinas como Zedillo tuvieron miedo; digámoslo en buen castellano”, señala Castañeda.
El temor lo causaban las posibles represalias de Estados Unidos en caso de que México asumiera posiciones contrarias a sus intereses estratégicos en el Consejo de Seguridad. El otro riesgo es que México fuera obligado a capitular y a violar sus principios de política internacional.
Esto sucedió cuando el gobierno de López Obrador decidió defender el sector exportador de México de los aranceles que pudiera imponer Estados Unidos, en detrimento de los principios nacionales respecto al libre tránsito de migrantes en territorio mexicano.
Sacha Llorenti, quien representó a Bolivia en la instancia de la ONU en 2017-2018, dice que “México es un país cuyo peso específico es mucho mayor al de Bolivia, pero nosotros tenemos la gran ventaja de que en el seno del Consejo de Seguridad nuestros intereses coincidían con nuestros principios”.
En entrevista con Proceso, Llorenti, quien destacó en el consejo por sus severas críticas a la política exterior de Estados Unidos, comenta que no todos los países se pueden dar el lujo de contar con principios e intereses alineados: “He visto muchos colegas que votan en el consejo en contra de sus principios nacionales a cambio de defender sus intereses o incluso los intereses de otros Estados”.
El riesgo y las ventajas
Pese a los riesgos, durante su presencia en el Consejo de Seguridad en 2002-2003 México logró oponerse a que Estados Unidos presentara una resolución que hubiera permitido una ofensiva internacional contra Irak bajo la excusa de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas nucleares.
Como consecuencia, la invasión de Estados Unidos y sus aliados a Irak constituyó una violación al derecho internacional, según el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan.
La coyuntura actual permite vislumbrar un escenario similar en relación con la supuesta intención de Irán de desarrollar armas nucleares.
“Es una de las coyunturas posibles que México tendría que tratar, y cuando llegue el momento el gobierno mexicano deberá juzgar la situación sobre los méritos intrínsecos del tema, no en abstracto. Esto no se resuelve con principios sino con hechos”, afirma Castañeda.
El otro gran tema que podría causar una fricción entre México y Estados Unidos es el de la crisis venezolana. La última representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, intentó el año pasado introducir el tema en la agenda del consejo con la excusa de que la masiva migración desde Venezuela era una amenaza para la estabilidad internacional.
Tanto Rusia como China, respaldados por naciones como Bolivia, se negaron a que se admitiera el tema en el Consejo de Seguridad.
El representante del país ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, argumenta: “Entiendo que habrá quienes piensen que no es una buena idea que México esté en el Consejo de Seguridad. Es un debate interno desde hace muchos años… Los riesgos siempre van a existir, aunque no estemos en el Consejo de Seguridad. Lo vemos todos los días con Estados Unidos, cuyo gobierno nos acaba de imponer aranceles para el aluminio y el jitomate”.
A decir del exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, los posibles desacuerdos con Estados Unidos se incrementarían si México evitara participar en el consejo, pues desde su punto de vista formar parte de este órgano “aumenta la posibilidad de maniobra de México, ante un riesgo que ahí va a estar y con el que tenemos que lidiar de la mejor manera posible. El consejo nos da más opciones, lo que es bueno para México”.
La participación de México en el Consejo de Seguridad ha sido cuestionada por cancilleres mexicanos. En el libro México en el Consejo de Seguridad. La historia tras bambalinas (Debate, 2012), coordinado por Roberto Dondisch, se cita a Luis Padilla Nervo, quien en 1946 fue el primer representante del país en esa instancia de la ONU. Este diplomático opinaba que México tenía mucho que perder y poco que aportar en ese organismo.
A su vez Manuel Tello Macías, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Carlos Salinas, escribió: “No existe evidencia sólida de que nuestra participación en el consejo haya ayudado a lograr objetivos de política exterior o se haya reforzado de alguna manera el interés nacional” (Olga Pellicer, comp., Las Naciones Unidas Hoy: Visión de México, SER-FCE, 1994).
Esas posiciones, cautelosas hacia el ámbito multilateral, son más cercanas a la actitud mostrada por el presidente López Obrador respecto del papel de México en el mundo. López Obrador ha manifestado su decisión de no salir del país durante el primer año de su gobierno y faltó en junio a la reunión anual del G-20.
Pese a la posición de López Obrador, México confirmó su candidatura al consejo para 2021-2022, que fue producto de un acuerdo en el Grupo de Países de América Latina y el Caribe (Grulac) durante el gobierno de Felipe Calderón, el cual permite a las naciones latinoamericanas y caribeñas presentar sus candidaturas sin oposición regional.
De la Fuente niega que exista contradicción entre las prioridades eminentemente domésticas de López Obrador y la inclusión de México en la instancia de las Naciones Unidas: “Si vemos los principios de la política exterior de México, no hay contradicción con nuestra actuación en el consejo”.
Claude Heller, quien fuera representante permanente ante la ONU durante la más reciente participación de México en el consejo (2009-2010), indica en entrevista que estos foros reducen los riesgos para el gobierno mexicano al aumentar el número de pistas en que la diplomacia puede actuar. El Consejo de Seguridad ofrece además la posibilidad de encontrar nuevos aliados.
“Nunca he creído en que la política del avestruz resuelva la política internacional. Esos asuntos siempre generan riesgos, así como ventajas y desventajas. México es un país lo suficientemente maduro para asumir esos riesgos”, dice Heller.
Crisis del multilateralismo
Las amenazas bilaterales para México suceden en una coyuntura especialmente delicada, pues el andamiaje internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial se encuentra más débil que nunca y ya no resulta tan clara la hegemonía absoluta de Estados Unidos.
“Para nadie es un secreto que el multilateralismo está en una gravísima crisis. La carta de la ONU (el documento rector de este organismo) no podría ser aprobada hoy. No existiría consenso”, opina Llorenti.
El diplomático boliviano señala como principal responsable de esta crisis a Estados Unidos, que se ha alejado de los instrumentos de mediación internacional y recurre cada vez más a los actos unilaterales.
A su vez, el experto del International Crisis Group, Gowan, considera que “el mayor peligro en el futuro es la más amplia desintegración de la cooperación internacional, no sólo en la ONU sino en la Organización Mundial de Comercio y en los acuerdos bilaterales de armas, por ejemplo”.
El ejemplo más flagrante de esta disposición estadunidense a vulnerar la arquitectura multilateral fue su decisión de abandonar el acuerdo para detener el desarrollo de armas nucleares en Irán, firmado por las cinco potencias del Consejo de Seguridad más la Unión Europea.
El propio consejo sufre una parálisis que data de 2011, cuando se aprobó la resolución que abrió la puerta a la intervención militar internacional en Libia, lo cual provocó un cambio de régimen del que ese país no ha logrado recuperarse.
Para evitar un caso similar, tanto Rusia como China –ésta en menor medida– han vetado todas las resoluciones que pudieran permitir una intervención militar en Siria, un país que suma ocho años de una guerra civil con más de medio millón de víctimas mortales.
En medio de ese contexto crítico, la diplomacia mexicana tiene perspectivas de adquirir mayor importancia, en especial si genera los contrapesos suficientes con las democracias liberales de Europa, según expertos como Gowan.
México fue uno de los 12 países invitados a formar parte de la Alianza para el Multilateralismo, anunciada en abril pasado en Nueva York por los cancilleres de Francia y Alemania, y que será presentada oficialmente en septiembre próximo.
“Mi impresión es que la actitud de la comunidad diplomática en general es muy positiva hacia México, que ha demostrado ser un jugador muy efectivo en algunos temas de la ONU, como en el Pacto Mundial para la Migración”, apunta Gowan.
Esa capacidad diplomática podría ser relevante, en especial cuando el Reino Unido, seguramente ya al margen de la Unión Europea en 2021, pudiera acercarse a las posiciones unilaterales de Estados Unidos.
“Confiamos en el liderazgo mexicano para que contribuya a los principios y propósitos de la ONU. Lo trágico de este momento es que parece heroico defender las normas del derecho internacional cuando eso debería ser la expectativa mínima”, dice Llorenti.
Por lo menos México podría abonar a temas concretos. Durante su más reciente actuación en el consejo, Heller introdujo el tema de la guerra civil en Sri Lanka, organizó un diálogo entre Corea del Sur y Corea del Norte e impulsó una histórica resolución sobre los niños en los conflictos armados.
“Si uno tiene claridad en los referentes jurídicos, políticos y éticos del trabajo que ha desempeñado México en el consejo, no creo que haya muchas sorpresas en 2021-2022, lo cual no quiere decir que no sortearemos circunstancias muy complejas”, enfatiza De la Fuente.
Este reportaje se publicó el 21 de julio de 2019 en la edición 2229 de la revista Proceso