Argumenta ante la CoIDH falta de “pruebas fehacientes”
Niega Estado mexicano violación de Valentina Rosendo Cantú
Por Anayeli García Martínez, enviada especial
Si bien es cierto que la integración de la investigación de los hechos ocurridos el 16 de febrero de 2002 no se hizo de manera eficaz y eficiente, no se puede responsabilizar al Estado mexicano por tortura y tampoco por violar el derecho a la salud y al debido proceso de Valentina, así lo dijo Armando Vivanco Castellanos, director de Democracia y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Vivanco Castellanos, junto con Rogelio Rodríguez Correa, Subdirector de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encabezaron la comitiva mexicana, encargada de responder por el caso de Valentina, sin embargo, antes de pronunciar sus alegatos hicieron énfasis en los programas y políticas que se han implementado a favor de los derechos de las mujeres.
Los representantes del Estado mexicano mencionaron leyes, normas, programas, institutos que se han creado desde el año 2000 hasta la fecha y además “reafirmaron su compromiso y colaboración” con la CoIDH, pero no aceptaron que Valentina hubiera sido victima de violación sexual por parte de militares, ya que dijeron, los peticionarios sólo presentaron pruebas circunstanciales que no prueban los hechos.
Vivanco Castellanos instó a los jueces a que analizaran este caso desde la perspectiva de los avances –los cuales corroboran la disposición del Estado- al tiempo que refutó las afirmaciones de la comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de los defensores del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, representantes de Valentina.
En su participación, estos organismos, solicitaron a los jueces que declararan culpable al Estado mexicano por negar el derecho a la salud y a un debido proceso; declarar que Valentina fue víctima de violación sexual y que por tanto el Estado violó diversos tratados y convenciones internacionales en materia de derechos de las mujeres, de las niñas y niños, y contra la tortura.
Finalmente, cuando los funcionarios mexicanos fueron cuestionados por los jueces y desmentidos por la defensa, estos se limitaron a dar explicaciones cortas arguyendo que toda la información se encontraba en el informe final que harían llegar a la CoIDH.
Cuestionado por Cimacnoticias al término de la audiencia, Vivanco Castellanos no quiso realizar ningún pronunciamiento sobre la jurisdicción militar, dijo que sólo esperan la resolución de la CoIDH, organismo que deberá pronunciarse al respecto. Lo que sí dijo fue que “hay total transparencia y disposición de las autoridades mexicanas para cumplir con los derechos humanos”.
Argumentó que la CoIDH ya se pronunció en torno al tema por el caso de la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla a manos del ejército, y por lo tanto cree que la Corte ya no debería de pronunciarse al respecto.
Después de esta audiencia, tanto la defensa de Valentina como el Estado mexicano deberán entregar sus alegatos finales por escrito, de acuerdo con la CoIDH el próximo 28 de junio y advirtió que no habrá prórroga.
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