Managua
– Nicaragua, 18 nov. 15. AmecoPress/Cimacnoticias.- El Primer Tribunal
de Conciencia que sesionó en esta capital nicaragüense conoció el caso
de Ángela Esperanza, una joven de 23 años de edad, madre de cuatro hijos
y sobreviviente de feminicidio, y determinó que hubo falta de justicia y
de medidas preventivas.
El
Tribunal lo integraron las expertas en derecho de las mujeres y con
amplia experiencia en el área penalista, Karla Micheel Salas, de México;
Pabla Santamaría, de Chile, e Isabel Agatón, de Colombia, quienes
fueron convocadas por la Red de Mujeres Contra la Violencia y otras
organizaciones feministas.
Karla Micheel
Salas, presidenta del Tribunal, dijo que quedó claro en el juicio que el
caso era representativo de muchos otros que se presentan en Nicaragua,
donde lamentablemente las mujeres no acceden a la justicia por la falta
de aplicación de las leyes y de los tratados internacionales de los
cuales el Estado nicaragüense es firmante.
“Hacemos una
serie de recomendaciones para atender la situación estructural de esta
inaplicación de la ley”, es claro que la reglamentación de la Ley 779
(Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres) es inconstitucional
porque se contradice con los tratados que Nicaragua ha firmado, como la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Belém do Pará), y la propia Constitución del país
centroamericano.
De acuerdo con
el Tribunal, el Estado de Nicaragua no está cumpliendo con sus
obligaciones nacionales e internacionales, pues el país cuenta con un
marco jurídico que de ser aplicado eficazmente podría dar una respuesta a
las miles de mujeres que están siendo víctimas de violencia.
Para Reina
Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia,
este Tribunal ha sido un espacio público que tuvo carácter simbólico y
educativo, para el cual se invitaron a todas las instancias estatales
involucradas, pero lamentablemente sólo asistió la Procuraduría de la
Mujer.
Vilma Núñez,
presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien
además es Juez Permanente de los Pueblos, dijo que en Nicaragua hay un
contexto “verdaderamente dramático”, ya que no es posible que en el país
que se jacta de ser el más seguro de Centroamérica en menos de una
semana asesinaran a tres mujeres.
No sólo debemos
buscar responsabilidades en los actores directos, sino también la falta
de justicia de una política seria por parte del Estado para promover la
seguridad de las nicaragüenses, refirió Núñez.
Quien está en
el banquillo de los acusados en este momento es el Estado porque no ha
tenido la capacidad de garantizar la seguridad de las mujeres y promover
que se haga justicia, reiteró la activista.
La Red de
Mujeres contra la Violencia ha registrado hasta el pasado 13 de
noviembre 50 casos de feminicidio, lo cual las mantiene preocupadas, e
instó a las autoridades estatales, policía, fiscales, jueces y otras
instituciones a que apliquen la Ley 779 y sobre todo las medidas
preventivas para salvar la vida de las mujeres.
Foto: Archivo AmecoPress. Karla Micheel Salas, presidenta del Tribunal.
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