“Endurece” acciones que violentan derechos de migrantes: MIV
Tras
su visita a México para informar sobre las violaciones a Derechos
Humanos (DH) contra las y los migrantes hondureños, la Misión
Internacional de Verificación (MIV) –conformada por especialistas y
activistas de diferentes países– constató que entre las autoridades
mexicanas impera el mandato de “endurecer” la política migratoria.
Así lo observaron en entrevista con esta agencia, la estadounidense Lisa Haaugaard y la hondureña Patricia Montes, integrantes de la MIV, tras culminar su visita a México y durante la que se reunieron con personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y el Instituto Nacional de Migración (INM), por mencionar algunas dependencias.
Montes, también directora de Centro Presente (organización que defiende los derechos de la población migrante en Estados Unidos), acotó que lo que espera de las autoridades mexicanas es que no ignoren las recomendaciones contenidas en el informe que presentaron sobre el estado de los DH de las y los hondureños.
La activista precisó que aunque hubo apertura del gobierno, “no queremos discursos, sino acciones verdaderas” que se plasmen en una política de migración basada en la seguridad humana y no en la seguridad nacional.
Patricia Montes dijo que la MIV entiende que había que hacer cambios estructurales de largo plazo, pero que en el caso de México hay acciones operativas que deben modificarse de manera urgente.
En especial –remarcó la defensora– apremia que al menos las mujeres embarazadas y las niñas y niños migrantes sean deportados a Honduras por avión y no por autobús en trayectos de más de 30 horas.
La también integrante del Comité Ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas reveló que tras reunirse con funcionarios del INM –institución encargada de operar la política migratoria– se percató de que “a pesar de su lenguaje”, persiste el mandato de detener y deportar a las personas migrantes, quienes –advirtió– provienen de los países más peligrosos del mundo, lo que “parece que no se está entendiendo”.
“En esencia, su mandato (del INM) se reiteró: agilizar el proceso de deportación”, observó la activista, quien además se dijo “sorprendida” de que México haya desplazado a EU en número de deportaciones de personas migrantes.
Montes apuntó que las deportaciones masivas no son una decisión operativa, sino parte de una política migratoria ambivalente: “El problema está a todo nivel y la gente que opera recibe líneas. Lo difícil es que hay una política oculta y, por otro lado, un discurso visible que no necesariamente refleja la política que todos vemos porque las estadísticas no mienten y estamos señalando una realidad”.
Precisó que aunque en México se utilizan conceptos como “estancia” y “retorno asistido” para referirse a la política de deportación y encarcelamiento, este país no deja de violar los DH.
Y aseguró que el Plan Frontera Sur, del que –consideró– se deriva la deportación masiva con financiamiento estadounidense, fue un tema en el que el MIV insistió en todas las reuniones, pero del que las autoridades hablaron poco y negaron que recibiera recursos extranjeros.
Patricia Montes señaló que tras observar la forma de vida en Honduras –primer lugar en feminicidio–, es “absurdo” que los países nieguen apoyo internacional y refugio a quienes consiguen, en su condición, cruzar las fronteras.
Por su parte, Lisa Haugaard, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo América Latina (que acompaña casos de detención de personas migrantes), celebró que en el Congreso de la Unión las recomendaciones del informe fueron “muy bien recibidas”.
La también activista acotó que México cuenta ya con algunas leyes que de cumplirse garantizarían el respeto a los DH de las personas migrantes, sin embargo el país las incumple deliberadamente –sentenció– , como en el caso de un acuerdo binacional con Honduras en el que nuestro país se comprometió a garantizar deportaciones dignas.
“Hay una decisión que se puede ver de deportar más personas y deportarlas antes de que lleguen más lejos de la frontera sur, y con esta decisión vienen más posibilidades de que se violen DH de parte del crimen organizado y de los agentes del Estado. Existe una decisión para endurecer la política”, insistió la experta.
Coincidió con Montes sobre el “doble discurso” del gobierno mexicano en la materia, ya que –dijo Haugaard– “no todas las autoridades quieren usar las palabras que son, hablan menos del Plan Frontera Sur y más de implementar una política”.
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.- 
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