En el contexto
actual es necesario y urgente reconocer las particularidades que viven las
mujeres con discapacidad en México y exigir que las mismas se tomen en cuenta
en la elaboración e implementación de las políticas públicas y los programas de
atención frente a la pandemia por COVID- 19.
Las mujeres con
discapacidad son diversas entre sí y tienen diferentes historias de vida. Son
niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores; ejercen trabajos de cuidado o son
cuidadas por otras mujeres; viven en situación de dependencia o son
independientes; son internadas en contra de su voluntad en hospitales
psiquiátricos o están privadas de su libertad en centros penitenciarios; son
heterosexuales, lesbianas o tránsgenero, entre varias identidades
sexogenéricas; viven en situación de calle o en albergues. Pero, a pesar de la
diversidad de identidades e historias, todas ellas se enfrentan a una sociedad
que históricamente las ha invisibilizado, discriminado y violentado.
Ante la situación
de emergencia sanitaria y las medidas de distanciamiento social para contener
la propagación del virus, preocupa la falta de información
en modos, medios y formatos accesibles, la ausencia de una política
con enfoque de género y discapacidad que provea de apoyos a quienes más lo
necesitan, la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de salud,
las afectaciones a la salud física y mental, la sobrecarga en las tareas de
cuidado, la precarización económica, la falta de vigilancia en los espacios de
encierro y la discriminación que afectan y afectarán a las mujeres con
discapacidad.
La violencia
psicológica, física y sexual, además de la dependencia económica que enfrentan
muchas mujeres con discapacidad no son problemas novedosos. Se sabe, por
ejemplo, que en un alto porcentaje las mujeres con discapacidad son víctimas de
abusos a manos de sus familiares más cercanos. En ese sentido, preocupa que el
aislamiento social, las presiones económicas debido a la disminución en
los ingresos, el hacinamiento y la convivencia prolongada sean un detonante de
la conflictividad en el ámbito familiar y aumenten los factores de riesgo a ser
víctimas de violencia.
De manera especial
también preocupa la situación de las mujeres con discapacidad que viven
institucionalizadas ya sea en albergues, clínicas de tratamiento, hospitales
psiquiátricos, centros penitenciarios, entre otros. Estos espacios, ajenos al
escrutinio público, constituyen ámbitos de mayor riesgo de infección debido a
las condiciones de hacinamiento, la insalubridad de las instalaciones, la falta
de insumos para la higiene personal (agua potable suficiente, jabón y gel
antibacterial), el personal insuficiente en número y poco capacitado para
atender una crisis de esta naturaleza, así como los servicios médicos
deficientes y sin equipo necesario.
Por lo anterior,
las políticas adoptadas en el contexto de la crisis actual deben responder a la
obligación del Estado mexicano de asegurar y promover el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad mediante acciones concretas que atiendan
las necesidades particulares de las mujeres con discapacidad como un colectivo
de atención prioritaria en esta situación de riesgo.
Así, es
fundamental que toda la información y las comunicaciones relativas a la
emergencia sanitaria sean accesibles para todas las personas con discapacidad.
Asimismo, que se pongan en marcha y se hagan públicos los apoyos específicos
para las mujeres con discapacidad, que se implementen alternativas a la
institucionalización de manera urgente y que, sobre todo, se garantice que la
condición de discapacidad no justificará un acceso desigual a la atención y los
apoyos que todos requerimos en esta emergencia sanitaria. Todo ello escuchando
y amplificando la voz de las propias mujeres con discapacidad quienes, mejor
que nadie, conocen los ajustes y apoyos que requieren para mantenerse a salvo.
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