Ciudad de México. Las investigaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que el COVID-19 no
representa un riesgo mayor para las mujeres embarazadas de desarrollar
enfermedad grave que el resto de la población, pero de restringirse el
acceso y calidad de los servicios de atención obstétrica podrían
aumentar los riesgos de morbilidad y mortalidad materna.
Mientras los hospitales luchan por mantenerse al día y contener la
tercera fase de la pandemia del coronavirus en México, el Centro
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) estima que
unas 235 mil mujeres darían a luz entre abril a junio de 2020. Otras 25
mil atravesarían un aborto y en condiciones habituales, se tendrían que
otorgar alrededor de un millón 150 mil consultas de control prenatal y
casi 200 mil consultas durante el puerperio.
En estas circunstancias las entidades federativas deben apegarse a las directrices que determinó la Secretaría de Salud (SS) para la atención de mujeres gestantes,
a la par de estar preparando planes propios para continuar con la
atención obstétrica de forma segura, destacó el secretario técnico del
Comité Promotor por una Maternidad Segura, David Meléndez Navarro.
“Lo que queremos es que esta pandemia no genere problemas de acceso de las mujeres a los servicios de atención de urgencias o de mayor complejidad, porque por eso la mortalidad materna puede incrementar, no por estar contagiadas de COVID-19, sino porque se reduce el acceso y la calidad a los servicios de atención obstétrica”.
Hasta ahora la Secretaría de Salud ha confirmado cuatro
fallecimientos de mujeres embarazadas a causa del COVID-19 (una muerte
sigue en investigación) y 26 han dado positivo al virus de más de 500
pruebas aplicadas. La mayoría de los decesos se han relacionado a
enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión y diabetes.
En experiencias previas, como ocurrió en 2009 con la influenza
A-H1N1, se elevó 12 veces el riesgo de morir por enfermedades
respiratorias que complicaban el embarazo, parto o puerperio, de acuerdo
con la Ss. En el caso del COVID-19, en términos de factor de riesgo, el
doctor Meléndez Navarro explicó que el embarazo no es un estado de
vulnerabilidad frente al virus como fue la influenza, pero como lo
muestran los datos, la presencia de comorbilidades sí es un factor que
influye en la severidad del desarrollo del COVID-19, como sucede en la
población en general.
En su análisis de casos de COVID-19 y su impacto en los resultados
obstétricos y perinatales, la OMS reportó en un primer corte en marzo,
que de la investigación de 304 mil 107 mujeres embarazadas, con 64 casos
confirmados, 82 sospechosos y un caso que cursó la infección
asintomática, sólo 8 por ciento tuvieron enfermedad grave y uno por
ciento reportó en estado crítico. No obstante, mientras la evidencia
científica a nivel internacional se está generando, las autoridades
sanitarias han recomendado extremar las precauciones y medidas de sana
distancia en las gestantes.
El reto entonces estará en cómo los estados mantienen la atención a
la salud sexual y reproductiva con un sistema de salud de por si tenso.
Meléndez recordó que los hospitales se encuentran con una capacidad
humana reducida debido al personal sanitario reguardado por ser
vulnerable al COVID-19; la escasez de medicamentos y suministros; y la
reconversión de hospitales para la atención de pacientes con el virus.
Y agregó que las secretarías estatales también deben tomar en cuenta
la función de otros servicios calificados como esenciales: el acceso a
métodos anticonceptivos, la atención integral del aborto seguro en los
casos previstos por la ley, y el cumplimiento de la Norma Oficial
Mexicana 046 (NOM 046), que establece atender la interrupción del
embarazo producto de una violación sexual como una urgencia médica. Sin
embargo, desde el Comité han conocido de casos en Veracruz y Chiapas
donde se les niegan estos servicios a las mujeres.
Una de las salidas que dio el gobierno mexicano para seguir la
atención obstétrica fue la firma de un convenio de colaboración con la
Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de
Hospitales, quienes pusieron a disposición del 23 de abril al 23 mayo un
50 por ciento de sus camas para brindar a derechohabientes los
servicios en el segundo nivel, entre los que se encuentran las
atenciones a partos, embarazo, puerperio y cesáreas.
En opinión del subsecretario técnico del Comité para una Maternidad
Segura “son 3 mil camas que van a ser muy útiles” y para optimizarlas
deben dirigirse a la atención obstétrica por dos razones: es más fácil
cambiar de prestador de servicios de un ginecobstetra a otra unidad,
teniendo el historia clínico prenatal, y es menor el tiempo de estancia
hospitalaria.
Pero las incertidumbres, falta de información y las percepciones de
riesgo de contagio están llevando a las mujeres a considerar no parir en
los hospitales, donde en México se producen 89 por ciento de los
nacimientos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Regresar a la partería
Con esta referencia de la salud materna, parteras como Hannah
Borbotea, quien dirige la clínica de la Casa de Partería Luna Maya de la
Ciudad de México, han llamado al Estado a mirar su modelo de atención
como una oportunidad segura y de calidad para las mujeres embarazadas,
no sólo frente al COVID-19, sino como una política a largo plazo.
Borbotea expresó en entrevista que les preocupa que existan
consecuencias en la salud de mujeres gestantes, sus hijos e hijas, y se
exacerben las inequidades en salud sexual y reproductiva durante la
contingencia sanitaria toda vez que en los servicios de salud ya existe
un problema de violencia obstétrica que podría agudizarse por el
incremento de estrés, miedo y saturación en los hospitales.
Borbotea alertó también del retroceso en otros derechos sexuales y
reproductivos que se han conquistado, como ahora el dilema de la
presencia de visitantes. En otros países se ha prohibido la entrada de
doulas, que son las mujeres quienes acompañan en el proceso vital de la
maternidad.
También está el incremento de cesáreas, que en México están muy por
encima del 15 por ciento recomendado por la OMS, por ser procesos que
aumentan la probabilidad de hemorragia, de infección, de extirpación de
la matriz y de lesiones a órganos. O el contacto piel a piel del recién
nacido con la madre.
“Tenemos que todas las prácticas que se han venido instalando poco a
poco, que los derechos que se han venido ganando a través del sistema
hasta llegar a la atención real de las mujeres, todos esos derechos se
pueden quitar, porque tal pareciera que epidemia mata derechos”,
mencionó.
Otro factor que se cruza es el económico. La partera recordó que
aquellas mujeres que iban a parir en hospitales públicos y ahora no lo
desean, pueden no tener los recursos para pagar una partera, por lo que
han hecho un llamada a las Secretarías de Salud locales ha subsidiar
este gasto.
“El Estado me debe garantizar ese derecho de parir donde yo me siento cómoda”.
La directora de Luna Maya reconoció que es tan reducido el número de
parteras en México que tampoco son suficientes frente a la pandemia,
pero esto sólo revela la necesidad de que el Estado impulse este modelo.
Las parteras están calificadas para atender cualquier aspecto de la
salud sexual y reproductiva de las mujeres, y mujeres sanas durante el
parto, es decir, las parteras atenderían 85 por ciento de los casos
porque no es necesaria la hospitalización.
Las parteras además acompañan a las mujeres en lo individual, en su
salud mental y emocional, que en este momento podría verse afectado. “El
embarazo, parto y postparto son por si mismos procesos de incertidumbre
y transformación”, en medio de una pandemia, dijo Borbotea, se eleva
exponencialmente la experiencia de las mujeres.
La Red Mexicana de Parteras Autónomas, a la que pertenece Hannah, así
como otras redes de partería han hecho diversos pronunciamiento para
que los estados contemplen la partería tradicional y profesional como
una estrategia para la atención de los partos de bajo riesgo durante la
contingencia por el COVID-19, contribuyendo a la disminución de la
mortalidad materna y neonatal.
En caso de complicación o signo de alarma durante el
embarazo, inicio del parto y puerperio, o si requieres información el
CNEGySR puso a disposición la Línea Materna: 800 628 3762.
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