Ciudad de México. El 15 de abril el Consejo de la
Judicatura de la Ciudad de México ordenó que los jueces Federico Mosco y
Luis Alejandro Díaz, señalados por no garantizar justicia a una víctima
de feminicidio, fueran restituidos aún cuando habían sido retirados del
cargo.
En un acuerdo público el Consejo de la Judicatura
argumentó que anulaba la suspensión “con el propósito de equilibrar las
cargas de trabajo” durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y ante
el aumento en casi 60 por ciento de denuncias por violencia contra
mujeres y niñas.
Ante este anuncio el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social inició una petición en la plataforma web change.org dirigida
al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez,
para exigir que los jueces no regresen a sus actividades como
juzgadores.
La organización civil señaló que esta decisión pone
en peligro a las mujeres y niñas de esta ciudad, al actuar de manera
omisa y negligente.
Como evidencia, el Grupo de Acción mencionó
que Carlos Trujillo dejó en libertad a la ex pareja sentimental de Abril
al reclasificar los delitos de feminicidio en grado de tentativa a los
de violencia familiar y lesiones; mientras que el juez Federico Mosco
dejó en libertad a la expareja de Abril, a pesar de que le fracturó el
cráneo a batazos y le cortó la cara con un cúter.
En septiembre
de 2019, Mosco también dejó libre a un acusado de violación serial que
operaba en la Ciudad de México y que estaba relacionado con al menos
cuatro ataques sexuales.
Tras el feminicidio de Abril, la
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México promovió una queja
ante el Consejo de la Judicatura y solicitó una investigación en contra
de los dos jueces que permitieron la libertad de la ex pareja
sentimental de Abril Cecilia Pérez Sagaón, quien fue asesinada el pasado
29 de noviembre de 2019, frente a sus hijos.
La organización
aseguró que estos servidores públicos afirmaron en sus actuaciones “que
no se podía argumentar la violación porque no era creíble que abusara de
una mujer habiendo luz del día” y suspendieron las medidas cautelares
que brindaban protección a Abril para dejar libre a su agresor, con la
única condición de que acudiera a firmar al juzgado semanalmente.
Abril
fue ejecutada frente a sus dos hijos cuando circulaba en su vehículo a
la altura de calle Corina y Río Churubusco, en la colonia Del Carmen, en
Coyoacán. Unos sujetos en motocicleta se le emparejaron al automóvil
Chevrolet, Malibú, donde Abril viajaba como copilota y la ejecutaron.
El
Grupo de Acción está recopilando firmas para mostrar su desaprobación
ante la restitución de los jueves y exigir su destitución permanente,
así como una investigación adecuada y la garantía de que la impartición
de justicia se haga en todo momento con base en tratados internacionales
de Derechos Humanos y con perspectiva de género.
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