11/09/2025

Mafias factureras

Ana Lilia Pérez

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía mostrando en redes sociales su vida de lujos, dando cuenta de sus viajes a zonas costosas, y que compraban propiedades mansiones y departamentos en sitios exclusivos no sólo en México, sino en Estados Unidos (EU).

A través de programas de televisión y de las revistas de sociales cronicaban sus fiestas, sus idas a la playa, sus tours por países europeos, por Dubái y otras ciudades de Medio Oriente.

Ella muy activa en redes sociales para ostentar las marcas de su vestimenta, se fotografiaba para mostrar los atuendos, relojes, joyas, incluida la amplia colección de bolsos de lujo que le gustaba exhibir, una de éstas –en piel de cocodrilo– valuada en más de ocho millones de pesos, según se publicó.

Quería que se viera lo obsequiosa que solía ser con sus comadres. Una muestra de la ostentación de la que le gustaba hacer gala fue la fiesta que organizó para sus “comadres” en avión privado a la playa: en un video se van mostrando cada uno de los souvenirs de lujo con champaña personalizada en cada bolso, trajes de baño también personalizados, ropa de playa para cada invitada. Entre las agasajadas estaba Galilea Montijo, también Ninfa Salinas, con quien Inés Gómez Mont se dice “amiga de toda la vida” y con quien solía viajar a la playa además de ser hija del dueño de la televisora donde trabajó Inés, quien a su vez es sobrina de Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación con Calderón.

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En ese viaje a la playa otra de las invitadas era Yadhira Carrillo, entonces esposa de Juan Collado. Yadhira solía acudir a las fiestas de Inés y Víctor Manuel, ya que Víctor Manuel se decía “muy buen amigo” de Collado, el abogado de “los poderosos” de los Salinas de Gortari, de Peña Nieto, de Romero Deschamps, y otros, e involucrado, Collado, en los manejos de dineros que muchos priistas enviaron al paraíso fiscal de Andorra, hoy impune por la impunidad que le garantizó la vieja Corte en los últimos días en que estuvo encabezada por Norma Piña.

La pareja Álvarez Puga-Gómez Mont hacía ostentación de la riqueza acumulada, opulencia creada a través de fraudulentas operaciones y maniobras mafiosas. La pareja operaba una enorme red de factureras.

En un símil de los capos del narcotráfico, Álvarez Puga sería uno de los principales capos, es decir, cabeza de la mayor organización que con fachada de despacho de asesoría fiscal empresarial operaba redes de facturación falsa para simular operaciones, para evadir las leyes, para lavar dinero.

Hace dos décadas, inicialmente asociados con otros abogados y contadores de Oaxaca y Chiapas, los hermanos Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga hicieron un despacho supuestamente para gestionar las obligaciones laborales de otras empresas, tales como encargarse del pago de salarios e impuestos. En su sistema pusieron en boga los mecanismos de outsourcing que tanto precarizaron las condiciones laborales para millones de trabajadores en el país derivado de que esas formas tan mendaces de subcontratación son aquellas en que los Álvarez Puga hacían que las empresas que les contrataban se eximieran de su obligaciones laborales para con sus empleados.

Ese mecanismo resultaba muy lesivo para los trabajadores, pero muy atractivo para empresas ya que también les servía para eludir obligaciones fiscales. De allí que pronto se volvieron uno de los despachos más requeridos por empresas nacionales e internacionales que les solicitaban sus servicios. El despacho Álvarez Puga, como operadores primero de mecanismos outsourciung, pronto se expandió ampliando su cartera de clientes y operaciones en muchas entidades, para lo cual crearon en papel empresas en Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Chihuahua para operar como “administradores” para “todo tipo de servicios” de “toda índole”, con diversas razones sociales y objeto social, que supuestamente ofrecían “sistemas de outsourcing empresarial”, servicios financieros, de administración, promotoras de servicios fiscales, de “ingeniería fiscal”, otras se enmascaraban como supuestas sociedades cooperativas.

El utilizar figuras como supuestas cooperativas o sociedades en nombre colectivo era también otra artimaña para evadir las obligaciones patronales, de esta manera las empresas evadían el pago de prestaciones laborales, evadían también pagar utilidades o aguinaldos o las cuotas en materia de seguridad social, también pagos de impuestos.

Crearon oficinas en otros países, incluido en Estados Unidos, adquiriendo también allí propiedades.

En diversos momentos, desde tiempos de Calderón, las autoridades en materia fiscal y hacendaria detectaron que los Álvarez Puga operaban diversas estrategias para evasión de impuestos y elusión de muchas leyes en materia laboral, pero el Gobierno de Calderón se hacía de la vista gorda ante los mecanismos de outsourcing porque era un sistema que el propio Gobierno impulsaba.

En el año 2010 incluso hubo cateos en sus instalaciones, para entonces operaban en al menos 45 ciudades. Cuando se hicieron esos cateos las autoridades del SAT dijeron que habían detectado que el despacho Álvarez Puga asesoraba a sus clientes para que incurrieran en conductas de evasión fiscal en relación con el outsourcing. Se les identificó entonces como “los reyes del outsourcing”. Pero no pasó más, se les dejó seguir operando. Peor aún: su entramado se extendió aún más, sus ilícitos también.

El tipo de relaciones que en su vida social han ostentado Álvarez Puga y Gómez Mont dan cuenta del tipo de relaciones con la clase política que les garantizó impunidad.

En un reportaje publicado en febrero del año 2012 en el New York Times, se señalaba que Víctor Manuel Álvarez Puga reconocía sus estrechas amistades y relaciones comerciales con hijos de expresidentes y políticos prominentes.

Tiempo después, las revistas de la prensa rosa que cronicaban la vida social de la pareja dieron cuenta de que Álvarez Puga y Gómez Mont se conocieron en 2013, cuando ambos acudieron a la fiesta de cumpleaños de Ernesto Zedillo Velasco, hijo del expresidente Zedillo.

Para esos momentos los Álvarez Puga seguían con la operación no sólo de los tramposos mecanismos del outsourcing, sino también de creación de empresas fachada utilizadas para facturar operaciones simuladas, de las que las autoridades fiscales denominan EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas).

Las redes de facturación falsa se convirtieron en uno de los mecanismos más sofisticados de delito de cuello blanco: emitir comprobantes fiscales sin contar con los activos, sin personal, sin infraestructura sin capacidad material para prestar los servicios o producir o comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, creadas para hacer nada, sino para servir como puente para simular operaciones, para triangular dinero, para lavado de dinero.

Hasta antes de su boda con Gómez Mont –que tuvo lugar en Chiapas en el año 2015– Víctor Manuel y su hermano llevaban un perfil relativamente alejado de la exposición pública. Después, a partir de su boda con la conductora, se hicieron una de las parejas más retratadas en la farándula.

Ya entonces, convertidos en los reyes de los factureros, operaban ante la omisión o complicidad de las autoridades, porque incluso gobiernos estatales eran sus clientes. A ojos de todos los Álvarez Puga construyeron un emporio facturero, un emporio para la elusión y evasión fiscal, lavado de dinero, crimen de cuello blanco, utilizando también este mecanismo para saqueo de recursos públicos, como demuestra el caso por el cual las autoridades federales tienen hoy órdenes de aprehensión contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa:

Se trata de una de las polémicas contrataciones que se hicieron en el Gobierno de Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, en tiempos de Miguel Ángel Osorio Chong en que se destinaron tres mil millones de pesos supuestamente para contratar la adquisición de equipos y software de interconexión para siete penales, y con el pretexto de que eran motivos de seguridad nacional se asignó de manera directa. Las empresas contratadas eran fantasma, fachada, compañías de papel que eran sólo el parapeto para saqueo de recursos públicos. Una parte de ese dinero fue a parar a las cuentas de Álvarez Puga y Gómez Mont, como posteriormente pudieron identificar las autoridades fiscales.

Fue en la Administración del Presidente López Obrador que al revisar las irregularidades en muchas contrataciones públicas que se habían hecho durante el peñanietismo, detectaron que en esas contrataciones que hizo la Segob nunca se dieron los servicios, y que las empresas contratadas eran fantasma, o fachada, eran de las compañías operabas en la red de factureras de los Álvarez Puga. Las transferencias para el saqueo de ese dinero se hicieron mediante mil 400 operaciones bancarias hasta llegar a las cuentas de Álvarez Puga y Gómez Mont. Eso da una idea también del tipo de entramado que operaban.

Las autoridades mexicanas imputan a Álvarez Puga delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Pero el proceso ha tenido muchas dilaciones, que incluyeron los amparos en el año 2023 que a la pareja le fueron otorgados por el Poder Judicial frente a la decisión que había tomado la UIF de incluirlos en la Lista de Personas Bloqueadas como mecanismo de prevención para evitar la continuación del lavado de dinero, como explicó la UIF. En marzo de 2025 un Tribunal Colegiado ratificó el amparo y obligó a la UIF eliminar de la Lista de Personas Bloqueadas a Gómez Mont y a Álvarez Puga y que se les descongelaran sus cuentas, para que siguieran haciendo uso del sistema financiero.

En un comunicado en que la UIF informó de lo que el Poder Judicial le había ordenado, se resaltó que “el Ministerio Público cuenta con una orden de aprehensión contra estas personas -actualmente en el extranjero-, y por la decisión tomada en el Poder Judicial, ahora, los prófugos podrán hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción”.

Al detallar el proceso y las maniobras que el Poder Judicial hizo para favorecer a la pareja facturera, al ordenarle a la UIF que se les deslistara como personas bloqueadas del sistema financiero, en la conferencia "mañanera" del 1 de abril en Palacio Nacional, el entonces titular de la UIF, Pablo Gómez, señaló: “Esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción”.

Efectivamente, es una muestra del nivel de colusiones de las mafias factureras el polémico beneficio que a la pareja Álvarez Puga-Gómez Mont le dio el Poder Judicial, a pesar de las evidencias de lavado de dinero, que además eran recursos de las arcas públicas y que prácticamente fueron saqueados.

Así como el Poder Judicial en tiempos de Norma Piña protegió hasta el último momento a Juan Collado, así también el Poder Judicial hizo con su amigo Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa.

En supuesta “fuga”, la pareja siguió viviendo su vida de lujos en Miami, incluso adquiriendo más inmuebles. Desde TV Azteca, la televisora donde era presentadora, las conductoras amigas de Gómez Mont decían tener comunicación con ella en diversos momentos, así que era evidente que los “prófugos” estaban localizables.

A mediados de octubre Álvarez Puga fue detenido por autoridades migratorias en Miami por irregularidades en su estatus migratorio, y actualmente se encuentra en un centro de detención migratoria. Desde el 17 de octubre un Juez migratorio determinó su deportación, pero sus abogados interpusieron un recurso. En unos días más, el 12 de noviembre, en una audiencia se decidirá su estatus.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que Álvarez Puga cuenta con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y que tiene además otra orden de aprehensión por defraudación fiscal. Que derivado de éstas la FGR le había solicitado a Interpol emitir ficha roja de localización y la detención, y que esa ficha roja está vigente. Que está también un trámite ante autoridades estadounidenses para la detención provisional con fines de extradición.

Así que, dependiendo de lo que se resuelva en la audiencia del próximo 12 de noviembre, podría proceder el que finalmente Álvarez Puga sea entregado a las autoridades mexicanas. Se estaría entonces en la posibilidad de que por primera vez se procese uno de los mayores casos de delito de cuello blanco vinculado directamente con las factureras.

La importancia del caso radica también en que se avance en la desarticulación de uno de los sistemas que para el país han significado una inmensa fuga fiscal.

Pero va más allá: las operaciones de las mafias factureras se volvieron facilitadoras de muchos delitos. Tan es así que en muchos de los casos de corrupción que han implicado multimillonario saqueo de recursos públicos, se utilizaron empresas fantasma y documentos emitidos por factureras para simular operaciones.

También se utilizan para blanqueo de recursos que pudieron provenir de delitos violentos, de tráfico de sustancias ilícitas, de extorsión, de actividades criminales de alto impacto y en el sistema de lavado de dinero se utilizan empresas fachada que hacen uso de documentación emitida por factureras.

La facturación falsa es también parte de las estrategias que utilizan quienes participan en el mercado ilícito de combustibles.

Si hablamos del impacto negativo que las factureras han representado en términos de la evasión fiscal, cifras recientemente expuestas en el Legislativo dan idea del problema:

Entre los años 2014 y 2019, el SAT detectó 8,204 empresas fantasma, responsables de 8.8 millones de facturas falsas con un valor de 1.6 billones de pesos. El fraude asociado a éstas ascendió a 354 mil millones de pesos.

Como parte del combate a las factureras, se ha tipificado como delito grave la emisión y uso de comprobantes fiscales falsos.

Pero la dilación con que ha operado el Poder Judicial en casos relacionados con las factureras ha dificultado que se avance en el combate a esta modalidad de defraudación fiscal.

Un diagnóstico realizado por el Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar da datos concretos: de los años 2014 a 2025, 13 mil 594 contribuyentes fueron señalados como presuntos EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), sin embargo, sólo mil 705 casos concluyeron con sentencias firmes, mientras que más de 12 mil se mantienen sin resolución judicial.

“Esta brecha -dice el legislador en su documento- evidencia que, aunque la fiscalización detecta las irregularidades, la sanción penal sigue rezagada, perpetuando un incentivo estructural para recurrir a la facturación falsa”.

Así que la tarea que compete también al Poder Judicial para procesar y aplicar la Ley en casos que involucran a las factureras es indispensable, y que los jueces no se conviertan en cómplices de las mafias factureras.

Por eso resulta de enorme relevancia el caso que involucra a la pareja Álvarez Puga-Gómez Mont, en cuya indagatoria se tendría que incluir a sus compinches, ya sea en el ámbito empresarial y a quienes, desde el servicio público les facilitaban sus operaciones, porque los cargos por delincuencia organizada que les imputa la FGR necesariamente involucra a más cómplices.

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mario Campa


“No somos de izquierda ni de derecha. Somos la generación que se cansó de agachar la cabeza”, se lee en una de las publicaciones de la cuenta de Instagram “Somos Generación Z México”. Por la atención puesta en ella, se trata de una jugada defensiva ante las sospechas de que detrás de la marcha convocada del 15 de noviembre mecen la cuna intereses partidistas. ¿Cuál es la verdad? ¿Actúa la espontaneidad o algún titiritero? En tiempos de presuntas burbujas, donde se debate si la inteligencia artificial cumplirá las altas expectativas, cabe preguntarse si los llamados ‘zoomers’ son solo aire —del tipo FRENA— o, en cambio, emergen como fuerza política disruptiva.

Elemental para cualquier análisis es comenzar por el cuadro clínico a escala global. A diferencia de los millennials, los también llamados ‘centennials’ nacieron en la edad del internet masificado. Son nativos digitales que consumen rutinariamente videos en TikTok e Instagram, socializan menos en persona y más desde un teléfono o una consola de videojuegos, y enfrentan múltiples riesgos de precariedad en un mundo de incertidumbres. Son víctimas recurrentes del estrés y la ansiedad. Cultivan y rehúyen la soledad. Heredaron de sus padres la desconfianza en las instituciones y los gobiernos, y ponen sus esperanzas de cambio sistémico en la tecnología. Por supuesto, caben matices en la pluralidad. El diablo habita los detalles idiosincráticos.

Como en otros países, la Generación Z México usa íconos de la cultura popular para visibilizar causas. Por ejemplo, adoptó como emblema una calavera con sombrero de paja del popular manga japonés One Piece, donde los ideales de libertad frente al Gobierno Mundial movilizan al protagonista Luffy y su tripulación. Ciertamente, la importación de símbolos sugiere un legítimo sesgo urbano cosmopolita. Un rasgo común en las generaciones jóvenes es el aprovechamiento de las bajas barreras de entrada a otras culturas para abrazar valores universales. Esa naturalidad de contacto con el exterior no debe ser subestimada por quienes coleccionan canas.

Existe un diferenciador clave entre la Generación Z global y su célula mexicana. En el exterior, las demandas materiales son recurrentes. En Perú, protestó contra la reforma de pensiones de la impopular expresidenta Dina Boluarte. En Marruecos, se manifestó contra la desigualdad y la precariedad de los servicios de salud y educación. En Madagascar, se movilizó por la falta de agua y electricidad. En Francia, repudió la austeridad. Más allá de excepciones como las protestas por los derechos reproductivos en Estados Unidos y contra la corrupción en Nepal, cabe una pregunta: ¿por qué en México la dimensión material no detona un estallido social juvenil?

Existe una pista para tantear el ánimo político de la Generación Z. A diferencia de sus contrapartes en Perú y Nepal, los centennials aprueban la labor de los presidentes morenistas. Mendoza Blanco —la encuestadora más atinada en la elección presidencial— registró en uno de sus últimos levantamientos preelectorales (2024) una aprobación general de 75 por ciento para López Obrador, menor al 87 por ciento del grupo etario de 18 a 24 años y el 80 por ciento entre los de 25 a 34 años. Ya en el sexenio de Claudia Sheinbaum, una encuesta de Mitofsky con motivo del Primer Informe arrojó 73 por ciento en el grupo de 18 a 29 años de edad. En pocas palabras, los centennials no parecen tener por enemigo natural a la cabeza del gobierno mexicano.

¿Qué explica la alta aprobación? Una hipótesis es que los centennials comparten con otros grupos etarios más demandas de lo que se asume. Una alternativa es que las políticas públicas importan, tanto las del pasado neoliberal que a nivel global los zoomers rechazan, como las nuevas que Morena abandera. Esta segunda línea es plausible: el sexenio de López Obrador ofertó programas específicos a las juventudes. Para muestra, solo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro registra 3.4 millones de beneficiarios acumulados. Al sumar los aumentos al salario mínimo, juntos ayudaron a que la tasa de desempleo juvenil de 15 a 24 años bajara del 6 por ciento este año, cuando entre el 2009 y el 2014 promedió casi 10 por ciento, de acuerdo a la OCDE. Ya después, para acompañar las políticas contra el desempleo juvenil, Sheinbaum aumentó el número de becas universitarias y acciones de vivienda, con nuevas ganancias de bienestar esperadas.

Con todo, la cúpula digital de la Generación Z no es un grupo monolítico. Prueba de ello es el comunicado publicado en Instagram: “Generación Z adopta una postura neutral, pero solidaria, respecto a la marcha convocada en la Ciudad de México. Reiteramos que no somos los organizadores”. Otra publicación en X delata división: “Ya hay intereses de derecha intentando intervenir en la marcha; se colgaron de algo real y genuino. Como no lograron conectar con nosotros, ahora intentan aprovechar el movimiento”. La marcha convocada será una prueba de legitimidad y dará color sobre sus demandas concretas, allende llamados prematuros a una revocación de mandato. Para medir en sitio el grado de espontaneidad, la recurrencia de consignas dirigidas contra Morena, la izquierda o la presidenta sería una bandera roja de artificio; en ese caso, el hedor a intereses partidistas evocaría al de un cadáver.

En síntesis, el activismo de un sector de la Generación Z es más incierta realidad que burbuja. No logra apelar aún al gran público y enfrenta un alcance acotado por la legitimidad del gobierno. Una nueva camada más politizada sería noticia grata para el progresismo, aunque los intereses zopiloteros son un disuasivo clave. Si bien las tasas de aprobación presidencial son altas entre los jóvenes, en parte por las políticas contra la precariedad laboral y la pobreza, los reclamos podrían tocar más una dimensión no material, como la corrupción o la inseguridad, si bien el pasado deslegitimado crea un comparativo fácil. Pero más allá del aire oportunista inyectado por chavorrucos urgidos de victorias propias o ajenas, un gobierno sensible en un mundo intimidante debe ser capaz de ignorar las ramas secas de los árboles mayores e implantados que ocultan el bosque. Sin esas maderas, libres de polilla, los nuevos pisos de una transformación social quedarían desamueblados. El PAN y el PRI lo olvidaron, y así les fue.

Más allá de Carlos Manzo

Álvaro Delgado Gómez

Nadie puede negar, menos el gobierno de Claudia Sheinbaum, que existe inseguridad y violencia grave en amplias zonas de México. Es un problema estructural, el principal del país. Pero nadie puede negar tampoco, salvo que los ocho gobiernos estatales del PRIAN y del partido Movimiento Ciudadano informen mentiras, que los delitos, en particular el homicidio, han bajado por la acción del Estado contra los criminales después de haber ascendido a la cúspide durante 12 años de manera ininterrumpida y luego de haber cambiado una estrategia de guerra por la de paz que está en curso.

Ya se sabe: Un crimen de alto impacto, como el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez en la plaza pública de Uruapan, en Michoacán —o el del líder limonero Bernardo Bravo días antes—, genera la percepción de que acción del Estado no es eficaz en todo el país y que, atizado por campañas mediáticas, quiere hacer creer que México está en llamas y que el crimen lo gobierna para, además, generar la ficción de que con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto estábamos mejor que ahora.

Pero México no está en llamas ni lo gobierna el crimen. Ninguna persona seria, que acopia y analiza información, concluye eso. Sólo mentes enfermas o perezosas, que odian los datos, creen esa propaganda. Y los hay peores: Los que, a sabiendas de la información, fabrican realidades alternas para manipular por razones políticas e ideológicas.

Claro que el gobierno de la República, los gobernadores y presidentes municipales actuales, del partido político que sean, son los responsables de garantizar la seguridad de los habitantes y la vigencia el Estado de derecho, pero son los nostálgicos los que retoman, a cada rato, la cantaleta de que Calderón sí era valiente y que falta mano dura. No dan las condolencias ni a la familia del ejecutado, porque eso es lo que menos les importa.

Hay que volver a explicarlo: Lo que hay en México es un problema real de violencia e inseguridad que se fue incubando por décadas de abandono de los gobiernos a los sectores más débiles de la sociedad, en particular la educación para los jóvenes, al mismo tiempo que crecía la demanda de todo tipo de drogas de Estados Unidos, lo que potenció la creación de grupos criminales que han diversificado su acción delincuencial hasta nuestros días.

Antes de 2006, México tenían ya problemas de inseguridad y de violencia en numerosas zonas del país —la Ciudad de México llegó a su cúspide en 1994—, pero la “guerra” de Calderón, improvisada irresponsablemente tras el fraude electoral, sí fue un parteaguas que disparó el reguero de cadáveres y cubrir de sangre el territorio nacional. El propio Carlos Manzo lo enfatizó cuando fue diputado federal de Morena y cuyo hermano, por cierto, es actual subsecretario de Gobierno de Michoacán.

Esta estrategia bélica no fue sólo usar, de manera inconstitucional no se olvide, a las Fuerzas Armadas contra los grupos criminales y la población, ni que el narcotraficante Genaro García Luna protegiera a uno de los cárteles, el de Sinaloa, ni soltar balazos sin planeación que mataron a inocentes, sino aplicar una política económica que privilegió a las élites a costa de los sectores más vulnerables, sobre todo a los jóvenes, que fue modificada en 2018 para sustituirla por un modelo de nación distinto y distinguible.

La estrategia de guerra improvisada de Calderón, está más que probado, es la que detonó la violencia que aún padece México, porque la continuó Peña Nieto con sus propios matices. Sólo hasta 2018, se puso en marcha una estrategia muy distinta. Se podrá criticar la frase de “abrazos, no balazos”, y aun si se quiere la falta de acciones contundentes de Andrés Manuel López Obrador — hasta el saludo a la madre de Joaquín Guzmán, como si la señora hubiera sido un capo—, pero hubo una orientación distinta para enfrentar el fenómeno criminal.

Los cifras oficiales proveídas por las fiscalías estatales —¿qué otras deben tomarse en cuenta?— registraron que se contuvo el ascenso de los delitos en 2019, en el primer año del gobierno de López Obrador, particularmente el homicidio doloso, y en el sexenio se observó una tendencia a la baja, una característica que se consolidó en el primer año de la presidenta Sheinbaum, hasta alcanzar una caída de 32 por ciento en octubre.

Es obvio que todavía no está bajo control la delincuencia en México, ni mucho menos, pero es una mentira o una necedad afirmar que estamos peor que antes de 2018, cuando los delitos alcanzaron su máximo, razón por la que muchos mexicanos exploraron una opción de gobierno distinta a la del PRIAN.

López Obrador, en efecto, no cumplió su promesa de serenar al país, no le alcanzó el tiempo, pero el Plan Nacional de Paz y Seguridad, que anunció el 14 de noviembre de 2018 —hace justamente siete años— sí marcó un cambio de fondo con la estrategia de guerra de Calderón y Peña, sobre todo en la política social para ir a las causas de la inseguridad y de la violencia, incluyendo el combate a la impunidad.

Y lo que ha hecho Sheinbaum, con todos los ajustes que se quiera, es continuar esa estrategia de paz de ir a las causas de la inseguridad y de la violencia, con un secretario de formación y vocación policiaca, Omar García Harfuch, dotado de instrumentos jurídicos, institucionales y humanos con que no se contaba en el sexenio de López Obrador.

Podrá haber ajustes y reforzamiento de la estrategia, pero no cambio sustantivo en la misma para que la presidenta y su gobierno cumplan con su responsabilidad de seguir disminuyendo la violencia. Esta estrategia, es importante subrayarlo, es parte de un modelo de nación y de desarrollo distinto al que impulsa el PRIAN.

La guerra, por ello, no es opción para la Presidenta de México, pero sí para los nostálgicos de la mano dura. ¿Por qué los gobiernos del PRIAN y de MC no aplican esa estrategia en sus estados? En Guanajuato, por ejemplo, líder nacional deasesinatos por ya muchos años. O en Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes…


La generación Z en Michoacán

 sinembargo.mx

Fabrizio Mejía Madrid

Esta es la historia de tres sombreros. El primero apareció en la convocatoria a una marcha de una supuesta Generación Z en la que se autodefine con una vaguedad: “No somos de izquierda ni de derecha, somos la generación que se cansó de agachar la cabeza”. El segundo sombrero es el del asesinado Alcalde Carlos Manzo, de Uruapan, Michoacán, que bautizó a su programa para recibir quejas ciudadanas como “Nochecitas del Sombrero”. Y el tercero es el que se puso Ricardo Salinas Pliego para repetir sus negativas a pagar impuestos. Los tres sombreros están ligados. Esta columna trata de pensar qué pudo suceder para que los tres terminaran en el remolino de una marcha, un homicidio, y un evasor de impuestos. 

Empecemos por la organización política llamada Generación Z. Esta organización expidió una convocatoria contra Claudia Sheinbaum sin ninguna demanda clara, sólo generalidades, diciendo “Estamos hartos de la misma historia, del mismo abuso y de la misma corrupción. Hartos de la misma mierda que lleva décadas repitiéndose con nombres distintos y los mismos resultados”. Tal parece que quien redactó este manifiesto no ve una ruptura histórica ocurrida en 2018 y la consolidación de un nuevo régimen en 2024. No puede ver resultados distintos por el cambio en la política económica que sacó de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos en tan sólo seis años. No puede ver el cambio radical en las condiciones de vida de los jóvenes, quienes para el PRIAN eran “ninis”, que ni estudian ni trabajan comparado con los Programas de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y el programa Jóvenes escribiendo el futuro, es decir, una inversión en los jóvenes de 67 mil millones de pesos para primaria, secundaria, y educación superior. La construcción de 209 universidades en los gobiernos de Andrés Manuel y Claudia tampoco parece importarle a quien redactó aquello de que es “la misma mierda”. Tampoco le parece importante la vinculación de los 3.2 millones de jóvenes con los empleos a través de Construyendo el Futuro que tuvo un porcentaje de contratación, es decir, que pasaron de ser ayudantes a ser empleados, del 70 por ciento. No le parece relevante tampoco que sea un programa que llegó a dos mil 468 municipios, es decir, que sólo no llegó en 10. Esto que es un cambio muy serio en la forma en que el Estado mexicano invierte en sus jóvenes, no parece serlo para esta organización. El manifiesto de Gen Z que presume no “tener ideología” es interesante precisamente por la ideología que le subyace: si dices que todo es lo mismo y te declaras harto, estás obviando el cambio de régimen, el cambio de política económica, y sobre todo los programas sociales no condicionados como las becas para estudiar y conseguir empleo. ¿Qué jóvenes podrían escribir algo tan superficial? Alguien que no considera la realidad, sólo la ideología. Alguien que no utiliza ni conoce sus derechos sociales no condicionados. Alguien que usa la idea de “generación”, es decir, un año de nacimiento, para encubrir que tiene una situación de privilegios contra la mayoría de los jóvenes en este país. 

Por supuesto que no deja de resultar curioso que esta organización política utilice un símbolo del anime como One Piece en la figura de la calavera con sombrero de paja, que es la de un grupo de piratas animados. Es como se quisiera emular a otros movimientos que han usado la misma imagen como en Nepal en semanas recientes. Pero las realidades de Nepal y de México no podrían ser más distantes, a pesar de que vean los mismos dibujos de manga. Hay que saber qué pasó en Nepal. Es un país que los Estados Unidos ve como una contención a China. Es un país que tenía una monarquía de 240 años de existencia que masacró durante 10 años a una guerrilla maoísta que se le oponía y al Frente Unido Popular, su forma de organización rural. La mayoría de los jóvenes de Nepal tuvo que emigrar a Arabia Saudita o Catar para conseguir empleos. Desde 1996, EU, Europa, y la India ayudaron a sostener la monarquía absoluta en Nepal hasta 2007, no obstante que en 2001 el propio príncipe heredero asesinó al resto de la familia real, se suicidó, y posibilitó la llegada de su hermano al trono, el único que quedó vivo. Seis años después de esta crisis de la monarquía, Nepal se convirtió en una República con un acuerdo de paz y la incorporación de la guerrilla al ejército bajo una nueva Constitución. El 4 de septiembre de este año el Primer Ministro de Nepal mandó cancelar varias redes sociales. Esto motivó las protestas de quienes se vieron como Generación Z, no porque extrañaran mucho el Facebook o el Instagram sino porque de los pocos jóvenes con empleo, estos dependen de su trabajo en línea. Las protestas fueron orientadas hacia la violencia y se incendiaron las casas del Primer Ministro y el Presidente, el Parlamento, y la sede del Partido Comunista. La esposa del exprimer ministro fue asesinada. Los manifestantes abrieron entonces todas las cárceles y los presos se incorporaron a la violencia generalizada. La estación del teleférico fue incendiada. Después de todo esto, la violencia de la Generación Z empezó a pedir la restauración de la monarquía. Luego, insólitamente, se usó una red para gamers, Discord, para elegir una Primera Ministra interina hasta que se de la elección en marzo del año entrante. El ejército aceptó una designación por redes sociales como si fuera una elección legal. La estrambótica historia de Nepal no tiene nada que ver con la de México, pero sospecho que usar la idea de la Generación Z contiene un deseo de emular la violencia generalizada y la designación digital de las autoridades. Ya se ven los mexicanos de Twitter decidiendo que nos presida Lilly Téllez o Simón Levy. Ya se ven los influencers accediendo a puestos que antes eran de elección popular. Ya se ve Ricardo Salinas Pliego decidiendo sus amparos por sondeos en Twitter. El hecho de que en Nepal esos jóvenes acabaran pidiendo el regreso de la monarquía que fue brutal en sus 240 años, habla de una desinformación profunda de la nueva generación, sus rasgos manipulables por actores sociales del viejo régimen, y una despolitización que aflige. 

Sobre este primer sombrero, el de la Generación Z, hay algo más que apuntar. La idea de las generaciones, es decir, de gente definida por su fecha de nacimiento, es un elemento de despolitización bastante útil en crisis políticas porque trata de borrar que ese mismo grupo de edad contiene clases sociales. ¿Qué tiene que ver un jóven que se queja en Facebook de su propio aburrimiento con uno en Veracruz que cobra su beca y, de pronto, tiene un reconocimiento familiar y social por trabajar y estudiar. En el caso de Nepal, lo de la generación quizás pegó porque efectivamente los jóvenes dependían para trabajar de las redes y estaban en contacto con los millones obligados a emigrar a Asia Central por una guerra de una década. Pero, de todos modos, la despolitización que permitió la violencia extrema y los llamados a restaurar a un rey, no los justifica nada. 

Ahora bien: la clasificación de las generaciones que se usan para definir a la generación Z es un invento de dos señores de Yale, Niel Howe y William Strauss. Según su “teoría” hay varios tipos de personas que se van sucediendo en la historia impulsados por quién sabe qué motor. Es una teoría muy divertida pero no es real. Según esto, habría generaciones individualistas o colectivistas nomás por pura sucesión de modas, sin importar el modelo económico y la ideología dominante. Habría nómadas y espirituales. Habría, en fin, generaciones de profetas, por ejemplo. Si la historia es un guión de Netflix, voy de acuerdo, pero acá hay actores políticos, sistemas de dominación, ideologías y prácticas políticas que no son espontáneas como las generaciones de Howe y Strauss. Pero son de Yale, como Zedillo. Así, ellos son los que le pusieron nombre a la Generación X o Z. Es decir, muy libres los jóvenes de protestar pero están asumiendo una etiqueta que les propinaron dos señores en Yale en un libro publicado en 1991. Quisiera ver si los mexicanos que se reivindican como actores políticos en términos de la generación Z están de acuerdo con sus creadores de Yale. Según estos señores la Generación Z es: “sobreprotegidos, conformistas, cautelosos, y centrados en la salud mental”. No sé si estén de acuerdo los jóvenes nacidos entre 1995 y 2012. De la mía, la X, nacidos entre 1965 y 1980, estos teóricos de la generación espontánea dicen: “pragmáticos y escépticos”. Nada más fuera de la realidad. No definida por una fecha de nacimiento como carta astral ni tampoco por consumo de las modas durante una época, sino por una serie de experiencias políticas, mi generación es la del CEU, la del fraude 1988, el desafuero, y las victorias de 2018 y 2024. Son experiencias, prácticas, y memorias que identifican políticamente a un grupo de personas. No nos definimos por la fecha de nacimiento: ni que la historia fuera un horóscopo.    

Así llega volando el siguiente sombrero, el del asesinado Alcalde de Uruapan. Tras su asesinato, un grupo de manifestantes ingresaron al Palacio de Morelia, capital del estado y vandalizaron lo que pudieron, arrojando bombas molotov al interior, y rompiendo vidrios. Cuando se le filmó a uno de los encapuchados para subir su testimonio a redes sociales dijo: “Esto no es sólo por Carlos Manzo, sino por los impuestos”. Un día después se presentó la misma situación en Apatzingán. Por supuesto, estos actos de salvajismo se hacen para la cámara y su destino son las redes sociales que los viralizarán como demostraciones de la debilidad de las autoridades. Es entonces que se empieza a hablar de Estado fallido y vienen los imperialistas de siempre, la ultraderecha de EU y España, a tratar de “ayudar”. De inmediato, el Embajador boina verde de los Estados Unidos, Christopher Landau, posteó en X su injerencismo: “Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas”. La vocera de la ultraderecha en España, Cayetana Álvarez de Toledo, siguió todavía privada de dolor porque su rey no fue invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum: “Exige disculpas a España por los muertos de hace 500 años cuando debería ofrecerlas ella por los mexicanos que mueren hoy. Carlos Manzo, joven y valiente Alcalde de Uruapan, última víctima de la violencia que desangra México”. Nunca vimos a la Embajada de Estados Unidos o los voceros de Franco en España protestar por los asesinatos de los 29 presidentes municipales mexicanos durante el sexenio del espurio, cuatro de ellos de Michoacán. No los vimos preocupados por cómo se sextuplicó la violencia de las ejecuciones en el gobierno del espurio Calderón y el de Peña Nieto: de dos mil 819 en 2007 a casi 17 mil en 2011. No los escuchamos decir nada cuando el 7 de septiembre de 2006 La Familia Michoacana tiró las cabezas de sus enemigos Los Zetas en una pista de baile de Uruapan llamada “Luz y Sombra”. Tampoco cuando alguien interesadamente metió a la población civil el 15 de septiembre de 2008 cuando echó granadas a la celebración de la Independencia en Morelia.    

En el salvajismo en el Palacio de Morelia como en la toma de carreteras de los supuestos campesinos del maíz, se han identificado a prianistas: Mauricio Hernández Salmerón y Raúl Meza Avance, integrantes del grupo Revolución Social vinculado al PRI; el exmagistrado federal Froilán Muñoz; y Alan Juárez, actual Director de Preservación y Fomento al Arte Popular del Ayuntamiento de Morelia, afiliado al PAN. Algunos de ellos atacaron también las obras del teleférico cuya construcción el propio Alcalde asesinado, Carlos Mazón, había condicionado por mayor presupuesto a su municipio. Pero también el teleférico fue una de los blancos del ataque en Nepal. Pero me quedo con la declaración de una de los encapuchados: “Esto no es sólo por Carlos Manzo, sino por los impuestos”. 

Y así llegamos a Ricardo Salinas Pliego. Un día después del asesinato del Alcalde de Uruapan, en el 75 aniversario de Elektra, el evasor dijo: “Uno de mis colaboradores me entregó un sombrero como homenaje a la lucha del Alcalde silenciado por Morena en Michoacán, Carlos Manzo, y en representación de millones de mexicanos que trabajan en el campo. A muchos no les sorprenderá, pero hoy por la mañana nos informaron que, en lugar de perseguir a los criminales que acabaron con la vida del Alcalde, los Gobiernicolas están persiguiendo a los ciudadanos que se manifestaron libremente un día después, en las calles y redes sociales”. ¿Qué tenía que ver el encapuchado del ataque en Morelia con Salinas Pliego? ¿Por qué habló de impuestos y se fue a incendiar una puerta? 

Tal parece que una parte de la oposición piensa ya en actuar con violencia frente a un Estado que ha recuperado algo de los perdido en treinta años de destrucción y saqueos. En el nuevo régimen la oposición de ultraderecha no encuentran la solución política que es autocriticarse, refundarse, y acudir a las elecciones. Quieren otra cosa: una invasión del ejército estadounidense, como también en estos días aseguró la cadena de televisión gringa NBC, una desestabilización por medio de la violencia extrema, que los jóvenes de una inexistente generación Z les sirvan como carne de cañón. Ojalá esté equivocado. 

Trump y los corolarios

 sinembargo.mx

Lorenzo Meyer

Breve Historia Imperial. Según el diccionario de la RAE, corolario es “una proposición que no necesita prueba particular y se deduce con facilidad de lo demostrado previamente”. En la historia de la política exterior norteamericana ya hay un “corolario Roosevelt” pero quizá en el futuro se podrá hacer referencia a otro u otros, entre ellos el de Trump, que es contradictorio e inaceptable pero no inofensivo.

El llamado corolario Roosevelt de 1904 es una declaración política intervencionista e imperial que pretende deducirse de la llamada “Doctrina Monroe” enunciada por un Presidente norteamericano en 1823 y que un historiador norteamericano calificó como “dogma nacional sagrado” (Julius Pratt, A History of Unites States Foreign Policy, [1955] p. 166). Lo que hace más de dos siglos James Monroe propuso y se elevó a nivel de “doctrina” fue que unos Estados Unidos que aún no eran potencia pero que aspiraban a serlo, no se implicaría en las rivalidades políticas de la lejana Europa pero se opondría a que esa Europa insistiera en seguir practicando el colonialismo en alguna parte de la América ya independiente. El mensaje iba especialmente dirigido para Gran Bretaña en el Oregón y para Rusia en el sur de Alaska. En los hechos y con el paso del tiempo la “doctrina Monroe” significó oponerse de manera efectiva a la existencia de nuevas zonas de influencia europeas en América que rivalizaran con el proyecto expansionista y hegemónico norteamericano. De ahí ese llamado “Corolario [de Theodore] Roosevelt” de 1904 que anunciaba al mundo que Estados Unidos se reservaba el derecho de intervenir directamente en los países que veía ya como parte de zona de influencia exclusiva en El Caribe y Centroamérica para mantenerlos en “orden” pero negaba esa posibilidad a otras potencias. Lo que ese primer Presidente Roosevelt se propuso entonces era evitar que se repitieran situaciones como la acción armada directa y sin aviso previo de varios países europeos para cobrarle deudas al Gobierno de Venezuela encabezado por Cipriano Castro, un dictador. Y es que para entonces Estados Unidos ya tenía tanto la capacidad como la voluntad de ser efectivamente el valedor de la doctrina Monroe.

El Segundo Roosevelt y la Guerra Fría. La rápida y contundente victoria de Estados Unidos sobre España en Cuba y Filipinas en 1898 fue el boleto de entrada de ese país al club de las grandes potencias navales e imperialistas. Más tarde el gobierno del Presidente Woodrow Wilson aprovechó la coyuntura generada por Revolución Mexicana y luego por la I Guerra Mundial para, entre otras muchas cosas, subordinar definitivamente a la aprobación o veto de Washington a los intereses ingleses y alemanes en México, y América Latina, (Lorenzo Meyer, Su majestad británica y la Revolución Mexicana, [1991]).

Tras la derrota de Alemania el supuesto orden internacional creado por la Paz de Versalles (1919) duró poco. Para los años de los 1930´s el segundo Presidente Roosevelt, Franklin, consideró que una manera de evitar que la inestabilidad creciente en Europa y Asia repercutieran es su relación con la América Latina debía cambiarse en el continente la “política del garrote” de su antecesor por otra más amable y cooperativa. Así fue y en 1933 nació la “Buena Vecindad”. La II Guerra terminó por consolidar la hegemonía norteamericana en nuestro hemisferio. Los sucesores de Franklin Roosevelt ya no consideraron necesario preservar el espíritu de la Buena Vecindad y por ello la Alianza para el Progreso formulada en 1961 nunca tuvo la relevancia de su antecesora.

La Guerra Fría (1947-1991) modificó el contexto de la relación Estados Unidos-América Latina. En el caso de México el régimen priista garantizó la estabilidad política en la frontera sur norteamericana y un muy efectivo anticomunismo recubierto con una capa de “nacionalismo revolucionario” le ganó el respaldo de Washington al régimen mexicano. La relación México-Estados Unidos de la época experimento algunas complicaciones pero finalmente fue funcional para los intereses de ambas partes.

La Unipolaridad Actual. Ya sin la URSS el sistema de poder internacional se volvió inevitablemente unipolar y con su centro en Washington. Entre las varias consecuencias de ese cambio, una fue particularmente relevante para México: el vecino del norte dejó de justificar la naturaleza no democrática del régimen mexicano como había sido el caso en 1968 o en 1988 cuando una matanza o un fraude electoral simplemente no hicieron mella en la relación bilateral de México con la gran potencia.

Los avances de la izquierda mexicana a partir de finales del siglo pasado y la debilidad creciente del régimen priista ya no llegaron a preocupar a Estados Unidos. Una segunda Cuba al sur del Bravo simplemente ya no era factible.

El fin de la Guerra Fría en los 1990´s le hizo perder a los gobiernos mexicanos su papel de guardianes de la seguridad fronteriza norteamericana. Por el contrario, ya sin el fantasma del comunismo la situación de la vecindad con México se fue percibiendo como un problema para la sociedad norteamericana por tratarse de una frontera muy propicia al paso de drogas prohibidas, de masas de trabajadores indocumentados y la mudanza de grandes plantas industriales norteamericana a México en busca de mano de obra barata. Hasta hoy, los trabajadores sin papeles procedentes de México han seguido siendo requeridos por ciertos sectores de la economía norteamericana pero rechazados por una buena parte de su sociedad que los considera una amenaza demográfica y cultural para unos Estados Unidos originalmente blancos y protestantes. Y por lo que respecta al narcotráfico, se culpa a los carteles mexicanos de la adicción creciente a las drogas en Norteamérica suponiendo que la oferta y no la demanda es la responsable del problema. Así pues, para una parte de la sociedad norteamericana actual, México y los mexicanos se han convertido en un verdadero peligro y consideran, como Trump, que la relación con el vecino del sur debe hacerse distante y requiere no de la integración que implica el T-MEC sino de muros al estilo del Berlín de la Guerra Fría.

Trump. La presidencia de Donald Trump y el trumpismo significan entre otras cosas la entrada de las relaciones México-Estados Unidos en una zona de arena movediza y que, en más de un sentido, es el reverso de lo que fue durante la “Buena Vecindad”. Y es que esas relaciones tienen lugar hoy no sólo en el tradicional contexto de asimetría de poder y diferencias étnicas y culturales sino además de divergencia de proyectos nacionales. Mientras México tiene un proyecto de izquierda el trumpismo lo tiene de derecha radical y con poco respeto por la soberanía de países relativamente débiles e insumisos.

Y es aquí donde entra una especie de “corolario Trump”: como Estados Unidos es la principal potencia militar y el gran mercado de la globalización, su Presidente no ha tenido empacho en declarar una guerra también global de aranceles y que ha usado para amedrentar a amigos y enemigos. Además, al proclamar terroristas a carteles del narcotráfico, se ha adjudicado el derecho de usar la fuerza extrema para atacar sin previo aviso a quienes considera narcotraficantes, séanlo o no.

En el inicio mismo de su lucha por la presidencia Trump declaro: “Quiero ayudar a todos nuestros aliados, pero estamos perdiendo miles y miles de millones de dólares. No podemos ser los “policías del mundo” (primer debate Clinton-Trump, 26/09/16), pero en su decidido apoyo a Israel en la destrucción de Gaza o en el bombardeo a Siria o las instalaciones atómicas de Irán lo mismo que hundir lanchas en El Caribe o al estacionar frente a Venezuela al mayor portaviones de la flota americana para respaldar su demanda de cambio de gobierno en ese país, va tomando forma un corolario Trump y que dice más o menos esto: “cuando pueda, Estados Unidos va a actuar en el plano internacional como le plazca a su Presidente”. Y es que a la unipolaridad se ha añadido un jefe del Ejecutivo de la gran potencia que domina completamente a su partido, así como a los poderes legislativo y judicial de su país.

El colofón de todo lo anterior es una información de NBC News (La Jornada, 04/11/25) en el sentido de que militares y personal de inteligencia norteamericanos se preparan para actuar contra los carteles de la droga en territorio mexicano. Quizá tal noticia no signifique nada, pero en cualquier caso es más que oportuno el rechazo tajante expresado por la Presidenta Sheinbaum a tamaña idea, aunque...

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Zohran Mamdani, Eugene V. Debs y un nuevo amanecer

Amy Goodman y Denis Moynihan

El socialista demócrata Zohran Mamdani hizo historia esta semana al ganar la contienda para ser el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York. Mamdani es la primera persona musulmana y la primera persona de ascendencia sudasiática en ser elegida para dirigir la ciudad más grande de Estados Unidos. Asimismo, con sus 34 años, es la persona más joven en ser elegida para ese cargo en más de un siglo. El meteórico ascenso de Mamdani, de legislador estatal poco conocido a protagonista el martes de una victoria sorprendente, ha conmocionado al Partido Demócrata. Con un equipo de campaña que contó con más de 100.000 voluntarios, una estrategia eficaz en redes sociales y una plataforma centrada en múltiples propuestas para hacer de Nueva York una ciudad más asequible, Zohran Mamdani construyó su camino hacia la victoria y venció al desacreditado exgobernador del estado de Nueva York Andrew Cuomo.

El martes a la noche, durante la fiesta de celebración de su victoria en el teatro Brooklyn Paramount, Mamdani fue recibido en el escenario por una multitud de simpatizantes eufóricos.

El alcalde electo inició su emotivo discurso citando a uno de los socialistas más célebres en la historia de Estados Unidos: “Puede que el sol se haya puesto sobre nuestra ciudad esta noche, pero, como dijo una vez Eugene Debs, 'vislumbro el amanecer de un día mejor para la humanidad'”.

Eugene V. Debs nació de padres inmigrantes el 5 de noviembre de 1855. Comenzó a trabajar a los 14 años en los talleres ferroviarios y más tarde se convirtió en fogonero de ferrocarril, cuya tarea consistía en alimentar con carbón las locomotoras a vapor. El joven se afilió al sindicato de fogoneros ferroviarios y fue ascendiendo dentro de sus filas. Más adelante, formó el Sindicato Estadounidense de Ferrocarriles (ARU, por sus siglas en inglés), con el objetivo de organizar a todos los trabajadores del sector ferroviario, e incluir también en la organización, como era su deseo, a mujeres y trabajadores afroestadounidenses.

El Sindicato Estadounidense de Ferrocarriles emprendió una huelga contra la empresa Pullman Company, propiedad de George Pullman, quien construyó y operó una vasta flota de coches cama de lujo y obtuvo enormes ganancias, al tiempo que sometía a sus trabajadores a condiciones casi de servidumbre en la ciudad donde la empresa tenía su sede, Pullman, en el estado de Illinois. La huelga se extendió a todo el país y paralizó a la industria ferroviaria. El presidente de ese entonces, William Howard Taft, ordenó la intervención de las fuerzas armadas, una acción que sofocó violentamente la huelga y dejó un saldo de 30 trabajadores muertos. Como rostro público de la huelga, Eugene V. Debs fue llevado a juicio. Fue declarado culpable y sentenciado a seis meses de prisión en una cárcel de condado. Durante su reclusión, Debs se sumergió en la lectura y la escritura, forjando ideas cada vez más radicales hasta salir de prisión convertido en un ferviente socialista.

En 1900, se presentó como candidato a la presidencia por el Partido Socialista, la primera de sus cinco candidaturas presidenciales. En 1905, cofundó el sindicato Trabajadores Industriales del Mundo (IWW, por sus siglas en inglés), cuya meta era unificar a los trabajadores de todas las industrias en “un solo gran sindicato”. En su campaña presidencial de 1912, Debs cobró tanto impulso que candidatos del 'establishment', como Woodrow Wilson y Theodore Roosevelt, llegaron a temer que acabara conquistando la presidencia.

Cuando Estados Unidos ingresó en la Primera Guerra Mundial, una ola de fervor patriótico se extendió por todo el país. En 1917, el Congreso aprobó la Ley de Espionaje y, al año siguiente, la Ley de Sedición, que convirtió en delito pronunciarse en contra de la guerra. A pesar de ello, en un multitudinario mitin al aire libre celebrado en la ciudad de Canton, en el estado de Ohio, Debs condenó abiertamente la guerra. Aunque no se conservan registros sonoros de la voz de Debs, en 2009, el actor Tim Robbins recitó ese discurso de 1918 en una recreación en vivo de los textos históricos citados en “Voces de la otra historia de Estados Unidos”, obra del editor Anthony Arnove y del fallecido historiador Howard Zinn. En su discurso, Debs acusaba a los magnates de Wall Street de promover la guerra:

“Cada uno de estos conspiradores aristocráticos y aspirantes a asesinos afirma ser un archipatriota; cada uno de ellos insiste en que la guerra se libra para hacer del mundo un lugar seguro para la democracia. ¡Qué farsa! ¡Qué podredumbre! ¡Qué falsa pretensión! A lo largo de la historia, las guerras se han librado por la conquista y el saqueo”.

Debs fue arrestado, juzgado, declarado culpable y sentenciado a diez años de prisión. El discurso que Debs pronunció ante el tribunal el 18 de septiembre de 1918 es considerado uno de los más elocuentes del inglés moderno. Ese fue el discurso que citó Mamdani. Debs inició su alocución con las que quizás sean sus palabras más célebres (recreadas por el actor David Strathairn en otro de los encuentros de presentación en vivo de la obra “Voces de la otra historia de Estados Unidos”):

“Mientras haya una clase baja, yo formaré parte de ella; mientras haya un elemento criminal, yo seré parte de él; y mientras haya un alma en prisión, yo no seré libre”.

Debs cumplió tres años de su condena en una prisión federal y dirigió su última campaña presidencial, en 1920, desde su celda.

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, elige cuidadosamente sus palabras. Al evocar a Eugene Debs, no solo expresó sus convicciones como demócrata socialista, sino que también hizo un llamado a la acción. Al igual que Debs, Mamdani entiende, y su campaña así lo reflejó, que la lucha por la justicia exige una gran organización de masas.

El presidente Trump ha amenazado con suspender la financiación federal a la ciudad de Nueva York como castigo por elegir a Mamdani como alcalde. Al igual que hiciera en su tiempo el presidente Taft, el actual mandatario estadounidense ha desplegado las fuerzas armadas en varias ciudades de Estados Unidos y promete extender la medida a otras. En su discurso, Mamdani le respondió a Trump con un desafío:

“Para llegar a cualquiera de nosotros tendrá que pasar por encima de todos nosotros”. Y continuó: “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, dirigida por un inmigrante”.

© 2025 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

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Héctor Alejandro Quintanar

Hoy México mantiene como principal problema el de la inseguridad pública. A pesar de que de 2018 a hoy se detuvo el ascenso exponencial de los crímenes de alto impacto y, en siete años, éstos han descendido notablemente, sobre todo en el último año, no puede negarse que aún hay un dolor social diario que nos aqueja a todos y cuya resolución urge acelerarse.

Pero así como es mezquino negar que persiste la gravedad del problema, también lo es omitir las notables mejoras a ese respecto en la llamada Cuarta Transformación. Decirlo no es una aseveración tibia que busca quedar bien con todos. Es una verdad asequible que, desde el poder y las instituciones, debe analizarse para saber qué profundizar y qué detener para darle celeridad a una resolución urgente.

El autor de esta videocolumna no es especialista en seguridad pública, por lo que una opinión responsable al respecto debe limitarse a la arista de este tema que sí se conoce. Hoy el país vuelve a vivir una efervescencia enorme en este tema, debido al artero, brutal y siempre inadmisible asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Y antes de emitir cualquier análisis al respecto, este espacio condena el crimen y exige justicia.

De acuerdo con datos del portal Ciudadanos Observando, en el sexenio de Calderón fueron asesinados 24 alcaldes; en el de Peña Nieto 39; con López Obrador 17 y en el actual sexenio la cifra llega a 10. En una nota de Animal Político de 2016, se especifica que hasta ese año habían sido asesinados 82 autoridades locales, y que son cuatro las entidades de la República donde ha primado ese tipo de crimen: Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán.

Todo crimen es lamentable y merece justicia. Y justamente por esa premisa es que resulta un oportunismo vil el blandir el asesinato de Carlos Manzo como una bandera de protesta, porque eso omite la cauda de munícipes asesinados en todos esos sexenios, donde las cifras alarmantes, de nuevo, comenzaron a disminuir a partir de 2018.

Dicho ello, y ante el hecho de que de nuevo vuelve a tratar de impugnarse la consigna de “abrazos, no balazos”, vale la pena ahondar en su origen y entender cuál es el eje rector de la llamada Cuarta Transformación para combatir el crimen, para de ese modo entender su perspectiva y evidenciar a los ignorantes de siempre, que, con una vulgaridad mental excesiva, se burlan del concepto o, peor, creen realmente que esa política implica dar abrazos a los delincuentes.

En el año 2007 arrancó la llamada “guerra contra el narco” del espurio Felipe Calderón, hecho que hoy, con la evidencia disponible y con García Luna en la cárcel por narcotráfico, podemos aseverar que no fue sino una farsa sangrienta que entregó el país al crimen organizado y sus efectos principales fueron el crecimiento exponencial de las células criminales y los delitos de alto impacto en todo el país.

En ese mismo año, se abrió un debate amplio en México respecto a esa decisión autoritaria y delictiva de Calderón. Y, más allá de la decisión en sí, también se abrió espacio a la reflexión sobre qué hace que la gente se integre al crimen organizado, y una hipotética respuesta solía apuntar a que suele ser la pobreza un factor explicativo.

En ese año de 2007, López Obrador inició los históricos recorridos municipio por municipio del país, que mantuvieron viva a la principal fuerza opositora en ese sexenio, y que tuvieron apogeos locales en el trienio de 2006-2009. Ahí, y más allá de las limitaciones propias de toda percepción, López Obrador y su entorno enfatizaron una cuestión paradójica, y ella era que había regiones en el país muy pobres, sobre todo en Oaxaca y Chiapas, que sin embargo se mantenían al margen del alza de la violencia que aquejaba en otras entidades de la república.

La pregunta resultante era obvia: ¿a qué se debía que ciertas comunidades pobres, a pesar de ello se mantuvieran ajenas a la dinámica del crimen organizado? La respuesta parecía estar en los valores de comunidad que imperaban en esas regiones, y la influencia de las tradiciones de los pueblos originarios. Sin romantizar, pero tampoco sin negar esta realidad, parecía así que una estrategia contra el crimen organizado debía centrarse no es un belicismo de derechas donde se simulan patrullajes y vigilancia en las calles; sino sobre todo reforzar esos valores de comunidad, porque éstos habían tenido efectos importantes en determinadas zonas del país.

La idea empezó a reflexionarse con más profundidad en el círculo de la izquierda partidista y el entorno del aún pre-candidato López Obrador, y un primer saque a ese respecto se hizo público en 2010, en el libro llamado “Nuevo proyecto de Nación”, cuyo primer capítulo estaba dedicado precisamente a pensar sobre el camino a la pacificación del país con base no sólo en la inclusión social, sino también en promover valores comunes distintos.

Este punto del proyecto de 2010 fue la base de una reflexión polémica, pero necesaria un año después, cuando en un histórico artículo publicado en noviembre de 2011 en el periódico La Jornada, López Obrador propuso la construcción de una “república amorosa”. El aserto no era un simple lema de campaña, sino una convocatoria abierta a pensar vías para la pacificación.

En ese momento, la derecha panfletaria en el país no hizo más que reaccionar con virulencia e ignorancia. Por ejemplo, Roger Bartra, futuro ideólogo del panista Ricardo Anaya, acusó que la llamada “república amorosa” era una simple quimera de derechas porque usaba un lenguaje que según él era religioso. Nunca se asomó Bartra a los orígenes empíricos de la reflexión de AMLO, que estaban en una realidad palpable en regiones concretas del país.

Mientras la reacción de la derecha mexicana osciló entre la burla y la caricatura, un grupo de intelectuales donde destacaron el sociólogo Armando Bartra -por cierto, primo de Roger- o el antropólogo Alfredo López Austin, dieron acuse de recibo a la propuesta de López Obrador; y, con toda seriedad, organizaron una serie de foros en marzo de 2012, sobre qué significaban los fundamentos de una república amorosa.

El resultado concreto fue un foro amplio, muy plural, donde participaron voces como la de la filósofa Nora Rabotnikof, el periodista Ricardo Raphael, el filósofo Gabriel Vargas; el pensador Enrique Dussel, la psicóloga Emma Manjarrez, la filósofa Raquel Serur, el escritor Honorio Alcántara, entre muchísimos otros. Los aportes de los partícipes devinieron en una serie de propuestas de todo tipo, enmarcadas en un libro que se llamó Los grandes problemas nacionales.

En esencia, los fundamentos de la república amorosa consistieron, en los hechos, en una propuesta seria y plural de una especie de Reforma Educativa, donde se ponderaran sobre todo valores inclusivos y progresistas, como el respeto a minorías, equidad de género, la historia como maestra de la política, la crítica al individualismo exacerbado o la discusión sobre el pasado colonial y sus implicaciones, entre otras muchas cuestiones.

Así, la república amorosa, a pesar de la presunta cursilería del nombre, devino en un proyecto que puede gustar o no, y que puede ser criticable, pero nadie puede regatearle su seriedad y un acierto en el diagnóstico sobre la necesidad de reformas contenidos educativos como elemento sustancial, junto con la mejora de condiciones materiales de vida, para lograr una pacificación del país.

En 2012 esa fue la idea, misma que se adecuó hacia 2018. Si López Obrador ganaba, la estrategia para combatir al crimen iba a ser la inclusión social, la mejora de la vida económica y un cambio educativo. A la propuesta se le puede criticar su apuesta a largo plazo, pero no se le puede negar seriedad ni falta de elementos ciertos.

Hoy, que el Gobierno de López Obrador ya terminó y el proyecto sigue vigente con Claudia Sheinbaum como Presidenta, es válido hacer un análisis sobre los éxitos, límites y retos de ese proyecto. En lo primero, sobresale una histórica reducción de la pobreza y una política juvenil sólida. En lo segundo, deben discutirse las instituciones y herramientas para combatir la inseguridad en el plazo inmediato, como la creación de una Guardia Nacional y sus atribuciones, por ejemplo.

Pero la lección que sí debe pregonarse hoy es la de desplazar para siempre el belicismo de derechas. Esa idea de que los patrullajes abiertos, la confrontación efectiva, los retenes militares o de la policía federal, el mostrar la capacidad de fuego son la solución, quedó ampliamente desmentida. No sólo porque cuando eso imperó, sobre todo de 2006 a 2012, la violencia aumentó en más del 200 por ciento; mientras que desde 2018 se redujo en un 9 por ciento; sino también porque, se insiste, hoy sabemos que esa supuesta guerra frontal al narco fue en realidad una simulación sanguinaria cuyos efectos persisten.

Hoy que, ante la indignación impostada de muchos por el asesinato de Carlos Manzo, pareciera que en el mejor de los escenarios se exige una vuelta a esos métodos sabidamente fracasados de combatir el crimen. En el peor de los escenarios, pareciera que se usará ese cobarde y vil acto para hacer agitación política miserable.

Lo que debe ponerse de relieve es la inercia absurda con que se ha entendido la propuesta de la izquierda en el poder para contener el crimen, que hoy, así como se ridiculizó y caricaturizó sin motivo a la república amorosa, ridiculiza y caricaturiza el “abrazos no balazos”. Ante eso, vale recordad la metáfora que podría explicar la situación en México: en términos de seguridad la llamada Cuarta Transformación es una especie de bombero que llegó a combatir un incendio. Se puede criticar la lentitud con que lo hace, o se puede analizar si se está lanzando el extintor en el punto correcto, o si se están llevando a cabo las urgencias pertinentes para salvar las vidas en riesgo.

Pero lo que no se puede hacer, es comparar al bombero que llegó a tratar de apagar el fuego, con el pirómano criminal y miserable que, deliberadamente, lo inició. Porque ese pirómano tiene nombre y se llama Felipe Calderón. Recordar esto no es echarle la culpa al pasado, sino hacer un buen diagnóstico sobre el estado de violencia para tratar de combatirla. Y eso lo sabía Carlos Manzo, quien de eso acusó, con razón y en 2022, al calderonismo.

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

 sinembargo.mx

Pedro Mellado Rodríguez

Los demonios andan sueltos y todos han enfocado sus baterías en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del proyecto de la Cuarta Transformación. La extrema derecha, desde todos los frentes, ataca, descalifica, presiona y amenaza al Gobierno de México. Están decididos a todo, desde el asesinato hasta el golpe de Estado, de tal manera que los odiadores profesionales aprovechan cualquier circunstancia que les resulte propicia para embestir con desenfreno en su insana lucha por recuperar los privilegios y el poder que durante décadas les permitieron saquear los bienes y la riqueza del país, en complicidad con sus socios extranjeros.

Cualquier pretexto es bueno para denostar a la Presidenta y sueñan, todos los días, con que el imperio tome cartas en el asunto e invada nuestro país para restaurar las insanas y perversas instituciones que durante décadas fueron instrumento para satisfacer sus apetitos de poder y de dinero, con un altísimo costo de desencanto, marginación, injusticia y pobreza para la mayoría de los mexicanos.

No es un hecho casual que prácticamente todos los días el coro de los canallas y los sinvergüenzas entone la misma melodía. Y tienen poderosos cómplices que igual secundan sus infernales armonías más allá de la frontera.

Prácticamente todos los días algún vocero oficial u oficioso del gobierno de Estados Unidos reitera las amenazas de que Donald Trump está preparando una incursión terrestre en contra de los cárteles de la droga en nuestro propio territorio. Pese a que dice que respeta y admira a la Presidenta, insiste el hombre naranja en que nuestro país está gobernado por los cárteles del crimen organizado, y ese pretexto podría darle la justificación para enviar sus tropas a nuestro territorio.

Apenas el pasado lunes 3 de noviembre del 2025 la cadena estadounidense de televisión NBC News difundió que el gobierno de Donald Trump está planificando una misión para enviar tropas y oficiales de inteligencia estadounidenses a territorio de México, con el objetivo de combatir a los cárteles de la droga. Cita la televisora, sin identificarlos, a cuatro funcionarios y exfuncionarios estadounidenses que presume están familiarizados con la iniciativa.

En ese mismo clima de crispación, dos crímenes de alto impacto, de personas que han desafiado a la delincuencia organizada, han sido también un buen pretexto para que el gobierno estadounidense quiera meter su nariz en nuestros asuntos y ha exaltado los ánimos de la oposición de derecha que atribuye responsabilidad a la Presidenta en esos crímenes. Primero, el asesinato del líder de los productores de limones Bernardo Bravo Manríquez, el lunes 20 de octubre del 2025 en Los Tepetates y después el crimen de Carlos Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, baleado en la plaza principal de su municipio el pasado sábado primero de noviembre del 2025. Ambos casos en el estado de Michoacán.

También ha provocado la irritación de Donald Trump y de sus halcones el hecho de que la Presidenta Claudia Sheinbaum se exprese en contra de las ejecuciones extrajudiciales que la marina de Estados Unidos ha llevado a cabo en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, en donde ha asesinado a por lo menos 66 personas y hundido 17 embarcaciones en una presunta guerra, donde un poderoso ataca y los demás mueren, contra los presuntos cárteles de la droga de Venezuela y Colombia.

En versiones de presunta culpabilidad de las víctimas, que hasta la fecha no ha probado, el gobierno de Estados Unidos inició su escalada de ejecuciones extrajudiciales el 2 de septiembre del 2025 cuando reveló un ataque frente a las costas de Venezuela contra una embarcación en la que iban a bordo once personas, presumiblemente de un grupo delictivo venezolano conocido como Tren de Aragua. Acciones con las cuales nuestra Presidenta ha expresado su desacuerdo.

Pero las presiones contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum también se han expresado en otros frentes. Este jueves 6 de noviembre del 2025 el Congreso de Perú declaró persona "non grata" a la mandataria mexicana, al asumir que la Presidenta mexicana ha tenido una inaceptable injerencia en asuntos internos de ese país sudamericano, tras haber otorgado asilo político a la exprimer ministra de ese país Betssy Chávez, a quien se le inició proceso por su presunta participación en el presunto intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo en 2022. Asunto por el cual el exmandatario peruano permanece encarcelado, en tanto que su familia goza de asilo político en nuestro país.

México no tiene pleito con Perú, pero las elites de ese país que derrocaron al Presidente electo Pedro Castillo, un profesor de origen indígena que ganó democráticamente los comicios el 6 de junio del 2021, han tratado de distanciar a pueblos hermanos.

El lunes 28 de octubre del 2025  el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció la cancelación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas, en operación o en vías de despegar, hacia su país, en respuesta al supuesto incumplimiento por parte de México de un acuerdo de transporte aéreo de 2015 y excluyó de las operaciones aéreas entre ambos países al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Mientras tanto, la principal organización de la iniciativa privada de Estados Unidos, la US Chamber of Commerce, se quejó de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de nuestro país ha incrementado lo que juzga, son prácticas agresivas y opacas que vulneran el tratado de comercio de América del Norte (T-MEC), publicó el pasado jueves 30 de octubre de 2025 el periódico Reforma, de la Ciudad de México.

“Las prácticas agresivas e inconsistentes del Servicio de Administración Tributaria, que incluyen auditorías excesivas, la denegación de deducciones por pagos entre empresas y sanciones retroactivas, han generado incertidumbre y aumentado los costos para las empresas estadounidenses”, aseguró la Cámara de Comercio del vecino país.

El disgusto de las transnacionales estadounidenses está relacionado también con el decreto que firmó el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador el 20 de mayo de 2019, con el propósito de eliminar privilegios fiscales, en el que se comprometió a no otorgar, condonaciones, o a eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales. Por su propio impulso, la Presidenta Sheinbaum ha promovido reformas constitucionales para rescatar la rectoría del Estado en áreas estratégicas, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, lo que ha irritado a empresarios estadounidenses.

Líderes de las más influyentes compañías de Estados Unidos agrupados en una organización conocida  como Business Roundtable (Mesa Redonda de Negocios) pidieron el viernes 31 de octubre del 2025 al gobierno del presidente Donald Trump renovar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, pero presionar a nuestro país para que las empresas estadounidenses sean protegidas ante lo que denominaron politización del Poder Judicial en México, que pone en riesgo arbitrajes independientes frente a lo que llamaron “caprichos políticos”, refiere una nota publicada el pasado sábado primero de noviembre del 2025 por el periódico Reforma con la firma de José Díaz Briseño, su corresponsal en Washington.

Según la información de Reforma, los directivos de las más importantes corporaciones estadounidenses entre las que están empresas como la consultora J. P. Morgan, General Motors y Federal Express, por mencionar algunas, pidieron frenar lo que llamaron discriminación del Gobierno mexicano en los sectores de energía, telecomunicaciones, aviación y servicios de paquetería. En energía, por favorecer a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad; en telecomunicaciones por privilegiar a Teléfonos de México, de Carlos Slim; en aviación por proteger a la Compañía Mexicana de Aviación y prohibir que los servicios de carga puedan hacerse desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Acostumbrados a imponer sus caprichos en todo el mundo, con la complicidad de su gobierno, las presiones de los empresarios estadounidenses continúan. Apenas el pasado lunes 3 de noviembre del 2025, un escrito presentado en las consultas públicas del gobierno de Estados Unidos encaminadas a la revisión del T-MEC en 2026, un grupo de 450 integrantes de la Asociación Estadounidense de Refinadores de Combustibles y Petroquímicos acusó que las acciones del Gobierno de México en el combate a la importación ilegal de combustibles les han afectado.

Consideran que al aumentar las restricciones y los controles para la importación de combustible, el Gobierno de México ha afectado la libre competencia en la que participan algunas compañías estadounidenses. Por supuesto, al protestar, los empresarios estadounidenses, también protegen los intereses de sus socios mexicanos, muchos de ellos partícipes de los negocios sucios del crimen organizado en el trasiego ilegal de combustibles.

La Presidenta de México no muestra flaquezas y sigue firme en su convicción de defender, con todo y contra todos, la independencia, la soberanía y la dignidad de México. Pese al severo acoso de los demonios de la derecha. Aunque la mandataria goza del apoyo de la mayoría de los mexicanos, no debe confiarse y prepararse para aplicar con firmeza la ley a los traidores a la Patria que sueñan con convertir a nuestro país en un protectorado del imperio, en una especie de estado asociado, de lacayos al servicio del invasor.

Prensa 📰 hoy en México domingo 9 de noviembre 2025

LA JORNADA 
Empleo a jóvenes y más inversión y seguridad guían Plan Michoacán 

El plan del gobierno para llevar la paz a Michoacán tiene como ejes reforzar la presencia de fuerzas federales en la entidad, elevar la inversión pública a niveles sin precedente para reactivar el empleo y fortalecer los programas sociales, de acuerdo con información obtenido por La Jornada sobre el conjunto de acciones que será anunciado este domingo por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que en la semana estarán en la entidad los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo.

“Con ellos fortaleceremos la estrategia nacional de seguridad para consolidar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Sheinbaum”, señaló.

Según la información obtenida por este diario, además del incremento de elementos de las fuerzas federales –que desde hace días han reforzado la seguridad en Uruapan, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo–, el gobierno federal aplicará una inversión extraordinaria en el estado, para apoyar también la educación y becas para niños y jóvenes, así como los programas culturales y deportivos, entre otros, con el objetivo de atender las causas de la violencia.

Al acto en el Patio Central de Palacio Nacional –a las 13:00 horas– acudirá el mandatario michoacano y los integrantes del gabinete de la presidenta Sheinbaum, con quienes ha sostenido reuniones a lo largo de la semana para aterrizar el plan.

La mandataria anunció esta semana una acción conjunta de todo su gabinete para escuchar a comunidades y sectores específicos, con el fin de definir el contenido del plan, fortalecer la seguridad y combatir delitos como la extorsión.

Un primer paso, declaró, es la inclusión de tres ejes: seguridad y justicia; desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz. Con ese enfoque, la convicción de su gobierno es que “la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida. La paz no se impone con la fuerza”, subrayó esta semana.

CONTRAPORTADA 
Repuntan estafas con el inicio de ventas de fin de año

El Buen Fin está a la vuelta de la esquina, una venta que marca el inicio de la temporada de compras más alta del año. Los consumidores están en busca de las mejores ofertas y los ciberdelincuentes a la espera del más mínimo error para vaciar sus cuentas en un abrir y cerrar de ojos.

Información de la Asociación de Bancos de México (ABM) apunta que noviembre y diciembre son los meses con más transaccionalidad en el sistema financiero. Sólo para el siguiente fin de semana, el de El Buen Fin, el gobierno federal y la iniciativa privada prevén que las ventas superen 200 mil millones de pesos.

Firmas de comercio electrónico, como es el caso de la plataforma Tiendanube, anticipa que entre el 14 y el 17 de noviembre, los días de El Buen Fin, las ventas de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) tengan un aumento de hasta 55 por ciento.

Este 2025, empresas como Walmart y Oxxo, dos de los grandes jugadores del mercado minorista mexicano, se sumarán al denominado “fin de semana más barato del año”.

Y estos datos no pasan inadvertidos para el cibercrimen: es posible que, durante El Buen Fin, las estafas digitales aumenten 30 por ciento, de acuerdo con información de Signifyd, una plataforma antifraude especializada en el comercio electrónico.

Los ataques o vulneraciones a un consumidor o una empresa cada vez son más sofisticados, en ocasiones, casi imposibles de detectar por el ojo humano. Según Fortinet, firma experta en ciberseguridad, los criminales digitales primero observan y reconocen a sus víctimas, esperan el click erróneo y los hacen caer en fracción de segundos.

Aunque parece alarmista, la realidad es que el terreno virtual opera de forma casi inmediata, pero no todo son malas noticias, ya que los expertos lanzan una serie de recomendaciones para no caer en manos de los ciberdelincuentes.

EL UNIVERSAL 
Vigilará la Marina el AICM con más de 3 mil cámaras inteligentes

La Secretaría de Marina (Semar) alista la construcción de un supercentro de vigilancia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en el que más de 3 mil cámaras nuevas de video, que estarán conectadas a un sistema de inteligencia artificial, podrán detectar reconocimiento facial, placas de automóviles nacionales e internacionales, así como comportamientos “inusuales” de pasajeros.

En la licitación LA-13-KDN-013KDN001-I-94-2025, cuya copia posee EL UNIVERSAL, se detalla que el software de inteligencia artificial deberá contar con capacidades para generar alertas automáticas al detectar comportamientos anormales, contribuyendo a anticipar incidentes y optimizar los tiempos de respuestas del personal de seguridad.

Se destaca que el sistema contará con capacidades de análisis de video en tiempo real, y con tiempos de procesamiento estimados entre uno y siete segundos, con una eficacia superior a 90%.

“El proyecto de adquisición de un sistema de CCTV es para reemplazar e incrementar el sistema actual de distribución en los centros de monitoreo con una solución moderna, que integre tecnologías avanzadas de inteligencia artificial. Con ello, se busca obtener un sistema más robusto, eficiente y adaptable, que proporcione mayor seguridad y flexibilidad ante diversas situaciones y entornos.

“Instalación, configuración y puesta en marcha de 3 mil 240 cámaras nuevas, de tecnología IP, su infraestructura de funcionamiento y almacenamiento de las videograbaciones”, se señala.

En la licitación se detalla que este nuevo sistema de videovigilancia contempla el almacenamiento de grabaciones de por lo menos un mes.

En la página 24 del anexo de la licitación se indica que el sistema deberá contar con funcionalidades de identificación facial en tiempo real mediante algoritmos de inteligencia artificial, permitiendo comparar los rostros detectados frente a bases de datos locales o externas, entre ellas, “listas negras, personas de interés”.

El nuevo sistema deberá contar con capacidades de seguimiento automático multicámaras para rastrear a la persona identificada entre diferentes cámaras, anticipando desplazamientos y generando trayectorias automatizadas en mapas y planos digitales.

EXCÉLSIOR 
La iglesia alerta de Ley Mordaza contra religiosos

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) rechazó una iniciativa en la Cámara de Diputados que plantea regular los contenidos que sacerdotes, pastores, monjas y ministros de culto publiquen en internet y redes sociales.

La propuesta de Morena adiciona un párrafo al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que los religiosos que operen medios digitales, incluyendo plataformas de contenido multimedia, garanticen “el respeto a los derechos digitales, la neutralidad de la red y la prevención de discursos de odio”.

Lo anterior, al sujetarse “a los lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en coordinación con la Secretaría de Gobernación”.

En entrevista con Excélsior, el abogado Uriel Esqueda, representante de la organización civil Actívate.org.mx, aseguró que la iniciativa es una forma de “censura disfrazada de ley”.

De aprobarse, advirtió, México regresaría a restricciones del siglo pasado y los líderes religiosos serían el único grupo social sujeto a una regulación de contenidos tan específica por parte de dependencias federales.

Afirmó que desde el poder político se impulsan argumentos de que los mensajes de las distintas iglesias son “discursos de odio”, cuando son todo lo contrario.

EL HERALDO
Van Harfuch y Trevilla a Uruapan

Visitan el municipio para poner en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que hoy presenta la presidenta en Palacio Nacional

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional estarán en Morelia y Uruapan, Michoacán, para reforzar la estrategia de seguridad en la entidad. 

Los encargados de seguridad van a la entidad para trabajar en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que presenta hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la mandataria federal detalla en Palacio Nacional las acciones que tienen el objetivo de atender la crisis de seguridad en la entidad, para lo cual se consideró la opinión de los distintos sectores de la sociedad.

Estará basado en tres ejes, destacando el de seguridad y justicia: fortalecimiento de las fuerzas federales con unidades conjuntas: Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Seguridad y Fiscalía estatal, enfocadas en homicidios y extorsión.

También una propuesta al Congreso y al fiscal de Michoacán para la creación de una Fiscalía Especializada de Investigación e Inteligencia en Delitos de Alto Impacto. Habrá una Oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios; Mesas de Seguridad quincenales con el Gabinete de Seguridad; un sistema de alerta para presidentes municipales, y fortalecimiento de la denuncia anónima.

En cuanto a Desarrollo Económico con Justicia: garantizar seguridad social y salarios dignos a jornaleros agrícolas y trabajadoras de la agricultura de exportación; inversión en infraestructura rural.

Y Educación y Cultura para la Paz: escuelas de cultura de paz; programas de reinserción y atención a víctimas; otorgamiento de becas para ayuda en transporte a jóvenes universitarios, la implementación de un programa de “Arte y Territorio”, el festival anual “Voces de Michoacán” y la Red de Casas de Cultura Segura, entre otros.

Ayer, como parte de las audiencias para la construcción del plan, autoridades federales y estatales se reunieron con 37 mandos de comunidades indígenas del estado. 

EL SOL DE MÉXICO 
El lazo entre Taylor Swift y la última bruja noruega quemada en una hoguera 

Misty Heggeness tenía 16 años cuando supo que en 1670, Lisbeth Nypan fue quemada en la hoguera y se convirtió en la última bruja de Noruega. Era su tatarabuela. Hoy, una placa en el centro de la ciudad de Trondheim, a unos 500 kilómetros al norte de Oslo, la recuerda a ella y a todas las mujeres indómitas. También hay un libro de Rossell Hope Robbins, Enciclopedia de Brujería y Demonología, que cuenta su juicio. “Era curandera en la comunidad y leía la sal. Ese conocimiento sin duda influyó en quién soy hoy”, dice. 

Fue 27 años después, en 2019, cuando trabajaba como economista principal y asesora senior en la Oficina del Censo de Estados Unidos, que la descendiente de la última bruja noruega sintió una nueva fascinación, similar a la que le produjo enterarse de la historia de su tatarabuela y que marcaría un nuevo rumbo en su carrera. Durante una cena familiar, Misty Heggeness vio el video de la canción The Man, cuarto sencillo del disco Lover, lanzado por Taylor Swift ese mismo año. La canción, una crítica abierta sobre la desigualdad laboral entre hombres y mujeres, la impactó tanto que al día siguiente se plantó en la oficina de su jefe para hablar del asunto que le daba vueltas. “I would be complex / I would be cool / They’d say I played the field before I found someone to commit to / And that would be okay / For me to do (Yo sería compleja / Yo sería cool / Dirían que ‘jugué el campo’ antes de encontrar a alguien con quien comprometerme / Y estaría bien / Que yo lo hiciera)”, inicia la canción que, en tres minutos y 10 segundos, señala cómo Taylor Swift cree que sería tratada de manera diferente si fuera un hombre.

En una entrevista con Billboard, previa al evento Women In Music 2019, la cantante originaria de Pensilvania explicó que compuso esa canción basada en su experiencia y la de otras mujeres en la industria, quienes coinciden que muchas cosas que hacen los hombres se hacen con facilidad. “Pero nosotras no”, dijo.
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PIE DE PÁGINA 
Generación Z: la batalla por las calles

Dos marchas de una generación marcada por el abandono político se siembran en las calles de todo México. Una discusión que pone sobre la mesa la necesidad de la juventud por incursionar en las discusiones del país: mientras a un grupo se busca copar, otro se organiza y dice: «¡Fuera, fachos!»

En diferentes estados del país —como Michoacán, Puebla, Guerrero, Sinaloa, Ciudad de México y Veracruz, por mencionar solo algunos—, de norte a sur, la juventud ha comenzado a organizarse en dos movimientos distintos bajo una misma bandera: la Generación Z. Se trata de personas nacidas entre 1997 y 2012, en medio de un mundo que gira alrededor del internet masificado.

Por un lado, desde el 15 de octubre comenzó a circular en TikTok, Instagram y Facebook un video creado con inteligencia artificial en el que se anuncia una efervescencia generacional utópica nunca antes vista, capaz incluso de derrocar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Nadie sabe quién convoca ni hay un dirigente; no se definen como de izquierda ni de derecha, aunque algunas huellas del pasado podrían indicar que todo está relacionado con la oposición.

Por otro, los movimientos que en su mayoría agrupan a jóvenes de la Generación Z —y que se han estado organizando desde antes de que la opinión pública los colocara en el centro de la discusión—, como el Frente por las 40 Horas, las luchas estudiantiles, las colectivas contra la gentrificación y por la vivienda digna, decidieron apropiarse del movimiento bajo la consigna: «Una Marcha Nacional contra la violencia y el oportunismo neoliberal», que partió desde el Ángel de la Independencia este sábado 8 de noviembre con rumbo al Zócalo.
¿Es la Generación Z la que marchará este 15 de noviembre?

A partir de las elecciones presidenciales del año pasado, los partidos políticos se dieron cuenta de algo: quien tenga el voto de los jóvenes tiene asegurada una base política fuerte. Y es que, en cifras del 2024, según el Registro Federal de Electores, 15 millones de jóvenes entre los 17 y 29 años salieron por primera vez a las urnas; el 15.8 por ciento de 95.8 millones de personas registradas en el padrón electoral el año pasado.

Desde entonces, los partidos políticos han buscado por todos los medios encajar con la «chaviza», ya sea con videos como los de Marcelo Ebrard haciendo de la política un «trend», o los priistas izando, ahora, una bandera Jolly Roger de One Piece, que representa la lucha contra un gobierno mundial y autoritario.

Sin embargo, este movimiento que explota las brechas y demandas genuinas que hay entre la juventud no es impulsado desde ese grupo etario del que tanto se habla. Basta con sumergirse en sus redes sociales: las cuentas con las que interactúan están vinculadas a la campaña de Xóchitl Gálvez, a movimientos como «el INE no se toca» o contra la reforma al poder judicial, encabezados por opositores al gobierno actual.

Influencers ligados a partidos políticos, como el youtuber «Soy Mirrey», que desde su cuenta ha llamado a salir a las calles este 15 de noviembre, pero que además ha grabado contenido político con personajes como Alessandra Rojo de la Vega.

Otros influencers como «Leo y Nacho», conductores del podcast de temática conservadora, han salido a invitar a jóvenes para derrocar a lo que ellos llaman «una dictadura progresista-globalista» en México.

REFORMA 
Urgen en Hollywood vigilar a PJ en México

Los principales estudios de Hollywood urgieron al Gobierno del Presidente Donald Trump vigilar la actuación del nuevo Poder Judicial en México para garantizar que sus resoluciones estén en línea con los compromisos del Estado mexicano bajo el tratado de comercio de América del Norte (T-MEC).

En un escrito enviado a la Oficina del Representante Comercial (USTR, en inglés), estudios de TV, cine y de servicios de streaming -como Sony, Netflix, Universal, Disney, Warner Bros y Amazon- instaron al Gobierno de EU a vigilar en particular resoluciones judiciales en México relativas a propiedad intelectual.

Agrupados en la Motion Picture Association (MPA, en inglés) los estudios expresaron preocupación por la falta de leyes reglamentarias que permita implementar reformas contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor y en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial necesarias para cumplir con el Tratado.

"La MPA insta al Gobierno de EU a mantenerse vigilante de la implementación y el cumplimiento efectivo por parte de México de las reformas legales mexicanas necesarias para la implementación del T-MEC, especialmente tras las reformas judiciales de México de 2024", dijeron los estudios congregados en la MPA.

"Asimismo, la MPA exhorta al Gobierno de EU a vigilar de cerca la actuación y las resoluciones del nuevo Poder Judicial para garantizar que cumplan con las obligaciones de México de proteger y hacer valer eficazmente los derechos de propiedad intelectual de conformidad con el T-MEC", apuntaron.

En su carta, los estudios recomendaron al Gobierno de EU incluir una carta adjunta durante el proceso de revisión del T-MEC en 2026 en la que México prometa implementar la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de 2022 así como la reforma al Artículo 2 constitucional mexicano de 2024 de conformidad con las obligaciones del País bajo el tratado.

"El Gobierno de EU debe alentar a las autoridades mexicanas a implementar estas reformas con transparencia, claridad jurídica, un alcance bien definido y en consonancia con los compromisos de México en el marco del T-MEC, incluida la consulta con los titulares de derechos", dice el escrito.

UNOMASUNO 
Petroleras deciden irse de México 

Las empresas del sector energético están preocupadas a la espera de la aprobación de sus permisos de exportación. La situación, dicen los ejecutivos, se ha vuelto el punto decisivo para mantener sus inversiones en el país. "Es la condición necesaria para seguir invirtiendo en México, porque es la garantía que da certidumbre de pagos", explicó un empresario del sector en conversación con LPO.

Son varias las compañías en esta situación. Algunas ya recibieron más de un rechazo de parte de la Secretaría de Energía (Sener), con argumentos administrativos que consideran meramente formales. En realidad, interpretan, la razón de fondo es política: el gobierno busca que Pemex siga controlando la canilla de la comercialización, y que el flujo de ventas tanto al mercado interno como al exterior dependa de la empresa estatal.

Las empresas afectadas tienen decidido seguir presentando solicitudes, pero ya se impusieron un plazo. Algunas para el primer semestre del próximo año, otras para la segunda parte del 2026. Si para entonces no obtienen el visto bueno de Sener, detendrán el plan de inversiones programadas y podrían comenzar un proceso de venta de sus operaciones en México, confesó una de ellas a LPO.