MUJERES CAUTIVAS
Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*
A
propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, no cabe duda de que los indicadores más actuales
aportados por organismos internacionales y organizaciones civiles dan la
razón a quienes hemos sostenido que la igualdad de género está muy
lejos de conseguirse, a pesar de las cifras alegres que los gobiernos se
empeñan en presumir.
Nada menos que hace unos días, el Gender Gap Index señalaba que serán
necesarios 118 años para cerrar por completo la diferencia económica
entre mujeres y hombres, pero además, que ningún país del mundo ha
logrado la igualdad salarial.
Este solo dato habla de la situación de desventaja que prevalece para
mujeres jóvenes y adultas, ya que además deben enfrentarse a políticas
económicas sumamente restrictivas y un acceso muy limitado a la
educación o servicios básicos, muy a pesar de que se trata de Derechos
Humanos consagrados hace décadas por la mayoría de los países a nivel
global.
Por ello, y dada la creciente vulnerabilidad de mujeres y niñas, no
debería extrañarnos que sean justamente ellas las víctimas principales
de desaparición no voluntaria en México y América Latina, ya que el
crimen organizado ha encontrado en la trata y la explotación sexual una
de sus principales fuentes de ingreso.
No obstante, además de la violencia sistemática que padecen las víctimas
de trata y explotación sexual, poco se habla de la revictimización de
la que son objeto a manos de las mismas instituciones que deberían
procurarles justicia, protección, reparación del daño y una vida libre
de violencia.
Un ejemplo claro de lo anterior es la asistencia material y protección
que deben recibir las víctimas a través del fondo destinado a cubrir sus
necesidades.
Como sabemos, una niña o mujer que ha sido previamente secuestrada,
golpeada, abusada sexualmente, sometida mental y físicamente y
explotada, lleva consigo una serie de secuelas a largo plazo y altos
riesgos cuando está involucrada la delincuencia organizada.
Las que logran sobrevivir y no son víctimas de feminicidio no cuentan
con posibilidades económicas propias para reconstruir su autoestima,
aliviar sus padecimientos físicos, solventar gastos básicos de
sobrevivencia, seguir estudiando o conseguir un trabajo, y hacer un
nuevo proyecto de vida.
Y a pesar de que se puede alegar que ya existe un fondo destinado a
apoyar a las víctimas para cubrir sus necesidades básicas (ante una
terrible realidad que ellas no buscaron), resulta que el titular de la
Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO) o los consejeros de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV), administran los recursos a partir de criterios
burocráticos y rígidos, de tal modo que las víctimas no puedan acceder
al fondo de emergencia, como si el dinero fuera de ellos y no de y para
las víctimas.
Aquí el punto es que un fondo público destinado a apoyar a las víctimas
está siendo manejado como si proviniera de los bolsillos de las y los
propios funcionarios, a quienes hay que darles innumerables
explicaciones para que al final nieguen el apoyo.
Ocurre por ejemplo que en la SEIDO el titular –que asumió el cargo
recientemente– decidió cancelar los apoyos a víctimas sin mediar
explicación alguna y, peor aún, sin haberse tomado la molestia de
indagar por qué esos apoyos habían sido previamente autorizados.
A los nuevos funcionarios de la PGR les pareció muy fácil borrar todo de
un plumazo, sin importar los riesgos para la vida de las víctimas, su
integridad y su seguridad.
Como era de esperarse, las víctimas que ya cargaban el peso de un
sistema de justicia que sólo funciona para quienes tienen poder,
recibieron la noticia de que ya no cuentan con el apoyo material y
económico que por ley les corresponde.
Estas dos instituciones olvidan (o desconocen) que las víctimas de trata
se encuentran en medio de procedimientos jurídicos de alto riesgo en
los que no es difícil que las sigan, amenacen e incluso las agredan o
intenten matarlas, por lo que salir a la calle a buscar empleo no
implica los mismos riesgos que para una persona normal.
Más aún, una despensa de la Conasupo o un refugio no son alternativas para integrarse a la sociedad.
Cuando se cancela, niega, “marchantea” o “jinetea” un recurso económico
en este contexto, estamos hablando, sí, de una revictimización
institucional, pero es todavía peor que tales decisiones pongan a las
víctimas en riesgo de caer nuevamente en la “boca del lobo” de la que
algún día fueron rescatadas.
Es decir, un Estado responsable –por acción, omisión o complicidad– de
fenómenos como la trata de mujeres y niñas, se vuelve doblemente
violento cuando tampoco se encarga de intentar compensar el daño en una
mínima parte.
Así que, cuando escuchemos a las y los funcionarios acerca de lo muy
interesados que se encuentran en combatir la violencia de género, no
olvidemos que en los hechos muchos de ellos no tienen idea de la
violencia que aplican hacia aquellas que dicen defender.
Twitter: @catwlacdir
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas
en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | México,
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