En
el centro de Atoyac de Álvarez, cabecera municipal en la Costa Grande
de Guerrero, cuando encabezaban una protesta de cafetaleros, la tarde
del sábado 16 de noviembre del año en curso, fueron asesinados Juan
Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez, dirigentes campesinos de la
comunidad serrana de El Paraíso de ese municipio. Estos líderes fueron
ajusticiados luego de anunciar la decisión de constituir una policía
comunitaria para hacer frente a la inseguridad que impera en el
poblado. De este modo, continúan las ejecuciones de líderes agrarios,
indígenas y populares en la entidad federativa que gobierna por segunda
ocasión Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien se transformó de
figueroísta en “militante” del Partido de la Revolución Democrática
(PRD). Los homicidios políticos no cesan, al mismo tiempo que tampoco
son presentados con vida algunos desaparecidos y permanecen en prisión
cuadros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias –
Policía Comunitaria (CRAC – PC).
Considerando el número de líderes
del movimiento social ejecutados durante la gestión gubernativa de Layo
Aguirre, no cabe sino una clara conclusión: en el estado de Guerrero
renace la guerra sucia de las décadas de los años 60, 70 y 80
del siglo pasado, bajo los gobiernos federales de Gustavo Díaz Ordaz,
Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo y los gobiernos locales
de Raymundo Abarca Alarcón (Atoyac, copreros y cívicos), Caritino
Maldonado Pérez, Israel Nogueda Otero y Rubén Figueroa Figueroa (estos
dos últimos ejecutores del terror contra el movimiento de masas, la
guerrilla y la población en general). El arribo del neoliberalismo no
representó ningún progreso en materia de derechos humanos, pues siguió
el trato violento a las luchas campesinas, indígenas, estudiantiles y
populares durante los ejercicios gubernamentales de Alejandro Cervantes
Delgado, José Francisco Ruiz Massieu (exterminador de perredistas),
Rubén Figueroa Alcocer (Aguas Blancas), Ángel Aguirre Rivero (El
Charco), René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo y
nuevamente Layo Aguirre (Ayotzinapa).
Lo novedoso de la
acción represiva en el estado de Guerrero a lo largo del segundo
mandato de Ángel Heladio Aguirre Rivero (2011-), es el carácter
selectivo de la liquidación física de dirigentes del movimiento social,
y al margen de la intervención evidente, clara y pública de los órganos
de seguridad del Estado. Los sicarios parecen ser miembros de los
grupos paramilitares y guardias blancas, lo que no excluye la represión
masiva tradicional como ocurrió el 12 de noviembre de 2011 en
Chilpancingo, cuando cayeron los estudiantes normalistas Jorge Alexis
Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
Los asesinatos
abundan desde la llegada de Ángel Aguirre a la gubernatura del estado
del litoral del Pacífico. El 18 de abril de 2011, sicarios al servicio
de un conocido cacique local ejecutaron en el lugar conocido como
“Puerto de la Mosca”, entre las comunidades de La Morena y La Barranca,
en la sierra del municipio petatleco, al líder de la Organización
Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán
(OCESP), Javier Torres Cruz, en la Costa Grande. El 12 de enero de 2013
fue ajusticiado Andrés Rosales Aguirre, El Bigotes ,
constructor del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el
municipio de Cutzamala de Pinzón, en la región de Tierra Caliente de
Guerrero.
El 3 de junio de este año fueron hallados los
cadáveres del ingeniero Arturo Hernández Cardona y los activistas Ángel
Román Ramírez y Rafael Banderas Román, de la Unidad Popular de Iguala
(UPI) y el PRD, en la región norte del estado de Guerrero, después de
ser salvajemente torturados y con el tiro de gracia. El 5 de agosto de
2013 fueron encontrados los cadáveres de Raymundo Velázquez Flores y
dos de sus camaradas de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano
Zapata (LARSEZ) y secretario general en Guerrero del Partido Comunista
de México (PCM), en el municipio de Coyuca de Benítez. E l 19 de
octubre retropróximo, Rocío Mesino Mesino, lideresa de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), fue ejecutada en el puente de la
comunidad de Mexcaltepec, municipio de Atoyac de Álvarez. El 10 de
noviembre pasado fueron acribillados el líder de la Organización
Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) y militante del PCM,
Luis Olivares Enríquez, y su esposa, Ana Lilia Gatica Rómulo, en la
colonia Fuerte Emiliano Zapata, de Coyuca de Benítez.
Cabe resaltar que los crímenes políticos del periodo de Zeferino
Torreblanca Galindo no han sido esclarecidos y, en consecuencia, los
autores de los mismos siguen sin ser procesados y sentenciados,
incluido el asesinato del conocido político perredista Armando
Chavarría Barrera ocurrido el 20 de agosto de 2009. El 13 de febrero
del mismo año fueron secuestrados Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas
, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Organización para el
Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), cuyos cadáveres fueron localizados el
20 de ese mes de 2009 en el municipio de Ayutla de los Libres, en la
Costa Chica del estado multicitado.
En la madrugada del 8 de
diciembre de 2011 fueron desaparecidos Marcial Bautista Valle y Eva
Alarcón Ortiz, presidente y secretario general de la OCESP,
respectivamente, cuando viajaban en autobús de Petatlán, Guerrero, a la
capital del país, para asistir a una reunión del Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad (MPJD). Pese a la demanda de organizaciones
guerrerenses, nacionales, latinoamericanas y europeas para alcanzar su
presentación con vida, hasta la fecha este propósito no se ha podido
concretar.
Además de los asesinatos y desapariciones, la
prisión política está presente en la entidad que gobierna Ángel Heladio
Aguirre Rivero. Así, están encarcelados Gonzalo Molina y Nestora
Salgado, líderes de la CRAC-PC, como otros dirigentes campesinos e
indígenas.
Le asiste la razón a La Jornada, cuando plantea en su editorial del 18 de noviembre anterior “Homicidios en guerrero: ¿nueva guerra sucia?”:
“Por los antecedentes regionales y por las características de los
homicidios señalados, es claro que el fenómeno no forma parte de la
continuada violencia causada por el descontrol de la delincuencia
organizada en el país, violencia que no ha cesado en lo que va de la
presente administración federal, pese a las políticas de comunicación
social orientadas a minimizarla a ojos de la opinión pública.
“Da la impresión, en cambio, de que los inveterados cacicazgos
guerrerenses y otros poderes fácticos han decidido emprender una nueva guerra sucia
contra las expresiones de resistencia y organización popular locales.
La incapacidad de las corporaciones oficiales de seguridad pública de
garantizar la vida de las víctimas, y el hecho de que los asesinos
gocen hasta ahora de impunidad, obliga a preguntarse si en esa alianza
no participan estamentos del poder público.
“Sea como fuere, a
las viejas condiciones de marginación, desigualdad y pobreza, a los
conflictos agrarios, a los efectos del estancamiento económico actual y
al paso de los meteoros que anegaron buena parte del estado en octubre
pasado ha de agregarse una nueva ofensiva criminal de sectores no
identificados en contra de las organizaciones populares que han sido y
son el único instrumento de defensa de comunidades y regiones para
hacer frente a la crisis, al abandono oficial, a la devastación causada
por fenómenos naturales y a la creciente inseguridad causada por los
enfrentamientos entre bandas delictivas y las fuerzas del orden”.
Los gobiernos del centro y de la entidad no pueden prestar oídos sordos
a los reclamos de las organizaciones representativas de campesinos,
indígenas, estudiantes, maestros, trabajadores asalariados y colonos
que son muy claros y precisos: localización, enjuiciamiento y condena
de los matones a sueldo de terratenientes, acaparadores, caciques,
empresas mineras, madereras y constructoras de grandes presas;
presentación con vida de los desaparecidos, y liberación inmediata e
incondicional de los presos políticos de las organizaciones sociales
del estado. Guerrero no tiene por qué ser conocido sólo por las
bárbaras masacres de los gobiernos priistas y “perredistas”, por los
asesinatos de luchadores sociales y por la desaparición y
encarcelamiento de militantes del movimiento campesino, indígena y
popular. Por su papel en la Guerra de Independencia, en la Reforma y en
la Revolución mexicana de 1910-1917, el pueblo de Guerrero merece otro
presente y otro futuro.
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