Gerardo Fernández Casanova
(especial para ARGENPRESS.info)
A poco más de un año de que los egregios diputados tomaron posesión de sus respectivas curules, vuelven a exhibir sus caras sonrientes en el culo de los autobuses urbanos, y hasta en anuncios espectaculares, para anunciar la fecha y el lugar en que habrán de rendir el informe de sus fructíferas labores.
A un lado del rostro del prócer se lee alguno de sus más espectaculares logros: “gestioné 350 mesabancos para la escuela de San Perenganito” o “se autorizaron chorrocientos millones para la carretera a San Fulanito” o “se aprobó la ley zutana”, atribuyéndolos todos a su personal capacidad de gestión y a su inquebrantable compromiso con “sus electores”. Llegado el día del informe del diputado se acarrea un montón de gente interesadísima en escuchar tan importante documento y, desde luego, se afinan porras y consignas, se hace la recepción con fanfarrias, dianas y confeti, algunos hasta barbacoa reparten a sus atentos escuchas. Toda una fiesta cívica cuya conclusión es que “indudablemente tenemos un gran diputado, seguro va para gobernador”. Para tan trascendente labor, el informante dispone del dinero suficiente dentro de la partida que los diputados se autoaprueban en el presupuesto de egresos federal o estatal, además de contar con la autorización del IFE para hacerse propaganda personal, so pretexto del informe.
Este es uno más de los vicios de la política mexicana, tan llena de incongruencias y errores, producto de la muy escasa cultura política. Incluso hay personas respetables que lo ven como un excelente ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental. Para mayor vergüenza el PAN y el PRD incluyen en su propuesta de reforma política la reelección de diputados y senadores para que los electores premien o castiguen a tales funcionarios, según haya sido su desempeño, aunque la población no tenga la menor idea de lo que un legislador deba desempeñar, como parece que tampoco lo saben muchos de los distinguidos miembros de la clase política o, por lo menos, están inmersos en las tremendas confusiones que marcan al sistema. Insisto aquí –ya lo he expresado en varios artículos anteriores- que, de acuerdo a la Constitución, el diputado, una vez electo, se convierte en un representante de la Nación y no un representante del distrito por el cual fue electo.
Hoy que se discute una nueva reforma política, sus actores tendrían que formularse la pregunta sobre la función personal del diputado y llegar a un consenso al respecto para, por un lado, ratificar o adecuar la legislación para evitar confusiones y, por el otro, hacerlo del conocimiento de la ciudadanía para que sepa qué le debe y puede exigir a dicho funcionario. Entre otras cosas, el consenso buscado tendría que tomar en cuenta que un diputado electo por mayoría relativa sólo podría asumirse como representante de quienes votaron por él, frecuentemente menos del 50% del electorado, dejando fuera de representación a quienes votaron por otras opciones, lo que hace de la cámara un órgano de representación nacional precaria. Subsanar lo anterior –perdón por lo reiterativo- implicaría la conformación de la cámara con base a la elección de diputados por listas propuestas por los partidos y asignados en proporción de los votos obtenidos respecto de la votación total emitida. Si se les reelige o no sería secundario.
Si el consenso a que hago referencia retomase la letra constitucional, tendrían que eliminarse las funciones de gestoría y prestación de servicios de los diputados, así como la costumbre de presentar informes anuales de su actividad en los distritos por los que fueron electos. Esto es importante para evitar el conflicto entre legisladores y ejecutivos, especialmente al nivel municipal, así como para eliminar la confusión ciudadana respecto de las responsabilidades de gobierno. De paso se ayudaría para borrar del mapa el nefasto tráfico de influencias a que da lugar la llamada gestoría del diputado y que ha sido denunciado en los últimos días en relación a las mordidas en la autorización del presupuesto de egresos de la federación. Es una aberración de gravedad extrema que la distribución de los recursos del erario se realice conforme a subasta de mordidas o cochupos, sería el colmo de la corrupción y debe combatirse a fondo.
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