José Antonio Crespo
El proceso para seleccionar las cinco vacantes para ocupar el cargo de Consejero Electoral del IFE (incluido su presidente) vuelve a aparecer como una simulación.
1) De nueva cuenta, los legisladores de todos los partidos nos aseguran que los nombrados serán personas idóneas tanto en su experiencia como en su autonomía e imparcialidad. Pero ya no puede creérseles pues eso afirman en cada proceso, que cae una y otra vez en el reparto de cuotas y, con excepciones, el nombramiento de delegados partidistas disfrazados de ciudadanos. Seguramente prevalecerá también la regla no escrita de permitir mayor número de consejeros al partido que más votos obtuvo en la elección pasada. Lo cual rompe con una regla básica de la democracia electoral, según la cual un triunfo en una elección no debe traducirse en ventajas definitorias para la siguiente elección. Esta regla se respetó en 1994 y en 1996, pero se rompió claramente en 2003, y de ahí pal’ real. Ahora de plano cada partido presentó la lista de sus favoritos, ya sin guardar siquiera las formas. Los hay muchos cercanísimos a los partidos, si bien hay nombres que cumplirían satisfactoriamente la idoneidad que presuntamente se busca.
2) En este proceso se ha violentado ya la Constitución, que exige que las fracciones parlamentarias de la Cámara Baja seleccionen a los consejeros “después de una amplia consulta a la sociedad”, misma que ni de lejos ocurrió. Si acaso habrá habido una consulta a quienes aspiran a esos cargos, pero en algunos casos ni eso (nuestro colega Agustín Basave dijo no interesarse en participar, añadiendo que ni siquiera fue consultado para aparecer en la lista). Es lo malo de poner en la Constitución hasta el más mínimo detalle, aunque de cualquier forma se hubiera violentado el Cofipe, que incluye también el requisito de la consulta amplia a la sociedad. No se cuidan las formas porque estamos ya muy acostumbrados a que se violente la Constitución y la ley a cada paso, sin que nada ocurra como consecuencia.
3) Además, se habla de que los nombramientos podrían ser efímeros, pues aún no se sabe si habrá un nuevo organismo electoral que sustituya al IFE. Me parece que aún en tal caso, los actuales consejeros y los que se nombren en este proceso debieran permanecer, pues de lo contrario se propinará un nuevo golpe a la credibilidad e institucionalidad de la autoridad electoral. En tal caso, los consejeros nombrados por nueve años serían echados a los meses de haber ocupado el cargo. Es una apuesta que hacen los actuales aspirantes; fungir como consejeros de relleno por unas cuantas semanas. Así, asegura por ejemplo el senador panista Roberto Gil, que como se proponen para el INE once consejeros, sería menester abrir un nuevo proceso; pues sí, pero podría ser sólo para las dos vacantes que faltaría por cubrir. Dice también que “Los consejeros del nuevo órgano electoral deberán cumplir con un perfil distinto al que se requiere actualmente para formar parte del IFE. La transformación del INE implica también la transformación de consejeros electorales” (Reforma, 14/nov/2013). ¿Pero qué más se requiere de lo que ahora exige la ley, como no sea auténtica autonomía orgánica respecto de los partidos, lo cual depende más bien de la fórmula de selección que se utilice? También ha dicho el senador que los actuales cuatro consejeros más los que se nombren del actual proceso podrían permanecer en el nuevo Instituto siempre y cuando participen en el proceso para seleccionar a los nuevos. Pero si se habla de un perfil distinto en la ley, entonces difícilmente podrían participar en el nuevo proceso al no cumplir con los requisitos legales, según lo anticipa el propio senador. Un absurdo.
4) Así pues, se exige una nueva organización debido a la captura que han hecho los poderes locales de los consejos estatales, un mal que también se ve en el IFE respecto de los partidos nacionales. ¿De qué serviría absorber los institutos estatales electorales en el INE si van a permanecer en éste los mismos vicios que se acusa en aquéllos? El caso es que estamos ante una nueva pero reiterada simulación respecto de la autonomía que debiera existir en el IFE (o como quiera que se vaya a llamar), misma que simplemente no existe. Y luego vienen las quejas de los perdedores que los llevan a exigir una nueva reforma electoral. Pues si desde el principio no se hacen buenas leyes, entonces vendrán nuevos parches y remiendos de manera interminable.
@JACrespo1
Investigador del CIDE
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