INM la califica de “débil mental” y manda a las niñas a albergue
Por: Flavia Morales Carmona, corresponsal
Cimacnoticias | Xalapa.-María es una migrante hondureña que detuvo en el estado de Veracruz su tránsito hacia Estados Unidos. Por azares del destino, encontró el amor y se instaló en la capital de la entidad.
Aquí hizo una familia, tuvo dos hijas mexicanas, pero el sueño que pensaba había alcanzado fue destruido cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) la detuvo.
Ser pobre, mujer y migrante no la ayudaron: le quitaron a sus hijas, la declararon débil mental y la devolvieron a Honduras.
María tocó todas las puertas pero ninguna se abrió; no tenía cómo demostrar el parentesco con sus hijas, pues el registro civil le había negado las actas de nacimiento.
Una luz se abrió en su camino cuando un abogado gratuito tomó su caso. Después de dos años de ir y venir entre la burocracia logró recuperar a las niñas que fueron enviadas al albergue Conecalli en calidad de huérfanas.
El abogado Benjamín Rubio Chávez la ayudó en el largo proceso y explica: “(María) fue retenida y llevada a una estación migratoria; ahí les hicieron un procedimiento ‘fast track’ de tres días. De un solo jalón se decidieron varias cosas, a la madre le dan pase de salida para Honduras, retienen a las menores de edad y las envían a Conecalli, y ahí empieza el vía crucis”.
El ahora juez decimocuarto de distrito con residencia en el Estado de México y experto en temas migratorios, cuestiona que la ley migratoria es incongruente y trata a las personas migrantes como delincuentes.
A María en dos ocasiones le habían negado registrar a sus hijas en su calidad de migrante en situación irregular, además el padre se negó a registrarlas como suyas.
“Enfrentaba un pase de salida, la retención de sus hijas, y no podía acreditar que eran sus hijas porque no tenía actas de nacimiento, sumado al miedo de estar en otro país donde nadie te hace caso y la prepotencia de las autoridades”, dice Rubio Chávez.
En un rápido proceso, el INM realizó un dictamen para señalar que María padecía de sus facultades mentales, y así justificar la retención de las niñas.
El primer paso fue realizar un juicio de amparo para evitar la deportación de la madre y con ello iniciar la lucha legal por sus hijas. El segundo paso fue lograr su registro mediante otro amparo.
“Cuando todo esto se logró, luego de ocho meses de lucha, el INM no restituyó a las menores porque había un dictamen de que la madre estaba perturbada, y se realizó un juicio contencioso administrativo para lograr la devolución”, explica.
Luego de dos años de lucha, amparos y juicios, María logró lo imposible: que le devolvieran a sus hijas de 5 y 6 años de edad, quienes pasaron dos años en un albergue.
El caso de María no es aislado. Según datos del abogado, en los límites de estados fronterizos y tránsito de migrantes hay niñas y niños sin registro de nacimiento, por lo que quedan sin acceso a servicios de salud y educación.
Señala que a pesar de que la Ley General de Población ya no exige a las madres y padres acreditar la legal estancia para acceder al registro de sus hijas e hijos, los reglamentos locales continúan con la exigencia y además ordenan dar vista a la Secretaría de Gobierno, lo cual intimida a las y los migrantes.
“Cuando las madres migrantes acuden a las oficinas del Registro Civil, les piden este requisito, lo cual ha traído como consecuencia que a lo largo del cruce migratorio y la línea fronteriza haya cientos de niñas, niños y adolescentes que no tienen registro de nacimiento”, abunda.
VACÍOS LEGALES
Rubio Chávez cuestiona que la nueva Ley de Migración tiene graves vacios e incongruencias que vulneran los derechos de las y los migrantes, por ejemplo da derecho a la defensa pero no tiene defensores gratuitos ni permite la promoción de amparos de defensa; da derecho a la libertad pero la condiciona a garantizar libertad económica.
Advierte también que la ley da en el papel los primeros pasos para proteger a las y los migrantes en situación irregular, pero en la práctica vulnera tratados internacionales y trata a esta población como criminales, por lo que es necesario hacer varias reformas.
Puso como ejemplo que cuando las y los migrantes centroamericanos son retenidos en la estación migratoria, se transgrede su derecho a la defensa legal pues no hay abogados de oficio que den seguimiento a los casos.
“Este simple hecho vulnera el derecho de la población migrante a una libre defensa; la defensoría gratuita debería ser una obligación del Estado, no basta que se ponga en la norma”, critica.
Otro problema de la Ley de Migración es su falta de armonización con los reglamentos locales, lo cual aunado al desconocimiento de la misma por parte de funcionarios, hace casi imposible su aplicación en los municipios que son puntos de tránsito de migrantes.
El ahora juez comenta que ante estas incongruencias, la ley migratoria tiene que ser modificada, establecer mejores mecanismos, pero también se tienen que difundir sus beneficios, para que las normas oficiales se cumplan y sean un beneficio real para las y los migrantes.
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