El
pasado 20 de diciembre, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto
promulgó una polémica reforma energética que puso fin al monopolio
estatal del petróleo en el país. A través de la nueva normativa, México
permitirá el ingreso de capital extranjero en la explotación de
hidrocarburos, algo que no sucedía desde 1938, cuando Lázaro Cárdenas
nacionalizó el sector.
La promulgación de parte del gobierno se dio sólo 15 días después de que la reforma haya sido votada en el Congreso federal, tras un acuerdo entre el oficialista PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el conservador PAN (Partido de Acción Nacional). "Esperamos que esta legislación tenga un efecto significativo en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la industria petrolera, atrayendo inversiones y mejorando las perspectivas de crecimiento de México durante los próximos tres a cinco años” , fue el temprano saludo a la medida de parte de la calificadora internacional Moody´s Investors Service -quien se sorprendió por la magnitud de la reforma, al decir que la misma “fue más amplia y de mayor alcance de lo que se esperaba” [1]-. ¿Por qué? Porque la reforma permitirá incluso licencias para que las empresas extranjeras tomen control con el petróleo apenas este salga del pozo, dando paso a su vez a la proliferación de estaciones de servicios de las firmas que operen dichos contratos. En resumen, algo inédito en la nación azteca, acostumbrada al monopolio estatal de Pemex.
¿Reforma como las de los 90?
Desde el ámbito de las Ciencias Sociales se supo analizar el recorte estatal producido a lo largo y ancho de nuestro continente en la década del 90 como una “Reforma del Estado”, en el cual éste fue generalmente desmantelado en aras de promover una mayor participación del mercado en áreas fundamentales. Para decirlo en forma resumida: esta liberalización del conjunto de ámbitos que “hacen andar” a las sociedades –salud, educación, recursos naturales, entre otras- tomó esa etiqueta de parte de diversos analistas que, en su mayoría críticamente, dieron cuenta de los cambios producidos. Hubo en nuestro continente manifestaciones similares producto de esta política: aumento del desempleo, recesión, crecimiento de la brecha entre aquellos que más y menos ganan, desinversión en políticas sociales, entre otros.
En el tema hidrocarburos, durante el auge neoliberal de los 90, México había salido indemne -en términos generales, claro está-, a diferencia de otros países que habían “rematado” velozmente su soberanía energética. Probablemente el caso más emblemático de estos últimos haya sido el de YPF-Repsol en Argentina, durante el menemismo, que liquidó sus activos y permitió la fuga de miles de millones de dólares hacia España. Sin embargo, las presiones del capital extranjero en México para la realización de una “reforma” que permita la liberalización del sector datan de, al menos, una década atrás. Fue en septiembre de 2003 cuando Vicente Fox, en ese entonces presidente del país por el PAN, llegó al absurdo de plantear que “Pemex se iría del país” si a esta empresa estatal no se le permitía, a futuro, hacer alianzas con el capital privado. El lugar elegido para una declaración de este calibre no fue casual: la cita se realizó durante una reunión con empresarios en EE.UU en Wall Street [2].
Ahora, diez años después, son esos mismos empresarios los que celebran la “buena nueva”. ¿Qué mejor que ver la opinión de William Colton, vicepresidente de planeamiento estratégico de Exxon, para entender a quien beneficia esta medida? Fue este funcionario quien señaló, el pasado 12 de diciembre, que la apertura de los yacimiento mexicanos a la inversión extranjera sería “una situación en la que todos saldrían ganando”, para luego calificar a la medida de “muy buena para el pueblo de México y los habitantes de todos los lugares del mundo que usan energía” [3].
La apelación a la generalización de beneficios –el “todos saldrían ganando”- nos remite a similares argumentaciones para otras medidas de este calibre en el pasado, que resultan por lo menos sospechosas en boca de estos representantes empresariales. ¿Han tenido, medidas similares, ese beneficio colectivo que parece desprenderse de los dichos de Colton? ¿O, más bien, han significado cuantiosas ganancias para un reducido grupo de empresarios privados, menoscavando soberanía estatal en dichos países, y provocando, en muchos casos, desinversión en estas mismas empresas en pos de aumentar la rentabilidad empresarial? Son preguntas que México comenzará a hacerse nuevamente en el sector petrolero, 75 años después de la nacionalización de Cárdenas.
Notas
[1] “ Reforma energética, factor positivo para México: Moody's”. El Universal, México. 19/12/2013. Ver online en: http://www.eluniversal.com.mx/
[3] “Preven que con reforma México ´inunde´ de petróleo a Norteamérica”. El Financiero, México. 16/12/2013. Ver online en: http://www.elfinanciero.com.
Juan Manuel Karg. Licenciado en Ciencia Política UBA, Investigador del Centro Cultural de la Cooperación
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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