A tres meses de iniciada la segunda gestión de Dilma Rousseff en Brasil –y en medio de una fuerte crisis política-, los avances en relación a temas de género son muy pocos. En el platillo del haber, la gestión del PT de Rousseff suma una reciente Ley de Femicidio y una propuesta de ampliación de la Ley de Violencia María Da Penha que sume a mujeres trans. La lista del debe lamentablemente es más larga: una brecha laboral del 23%; limitaciones en la participación política; y especial discriminación hacia mujeres negras, indígenas y jóvenes. Todo con el trasfondo de un debate de valores sostenido por fuertes sectores conservadores que transversalizan los partidos y que, entre otros temas, promueven la criminalización de la homosexualidad y del acceso al aborto.
Por Florencia Goldsman, desde Salvador de Bahía
COMUNICAR IGUALDAD-
A poco más de un trimestre de haber comenzado un nuevo capítulo del
cuarto gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, reina
una tensa calma. Una serie de multitudinarias manifestaciones tuvieron lugar entre el 13 y el 15 de marzo en San Pablo con pedidos de impeachment
(juicio político) al gobierno del PT, y dieron una visibilidad
inusitada a la disconformidad con el nuevo ciclo de gobierno. Este
escenario puso en foco a una derecha reaccionaria con peso en la
agenda de los grandes medios, que clamaba el regreso del poder militar
al gobierno del gigante sudamericano. Sin embargo, hay un amplio un sector que no fue a las marchas, señala la periodista Eliane Blum,
que no apoya los pedidos de intervención militar ni se siente
representada por las promesas eleccionarias de Dilma Rousseff ni del
opositor conservador Aecio Neves y está disconforme con el estado actual
de las cosas.
Con algunos tímidos avances sobre leyes fundamentales para las mujeres y la diversidad sexual, muchas de las analistas de esta nota ven con cierto pesimismo los pasos y decisiones que el gobierno de Rousseff está dando. Sin embargo, no todas son nubes negras: a mediados de marzo se aprobó la Ley de Femicidio, destacándose que un promedio de 15 mujeres son asesinadas cada día en Brasil por el simple hecho de ser mujeres. Esto da un promedio de casi 5500 mujeres por año.
Un estudio reciente de Ipea (Instituto de Pesquisa Económica Aplicada) reveló que 472 mujeres son asesinadas por mes pese a la implantación de la Ley Maria da Penha desde 2007, que no consigue evitar la muerte violenta de mujeres provocada principalmente por el marido, su novio o familiares.
En febrero, a su vez, el Gobierno federal creó en el estado de Mato
Grosso del Sur la primera Casa de la Mujer Brasilera del país, con
servicios de “casa-abrigo” y atención dirigida a mujeres que buscan ayuda del contra la violencia.
También hay novedades respecto de la Ley María Da Penha: una propuesta de ampliación de dicha legislación que pueda tener en cuenta a las mujeres transexuales, impulsada por la diputada federal del PCdoB de Río de Janeiro, Jandira Feghali.
El panorama general tampoco es alentador respecto de los derechos laborales.
Vanessa Prateano, maestra en Sociología y Estudios de Género, por la
Universidad Federal de Paraná, y consultora de la Comisión de Estudios
sobre Violencia de Género de Orden de Abogados de Brasil en Paraná,
señaló que la ley de las tercerizaciones, aprobada
por la Cámara Baja el día 8 de abril (le falta la sanción del Senado),
empeora las condiciones de vida de lxs trabajadores más precarizados,
entre ellxs las mujeres. El proyecto es avalado por los sectores conservadores y resistido por el PT.
“Aún las mujeres teniendo un empleo estable ganan en
torno de 77% de lo que ganan los hombres en las mismas funciones y con
la misma responsabilidad.
Imaginemos entonces lo que una tercerización en masa representará en la
vida de las mujeres. Los tercerizados ganan en promedio 25% menos que
los contratados directamente, y entre ellos también hay disparidad de
género. Las mujeres siempre se quedan con los empleos más precarios, y
aun precisan trabajar en casa, cuidar de los hijos, estudiar para
mejorar sus vidas. Creo que esa ley va a alcanzar a fondo los avances de
las mujeres por mejores salarios y más dignidad en el trabajo” señaló.
Así y todo, las especialistas consultadas depositan sus expectativas de cambio a partir del movimiento social,
más que en las políticas creadas de arriba hacia abajo. Una de las
representantes del activismo feminista en internet, Juliana de Faria, señalaba sobre la agenda del feminismo hace pocos días: “La
internet impulsa el feminismo. Las luchas feministas son las mismas. El
aborto todavía es criminalizado. La violencia doméstica hoy está contra
la pared por la Ley Maria da Penha, pero todavía se matan
mujeres a rolete. Si las sufragistas garantizaron nuestro derecho al
voto, la participación femenina en la política aún es lamentable, y esa
falta de representatividad bloquea avances políticos con recorte de
género… El cambio está en internet. Ella nos ayudó a popularizar el
movimiento. Nos permitió hablar de feminismo sin academicismos, de
manera más accesible y ¡hasta con humor!”.
Leyes progresistas en suspenso
Angelica Basthi, coordinadora de comunicación de la Asociación Brasileira Interdisciplinar de SIDA de Bahia, reflexiona: “Aunque
Brasil, por segunda vez, haya elegido una mujer para ocupar el tope del
poder político (presidencia da República), los mecanismos de dominación
y opresión hacia las mujeres y de beneficios hacia los hombres
persisten: ganamos menos que ellos, enfrentamos mayor dificultad
en el aceso a la vivienda, entre otras desigualdades. En el campo de la
educación, las investigaciones apuntan que las niñas alcanzan buenos
niveles de escolaridad, pero las desigualdades aparecen en el mercado de
trabajo, o sea, las diferencias salariales. Si hacemos un recorte de raza, el problema se agrava: las mujeres negras lideran los peores índices en todos los aspectos citados. Diferente de las mujeres
blancas, cuyo acceso al mercado de trabajo está facilitado, así como el
acceso a los puestos de poder con una velocidad que aumenta cada año.
El principal factor para eso es la combinación perversa del racismo y
del sexismo”.
Guacira Oliveira, socióloga de CFMEA, señalaba
durante el período eleccionario de 2014 algunas claves para un análisis
acerca de la composición de la clase política y de las minorías en el
país: “Hoy en el Congreso Nacional, en la Cámara y en el
Senado brasilero no existe un sólo representante de las poblaciones
indígenas. Nosotras mujeres somos menos del nueve por ciento en las
casas legislativas brasileras. Los negros y negras son menos que un
nueve por ciento”.
Por su parte, Marta Rodrígues, especialista en derechos humanos y presidenta del PT Municipal de Salvador, recuerda que en
la campaña electoral la criminalización de la homosexualidad entró en
la agenda, debatida entre candidatos evangélicos y un pastor: “Eso
aconteció por primera vez, lo que creó una polarización sin contribuir a
avances en una temática que merece ser más destacada. Este
momento se caracteriza en las casas legislativas -el Congreso y el
Senado- con un perfil y una pauta conservadora, machista, racista,
homofóbica, lesbofóbica, y que ha crecido junto con la bancada
evangélica y de acción conjunta entre carismáticos católicos y
evangélicos pentecostales, especialmente con relación a los temas aborto
y moralidad sexual. Es eso lo que ha producido que varios proyectos sean bloqueados en el Congreso Nacional. Con
el aumento de la fuerza del conservadurismo religioso en el Poder
Legislativo, resta a los movimientos sociales recurrir al Poder Judicial
para garantizar algunos derechos. Como el caso del Supremo
Tribunal Federal (STF) que reconoció la unión estable entre personas del
mismo sexo (aunque no así el casamiento homoafectivo)”.
Salida hacia un cambio real
Bila Sorj, al igual que todas las analistas consultadas, considera necesaria la movilización de la sociedad, “relanzar los temas de los derechos y ganar apoyo en el mainstreaing de la política. No
es todo el centro derecha el que es conservador, a veces el movimiento
social los coloca a ellos como oposición, es necesario aproximarse a
esos sectores más liberales no sólo en la política y en la economía pero
también en la cultura, para encontrar un apoyo que a priori está siendo
descartado”.
Rodrigues es de las que apoyan la reforma política como forma de revertir la falta de representatividad de las mujeres: “Existe una proporción bajísima, si se compara el número de cargos electivos con la representatividad de voto.
El Estado brasileiro todavía precisa sufrir muchas mudanzas. Es un
estado patrimonial mandado por las grandes oligarquías y por el poder
económico. No perdió nunca su rasgo patriarcal y racista, homofóbico,
lesbofóbico y eso se refleja en esa sub-representación”.
El sistema político brasilero hoy no permite ni que las
mujeres, ni que los negros, ni la juventud, que es la mayor parte de la
población, puedan estar en esos espacios tomando decisiones. “Esos
obstáculos pueden ser enfrentados con la reforma política. En la
Argentina ya se alcanzó el 38,5% de mujeres en la Cámara de Diputados,
encima de lo establecido en las cuotas, mostrando que el cambio
institucional se hace acompañar por un cambio político. Actualmente, el
fondo de presupuesto partidario, que es público, es apenas una pequeña
parte de lo que es usado en las campañas, y el restante viene de
donantes que pueden ser personas físicas o jurídicas. Una medida
aprobada en 2009 determina que el 5% del fondo sea usado para formación y
capacitación de mujeres. Con el financiamiento público, la distribución
de los recursos se tornaría más transparente, facilitando el
cumplimiento de esa determinación. Hay propuestas para aumentar el
porcentual destinado a mujeres para 30%”, remarca Rodrigues.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario