Pedro Miguel
La Jornada
El Acuerdo de
Asociación Transpacífico (ATP o TPP) ha sido firmado y México está en el
negocio. Mejor dicho, están en el negocio los capitales financieros y
comerciales del país y los gobernantes y políticos que les sirven desde
hace más de 30 años para imponer sus planes de negocios, disfrazados de
planes de gobierno, al resto de la población.
El mundo vive una oleada de acuerdos de libre comercio de segunda
generación que intensifican, profundizan y extienden los términos del
Consenso de Washington y el fundamentalismo liberal: además del ATP
están el Acuerdo integral de Economía y Comercio (CETA, por sus siglas
en inglés), entre la Unión Europea (UE) y Canadá, firmado hace poco más
de un año; y en fase avanzada de negociación, el Acuerdo en Comercio de
Servicios (en inglés Trade in Services Agreement, TISA), que agrupa a 23
países de Europa, América, Asia y Oceanía, y la Asociación
Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en
inglés), en cuya negociación participan Estados Unidos y la UE.
A primera vista el conjunto de instrumentos ATP-TISA-TTIP-CETA parece
muy incluyente, pero en realidad está ideado bajo el signo de una doble
exclusión: la de países determinados (China, Rusia, India y la mayor
parte de las naciones de Sudamérica, con la excepción de Chile, Perú,
Paraguay y Colombia) y, en cada país, la de los trabajadores, pequeñas y
medianas empresas, migrantes y organizaciones comunitarias y no
lucrativas.
Es decir, esta segunda generación de tratados comerciales (tlc) tiene
un propósito geopolítico bien claro: tender un cerco aduanal,
tecnológico y legal alrededor de los BRICS (Brasil, Rusia, India,China y
Sudáfrica), del Mercosur y de la totalidad de Africa. En este sentido,
además de un derribo de barreras comerciales, los acuerdos referidos son
una muralla planetaria en contra del libre comercio entre las naciones
cuyos gobiernos comulgan aún con el llamado Consenso de Washington y las
que han tomado distancia de él o bien son vistas, por su escaso
desarrollo, como meros bancos de materias primas y mano de obra.
Adicionalmente, los nuevos tlc deparan a las poblaciones que quedan
incluidas en alguna de sus instancias una brusca transformación
económica, social y política que dejará en el desamparo a grandes
sectores: todos aquellos que no estén organizados en forma de
corporaciones. Las grandes sociedades anónimas serán los sujetos
predominantes y los más poderosos, y podrán moverse a sus anchas en un
inmenso territorio que abarca varios continentes. Tendrán instrumentos y
potestades para imponer su voluntad en los mercados nacionales,
atribuciones para someter a los ciudadanos, consumidores y
organizaciones sociales, y facultades para fiscalizar y contrarrestar la
acción reguladora de las instituciones políticas. Véase, a guisa de
ejemplos, el impacto que el ATP tendrá en el agro mexicano (http://is.gd/uZtQN6 ), lo desastroso que resultará para las políticas de salud pública (http://is.gd/yVK4Mq ) y para la contención de daños ambientales (http://is.gd/ThTmeA ) así como el avasallamiento sobre redes de comunicación y datos privados (http://is.gd/rmZ0T3 ) que las corporaciones podrán realizar en el país en caso de que el instrumento sea aprobado por el Legislativo.
Hace unos días el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo,
especulaba que la entrada en vigor en México del ATP elevaría 1.3 por
ciento el crecimiento económico del país (http://is.gd/CNTkWA
). Aun si la cifra referida tuviera alguna base real, hay maneras más
eficaces, justas y equilibradas de lograr tal índice. Sin ir más lejos,
tendría mejor resultado el que los funcionarios de los tres niveles de
gobierno y de los tres poderes dejaran de robarse (http://is.gd/BSWci9
) los cientos de miles de millones de pesos que sustraen año con año al
erario (algo así como el 10 por ciento del presupuesto público o el 4
por ciento del PIB) y lo invirtieran en educación, salud, obras de
infraestructura y generación de empleos.
En todo caso, la creación de una patria empresarial supranacional
implicará pérdidas de empleos, cierre de pequeñas y medianas empresas
(las que no tengan recursos para demandar a gobiernos extranjeros en el
nuevo marco comercial) y un desbarajuste social mayúsculo. Todo ello,
para complacer a Washington (http://is.gd/Jw0Zuh ) y para lograr un crecimento de 1.3 por ciento que de todos modos irá a los bolsillos de las corporaciones.
Igualmente grave, la adhesión de México al ATP implica una abdicación
mayor de soberanía y una injustificable entrega de facultades
ejecutivas, legislativas y judiciales a organismos extranjeros. La firma
del tratado es una nueva traición al país por parte del régimen
oligárquico y no debe permitirse que el Senado ratifique semejante
canallada.
Twitter: @Navegaciones
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