CIMACFoto: César Martínez López
Ciudad de México.- El magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael
Guerra Álvarez, informó que durante la emergencia sanitaria por COVID-19
el Tribunal ha otorgado 400 medidas de protección a mujeres víctimas de
violencia de género y agregó que las controversias familiares se podrán
resolver por medio de procesos de mediación electrónica.
Las órdenes de protección, por ley, son un mecanismo de protección
que tienen como fin principal salvaguardar la seguridad de las víctimas,
prevenir la violencia en su contra, restituirlas en sus derechos y
protegerlas de cualquier tipo de violencia y pueden ser de emergencia,
preventivas y civiles.
En una reunión virtual de trabajo de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, del Congreso
local, el presidente del Tribunal expuso que en tres ocasiones se
suspendieron las actividades debido a las medidas de distanciamiento
social y confinamiento en casa para evitar contagios de la enfermedad,
sin embargo aseguró que hubo guardias para atender los asuntos
jurisdiccionales.
En su informe ante la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia, el magistrado Guerra Álvarez mencionó que también se creó un
sistema de videoconferencias para garantizar la convivencia de padres
con sus hijas e hijos. Hasta ahora, dijo, se han otorgado 125
convivencias virtuales, con lo vigilancia de profesionales en materia de
derechos de la niñez.
En la reunión también se informó que el
Congreso de la Ciudad de México junto con la Fiscalía General de
Justicia y el Tribunal elaborarán una agenda para fortalecer el marco
jurídico para combatir la violencia familiar y la violencia hacia
mujeres, niñas y niños.
El presidente de la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia, del Congreso local, el
diputado Eduardo Santillán Pérez, informó que próximamente se conformará
un grupo de trabajo para realizar un diagnóstico institucional sobre el
marco jurídico en materia de violencia hacia las mujeres y promover un
ajuste en las políticas públicas.
La semana pasada las y los
diputados de la Comisión se reunieron con la fiscal General de Justicia,
Ernestina Godoy, quien informó que a través de la Agencia de Denuncia
Digital, instalada en diciembre, se amplió el catálogo de delitos que se
pueden denunciar a través de internet, entre ellos la violencia
familiar y sustracción de menores.
La fiscal aseguró que en los
casos de violencia contra las mujeres se estaba promoviendo la asesoría a
distancia en materia psicológica y legal; se implementaban medidas de
protección, e informó que se abrió una Sala de Situación, para analizar
la información referente a riesgos feminicidas.
En esa reunión
con la titular de la Fiscalía, el diputado Santillán explicó que se
organizaría una mesa de trabajo en materia de violencia de género, en la
que participarán la Comisión de Derechos Humanos, la Dirección General
de Atención a Víctimas del Delito, el Instituto local de las Mujeres y
el Gobierno de la Ciudad de México.
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