| Traducido para Rebelión por Germán Leyens |
Los
intentos de rescatar el brutal pasado de amnesia histórica e
indiferencia han sido un inmenso desafío para los activistas por los
derechos humanos y las víctimas de la represión política de Argentina,
Guatemala, El Salvador, Chile, Paraguay y Uruguay, y ha tardado décadas
de persistencia y acción directa para llevar ante los tribunales a los
responsables por crímenes del pasado. Uno se pregunta cómo futuros
activistas enfrentarán a los asesinos, torturadores, políticos y
banqueros de la guerra de la droga en México. ¿Enfrentarán, por
ejemplo, los hombres y mujeres respetables de la industria bancaria
internacional, que posibilitan la carnicería y el caos lavando miles de
millones de dólares de dinero de los cárteles, algún día sentencias de
cárcel por su complicidad activa en una de las industrias criminales
más violentas del planeta?
El conflicto en México, que
actualmente hace que personas desaparezcan y sean asesinadas a un ritmo
más rápido incluso que el empleado por la junta militar argentina para
eliminar disidentes, o el que el ejército de Guatemala pudo imponer
durante su genocidio, es contrastado con la indiferencia de los
beneficiarios con la droga. Son las elites anónimas del sector bancario
corporativo internacional quienes facilitan este horrendo negocio,
lavando el dinero y enriqueciéndose espectacularmente con el caos y la
miseria del país.
Inmediatamente después que el ex
presidente Felipe Calderón comenzara a librar una guerra contra el
crimen organizado en 2006, la cantidad anual de homicidios en México
comenzó a subir exponencialmente. El Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) del gobierno mexicano registró la asombrosa
cantidad de 95.632 homicidios entre 2007 y 2011. En 2012, los cálculos
sugieren que cerca de 27.700 personas fueron asesinadas en México como
resultado de la guerra contra la droga. De esos asesinatos, un 98,2%
sigue sin ser resuelto. Como señala el poeta y activista por la paz
Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado por sicarios de un cártel, “la
justicia es la excepción, la impunidad es la norma”. Un desesperado
editorial en Le Monde colocó lo que llama “la espiral de la
barbarie” de México entre los conflictos más violentos del planeta.
Durante todo ese tiempo, sin embargo, a los bancos les ha ido
extremadamente bien.
Si hubiera una estrategia seria en
la guerra contra la droga, los gobiernos de EE.UU. y México
investigarían las decenas de miles de asesinatos y desapariciones no
resueltas. Un aspecto concomitante de una estrategia semejante
perseguiría judicialmente y arrestaría a banqueros criminales de cuello
blanco de alto nivel que lavan los fondos, permitiendo así que los
cárteles prosperen. En el caso de banqueros criminales internacionales
de alto nivel, la tasa de enjuiciamiento es casi nula.
La
guerra contra las drogas –como su equivalente, la guerra contra el
terror– promete un nebuloso parque temático más allá del arcoíris en el
cual familias trabajadoras y humildes emprendedores tendrán éxito y
realizarán sus sueños mediante decisiones honestas y determinación. Por
el momento sin embargo, a fin de vencer, se dice, el Estado debe
primero librar la guerra contra los que quieren hacer daño. Pero la
guerra es una estafa, por la simple razón de que los grupos que se
benefician del conflicto no tienen interés en ver su fin. En un mundo
cuyas únicas reglas son las del beneficio y del mercado, la paz y la
igualdad tienen pocas esperanzas. Los bancos, las industrias de
armamentos y las organizaciones criminales transnacionales comparten
una visión del futuro y no se parece en nada a la sonrosada versión de
relaciones públicas del paraíso ofrecida por políticos a ambos lados de
la frontera.
Esta guerra tiene solo que ver con poder,
dinero, y territorio, un fundamentalismo bastante diferente, aunque
igualmente maligno, de las Guerras Sucias Latinoamericanas de los años
sesenta y setenta. Tiene que ver con el triunfo eventual y absoluto del
mercado y su extrema indiferencia ante la multitud de horrendas
consecuencias socio-económicas de la guerra. Es tal vez la más
elocuente, pero absurda, expresión del capitalismo neoliberal, en su
cénit más flagrante, consumista y destructivo.
Un
aluvión de sorpresa mediática fingida y de sorpresa política simulada
tiene lugar cada vez que se atrapa a un banco internacional lavando
miles de millones de dólares por cuenta de los sindicatos mexicanos del
crimen, pero no es suficientemente persistente ni prolongada para
generar un escrutinio cercano. En 2010, Wachovia, parte del grupo Wells
Fargo, llegó a una componenda con autoridades federales estadounidenses
y pagó una multa de 110 millones de dólares después de investigaciones
de las sistemáticas actividades de lavado de dinero del banco. Además,
el banco no ha aplicado controles apropiados de lavado de dinero a
giros bancarios que totalizaron unos 378.400 millones de dólares,
equivalentes a un tercio del PIB de México. La multa representaba cerca
de un 2% de los beneficios anuales del banco. Crucialmente, nadie fue a
la cárcel.
Y en 2012, después de un informe del Senado,
el Departamento de Justicia de EE.UU. estableció que el gigante
bancario británico HSBC había violado la Ley de Secreto Bancarios, la
Ley de Comercio con el Enemigo, y la Ley Patriota de EE.UU. en
múltiples ocasiones. La actividad más seria y flagrante del banco fue
su cooperación en negocios con el cártel de Sinaloa.
La
multa al HSBC de 1.900 millones de dólares fue la mayor en la historia
de los bancos, pero a pesar de ello solo representa beneficios de unas
cinco semanas – difícilmente una inmensa mella en un margen
extremadamente saludable. Mientras tanto, las cuentas bancarias
personales de los individuos involucrados en actividades criminales
emergieron intactas. A fin de restaurar su margen de beneficios
anterior, la cuenta la pagaron los accionistas del banco,
inversionistas, fondos de pensiones, y titulares de cuentas bancarias.
De nuevo, nadie va a la cárcel.
En una ilustración
adecuada de la naturaleza clasista de la guerra de la droga, el
entonces Fiscal General Adjunto de EE.UU., Lanny Breuer, afirmó,
después de la investigación del Senado, que la multa –de la cual las
partes culpables no pagaron ni un centavo– era mejor que las
“consecuencias colaterales” del enjuiciamiento de loa banqueros.
Después de las muertes y desapariciones de más de 120.000 personas en
México y “daño colateral” equivalente a 43,5 veces la cantidad de
personas muertas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, la
principal preocupación de Breuer era la situación difícil de los mismos
banqueros que supuestamente habían lavado miles de millones de dólares
por cuenta de conocidos terroristas y capos de cárteles. Breuer
justificó la indulgencia mostrada a los banqueros citando un recién
descubierto amor a los pobres e invocando el masivo desempleo que
incuestionablemente tendría lugar si los tribunales encerraban a un
puñado de criminales de la clase alta. Si se revocara la licencia del
banco, era su lógica, miles de personas perderían sus puestos de
trabajo. En este caso, el Departamento de Justicia de EE.UU. estuvo más
que dispuesto a hacer una excepción, por temor de desestabilizar lo que
Breuer considera, de otro modo, un estable sector bancario
estadounidense.
Nada afecto a la ironía, Breuer señaló:
“hoy en día tenemos que evaluar que gente inocente enfrentará
consecuencias muy graves si se toma una decisión” – un comentario que
es poco probable que reconforte a los cientos de miles de personas en
México y otros sitios que han sido directamente afectados por la
conducta criminal del banco.
El Ejecutivo Jefe del Grupo
HSBC, Stuart Gulliver, mientras tanto se mostró “profundamente
compungido” por “esos errores del pasado”, una declaración que parece
haber satisfecho al Departamento de Justicia. Por lo menos en EE.UU., a
pesar de toda la complicidad gubernamental con el corrupto sector
bancario, hubo un cierto reconocimiento público de malevolencia y una
exhaustiva investigación por el Senado de EE.UU. Por otra parte, la
Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (FSA) –donde se
encuentra la sede central del HSBC, después de todo – no pudo realizar
una investigación por actividad ilegal. Además, el ex Director
Ejecutivo de HSBC, Lord Stephen Green, actual ministro de Comercio del
primer ministro David Cameron, evitó preguntas difíciles al rechazar
pedidos de entrevistas con los medios ingleses que supuestamente
revelan escándalos.
Los casos de Wachovia y de HSBC
apenas tocan la superficie de un problema global en el cual numerosos
gigantes bancarios buscan diligentemente activos líquidos, no importa
cuál sea el origen. El que los bancos obtengan miles de millones de
dólares en ingresos del crimen organizado en medio de la más profunda
recesión económica global en décadas es indicador del pésimo historial
del capital no regulado y sus horrendas consecuencias sociales. Los
gobiernos occidentales rescatan a los bancos más ricos y poderosos del
mundo con miles de millones de dólares de dineros públicos mientras
simultáneamente demuelen y privatizan servicios y programas públicos.
La
multimillonaria industria criminal en México no hubiera logrado su
poder si no fuera por la cooperación del sector bancario. La activa
complicidad de los respetables hombres y mujeres de las elites
políticas y empresariales –gente que, a pesar (o tal gracias a) sus
grados de Oxford, Cambridge, Harvard, y Princeton, su aculturizado aire
de respetabilidad y superioridad, y su acceso al poder político y
económico– se encuentra al centro de la inherente corrupción amoral y
la indiferencia ante el sufrimiento humano del capitalismo tardío.
Peter Watt enseña Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Sheffield. Es co-autor del libro Drug War Mexico. Politics, Violence and Neoliberalism in the New Narcoeconomy (Zed Books 2012).
Origen: NACLA
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